La batalla entre Argentina y los fondos buitre ha terminado en un principio de acuerdo después de 15 años de batallas y procesos judiciales. El mediador entre las partes, Daniel A. Pollack, anunció este lunes el pacto entre el Gobierno y el más duro de los inversores en la pugna, Elliott Management, dirigido por Paul E. Singer. Esta era la parte más difícil, pero ahora queda una segunda también compleja: Mauricio Macri trabaja desde hace días para lograr los apoyos en el Congreso y el Senado para aprobar este acuerdo, que está sujeto al respaldo parlamentario. Macri está en minoría en las dos cámaras pero la división de la oposición y su promesa a los gobernadores peronistas de que gracias a este acuerdo todos se podrán endeudar parece abrir la puerta a la solución definitiva a un conflicto que tiene a Argentina fuera de los grandes circuitos de financiación internacional.
Esta exclusión, muy polémica en un país donde los fondos buitre son un asunto de conversación permanente, ha tenido una consecuencia positiva: el país tiene uno de los niveles de endeudamiento público más bajos de su historia. Pero después de cuatro años con la economía prácticamente estancada, Macri quiere buscar inversiones y está abierto a endeudarse para financiar grandes proyectos que reactiven la economía. El pacto con los fondos buitre es el primer gran paso en esa nueva estrategia.
El acuerdo se firmó el domingo por la noche después de tres meses de negociaciones intensas en Nueva York y afecta a un montante de deuda 4.653 millones de dólares. El Ejecutivo de Macri había llegado hasta ahora a pactos con inversores de menor tamaño, pero este era el grupo más difícil. Si se consuma, el acuerdo implica que los fondos de Singer y otros cobren el 75% de la deuda de los bonos, incluídos en principal y los intereses, además de algunos gastos derivados de los últimos 15 años. Supone la paz con el 85% de las demandas. En total, para cubrir todas las deudas con los fondos, no solo los más duros, Macri ofrece 6.500 millones de dólares.
«Este es un paso de gigante en este largo proceso judicial, pero no el paso final», advirtió Pollack en el comunicado. Pollack se refiere expresamente a la necesidad de que el Congreso de Argentina derogue la norma sobre el pago de deuda soberana que aprobó el anterior Gobierno, de Cristina Fernández de Kirchner. Se la llama ley cerrojo y precisamente está pensada para que ningún Gobierno pueda cerrar un acuerdo con los buitres. Las partes esperan que el proceso no se demore más de seis semanas, y Macri, que inaugura mañana las sesiones parlamentarias con un gran discurso anual, tiene a todo su equipo trabajando para buscar voto a voto. Los fieles a Fernández de Kirchner rechazan este acuerdo pero fuentes de este sector admiten que Macri muy probablemente encontrará los votos porque está presionando muy fuerte a los gobernadores. Muchos diputados y senadores obedecen al gobernador de su provincia antes que al jefe de grupo parlamentario.
Este principio de acuerdo el punto final a una batalla de Argentina con un grupo de inversores minoritario, pero con un poder decisivo, que rechazaron formar parte de los acuerdos a los que el Gobierno de Argentina llegó en 2005 y en 2010 con casi el 93% de los acreedores y que conllevaban importantes quitas. Son fondos como el de Singer, especializados en comprar deuda de países con problemas y acudir después a los tribunales para sacar el mayor provecho posible. Por eso se le llama coloquialmente buitres.
Ahora Buenos Aires tendrá que apelar a los propios mercados financieros para pagar esas deudas, una búsqueda de financiación en las que los fondos del acuerdo han prometido no interferir. Argentina calcula que pagar a todos sus deudores, incluidos los bonistas italianos con los que acordó hace un mes, tendrá que pedir al mercado a través de bonos unos 12.000 millones de dólares.
Con el pago, las órdenes judiciales activadas por el juez de Nueva York Thomas Griesa contra Argentina quedarán automáticamente desactivadas, según explicó Pollack. Además de Elliott Management, el acuerdo incluye a Aurelios Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital. El acuerdo llega así antes de que Macri hable en el Congreso y antes de que el presidente de EEUU, Barack Obama, viaje a Buenos Aires el 22 de marzo. Es un viaje especialmente simbólico porque supone el respaldo definitivo al giro de 180 grados en política exterior argentina que ha dado Macri. El respaldo indirecto del Gobierno de Obama a la negociación con los buitres ha sido clave, según fuentes del Ejecutivo argentino.
