HABLAR DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, implica remitirlo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la cual se establece como parte fundamental para la vida; es tan importante la garantía de este derecho que también se incluye en tratados regionales y constituciones nacionales.
En Venezuela, el derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución en su artículo 305, estableciendo que la seguridad alimentaria puede entenderse como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor”. Por tanto, es responsabilidad del Estado garantizar que los venezolanos se alimenten de manera basta e integral y, que además, se respete y proteja la autoproducción de alimentos o la adquisición de estos por otros medios.
Sin embargo, lo escrito en papel dista mucho de la realidad. Desde hace 4 años, el país vive una de las peores crisis de la región, innumerables han sido los reportes de organizaciones de la sociedad civil que señalan que el derecho a la alimentación no está garantizado. Son muchas las familias que apenas logran garantizar dos comidas diarias, existen otras que sólo ingieren alimentos una vez al día.
Los altos costos de la canasta básica, la escasez de productos de primera necesidad, desaparición de proteína animal y las invasiones en espacios productores deja a la vista las terribles consecuencias de la abrupta pérdida de peso en la mayoría de los venezolanos, quienes no tienen la capacidad de consumir una dieta balanceada.
Emergencia alimentaria
A principio del mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que a finales de año la inflación en Venezuela podía llegar a 1.000.000%. Una cifra preocupante ya que expertos en el área alimentaria y medios de comunicación ya han reseñado muertes por desnutrición.
El informe anual de la organización no gubernamental Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en su capítulo sobre alimentación, especificó que nueve de cada 10 venezolanos no pudieron pagar su alimentación diaria en 2017, mientras que ocho de cada 10 declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o debido a la intensa escasez. También la documentación de estos casos concluyó que en Venezuela se construyó una arquitectura «de control estatal sobre el hecho alimentario», conformado entre otros por el carnet de la Patria, un documento emitido por el Gobierno y los Comités Locales de Alimentación y producción que distribuyen bienes de consumo.
Colas que no calman el hambre
Maritza Herrera es madre de dos niños. Ella realiza colas cualquier día a cualquier hora, mientras su trabajo se lo permita, para tratar de conseguir productos alimenticios a un precio que pueda pagar. Afirma que ahora puede realizar esta práctica con más regularidad porque su esposo le envía dinero semanalmente desde Colombia.
“Si mi esposo no me enviara dinero nos moriríamos de hambre. Trabajo en una escuela al Este de Caracas y con lo que gano no puedo comprar ni el desayuno de los niños. Ahora que comenzaron las clases, me ha tocado hacer colas a las afueras de los supermercados y abastos solo los fines de semana para ver qué productos venden a precios justos, muchas veces no llega nada y regreso con las manos vacías a casa. A pesar del dinero extra que me envían, compro mucho menos de lo que podía obtener en meses anteriores”.
Como Maritza, existen miles de venezolanos que se levantan todos los días, algunos duermen a los alrededores de los mercados, con la esperanza de adquirir algún alimento o producto de la canasta básica. Solo pocos lo logran. Al día siguiente vuelve a repetirse la misma historia: las mismas interminables filas de personas que desean llevar algo para ellos y sus familiares.
El silencio de las invasiones en tierras productivas
En 2017 Provea reportó al menos 11.852 violaciones a la propiedad privada vinculadas al sector alimentario, situación que afecta la garantía del derecho a la alimentación. Este año las invasiones, específicamente, en el estado Barinas están siendo cada vez más frecuentes. Al menos 9 fincas productivas han sido azotadas por actos vandálicos que amenazan la producción de alimentos nacional.
La Asociación de Productores de Rurales del Estado Barinas (Asobarinas) ha denunciado en varias oportunidades los robos en hatos y tierras productivas y cómo esa situación repercute directamente en la grave crisis alimentaria que se vive en el país.
“Han matado a los animales, las amenazas son de todo tipo y esto repercute en la garantía del derecho a la alimentación de los venezolanos. Roban a los propietarios y la producción está cesando en su totalidad. En el caso particular de la invasión de una de las fincas, con lo que se produce en un día, se puede alimentar a 6 millones de venezolanos. Esto quiere decir que si continúa esta situación, el desabastecimiento se puede intensificar”, así lo indicó la periodista, Briceida Morales, quien ha realizado seguimiento al tema en la zona.
Según estadísticas que maneja Asobarinas en la entidad, existen alrededor de 22.000 hectáreas invadidas en 10 predios que continúan en manos de ocupantes ilegales que actúan impunemente. Esa situación incide específicamente en la producción de carne que, hasta el año pasado, se producían 20.000 reses y ahora escasamente arrima unas 10.000 cabezas de ganado.
La Federación Nacional de Ganadores de Venezuela (Fedenagas) también ha denunciado las incursiones ilegales a fincas por grupos armados, señalando que en el país no hay seguridad para los productores y el riesgo de que se acreciente la emergencia por hambre es inminente si no se toman las acciones pertinentes.
Día de la alimentación sin celebración
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación marca cada año el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en que fue fundada la Organización en 1945. Los objetivos de esta conmemoración están enmarcados en estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental.
Sin embargo, debido a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela se deben hacer mayores esfuerzos para exigir el cumplimiento de este derecho y fomentar la necesidad de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la pobreza.
