Fiscalía

EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, Tarek William Saab, informó este martes 12 de marzo que el despacho a su cargo abrió una investigación al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela, por presuntamente ser autor intelectual del sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que el gobierno de Nicolás Maduro asegura fue la causa del apagón que sufrió Venezuela desde el pasado jueves siete de este mismo es.

El titular del Ministerio Público acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para informar la apertura del expediente. Allí, Saab señaló como elemento que se maneja para vincular a Guaidó con el sabotaje eléctrico una publicación en la red social Twitter del parlamentario, en el que éste expresa que “Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación”, publicación que se dio apenas a dos horas, subrayó Saab, de haberse iniciado el apagón.

Un elemento de convicción señalado por Saab fue un artículo de la revista estadounidense Forbes, en la que se indica que sería bastante realista la posibilidad de una interferencia remota por parte de EEUU en la red eléctrica de Venezuela, acción enmarcada en estrategias de ciberguerra.

Añadió que la averiguación contra Guaidó se suma a la realizada a partir el día 29 de enero, por la cual la Fiscalía solicitó al TSJ la imposición de una serie de medidas cautelares “que este ciudadano de manera pública y notoria desacató burlándose del sistema de justicia de Venezuela y las instituciones democráticas”.

Saab afirmó que se emitieron mensajes, no solo por parte de Guaidó, sino de otros ciudadanos que, aparte de alarmistas, escandalosos y de exaltación de la violencia, se incitaba al saqueo, algo  que, remarcó, es ilegal en cualquier país.

Detalló que, en tales mensajes, se hacía referencia a las necesidades económicas de la población para justificar el saqueo.

El fiscal sostuvo que el sabotaje eléctrico no es un hecho casual, sino que se suma a una escalada de eventos a partir de “una autoproclamación que no es reconocida ya por muchos gobiernos que le habían dado el visto bueno”.

De la escala de eventos refirió que la publicación, también estadounidense, New York Times detalló en un reportaje que fueron los manifestantes en contra del gobierno de Nicolás Maduro los que prendieron fuego al camión con la supuesta ayuda humanitaria que querían ingresar desde Colombia hacia Venezuela.

Agregó que desde 2013 se bloqueó el acceso de Venezuela al sistema financiero internacional lo que impide al Estado obtener créditos y renegociar la deuda, y que el Banco de Inglaterra bloqueó $1.200 millones dólares depositados en sus bóvedas, lo que calificó de vulgar robo.

Por último felicitó al pueblo de Venezuela por no caer en llamados a saqueos, violencia, ni guerra fratricida.

A UN MES Y 11 DÍAS DE LA MUERTE DEL CONCEJAL  del municipio Libertador Fernando Albán, las causas de su fallecimiento todavía no están aclaradas. Y es que según las últimas informaciones dadas por el equipo de abogados del dirigente de Primero Justicia, el fiscal impuesto por la ilegal Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, solo han contribuido a colocar un velo de misterio sobre el caso.

El abogado Joel García destacó que el fiscal general ha afirmado en sendas rueda de prensa que Fernando Albán se suicidó, “situación que nosotros hemos reprochado. Iniciando la investigación él no tenía como comprobar que se tratase de un suicidio”, algo que contradice el propio expediente sobre la muerte del concejal.

La representación del Ministerio Público, el fiscal puso como causa de muerte el homicidio, y ello se basa en las informaciones que dieron los funcionarios policiales que llegaron de primeros al lugar (…) Léase el folio 5 donde aparece esa orden de inicio por el delito de homicidio”, indicó García.

Sobre la versión del fiscal de que Albán se lanzó por una ventana luego de pedir permiso para ir al baño, el abogado destacó que en el folio 155 “está un levantamiento planimétrico del piso 10. En ese folio usted podrá ver que no hay baño adyacente a ese lugar”.

Otra de las versiones que desmonta el equipo de defensa de Albán, es que se encontraba el 8 de octubre en horas del mediodía esperando en ese piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicado en plaza Venezuela, para ser trasladado a tribunales.

“Es falso, él no estaba siendo preparado para ir a ese tribunal. Si usted revisa ese expediente, vea el folio 83 una declaración de un funcionario del Sebin; y en el folio 26 las novedades, específicamente el numeral 6 alrededor de las 9 de la mañana, que indican que la fiscal Dinorah Bustamante había solicitado que Albán no fuera trasladado ese día, sino el día siguiente, es decir, el martes 9”, señaló el abogado García.

Sin fotos, sin sangre

El abogado relató que en las pocas fotos de Fernando Albán cuando lo rescatan de ese pozo, estaba sin calzado. “Cómo es que una persona iba a ser trasladada sin zapatos a algún tribunal y no aparece fijación alguna (/fotografía) de sus zapatos y dónde fueron encontrados”.

Además, en una entrevista con Vladimir Villegas, el fiscal impuesto por la ANC dijo que no podía afirmar o existía evidencia alguna de que Fernando Albán estuviera esposado antes de su muerte. El abogado lo invitó a leer todas las entrevistas de los folios 18 al 33. “Ocho declaraciones de ocho funcionarios que aseveran que Fernando Albán estaba esposado”.

*Vea la nota completa en Tal Cual 

Cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fueron privados de la libertad por su presunta responsabilidad en la muerte del niño Kevin Antonio Segovia Carrero de 12 años de edad, ocurrida el 11 de octubre cuando se dirigía a su colegio junto a su familia y quedaron atrapados en medio de un tiroteo entre funcionarios policiales y un presunto asaltante.

El hecho se registró en la avenida Bolívar de Caracas, a un lado del Museo de los Niños.

De acuerdo con la investigación preliminar, un supuesto delincuente habría despojado a una transeúnte de una cartera en las proximidades de la estación de Bellas Artes del metro. Al percatarse del hecho un grupo de funcionarios de la PNB emprendieron la persecución del desconocido, quien abordó una moto y en su huida rebasó el vehículo donde viajaba la víctima.

Según testigos del suceso, el presunto asaltante disparó en una oportunidad el arma de fuego contra los funcionarios que lo seguían lo que provocó reacción de los policías quienes dispararon en respuesta.

Un disparo atravesó la ventana del asiento trasero del vehículo, donde estaba sentada la víctima y lo alcanzó en la cabeza, junto al niño muerto viajaba su hermano menor, quien no fue alcanzado por las balas.

Después de lo ocurrido, los cuatro policías se pusieron a la orden del Ministerio Público, razón por la cual los fiscales 34º y 79º nacional imputaron a los oficiales Cristhian Chacón (23), Ronald Sifontes (34) y Jonathan Acosta (29), por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía en grado de coautoría y uso indebido de arma orgánica.

Mientras que a Rosmary Rengifo (22), le fue imputado el delito de homicidio intencional calificado con alevosía en grado de cómplice necesario.

Todos los delitos fueron imputados con el agravante del artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente a los efectos del cálculo de la pena, en virtud de que la víctima es un menor de 12 años de edad.

Los cuatro funcionarios fueron presentados ante el Tribunal 36º de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que acogió la precalificación fiscal, decretó la medida privativa de libertad y acordó como sitio de reclusión la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en Caracas.

Según el expediente presentado este miércoles por la Fiscalía de EEUU en una corte de Miami, en el que se denuncia a ocho personas, entre ellos cinco venezolanos, quienes habrían participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, la operación se activó en diciembre de 2014, con un primer movimiento de $600 millones. Luego, en mayo de 2015, cuando Carlos Erick Malpica Flores era el vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, ocurrió el otro desembolso de la estatal petrolera, también de $600 millones, para un total de $1.200 millones.

El 30 de diciembre de 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció la nueva directiva de Pdvsa, entre ellos a Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, quien desde ese momento ocuparía la vicepresidencia de Finanzas de la estatal petrolera, al mismo tiempo que era Tesorero de la Nación, cargo que recibió en septiembre de 2013. En ambas funciones estuvo hasta noviembre de 2015.

De acuerdo con el expediente, el esquema de lavado de dinero parte de préstamos en bolívares realizados a Pdvsa por una empresa ubicada en Caracas llamada Rator. La estatal petrolera pagó la deuda con euros. Por el diferencial cambiario existente en el país desde que el expresidente Hugo Chávez estableció el control de cambio en 2003, existe un precio de las divisas oficial y otro en el mercado negro. De esa diferencia se aprovecharon los prestamistas para obtener una ganancia.

Las autoridades venezolanas excarcelaron a dos gerentes de la petrolera estadounidense Chevron, quienes permanecían detenidos desde abril, informó el miércoles la Fiscalía a Reuters.

Ambos fueron arrestados en sus oficinas tras negarse a la firma de un contrato con su socia local Petróleos de Venezuela (PDVSA) y, según fuentes, corrían el riesgo de ser acusados de traición a la patria.

“Sí, están libres con una medida sustitutiva de libertad”, respondió la Fiscalía a través de un correo electrónico, sin dar más detalles.

Una consultora local y otras dos fuentes familiarizadas con el caso habían informado más temprano sobre la salida de prisión de Carlos Algarra y René Vásquez, quienes según uno de los consultados deberán presentarse cada 15 días en los tribunales locales.

Su salida de prisión se produce luego de la liberación de decenas de políticos opositores detenidos en su mayoría por participar en protestas en contra del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El mandatario socialista anunció las excarcelaciones como un gesto con el que busca pacificar al país petrolero sudamericano tras su reciente reelección, en unos comicios que han sido cuestionados por muchos países y autoridades del mundo.

En cuanto a los empleados de Chevron en Venezuela, la petrolera no respondió de inmediato a una solicitud de más información sobre el caso.

Los arrestos, que se produjeron en medio de una purga contra la corrupción en la industria petrolera, fueron los primeros en contra de empleados de una empresa extranjera que opera en sociedad con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) .

Al momento de las detenciones, que provocaron la salida temporal de otros ejecutivos de compañías petroleras foráneas, unos 80 ejecutivos de PDVSA habían sido enviados a la cárcel e incluso dos expresidentes de la compañía estatal permanecen privados de libertad por otras investigaciones.

Maduro ha respaldado la purga por la corrupción que ha afectado a PDVSA y su equipo acusa a mafias infiltradas en la industria de provocar una histórica caída de la producción de petróleo, principal fuente de riqueza de Venezuela.

Los médicos escondieron los dediles, pero uno quedó en el quirófano y lo encontró el personal de limpieza

Dos médicos que se habían apropiado de 26 dediles de cocaína que habían sido extraídos a un paciente, fueron detenidos por el Cuerpo de de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Los médicos detenidos fueron identificados por el Ministerio Público como Maricarmen Futrille de 33 años y Jonathan Coronel Rangel, también de 33, quienes pretendieron quedarse con 26 dediles de cocaína que habían sido extraídos de un paciente el pasado 28 de febrero de este año en el Hospital “Israel Ranuarez Balza”, en San Juan de Los Morros, estado Guárico.

Los hechos se iniciaron el referido día cuando Freddy Alfonso González de 42 años se presentó al área de emergencias del Hospital Central de Villa de Cura, estado Aragua, con dolores en el abdomen y Coronel Rangel lo remitió al centro asistencial ubicado en San Juan de los Morros, donde fue intervenido quirúrgicamente por Futrille, quien no informó sobre al extracción de la droga a sus superiores ni a las autoridades.

Al día siguiente, el personal de mantenimiento encargado de la higiene del quirófano encontró uno de los dediles envuelto en una servilleta, y notificaron sobre el hallazgo a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes detuvieron al paciente y a su compañera, Yoicy Bustamante (48).

Ambos fueron presentados ante el Tribunal 4º de Control de Guárico, instancia en la que la fiscal 16º de esa jurisdicción los imputó por la presunta comisión de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.

Luego, la investigación del Ministerio Público continuó hasta que se determinó que Futrillé había ocultado el resto de los dediles y, a través de las experticias telefónicas, también se develó la comunicación que mantuvo en todo momento Coronel Rangel con el paciente.

Ante esta situación, tras una orden de captura solicitada por el Ministerio Público, ambos galenos fueron aprehendidos en sus respectivos centros asistenciales el pasado 2 de abril, y fueron presentados ante el citado tribunal.

La fiscal del caso imputó a los médicos por ser presuntos cooperadores inmediatos en el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte, y asociación para delinquir.

Tanto los dos galenos como el paciente y su acompañante quedaron recluidos en el anexo 26 de Julio de la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros.

El Ministerio Público emitió cinco órdenes de aprehensión en contra igual número de funcionarios de la Policía del Estado Carabobo por la tragedia ocurrida el pasado miércoles en la que fallecieron 68 personas que se encontraban privadas de la libertad en los calabozos de la sede de la policía regional.

El anuncio lo hizo Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de dos tweets publicados en su cuenta de la red social Twitter.

Saab anunció la detención del sub director del organismo policial, José Luis Rodríguez, quien había sido detenido la víspera y prometió que se esclarecerán los trágicos hechos, sancionando a los responsables.

El Parque Zoológico Metropolitano del Zulia cerró sus puertas al público visitante.  El acceso al único reservorio de fauna silvestre quedó restringido  hasta nuevo aviso, luego de una visita que realizaran al recinto representantes de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Ambiente e Inparques, la semana pasada.

Es la primera vez, en los 45 años de fundado el parque, que el zoológico cerrará sus puertas. “No está apto para recibir  a los visitantes”, fue el alegato de las autoridades ambientales.

El cierre técnico es ordenado luego de que se diera  a conocer la crisis del zoológico zuliano por falta de alimentos para los 1.000 animales de 300 especies que habitan en el parque de 90 hectáreas. PANORAMA publicó en exclusiva el estado de emergencia del recinto en el que la dirección se vio obligada a sacrificar animales para alimentar a otros.

“El zoológico seguirá operando muros adentro hasta que las condiciones estén dadas para volver a abrir”, aseguró un trabajar del lugar. La Gobernación del Zulia y la Alcaldía de San Francisco nombraron a una persona de enlace que se encargará de supervisar los proyectos de restauración, remodelamiento y refacción de todas las áreas del parque zuliano.

En una visita que realizó ayer este rotativo al  zoológico se constató que las puertas están cerradas y no se  permite el acceso a la prensa.  Hay una cuadrilla de trabajadores cortando la maleza del parque y otro equipo supervisando las instalaciones.

El presidente de la institución, Elio Ríos, aseguró que no estaba autorizado a ofrecer declaraciones.  Se realizaron varios intentos para obtener una versión por parte del alcalde de San Francisco, Dirwings Arrieta, pero tampoco fue posible la comunicación.