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Cabello expresa total apoyo a la lucha contra la corrupción
El PSUV se puso a la orden para «contribuir con las instituciones democráticas de la patria venezolana en el combate a esa criminal conducta», reza un comunicado firmado por el dirigente

 

A través de su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, el PSUV expresó su «total apoyo» a la lucha contra la corrupción en Venezuela, dos días después de que autoridades policiales solicitaron a la Fiscalía procesar judicialmente a varios exfuncionarios que «podrían estar incursos» en este tipo de prácticas y en «graves hechos» de «malversación de fondos».

«Expresamos nuestro firme respaldo y absoluto total apoyo a las acciones que viene desarrollando el Estado venezolano para fortalecer la lucha contra la corrupción como flagelo que pretende corroer la moral, principios y valores de la República», dijo el partido en un comunicado, firmado por Cabello.

Asimismo, el partido se puso a la orden para «contribuir con las instituciones democráticas de la patria venezolana en el combate a esa criminal conducta».

«Nuestra lucha contra la corrupción tiene que ser un sello inalterable de la conducta política que debe regir la acción cotidiana de los hombres y mujeres de la revolución bolivariana», agregó el PSUV.

El juez acusado de corrupción que perseguía a opositores

José Mascimino Márquez García, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, es bien conocido en el sistema de justicia, no por sus méritos ni trayectoria, sino por su implacable accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. 

Márquez García llega al poder a los 46 años. Antes de su vertiginoso ascenso en el sistema de justicia en el año 2019, se desempeñaba como camarero principal de una reconocida arepera en Caracas, según reseña el portal web Infobae. 

Entre los casos de persecución política, vejaciones e irregularidades en los procesos judiciales, destaca la detención y privativa de libertad en contra del diputado y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, el pasado 12 de julio de 2021. 

En su corta carrera como juez, Márquez García ordenó en julio de 2021, la detención y privativa de libertad en contra del periodista Ronald Carreño, admitiendo la acusación del Ministerio Público y desestimando los argumentos de la defensa. 

El juez con competencia en terrorismo también ordenó allanar la vivienda de de la jueza María Lourdes Afiuni en búsqueda de «supuestas evidencias de interés criminalístico como artefactos explosivos y armas de fuego».

Lee también: Un alcalde, el jefe de la Sunacrip y dos jueces fueron detenidos en operativo anticorrupción

Con información de EFE

Tras viralización de video buscan a cuatro mujeres por abuso sexual e intento de homicidio contra niño en Lara
El Ministerio Público informó a través de su cuenta en Twitter que las cinco personas ya están plenamente identificadas

 

Este martes, 22 de noviembre, circuló por las redes sociales un video en el que se evidencia a cuatro mujeres torturando y abusando sexualmente de un niño de unos siete años aproximadamente. 

En pocas horas, el audiovisual se hizo viral y causó gran conmoción en la comunidad de Twitter, red social en donde el hecho generó repudio y se exigía ubicar a las responsables del delito. 

El Ministerio Público informó a través de su cuenta en Twitter que las cinco personas ya están plenamente identificadas, dos de ellas serían familiares del menor, por lo que se designó a un fiscal para investigar el hecho. 

«Tras las «investigaciones preliminares», la Fiscalía ubicó en una urbanización del estado Lara (oeste) el lugar donde estas personas «intentaron asfixiar mientras violaban a un niño de 5 años», quienes -aseguró- serán sancionadas con la «pena máxima de 30 años de cárcel», dijo Tarek William Saab, fiscal impuesto por la extinta Constituyente. 

William Saab además informó que sancionarán «de manera implacable a los padres del niño (…) por haberlo abandonado a merced de estos criminales», para los que se solicitarán «las respectivas órdenes de aprehensión y alerta roja a Interpol».

Adelantó que la Fiscalía imputará a las cuatro mujeres por «homicidio calificado en grado de frustración, lesiones personales graves, abuso sexual a niño y asociación para delinquir», y a la persona que grabó el video.

Allanaron residencia donde ocurrió el abuso

Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó en su cuenta de Instagram que funcionarios de este cuerpo policial constataron que la vivienda donde ocurrió el abuso «está deshabitada» y pertenece a la abuela del niño.

«Se presume que los involucrados integran un grupo hamponil. Se continúan las investigaciones para dar con la captura», agregó.

La Delegación Municipal de Barquisimeto constató que la residencia pertenece Yelitza Páez, alias Chicho, abuela del niño.  Se presume que los involucrados en el hecho integran un grupo hamponil.

Las autoridades buscan con intención de captura a Aldimar Alina Lucena Páez, de 25 años, a Yelitza Elena Páez, de 54 años, a Katherine Lucena Páez, de 30 años, y a otra mujer por identificar.

También, están tras la pista del hombre que hacía la grabación.

Entre enero y octubre de este año, la Fiscalía contabilizó 1.024 casos de pedofilia, informó, el pasado 2 de noviembre, Saab, quien indicó que fueron imputados 1.426 agresores y que, hasta ese momento, se condenó a 752 personas a penas de entre 25 y 30 años por este delito.

 
 
 
 
 
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MP registró 718 denuncias de abuso sexual a menores en 8 meses
El fiscal general, Tarek William Saab, subrayó la frecuencia con la que los casos de violaciones son perpetrados por personas cercanas a los entornos familiares de los menores

 

El Ministerio Público informó este 21 de septiembre que en los primeros 8 meses del año recibió 718 denuncias de abuso sexual contra niños y adolescentes, lo que da un promedio de tres casos cada día.

«Desde enero hasta agosto del presente año, el MP ha recibido 718 denuncias de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes», recoge una nota de prensa de la institución que cita declaraciones del fiscal general, Tarek Saab, ofrecidas en un foro sobre protección a los menores.

«Son cifras que deben llamarnos la atención. Es un fenómeno mutante y de carácter global. Ya no hace falta viajar por el mundo para enterarse de estos hechos», dijo Saab. Subrayó la frecuencia con la que los casos de violaciones son perpetrados por personas cercanas a los entornos familiares de los menores.

En el foro, Saab propuso instalar «una mesa técnica para coordinar estrategias que ayuden en la prevención del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, así como del consumo de drogas y el acoso escolar».

El MP dio a conocer en agosto la campaña «Pedofilia es crimen». Con la que busca combatir este delito y proteger a los menores de 18 años de edad de los «depredadores sexuales».

Condenas por abuso sexual

Un reporte de casos del Ministerio Público reveló que, en los 12 primeros días de agosto, ocho hombres han recibido condena por abuso sexual.

El caso más reciente es el de un hombre de 38 años de edad condenado a 17 años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de su vecina, de 12 años, en Los Teques, estado Miranda.

Al agresor, apresado el 18 de febrero de 2021, tras la denuncia de la madre de la víctima, lo acusaron por el delito de «abuso sexual a niña con penetración genital». 

Siete de las víctimas de los casos registrados son menores de edad mientras que otra mujer de 21 años, también víctima de abuso, presenta discapacidad mental.

Entre los agresores destaca un hombre condenado a 29 años y tres meses de prisión por abusar de sus tres hijas, con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años de edad, en el municipio Caroní del estado Bolívar.

Sobre este último, el MP relató que la madre de las niñas «denunció ante funcionarios de la policía regional que el hombre la golpeaba a ella y a sus tres hijas. Una de las menores reveló que intentó suicidarse debido a que su padre abusaba sexualmente de ella y sus hermanas».

Al victimario lo acusaron de trato cruel, abuso sexual sin penetración y actos lascivos agravados, «todos en acción continuada, así como amenaza y abuso sexual con penetración oral».

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Con información de EFE

MP imputa a sacerdote por abuso sexual contra menor
Nepomuceno Hernández, de la parroquia Ermita, San Cristóbal, «invitó a comer a la adolescente de 13 años (…) para luego agredirla sexualmente»

 

El fiscal general, Tarek William Saab, informó este 15 de agosto que un sacerdote del Táchira fue imputado por el delito de abuso sexual contra una adolescente de 13 años de edad.

«Imputado por el Ministerio Público el sacerdote de la parroquia Ermita, San Cristóbal, Nepomuceno Hernández por el delito de abuso sexual a menor», escribió Saab en su cuenta de Twitter, donde compartió una fotografía del cura.

Detalló que el sacerdote, bajo los efectos del alcohol, «invitó a dar de comer a la adolescente de 13 años (…) para luego agredirla sexualmente».

Campaña contra la pedofilia

En días pasados, el fiscal anunció que el MP promueve la campaña «Pedofilia es crimen», con la que busca combatir este delito y «proteger (a los) niños, niñas y adolescentes de los llamados depredadores sexuales, que pueden poner en riesgo su integridad y su seguridad».

«El objetivo es concientizar a la población sobre la necesidad e importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra este flagelo llamado pedofilia, que es una cuestión transcultural, una cuestión, yo diría, ajena a la idiosincrasia, a la identidad venezolana», dijo Saab.

A principios de julio, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) dijo que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia católica han cometido abusos sexuales contra menores de edad y «personas vulnerables», cuyo número de casos decidió mantener «en confidencialidad».

El primer vicepresidente de la institución, monseñor Mario Moronta, quien expresó que la CEV «ha pedido perdón y ha acompañado» a las víctimas, criticó en ese momento que no se investiguen a otros entes «no solamente religiosos sino también profesionales, donde el número de abusos sexuales es mayor».

Respuesta de la Diócesis de San Cristóbal

A través de un comunicado, la Diócesis de San Cristóbal calificó el hecho como algo «lamentable que no tiene justificación alguna». Asimismo, asegura que el obispo de esa sede «ha garantizado (…) que ni se opondrá ni interferirá en las investigaciones y actuaciones que por este hecho se tienen que realizar».

«En este sentido, la Diócesis de San Cristóbal no avala ni encubre casos como el presente. El sacerdote en cuestión es responsable de sus actos y debe responder por ellos ante la ley civil y la eclesiástica. Tiene derecho a su defensa, para lo cual tendrá la asistencia de un abogado que él mismo designe. La Diócesis muestra su preocupación y ofrece su acompañamiento a la víctima de este bochornoso acto», se lee en el texto.

De igual modo, la sede señala que «se abrirá el proceso según las leyes y normativas de la Iglesia. En virtud de ello, el obispo diocesano ha suspendido del ejercicio del ministerio al padre Nepomuceno Hernández y le ha destituido de los cargos pastorales que ejercía. A la vez, inicia el proceso canónico correspondiente,
según los protocolos y normativas en los casos de abuso sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables».

Sacerdotes condenados vuelven a las iglesias

Un trabajo de investigación de la periodista Ana Vanessa Herrero del Washington Post reveló que en Venezuela varios sacerdotes condenados por abuso sexual infantil volvieron a sus ministerios.

El medio examinó 10 casos de denuncias de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia entre 2001 a 2022.

El elemento común de estos casos, según aseguran, es que los niños que fueron víctimas «procedían de entornos pobres y vulnerables».

En la mitad de los casos, aseguran, los sacerdotes con condenas por cargos de abuso fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ningún tiempo en prisión,

Entretanto, en al menos tres casos, a los religiosos se les permitió regresar al ministerio.

Para el desarrollo del trabajo, entrevistaron a  líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas. De igual forma, revisaron exhaustivamente documentos policiales y judiciales.

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Con información de EFE

MP: Condenados policía y militar por violencia de género
Al sargento de la GNB lo acusaron de abusar sexualmente de una joven de 21 años a la que atacó en una zona popular

 

El Ministerio Público (MP) informó el 8 de agosto que fue condenado a 20 años de prisión un policía por asesinar a su pareja. De igual manera, condenaron a 10 años a un funcionario de la GNB por abusar sexualmente de una joven de 21 años.

En nota de prensa, el MP informó de la condena de un funcionario de la Policía Municipal de Guanta, en el estado Anzoátegui, acusado del delito de «femicidio agravado», luego de que estrangulara a su pareja, una joven de 19 años de edad, tras una discusión.

El hecho tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando el policía fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía. El funcionario cumplirá su condena en el Centro de Reclusión Agroproductivo de Barcelona.

En el estado Sucre, condenaron a 10 años de prisión un sargento de la GNB, acusado de violencia sexual hacia una joven de 21 años a la que atacó en una zona popular.

El hecho se registró el 1 de enero de 2021. Horas más tarde, el funcionario fue detenido y recluido en la sede de la policía regional de Sucre, donde sigue el cumplimiento de su condena.

Más de 1 000 feminicidios en 5 años

El fiscal general, Tarek William Saab, informó en días pasados que el organismo que representa ha contabilizado un millar de casos de feminicidios, algunos de ellos frustrados, desde agosto de 2017.

«En lo que respecta a los femicidios se contabilizaron 1.008 casos, entre femicidios consumado y frustrado en cinco años», dijo al término de su acostumbrada declaración semanal ante los medios de comunicación.
Por estos hechos, los fiscales presentaron 1.073 acusaciones y solicitaron ante distintos tribunales del país 412 órdenes de aprehensión contra los agresores.

Sobre la actuación del MP para castigar los feminicidios, Saab explicó que han presentado 43.765 imputaciones.

«Hemos hecho un gran esfuerzo por visibilizar y perseguir todo tipo de violencia contra la mujer. En estos cinco años hemos otorgado 276,319 medidas de protección a mujeres en riesgo, (…) que ha permitido literalmente salvarles la vida y proteger su integridad física», precisó.

Con información de EFE

Un funcionario de Polilara y dos civiles fueron detenidos por sicariato
El Ministerio Público imputó al agente, identificado como Aldayir Giovanny Rodríguez Sequera, de 22 años de edad, los delitos de comisión de sicariato, uso indebido de arma orgánica y robo agravado. Los civiles acusados son Luis Alberto Alvarado Escalona, de 41 años, y Deiby José Yajure Silva, de 22

Foto: El Impulso

Un funcionario de la Policía del estado Lara (Polilara) y dos civiles a los que el Ministerio Público (MP) señaló de «sicariato» fueron detenidos por su «presunta responsabilidad» en la muerte de un hombre el 6 de mayo en el municipio Iribarren de Barquisimeto.

El MP indicó en un comunicado que le imputó al agente, identificado como Aldayir Giovanny Rodríguez Sequera, de 22 años de edad, los delitos de comisión de sicariato, uso indebido de arma orgánica -al ser el autor material del hecho- y robo agravado.

También les atribuyó el delito de comisión de sicariato a los civiles Luis Alberto Alvarado Escalona, de 41 años, y Deiby José Yajure Silva, de 22.

Los tres fueron detenidos por la muerte de Carlos Eduardo Linares Loyo, interceptado por el funcionario de Polilara, quien «sin mediar palabra disparó contra la víctima dejándola sin signos vitales para posteriormente despojarlo de su teléfono celular y su motocicleta».

Tras la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), «se determinó que el teléfono sustraído fue comercializado por el victimario, por tal motivo se logró ubicar e identificar al agresor«.

El tribunal correspondiente dictó «medida privativa de libertad» para Rodríguez Sequera, que se encuentra en la Comandancia de la Policía regional, y para los dos civiles, que fueron llevados a la sede del Cicpc de la entidad.

Información de EFE

Dos personas fueron detenidas por presunta venta de órganos por Marketplace
Franklin Rosales de 41 años y una joven de 16 años de edad fueron detneidos en San Félix, estado Bolívar

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvo a dos personas en el estado Bolívar por ofrecer en «venta un órgano humano» a través de la plataforma de venta de Facebook, Marketplace.

«Luego de una denuncia pública realizada por las redes sociales, donde se aprecian varias imágenes que hacen referencia a la venta de órganos humanos, funcionarios del CICPC, iniciaron las pesquisas vía internet y ubicaron dicha publicación a través de Marketplace», informó este martes el director de la institución, Douglas Rico en una publicación en su cuenta de Instagram.

Añadió que una vez los funcionarios de la delegación municipal de Ciudad Guayana hicieron las investigaciones, lograron la «identificación, ubicación y captura» de Franklin Rosales de 41 años y una joven de 16 años de edad, en el municipio Caroní, San Félix, estado Bolívar.

Rico indicó que estas dos personas comercializaban un «riñón a través de perfiles falsos en Facebook».

«Durante la aprehensión se colectó un celular marca Samsung J2 Prime, donde se evidencia la participación activa de los detenidos en el hecho».

Afirmó que el caso está ahora a la orden de la Fiscalía 9 del Ministerio Público de responsabilidad en materia de niños, niñas y adolescentes y la Fiscalía 15 del segundo circuito de la circunscripción judicial de Bolívar.

El domingo, el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, habría informado de la detención de una ciudadana en el estado Portuguesa por ofertar ilegalmente un riñón a través de Marketplace por 20.000 dólares.

«Aprehendida en Portuguesa Marielys del Carmen Yedra para ser imputada por el Ministerio Público luego de publicaciones en la que ofertaba ilegalmente a través de Marketplace un riñón por la cantidad de 20.000 dólares», dijo Saab en Twitter.

Asimismo, indicó que la Fiscalía investiga si se trata de una «red criminal» y que a Yedra se le imputará el delito de donación con propósito de lucro.

Con información de EFE

Foro Penal: Es falso que la Fiscalía de la CPI haya abierto su oficina en el TSJ
Romero señaló que en estos momentos no existe esa oficina, al menos no legalmente constituida

 

El director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) aseguró este viernes, 8 de abril, que es falso el rumor de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto su oficina en el Tribunal Supremo de Justicia. 

«Nos informan que es falso el rumor de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional haya abierto su oficina en el TSJ de Venezuela. Igualmente hacemos seguimiento y verificación de cualquier posibilidad de que dicha Fiscalía abra su oficina en Venezuela y atienda a las víctimas», así lo aseguró Romero a través de su cuenta Twitter.

Romero señaló que en estos momentos no existe esa oficina, al menos no legalmente constituida. Aclaró que para abrir una sede en Caracas es necesario «seguir un proceso administrativo, protocolar y formal, el cual no se ha llevado a cabo».

Alfredo Romero indicó que el FPV le está haciendo seguimiento al hecho para comprobar y verificar cualquier posibilidad que la CPI abra su oficina en el país para ofrecerle atención a las víctimas.

“No hace falta que la CPI investigue”

El fiscal general, designado por la Constituyente, Tarek William Saab, durante la presentación del balance de de su gestión frente al Ministerio Público dijo que no hace falta que la CPI investigue casos de violación de derechos humanos. Agregó que en el país  las violaciones a derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan sin necesidad de que exista una especie de coloniaje jurídico.

«Sinceramente, no hace falta que investigue la Corte Penal Internacional y lo vamos a demostrar. Lo hemos venido demostrando, nos hemos ido reuniendo, se han firmado los memorándum, pero en la práctica lo vamos a demostrar».

Saab aseguró que la fiscalía, desde el principio, ha colaborado con la CPI aportando información e invitándolos a visitar el país. «Entregamos ocho informes que compilan más de tres mil páginas sobre las causas adelantadas por nuestros fiscales para procesar a responsables de violación de DDHH”.

El pasado 31 de marzo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo que el organismo que lidera abrirá una oficina en Venezuela, tras un acuerdo alcanzado con el presidente Nicolás Maduro, con quien se reunió, en privado.

Khan, cuya visita no fue anunciada a los medios, compareció ante la televisión pública VTV para comunicar los avances en la relación con Venezuela, desde que el pasado noviembre decidiera abrir una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad que han denunciado la oposición y diversas organizaciones.

«A lo largo de estos últimos tres días (…) las partes han acordado señor presidente, que mi Fiscalía podrá abrir una oficina aquí en Caracas, es un paso muy importante, muy significativo, no es algo de cara a la galería, es algo concreto que va a permitir cumplir con las responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí», señaló Khan.

La CPI comenzó el pasado noviembre una investigación formal a Venezuela, después de que en el examen preliminar llevado a cabo por la Fiscalía del alto tribunal se detectaran indicios de que en el país caribeño se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos.