En menos de 48 horas, dos episodios con personas portando armas de fuego se produjeron en Caracas
En Venezuela solo funcionarios de seguridad del Estado pueden portar armamento y está prohibido su ingreso a sitios públicos y espectáculos
Expertos en materia de seguridad aseguran que el gobierno no tiene control sobre la cantidad de armas que circulan en el territorio nacional
@franzambranor
Por la disputa de una baqueta que arrojó el baterista de la agrupación musical Morat al público casi ocurre una tragedia en el concierto del pasado domingo 27 de marzo en la terraza del centro comercial Ciudad Tamanaco en Caracas. Una mujer empuñando un arma salió en defensa de una de las personas que se disputaban el instrumento. No hubo víctimas mortales, pero sí heridos leves debido al forcejeo según la denuncia vía redes sociales de uno de los afectados.
Testigos presenciales del hecho afirmaron que se trataba de una funcionaria policial de civil que estaba presuntamente escoltando a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y sus familiares. Ni voceros del TSJ ni de la Fiscalía General de la República se han pronunciado al respecto.
Quienes sí lo hicieron fueron los integrantes de Morat, los cuales manifestaron por medio de un comunicado su condena a la violencia y a que una persona blandiera un arma en uno de sus recitales.
También lo hizo la productora del show Aguacate Live, la cual expuso que acudió a las autoridades para esclarecer el episodio y en procura que los afectados sean resarcidos.
Dos días antes del suceso en el CCCT, a escasos metros en el bar Greenwich en Altamira Sur un hombre hizo disparos al aire en medio de una riña.
El Ministerio Público, dirigido por el fiscal designado por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, identificó al hombre como Daniel Colombo, funcionario del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien habría accionado el arma de una compañera de la institución.
Por el suceso fueron detenidas tres personas que están siendo investigadas por lesiones en riña, porte de arma en lugares prohibidos y uso indebido de arma orgánica.
De acuerdo con al artículo 113 de la
Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones aprobada por la Asamblea Nacional en 2013 “quien lleve consigo un
arma de fuego o municiones en reuniones, manifestaciones o espectáculos públicos…así como en lugares de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, independientemente del tipo de permiso que le haya sido otorgado,
será penado con prisión de cuatro a ocho años de prisión…la pena se incrementará en una cuarta parte, si quien lleve consigo tales armas se encuentra bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de estupefacientes o sustancias psicotrópicas”.
En el artículo 115, la ley estipula que “…los funcionarios que utilicen sus armas orgánicas con fines distintos a la legítima defensa o protección del orden público, serán penados con prisión de seis a ocho años, sin menoscabo de las penas correspondientes por los delitos cometidos con tales armas”.
En el artículo 99 del capítulo XII de la Ordenanza de Espectáculos Públicos de Chacao, municipio donde ocurrieron los dos hechos, se expone que está prohibida la entrada con porte de armas a espectáculos públicos.
El criminólogo Luis Izquiel sostuvo que en ambos sucesos se violó la llamada ley para el desarme.
“La mujer que saca el arma en el concierto viola el artículo 113 y podría estar incurriendo en lo que conocemos como un concurso de delitos si no tiene porte lícito de armas y se comprueba que golpeó a otra persona. El del bar de Greenwich fue un sujeto que empleó un arma orgánica, es decir un arma que fue entregada por un organismo de seguridad a un funcionario”.
Fermín Marmol García, director del Instituto de Ciencias Penales, Criminalísticas y Criminología de la Universidad Santa María, manifestó que en ambas situaciones hay uso indebido de arma de fuego. “Por lo tanto son merecedores de dos procesos, el primero el administrativo sancionatorio, es decir que la propia institución abre un proceso donde se va a respetar el derecho a la defensa a los fines de saber si actuó a derecho, pero a su vez está el procedimiento jurídico penal que puede terminar en un acto de imputación y acusación penal”.
Civiles sin armas
En agosto de 2019, los ministerios del Poder Popular para la Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitieron una resolución conjunta donde suspenden el porte de armas de fuego y armas blancas en todo el territorio nacional, quedando excluidos los miembros de la Fuerza Armada Nacional, cuerpos de policía, personal de transporte valores, seguridad de entes públicos y diplomáticos y atletas de federaciones y asociaciones del deporte de tiro.
Marmol García explicó que si un civil porta un arma de fuego podría enfrentar una pena de entre seis a ocho años de cárcel. “Este es un delito autónomo de lesiones personales, alteración del orden público y por supuesto homicidio”.
El criminalista sostuvo que el Ministerio de la Defensa, por medio de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (Darfa), es el único ente autorizado para emitir porte de armas en el país.
“El arma tiene que estar registrada en un parque oficial, ningún escolta de un particular, natural o jurídico puede estar armado en Venezuela”.
El excomisario de la otrora Policía Técnica Judicial (PTJ), Luis Godoy, indicó que nadie puede ingresar armado a un espectáculo público, ni siquiera siendo funcionario.
“Lo que sucedió tanto en el concierto como en Greenwich es responsabilidad de ambas partes, de los supuestos funcionarios y de los establecimientos que deben controlar la seguridad con personal calificado y con detectores de metales”.
Nadie controla
Izquiel denunció que el grueso de las armas en Venezuela no son controladas por el Estado
“Pese a que en Venezuela está prohibido el porte, uno ve en la calle gente con permisos que se desconoce cómo los obtuvieron, muchos de los escoltas hoy en día son funcionarios policiales que están en comisión de servicios custodiando personalidades, pero vaya usted a saber a quién el Estado le asigna escoltas, aquí hay una oscuridad en torno a esto”.
Marmol García manifestó que sorprende la cantidad de personas con armas de fuego en supuestas funciones de escolta.
“Vemos supuestos funcionarios o escoltas armados en muchos vehículos sin matrícula, eso genera zozobra en la ciudadanía. ¿A quienes escoltan? Deberían ser a personas que pertenecen a instituciones públicas que por su jerarquía merecen ser resguardados, no debería haber custodia a particulares”.
Un comisario de la Policía del estado Aragua que prefirió no revelar su nombre aseguró que alguna institución que desconoce está emitiendo portes de armas de cortesía.
“La cantidad de armas en la calle es impresionante, todo el mundo está armado. Según la constitución todas las armas pertenecen al Estado y este puede hacer uso de ellas cuando le parezca”.
Para junio de 2012, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez decidió prohibir la venta de armas en Venezuela, se calculaba que había 80 tiendas que expendían armamento de las 3.000 que llegaron a existir en 1998. Para ese entonces, existían 40 mil permisos de armas legales.
De acuerdo con el Ministerio del Interior y Justicia, en 2009 circulaban en Venezuela entre 9 y 15 millones de armas ilegales.
El comisario de Poliaragua dijo que esta tendencia no ha bajado. “Tan alta es la circulación de armamento en este momento que una pistola en Venezuela hace 5 años valía 4 mil dólares hoy en día puede costar $900, un fusil R15 valía $15 mil, hoy lo consigues por $4 mil”.
El comisario indicó que la suspensión de porte de armas restringe la manipulación y traslado del artefacto, pero no la posesión.
“Tu la puedes tener en tu casa, yo tengo factura y registro balístico, mi arma no es ilegal, pero no la puedo cargar conmigo. A veces lo hago porque soy exfuncionario y en todo caso prefiero que me castiguen por porte ilícito a ser objeto de una agresión en la calle”.
