La viuda de Albán y sus dos hijos demandaron a Maduro y a varios altos miembros del gobierno por el «secuestro, tortura y asesinato» del exconcejal de Caracas
Un juez federal de Miami determinó que la muerte de Albán fue un «asesinato a sueldo»
Un juez federal de Miami dictaminó que la muerte del concejal Fernando Albán fue un «asesinato a sueldo» y ordenó al «Cartel de los Soles» el pago de $73 millones a sus familiares.
A Albán lo detuvieron a su llegada al aeropuerto de Maiquetía el 5 de octubre de 2018, cuando venía de Nueva York. Murió tres días después, en lo que las autoridades describieron inicialmente como un salto suicida desde el décimo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela.
La agencia AP, que dio a conocer el fallo, dijo que el año pasado la viuda de Albán y sus dos hijos demandaron a Maduro y a varios altos miembros de su gobierno por llevar a cabo el «secuestro, tortura y asesinato» del exconcejal de Caracas.
NEW: $73 million awarded to family of councilman who died in Venezuelan custody in 2018.
Authorities had said Fernando Alban threw himself from the 10th floor of a building. A federal judge in Miami called it a 'murder for hire.'https://t.co/IPYcc6NkGQ
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 20, 2022
La familia acusó a los hombres de pertenecer al “Cártel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que supuestamente envía 200 toneladas métricas de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos cada año.
AP informó que el juez Darrin P. Gayles fue quien emitió el fallo en contra el cártel por no responder a la demanda.
El tribunal determinó que lo que llama la “empresa criminal de Maduro” es responsable de los delitos federales de extorsión en la muerte de Albán, porque su propósito es “ejercer un control autoritario ilegal sobre Venezuela” a través del narcotráfico, actos de terrorismo y violaciones de derechos humanos. .
«Asesinato a sueldo»
El tribunal determinó que agentes del gobierno de Maduro siguieron a Albán mientras aún estaba en Nueva York, tomaron fotos y enviaron información a Venezuela que facilitó su secuestro y asesinato cuando regresó a casa.
«El asesinato de Albán fue un asesinato a sueldo porque miembros de la empresa criminal de Maduro que cometieron el asesinato recibieron pago (en forma de salarios) del régimen de Maduro”, afirmó el tribunal.
En consecuencia, determinó que el Cartel debe pagar $73 millones a los familiares de Albán por el dolor y sufrimiento causado por su muerte.
No obstante, no está claro cómo se podría materializar el pago, pues aunque Maduro y otros acusados que se mencionan en la denuncian están acusados penalmente en Estados Unidos, siguen al control del poder en Venezuela.
Además, el único presunto cabecilla del cártel que está bajo la custodia de Estados Unidos es el general retirado del ejército Cliver Alcalá. Y la agencia AP asegura que el tribunal le asignó un defensor porque afirmó que no podía pagar por un equipo legal.
Caso Fernando Albán ante la CPI
La muerte del concejal de Primero Justicia es una de las que reposa en el expediente de la Corte Penal Internacional, que investiga denuncias de tortura y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro.
El caso fue polémico por las versiones contradictorias del gobierno. En primer lugar, el fiscal Saab dijo que Albán se lanzó desde la ventana de uno de los baños del Sebin
Pero luego, el entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol contradijo esta versión y dijo que el activista político se lanzó por una de las ventanas de la sala de espera del Sebin mientras esperaba su traslado al tribunal.
A fines de 2021, el fiscal general Tarek William Saab informó que dos miembros del Sebin recibieron condena de casi seis años de prisión por delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
Pero en febrero de 2022, la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a 2 años y 8 meses y los funcionarios quedaron en libertad.
Con información de agencia AP