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Fernando Albán

Juez de Miami ordenó al Cartel de los Soles pagar $73 millones a familia de Fernando Albán
La viuda de Albán y sus dos hijos demandaron a Maduro y a varios altos miembros del gobierno por el «secuestro, tortura y asesinato» del exconcejal de Caracas
Un juez federal de Miami determinó que la muerte de Albán fue un «asesinato a sueldo»

 

 

Un juez federal de Miami dictaminó que la muerte del concejal Fernando Albán fue un «asesinato a sueldo» y ordenó al «Cartel de los Soles» el pago de $73 millones  a sus familiares. 

A Albán lo detuvieron a su llegada al aeropuerto de Maiquetía el 5 de octubre de 2018, cuando venía de Nueva York. Murió tres días después, en lo que las autoridades describieron inicialmente como un salto suicida desde el décimo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela. 

La agencia AP, que dio a conocer el fallo, dijo que el año pasado la viuda de Albán y sus dos hijos demandaron a Maduro y a varios altos miembros de su gobierno por llevar a cabo el «secuestro, tortura y asesinato» del exconcejal de Caracas.

La familia acusó a los hombres de pertenecer al “Cártel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que supuestamente envía 200 toneladas métricas de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos cada año.

AP informó que el juez  Darrin P. Gayles fue quien emitió el fallo en contra el cártel por no responder a la demanda.  

El tribunal determinó que lo que llama la “empresa criminal de Maduro” es responsable de los delitos federales de extorsión en la muerte de Albán, porque su propósito es “ejercer un control autoritario ilegal sobre Venezuela” a través del narcotráfico, actos de terrorismo y violaciones de derechos humanos. .

«Asesinato a sueldo»

El tribunal determinó que agentes del gobierno de Maduro siguieron a Albán mientras aún estaba en Nueva York, tomaron fotos y enviaron información a Venezuela que facilitó su secuestro y asesinato cuando regresó a casa.

«El asesinato de Albán fue un asesinato a sueldo porque miembros de la empresa criminal de Maduro que cometieron el asesinato recibieron pago (en forma de salarios) del régimen de Maduro”, afirmó el tribunal.

En consecuencia, determinó que el Cartel debe pagar $73 millones a los familiares de Albán por el dolor y sufrimiento causado por su muerte.

No obstante, no está claro cómo se podría materializar el pago, pues aunque Maduro y otros acusados que se mencionan en la denuncian están acusados penalmente en Estados Unidos, siguen al control del poder en Venezuela. 

Además, el único presunto cabecilla del cártel que está bajo la custodia de Estados Unidos es el general retirado del ejército Cliver Alcalá. Y la agencia AP asegura que el tribunal le asignó un defensor porque afirmó que no podía pagar por un equipo legal.

Caso Fernando Albán ante la CPI

La muerte del concejal de Primero Justicia es una de las que reposa en el expediente de la Corte Penal Internacional, que investiga denuncias de tortura y asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro.

El caso fue polémico por las versiones contradictorias del gobierno. En primer lugar, el fiscal Saab dijo que Albán se lanzó desde la ventana de uno de los baños del Sebin

Pero luego,  el entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol contradijo esta versión y dijo que el activista político se lanzó por una de las ventanas de la sala de espera del Sebin mientras esperaba su traslado al tribunal. 

A fines de 2021, el fiscal general Tarek William Saab informó que dos miembros del Sebin recibieron condena de casi seis años de prisión por delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

Pero en febrero de 2022, la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a 2 años y 8 meses y los funcionarios quedaron en libertad.

Con información de agencia AP

“Sin investigación a superiores no hay justicia”: Las reacciones tras condena a dos funcionarios por caso Albán

“Sin investigación a superiores no hay justicia”: Las reacciones tras condena a dos funcionarios por caso Albán
Meudy Osío, viuda de Albán, recordó que su esposo fue detenido «arbitrariamente» y añadió que la Misión de la ONU concluyó que existen motivos suficientes para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte

La noche de este miércoles, 15 de diciembre, el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, anunció que dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron condenados por el caso de Fernando Albán.

Los funcionarios fueron condenados a cinco años y 10 meses de prisión por la muerte del concejal Fernando Albán, quien murió en la sede del Sebin de Plaza Venezuela en octubre de 2018 tras caer del décimo piso.

Ante el anuncio, las reacciones no tardaron. Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, señaló en Twitter: «Continúan juzgando funcionarios subalternos en graves crímenes de derechos humanos en Venezuela».

Sin embargo, San Miguel rechazó que no se investigue a los superiores por estos hechos. «Sin investigación a superiores no hay verdad ni justicia«, sentenció.

Por su parte, el abogado Joel García, preguntó con respecto al caso de Albán: «Si él cae del piso 10, que acto negligente, imprudente, ¿de impericia o de qué forma incumplieron las órdenes o reglamentos?».

«¿Será que la orden era sostenerlo por los pies pero sin dejarlo caer de la ventana? ¿Jugaban a Superman?», fustigó el abogado.

Su esposa también reacciona

Meudy Osío, viuda de Albán, manifestó a través de un comunicado su rechazo a la condena que se impuso contra estos dos funcionarios, por considerarla como una «burla».

La mujer recordó que su esposo fue detenido «arbitrariamente» y añadió que la Misión de la ONU concluyó que existen motivos suficientes para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte.

Además, denunció que a pesar de sus constantes solicitudes, no ha tenido acceso a las investigaciones sobre el caso y que las mismas «no se han conducido con la debida diligencia».

 

«En Venezuela no existe acceso a la justicia, nuestra familia y yo no hemos encontrado justicia, ni sabemos la verdad sobre lo que ocurrió con Fernando. Tanta crueldad hoy sigue impune«, sentenció.

*También puede leer: Condenan a dos funcionarios del Sebin por homicidio de Fernando Albán

Condenan a dos funcionarios del Sebin por homicidio de Fernando Albán
Los efectivos fueron condenados por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada

 

Dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión por el homicidio del concejal de Caracas Fernando Albán, quien falleció en prisión en 2018 al caer de un décimo piso, informó el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

«Quiero destacar el caso del exconcejal Fernando Albán. Falleció el 8 de octubre de 2018. Por este caso fueron condenados este 3 de diciembre dos funcionarios pertenecientes al Sebin», indicó Saab durante un balance del trabajo del Ministerio Público.

Detalló que los funcionarios fueron condenados por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

«Estos funcionarios, es bueno destacarlo, admitieron los hechos y recibieron en tal sentido una pena de 5 años y 10 meses de prisión», dijo.

Al momento del fallecimiento, la Fiscalía aseguró que Albán se suicidó lanzándose desde un décimo piso, pero distintos actores políticos y ONG denunciaron que se trató de un asesinato y pidieron que se investigara el caso.

En enero de 2019, la exfiscal Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán.

Entonces, aseguró que «fue un asesinato» y denunció la existencia de «contradicciones» en los relatos que ofrecieron posteriormente portavoces del gobierno y varios ministros.

El caso del concejal se encuentra detallado en el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU.

Información de EFE

Orlando Viera-Blanco Oct 19, 2021 | Actualizado hace 2 días
Tengamos piedad de nosotros mismos
Olvidar a nuestros presos políticos y dejarlos a merced de la fiereza de la violencia, es parte del proceso de deshumanización y primitivismo cultural que se ha instalado en el país

 

@ovierablanco

Morir en las mazmorras del régimen venezolano, acompañados de reportes anatomopatológicos disfrazados de causas sobrevenidas, es un crimen de lesa humanidad. Tapaderas que ocultan una horrenda realidad: muertes causadas por ergástulas del terror. Un pueblo acabado y dejado en abandono que sigue de pie por la caridad de una notoria minoría. Entonces, el régimen ha alcanzado un perverso objetivo: canibalizarnos sin misericordia…

Lo que cobran las clínicas privadas a un enfermo de COVID-19 en Venezuela es un buen ejemplo de mercantilismo duro y puro, ausentes de humanidad. Un todos contra todos.

Los caídos, ¿nos duelen?

Thais Peñalver nos aporta un oportuno recordatorio de nuestros caídos en las cárceles del régimen. Cito:

I. El 12/3/2015, Rodolfo González (el aviador) murió en su celda en el Sebin-Helicoide; II. dos años más tarde, el concejal Carlos Andrés García sufriría un ACV mientras permanecía arbitrariamente detenido en el Sebin, en el estado Apure, falleciendo el 17/9/2017; III. El 8/10/2018 Venezuela conoció la terrible muerte del concejal Fernando Albán (…).

IV. Menos de un mes después, Modesto Díaz falleció en el Sebin-Helicoide (4/11/2018), luego de sufrir un infarto; V. Antes de finalizar el año, el 13/12/2018, Nelson Martínez falleció en el Hospital Militar luego de ser trasladado de emergencia por presentar signos de una insuficiencia cardíaca exacerbada (…); VI. el año siguiente (5/2/2019) el preso político Virgilio Jiménez, de 20 años, murió en su injusta prisión en la cárcel de Uribana, a causa de enfermedad intestinal generada por las insalubres condiciones de reclusión (…); VII. un mes después, el 7/3/2019, se conoció que el ingeniero Ángel Sequea –preso por denunciar irregularidades en Corpoelec– fue asesinado en circunstancias poco claras, mientras se encontraba detenido en el Sebin de Ciudad Guayana (…); VIII. el 29/6/2019 Venezuela y el mundo conoció la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo en tribunales, donde llegó a pedir auxilio al juez de la causa en silla de ruedas, aún cubierto de la sangre derramada por crueles torturas (…);

IX. El 3/1/2021, el preso político pemón, Salvador Franco, murió por desnutrición y tuberculosis bajo custodia del régimen en la cárcel El Rodeo II; X. el 13-10-21 se conoce la muerte del general Raúl Isaías Baduel, solo unos días luego de ser trasladado de la “Tumba», donde fue sometido a torturas durante períodos prolongados (…); XI. el 29/8/2021 Gabriel Medina Díaz falleció en la cárcel de La Pica en el estado Monagas, por una insuficiencia respiratoria sin recibir atención médica oportuna y especializada… Once presos políticos fallecidos bajo custodia desde el año 2015; once casos para ser investigados, juzgados y castigados en la Corte Penal Internacional”. Fin de la cita.

Olvidar a nuestros presos políticos y dejarlos a merced de la fiereza de la violencia del régimen, es parte del proceso de deshumanización y primitivismo cultural que se ha instalado en el país. Perder misericordia por el prójimo es perder piedad por nosotros mismos. Ya lo decía San Agustín. “Pobre de aquel miserable que, aun siendo mísero, no es capaz de tener misericordia por sí mismo…” 

Un farol en el horizonte que no puedo contemplar

Aceptar convivir con la barbarie es un peligroso acto de allanamiento, de claudicación, resignación y entrega, que conduce a la anomia, a los impedimentos del corazón (García Lorca dixit).

Nuestra impotencia soslayada de dimisión frente al destino brutal de compatriotas que han dejado la vida en celdas o en las calles, es una demostración de nuestras profundas carencias y quiebres sociales. Ese es el método totalitario. La aniquilación de todo vestigio moral, humanitario e identitario de un gentilicio convertido en desdeño (…).

En el poema Lluvia (enero de 1919), el poeta granadino Federico García Lorca añade un interesante matiz. La consciencia de tener una rémora interiorizada que nos incapacita para la búsqueda del amor, que nos inhibe para tomar la iniciativa. Dice: “Y fue por los caminos, cansado y doloroso, juglar extraño de un extraño amor, en busca de la novia, que se fue aquella noche, en que apuré mi cáliz de dolor”. 

Sobre Venezuela ha caído una “lluvia de desamor”, de inmisericordia. La Venezuela profunda, detrás de las tabernas de la indiferencia aprendida, muere lentamente.

Poco o nada nos conmueve. Y lanza el poeta andaluz su último aliento: “Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarlo”. Ese faro que alumbra en el horizonte, que toca el corazón de los nobles convidándoles a correr y sufrir por la vida del otro, es cada venezolano que anhela volver a casa por la gracia de la verdad, la decencia y la paz. 

Mi cáliz de dolor

Un compatriota comentó: “La muerte de Baduel, o la de cualquier víctima de violación de DD. HH., no producirá un levantamiento de los cuarteles ni de la sociedad misma (…) porque, a fin de cuentas, la dinámica electoral borra, en horas, todo el primitivismo de esas muertes”.

Creo que es un absolutismo sentenciar que lo electoralista mata lo humanitario. Pero debo consentir que se han minado el impacto e indignación por tantos venezolanos cobardemente asesinados.

La militancia opositora –por cierto– debe elevar el “cáliz de sufrimiento” de los caídos. Con su olvido, pronto “se pierde la carne entre rosales, se da neblina a la pasión, y brota en el alma la impotencia y la ansiedad en el corazón…”.

* Embajador de Venezuela en Canadá

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Cronología | Los diez presos políticos que han fallecido bajo custodia del gobierno
Falta de atención médica y traslado a centros hospitalarios es la constante entre los 10 reos por razones políticas que han fallecido bajo custodia del gobierno de Nicolás ,Maduro   

@franzambranor

Con la muerte del general Raúl Isaias Baduel ya suman diez los presos políticos fallecidos en cautiverio durante el gobierno de Nicolas Maduro, según cifras manejadas por la ONG Foro Penal Venezolano. 

Desapariciones forzadas, presentación de civiles ante tribunales militares, diferimiento de audiencias, retardo procesal, denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos, además de negación a suministro de tratamientos médicos y traslados a centros asistenciales, son la constante entre quienes han sido puesto tras las rejas por adversar al régimen madurista.  

Aquí una lista de la decena fallecidos:

Rodolfo González 

Conocido como “El Aviador”, Rodolfo Pedro González Martínez fue hallado muerto en su celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el El Helicoide a mediados de marzo de 2015. Versiones indican que González se habría suicidado después de conocer que iba a ser traslado a la cárcel de Yare en el estado Miranda.

González estaba recluido en El Helicoide desde el 26 de abril de 2014, acusado de ser uno de los articuladores de las protestas masivas antigubernamentales en febrero de ese año.

Según el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, al momento de su detención a González se le decomisaron armas de fuego, municiones y equipos tecnológicos.

Carlos García

El concejal de Guasdualito en el estado Apure, de apenas 44 años, falleció a mediados de septiembre de 2017, víctima de un accidente cerebrovascular mientras se encontraba detenido en un calabozo del Sebin en la entidad.

Miembros del partido Primero Justicia aseguraron que pese a presentar problemas de salud, a García no se le prestó atención médica alguna. Autoridades informaron que al momento de su detención el 17 de diciembre de 2016, al activista político se le incautaron bolívares en efectivo y fue detenido por presuntos delitos de hurto calificado, instigación pública y saqueos que se suscitaron en la ciudad.  

Rafael Arreaza

Detenido en marzo de 2017 por presunta conspiración contra el Estado, el teniente falleció el 30 de noviembre de ese mismo año con apenas 28 de años de edad a consecuencia de dos disparos que recibió en un presunto intento de fuga de la cárcel militar de Ramo Verde en Los Teques. 

Fernando Albán

El concejal de Primero Justicia murió el pasado 8 de octubre de 2018 luego de que cayera del décimo piso de  la sede del Sebin en Plaza Venezuela.

Versiones oficiales indicaron que el político se escabulló de sus custodios y se arrojó al vacío desde una ventana. Inicialmente el Fiscal General de la República designado por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, apoyó la tesis del suicidio, pero luego cambió a homicidio culposo.

“El Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra los dos funcionarios que custodiaban a Albán”, dijo.  

Nelson Martínez 

Acusado por presuntos cargos de corrupción durante su gestión como directivo en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo, Martínez falleció el 12 de diciembre de 2018 como consecuencia de una septicemia con falla renal, hepática, cardíaca, cerebral y respiratoria. A Martínez, quien estaba detenido desde noviembre de 2017 a la espera de un juicio, se le contaminó una válvula que tenía en el corazón por falta de atención médica.  

Rafael Acosta Arévalo 

El capitán de corbeta fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 22 de junio de 2019, acusado de conspiración y traición a la patria. Seis días después de desconocer su paradero, fue presentado ante el Tribunal Militar Tercero de Control de Fuerte Tiuna con visibles muestras de tortura en su cuerpo, de acuerdo con abogados y familiares. Ante la petición de sus allegados, Acosta Arévalo fue trasladado al Hospital Militar del Ejército “Doctor Vicente Salias Sanoja”, donde murió seis días después.   

Pedro Santana

Acusado de presunta vinculación con actos terroristas, el productor ganadero fue detenido el 29 de agosto de 2019. Casi un año después, el 14 de agosto de 2020, falleció a los 75 años de edad cumpliendo arresto domiciliario a causa de varias complicaciones médicas.

Salvador Franco

El miembro de la comunidad indigena pemón falleció el 3 de enero de este año a causa de un edema cerebral, shock séptico y un cuadro severo de desnutrición producto de una tuberculosis no tratada. Franco fue aprehendido el 30 de diciembre de 2019 y recluido en la cárcel del Rodeo II, acusado de participar en el asalto de dos cuarteles militares en el estado Bolívar. Le fueron imputados los cargos de terrorismo, sustraccion de armas de fuego y municiones en resguardo. Miembros de la ONG Foro Penal informaron que un juez ordenó el traslado de Franco a un centro asistencial, pero las autoridades de la prisión hicieron caso omiso del dictamen  

Gabriel Medina 

Fue detenido el pasado 24 de abril de 2020 junto a otras ocho personas, acusado de planear el secuestro del segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello. Bajo prisión preventiva y sin condena, Medina enfermó de tuberculosis y no tuvo acceso a tratamiento médico ni traslado a un centro hospitalario. Murió el 29 de agosto de este año, víctima de un paro respiratorio. 

Raúl Baduel 

El General y otrora mano derecha del fallecido presidente Hugo Chávez murió este 12 de octubre a consecuencia de complicaciones vinculadas al COVID-19, según informó el Fiscal General de la República designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab.

En su cuenta de Twitter, el funcionario expuso que Baduel falleció por un paro cardiorrespiratorio mientras «recibía los cuidados médicos correspondientes» y aseguró que había recibido la primera dosis de la vacuna.

Familiares negaron que el militar haya padecido la enfermedad. Una hija reveló que lo vio el sábado antes de su muerte y que no presentaba síntomas de coronavirus.

Baduel estuvo casi una década detenido. Desde 2017 estaba en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, específicamente en el calabozo conocido como “La Tumba” y luego fue trasladado a El Helicoide, de acuerdo a versión de sus familiares.  

Paola Bautista Alemán: La justicia para Fernando Albán y otras víctimas ha tardado en llegar
La Fundación Juan Germán Roscio y Primero Justicia entregaron la Orden Fernando Albán al abogado y defensor de DDHH, Joel García. En el acto destacaron que “el martirio de Fernando Albán debe seguir siendo luz y fermento de democracia”

 

El acto de imposición de la Orden Fernando Albán al abogado y defensor de Derechos Humanos, Joel García, sirvió para destacar la importancia que tiene para Venezuela mantener vigente el legado del dirigente de Primero Justicia, asesinado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 8 de octubre de 2018.

“Al revisar países que han superado episodios graves de violaciones de derechos humanos, encontramos que la construcción de una memoria histórica que sirva a la justicia y sea cimiento de paz es un desafío colectivo que se extiende en el tiempo. En este sentido, la Orden Fernando Albán busca ser una contribución a esa importante tarea”, resaltó Paola Bautista de Alemán, presidenta de la Fundación Juan Germán Roscio e integrante de la junta de dirección nacional de Primero Justicia, encargados de conferir la distinción al abogado García.

Bautista de Alemán subrayó que buscan poner la memoria de Albán “al servicio de la reconstrucción moral de nuestro país y establecer las bases de lo que será un futuro de sanación”.

La justicia para Fernando y para todas las víctimas de Derechos Humanos en el país ha tardado en llegar. Lamentablemente, este episodio autocrático en nuestra historia republicana se nos ha hecho extenso y nos ha puesto a prueba de distintas maneras. Y, año a año, esta ocasión debe ser una oportunidad para renovar nuestro compromiso de lucha y para mantener vivo el recuerdo de quienes supieron ofrecer su vida por la democracia de nuestro país”, enfatizó Bautista de Alemán sobre el acto de entrega de la Orden Fernando Albán.

Ejemplo a seguir

“El martirio de Fernando Albán debe seguir siendo luz y fermento de democracia. En ello todos los justicieros tenemos la responsabilidad de dar a conocer el testimonio de Fernando y la plenitud de sus implicaciones morales para la lucha práctica contra la dictadura”, indicó Juan Miguel Matheus, diputado del Parlamento elegido en 2015 y miembro de Mesa Directiva de Primero Justicia.

Matheus aplaudió las virtudes y el compromiso del abogado Joel García, quien desde 2014 ha asumido la defensa de distintos presos políticos. “Joel García merece sobradamente recibir la Orden Fernando Albán. Encarna plenamente los valores de la vida de Fernando Albán”.

“Lo digo con profundo agradecimiento, Joel García fue una fuente de fortaleza moral que transmitió entereza y firmeza a Primero Justicia en los momentos más duros de 2018, en los que Juan Requesens estaba injustamente secuestrado en el Sebin, Fernando había sido asesinado y todos nosotros nos sentíamos vulnerables y a merced de las peores persecuciones del régimen. ¡Gracias, Joel, por ayudar a Primero Justicia a mantenerse de pie y a administrar el miedo en circunstancias tan dolorosas!”, expresó Matheus.

A través de una carta leída en el acto, la señora Meudy Osío, viuda de Albán, manifestó: “Dr. Joel García, siempre le estaré agradecida por su apoyo legal en los momentos más difíciles de nuestra familia, por interesarse en el caso de mi esposo y por atreverse a aceptar su representación, en los momentos donde el miedo paralizaba a todos, inclusive a los más cercanos a Fernando”.

Abogados de familia del concejal Albán condenan informe de Bachelet
Los abogados del concejal Fernando Albán se sumaron al rechazo de los familiares de Juan Carlos Pernalete

Los abogados de la familia del fallecido concejal Fernando Albán emitieron un comunicado en el que rechazan el reciente informe emitido por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Ramón Alfredo Aguilar, uno de los abogados, sostuvo que en el documento se omitió un pronunciamiento o reiteración sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.

Aguilar indicó que lo señalado por la alta comisionada va en detrimento del avance alcanzado previamente a través del Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de septiembre de 2020.

Agregó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene competencia e interés sobre el caso del concejal y que su investigación se nutre de la comprobación de agravios que se documenten en este tipo de informes.

Albán falleció en extrañas circunstancias mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela. Las autoridades dijeron que el político se había suicidado al arrojarse de un piso alto, mientras que su familia y representantes de partidos de oposición aseguran que fue asesinado.

Familiares de Juan Pablo Pernalete, asesinado en las protestas antigubernamentales de 2017, también condenaron el reciente informe de la Acnudh por considerar que «lava la cara» al Ministerio Público y al gobierno venezolano.

Provea denuncia una campaña del gobierno de Maduro contra la CPI
«El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión a unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?», dijo la ONG en un comunicado

 

La ONG Provea denunció este 27 de mayo una «campaña de ataques» del gobierno de Venezuela contra la Corte Penal Internacional (CPI), a pocas semanas de que el alto tribunal decida si abre una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en el país, actualmente en examen preliminar.

«El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión a unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?», dijo la ONG en un comunicado.

Provea señala, entre los promotores de la «campaña», al fiscal general, Tarek William Saab, quien afirmó a principios de mayo que la CPI «utiliza como fuente de información tuits generados por boots con aseveraciones falsas».

La organización recuerda que la declaración de Saab contrasta con la realizada en diciembre de 2020, cuando, después de una visita a la sede del organismo en La Haya aseguró que «Venezuela siempre ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional».

También la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, descalificó el trabajo de la CPI, al declarar que el caso sobre Venezuela era una «gran farsa basada en falsedades y mentiras publicadas en redes sociales».

Según la ONG, el intento de incidir en la opinión de la CPI motivó que, «luego de varios años de sostener una tesis contraria, se reconociera que Juan Pablo Pernalete había sido asesinado por una bomba lacrimógena (2017) y que el Estado es responsable de la muerte del concejal Fernando Albán (2018).

La Fiscalía sumó los delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga» -anteriormente negados- al de «quebrantamiento de normas de custodia» a dos funcionarios implicados en la muerte del concejal Albán, quien falleció en prisión en 2018, al caer de un décimo piso, según explicó el fiscal general a principios de mayo.

En la misma comparecencia, Saab también se refirió al caso polémico de Pernalete, un estudiante que murió en las protestas de abril de 2017, de quien confirmó que falleció producto de un impacto de bomba lacrimógena y que por ello hay 12 funcionarios imputados, una versión que no había reconocido antes.

«Ante la ausencia de una voluntad genuina de investigar, sancionar y detener violaciones de derechos humanos, los venezolanos tienen casi como único mecanismo de contención la presión como resultado de la actuación de estos organismos internacionales de supervisión», aseguró Provea.