El activista Feliciano Reyna estuvo el 5 de julio junto a Michelle Bachelet. Fue el vocero venezolano clave en el grupo que discutió el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACUNHR) sobre Venezuela, que confirma, con datos fehacientes, el carácter criminal del régimen de Nicolás Maduro. Reyna habló inmediatamente después de Bachelet, y lo que dijo lo amplió y explicó en esta entrevista realizada a su paso por Madrid, hace unos días
FELICIANO REYNA ES LO MÁS PARECIDO a un héroe de los Derechos Humanos y en esto de ser extraordinario solo le han hecho falta dos virtudes: sentido común y auténtico amor por el prójimo. Reyna es fundador de la organización Acción Solidaria, que forma parte de Sinergia, y de Civilis Derechos Humanos, creada en 2010. Son parte de Civicus, una alianza global para la participación ciudadana. Feliciano Reyna ha ido tomando un papel cada vez más protagónico en la tarea de difundir la tragedia que vive el país y defender a su ciudadanía.
«Creo que es fundamental ver la situación de Venezuela deslastrándose del prisma ideológico», dice cuando se le pregunta qué les diría a las ONG españolas que se ocupan de los Derechos Humanos (quizás lo diga porque tradicionalmente han apoyado al chavismo, influidas por el populismo izquierdoso de Podemos y partidos similares. Una vez aplaudieron las expropiaciones, sin mirar contexto y consecuencias.)
Pero Reyna desea destacar algo, de arrancada: «Es fundamental que el gobierno de Maduro reconozca la emergencia humanitaria». ¿Por qué? Porque la ayuda externa seguirá limitada si no lo hace. Si no se abren de verdad las puertas. El aporte del exterior, hasta ahora, no responde a la gravedad de la situación, al horror que padece el pueblo pues la protección o asistencia brindada alcanza para dos millones de personas, y Reyna es bien tajante: «No basta. Quienes trabajamos en materia de emergencia, las ONG, pensamos que no hay menos de diez millones de personas en necesidad. ¿Qué significa eso? Que se necesitan los recursos para salvarles la vida, para aliviarles los sufrimientos y para buscar recuperar sus condiciones de vida digna. Diez millones de personas, no dos millones».
La no indiferencia
En el diálogo donde fue coprotagonista al lado de Bachelet hubo 46 participaciones, tres de ellas grupales: una de la Unión Europea, otra del Grupo de Lima —presentada por Perú— y otra del Alba, presentada por Cuba. De las 46, hubo diez a favor de Venezuela (es decir, a favor del chavismo-madurismo). Sus voceros aludían a la muletilla de la no interferencia y hablaron de las sanciones como causa de los males aunque sin entrar en los temas planteados en el informe de la alta comisionada. Además de Alba-Cuba, estas intervenciones fueron las de Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Myanmar, Laos, Argelia, Nicaragua, Siria y Bolivia. El vocero argentino comentó, por otra parte, que le parecía interesante que los países que apelan siempre a la no intervención son los más autoritarios, los más cerrados, y en algunos, dictatoriales. «Lo que debería aplicar es el principio de la no indiferencia», dijo. Le dio gusto, a Reyna, ver que los países europeos estaban muy alineados con la idea de que se establezca la oficina formal de la alta comisionada en Venezuela
—¿Cuál es el balance que hace, del propio informe y de la reunión número 27, la del 5 de julio?
—Lo que refleja el informe es algo que venía expresando la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] desde 2013, al poner a Venezuela en el capítulo cuarto de su informe anual, referido a los países que tienen problemas graves de DDHH. Pero este tiene unos elementos que identifican la falta de justicia, denuncia un sistema que no responde a las necesidades del pueblo venezolano. Es un gobierno que no está cumpliendo con sus obligaciones de protección, y esto no solo ya referido a derechos civiles y políticos, sino en salud y alimentación. Ese es el valor tremendo del informe.
—¿Qué significará en la práctica esta confirmación, digamos universal, de los horrores del madurismo?
—Este informe puede servir para establecer no solo responsabilidades del Estado sino responsabilidades individuales, como las que puede resolver la Corte Penal Internacional.
—¿Ha cambiado algo en la actitud de los voceros ante este tipo de foros internacionales? Allí, en el diálogo, estuvo William Castillo.
—He sido testigo de la comparecencia de voceros oficiales ante organismos de Naciones Unidas en la época de Chávez y ahora. El patrón de respuesta sigue siendo el mismo: en lugar de tomar en cuenta las recomendaciones, disponerse a implementar los mecanismos y mostrar interés en solventar la situación, lo primero que hacen es descalificar al mensajero sea la CIDH anteriormente o ahora la propia alta comisionada. En segundo lugar, descalificar las fuentes de información. Además, buscan siempre desviar la atención de los temas de fondo. No hacen caso, pues, de las recomendaciones, y en esas recomendaciones, que vienen haciéndose desde hace años, está buena parte de la ruta para que el pueblo pueda recuperar condiciones de vida dignas.
—¿Piensa que el gobierno madurista sería capaz, incluso si lo intentara ahora, de lograr algún avance?
—Hemos llegado a tal punto de destrucción que no podría: aun disponiéndose a resolver, ya no tiene cómo porque se destruyeron capacidades en salud, en producción de alimentos y de bienes. Se ha destruido parte de la industria petrolera y ya, antes de las sanciones contra PDVSA, venía decayendo la producción nacional. Hemos visto cómo se destruyó el salario real y hoy en día, como dice el informe, la gente se encuentra en condiciones mínimas de supervivencia. El enorme esfuerzo debe hacerse buscando mecanismos que impidan llegar a una situación de violencia pero para darle cauce a la crisis económico-política, porque está en la raíz de todo. Esto no es solucionable si no se busca una salida política. Eso lo ha expresado incluso el general de los jesuitas, Arturo Sosa, que se requiere un cambio de conducción.
—En su segunda intervención en la reunión en Naciones Unidas del 5 de julio usted hizo, al final, tres recomendaciones expresas.
—Sí, se las hicimos al Consejo de DDHH sabiendo que ellos las pueden promover. La primera es la creación de una comisión internacional de investigación. Esto tendría mucho peso, porque una comisión de ese tipo no solo haría un trabajo de documentación exhaustiva en algunas materias sino que tendría, además, la potestad de establecer esas responsabilidades individuales que nos pueden ayudar a obtener justicia y a prevenir la impunidad, así como a dar reparación a las víctimas de DDHH. Es decir, que pueda haber responsabilidades en el alto gobierno por las muertes en salud o por hambre o desnutrición.
—¿La segunda recomendación?
—Que se haga un exhorto, desde el Consejo de DDHH, a los Estados de acogida de emigrantes y refugiados pues está actuando cada uno por su lado y algunos han tomado medidas que han hecho mucho daño. La última, de Sebastián Piñera, que de un día para otro pidió una visa particular, creó situaciones muy graves. No pueden tomarse medidas aisladas, esta no es una salida por razones económicas, esto es una crisis de refugiados.
—¿Y la tercera recomendación?
—Que el Consejo abogue por una solución política dialogada, concertada, con las condiciones que hacen falta. Que el diálogo pueda seguir adelante; incluso hablábamos de los esfuerzos de Noruega. En la raíz de todo esto, lo dice el informe, está un grupo en el poder que no tiene ya cómo dejar de causar daño. De nuevo: ni que quisiera puede solucionar la tragedia. Por lo tanto es fundamental mantener esos esfuerzos de negociación.
@sdelanuez
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