En su programa Con el mazo dando, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) actuará en contra de cualquier grupo irregular que ocupe algún territorio venezolano.
A continuación, las 14 perlas que Cabello soltó durante su espacio televisivo:
Amenazando a periodistas que cubran el conflicto en Apure: “En este momento quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. No es verdad que van a cubrir la noticia, ellos van es a sembrar el odio y la cizaña contra la FANB y el gobierno bolivariano, y hacer creer al mundo que el gobierno colombiano es el que está ayudando a los venezolanos”.
«Son mercenarios. No quieren informar, se prestan para hacer cosas en contra de su propio país (Venezuela)», dijo refiriéndose a los periodistas de NTN24 detenidos en Apure.
“No está permitido, bajo ninguna circunstancia, que ningún grupo, llámese como se llame, quiera usurpar, quiera hacer uso del territorio venezolano para cometer actos delictivos o para instalarse».
«Esa guerra (en la frontera) es colombiana. Si ellos quieren combatir a la oligarquía colombiana, vaya y combátalo desde territorio colombiano, no desde territorio venezolano”.
«Esto parecía la Globovisión de Ravell. Ya sabían dónde iban a explotar las bombas. En Colombia hace fiesta cuando muere un venezolano en estos conflictos”.
«Colombia se declaró, internamente pues, que ellos van a tratar de servirle la mesa al imperialismo norteamericano para atacar a Venezuela. Se van a equivocar porque si nosotros tenemos una guerra (…) con Colombia, se lo vamos a hacer en su territorio».
«Nosotros vamos a defender nuestro territorio, pero la guerra se la vamos a hacer en el territorio de ustedes».
«Colombia quiere exportar su guerra».
«Detrás de todos esos planes y manipulaciones ahí está el imperialismo norteamericano. Desde aquí nos limitaremos a defender nuestra soberanía».
«[Aludiendo a grupos irregulares en territorio venezolano] Se autodenominan amigos de Venezuela y hacen llamados a generales, al Alto Mando, al partido, y hacen llamados a todo el mundo, como si nosotros vamos a apoyar a quien ataque a nuestro pueblo desde otros lugares y después se van a esconder en su territorio. No, no, nosotros los vamos a combatir llámense como se llamen».
Amenazó con «tolerancia cero con grupos irregulares en territorio venezolano».
«¿Va a haber escaramuzas? Sí, pero los vamos a vencer y los vamos a encontrar. No quedará impune la muerte de nuestros compañeros».
Son “una manipulación”, dijo en referencia a las noticias sobre el desplazamiento de venezolanos que han huido del conflicto que comenzó el 21 de marzo en Apure.
La ONG denunció que «la violencia se incrementa con el accionar de los organismos de seguridad del Estado venezolano, bandas criminales y grupos armados irregulares»
En el primer trimestre de 2021, hubo 113 enfrentamientos armados, 306 homicidios y 77 personas fueron desaparecidas en los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas, que conforman la frontera con Colombia, así como en Falcón, informó este 7 de abril la ONG Fundaredes.
«Un total de 306 homicidios, 77 personas desaparecidas y 113 enfrentamientos armados ocurrieron durante el primer trimestre del 2021 en los estados Zulia, Falcón, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas», escribió Fundaredes en su cuenta de Twitter, donde mostró los datos que ha obtenido en su informe llamado Curva de la Violencia.
Estas cifras «evidencian el alarmante incremento de la criminalidad en los estados fronterizos» de Venezuela con Colombia, donde numerosas denuncias ubican la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y bandas herederas del paramilitarismo del país andino.
Siempre según los datos difundidos por Fundaredes, «muchas de las personas que realizan un desplazamiento interno», huyendo de los enfrentamientos, «son víctimas de desapariciones a manos de grupos armados irregulares que los someten a trabajos forzosos».
Por otra parte, denunciaron que «la violencia se incrementa con el accionar de los organismos de seguridad del Estado venezolano, bandas criminales y grupos armados irregulares».
En el estado Zulia, la asociación registró 146 homicidios, por lo que se mantiene como el más violento, seguido por Bolívar, con 56 víctimas, Táchira (40), Falcón (35), Apure (23) y Amazonas (6).
Durante el año 2020, siempre según los informes de Fundaredes, hubo 1.613 homicidios, 208 desapariciones o secuestros y 555 enfrentamientos armados en la misma región que incluye Falcón, un estado caribeño, vecino del Zulia en el que también han denunciado la presencia de grupos guerrilleros de origen colombiano.
En el estado Apure comenzaron el pasado 21 de marzo combates entre militares y un grupo armado identificado por varias asociaciones, entre ellas Fundaredes, como disidentes de las FARC.
En esos enfrentamientos, murieron ocho militares y nueve «terroristas», según el balance oficial ofrecido por el Ministerio de Defensa, que no identificó al grupo armado que combate pese a que fuentes castrenses difundieron fotografías con las siglas y el logo de la antigua guerrilla de las FARC.
Afirmó que el grupo «ha sido desalojado de sus campamentos en la frontera» y denunció que son «organizados y articulados con el Ejército de Colombia» y «el Gobierno de Iván Duque»
Nicolás Maduro afirmó el domingo 5 de abril que los miembros del grupo armado contra el que combaten los militares en el estado fronterizo Apure, identificados como disidentes de las FARC por varias ONG, «se visten de guerrilleros para servir a las rutas del narcotráfico».
«Se visten de guerrilleros para servir, sencillamente, a las rutas del narcotráfico», aseguró durante un acto de Gobierno transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) en el que los catalogó como «grupo irregular armado, terrorista, narcotraficante», si bien eludió, de nuevo, señalar con claridad de qué banda se trata.
En esos combates que comenzaron el pasado 21 de marzo han muerto cuatro militares, según los datos oficiales.
La información difundida al respecto ha sido muy escasa y ninguna fuente oficial o castrense ha confirmado de qué grupo se trata, si bien los militares han difundido fotos de los uniformes incautados con los logos y las siglas de la antigua guerrilla de las FARC.
Al respecto, Maduro afirmó que el grupo «ha sido desalojado de sus campamentos en la frontera» y denunció que son «organizados y articulados con el Ejército de Colombia» y «el Gobierno de Iván Duque».
También aseguró que, antes de abandonar la zona, esta banda «ha dejado el territorio minado».
El pasado 24 de marzo, el Gobierno de Venezuela anunció que pedirá ayuda de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para desactivar minas antipersonal en la occidental región de Apure.
En este sentido, el gobernante venezolano explicó que el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, «está dirigiendo una comunicación al secretario general de la ONU, António Guterres, «para pedir inmediatamente ayuda de emergencia (…) para que traigan toda la técnica para desactivar los campos minados».
Javier Tarazona aseguró que el viernes santo destruyeron varias casas y una escuela en Los Cañitos
El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona aseguró que el conflicto se mantiene en distintos sectores de Apure como La Capilla, igualmente en El Ripial.
Además informó que el viernes santo fueron destruidas varias casas y una escuela en Los Cañitos. Tarazona añadió que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) «llegaron a la zona para hacer una labor de exterminio»; pues desde que este cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue movilizado a la zona, comenzaron a evidenciar «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, amenazas y hostigamiento contra civiles y defensores de derechos humanos»; lo que a juicio del profesor universitario «se les fue de las manos».
«No aceptamos que las FAES sigan operando en Venezuela, que exigimos su eliminación como cuerpo de exterminio de la sociedad venezolana», expresó el representante de Fundaredes.
Fundaredes pide al MP investigar
Tarazona reitera que es difícil saber a ciencia cierta qué ocurre en Apure; por lo que hace un llamado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que velen por investigaciones imparciales y transparentes. Del mismo modo dijo: «Solicitamos la presencia de un representante de las Naciones Unidas que pueda estar en el sitio».
El máximo representante de Fundaredes reitera que la mayoría de los civiles que habitaban en la zona se desplazaron desde La Victoria (Apure) hasta Arauquita, Arauca y Saravena (Colombia) con la intención de preservar sus vidas. Sin embargo, asegura que en esta zona de conflicto aún quedan habitantes, quienes se negaron a huir con la intención de preservar sus bienes y tratar de evitar que sus viviendas fueran quemadas o saqueadas.
No obstante, recuerda que una familia que decidió quedarse en la zona fue masacrada supuestamente por funcionarios de las FAES. Añade que se han dado detenciones sin motivos aparentes como la de un funcionario de Protección Civil; así como allanamientos ilegales.
Javier Tarazona también denunció que el frente 28 de las FARC que opera en Amazonas se ha estado movilizando para reforzar y apoyar a quienes operan en Apure. «Esto nos preocupa y rechazamos estas acciones que son consecuencia de la complacencia y la convivencia que ha existido en esta región estratégica», dijo el defensor de DDHH.
Sobre el balance de militares heridos y fallecidos, Javier Tarazona indicó que conocen del traslado de más de 18 funcionarios lesionados al Hospital Central de San Cristóbal en el tiempo que lleva el conflicto. De la misma manera, dijo que se contabilizan más de ocho militares muertos; pero indicó que no se ha podido comprobar la cifra por la opacidad con la información; sin embargo, los datos oficiales hablan de dos militares muertos por un ataque y nueve heridos.
Soldado del Ejército venezolano en los combates de Arauca. Foto Eligio Rojas @ElEspinito (Twitter).
Las hostilidades que han ocasionado numerosas bajas entre los militares venezolanos y miles de desplazados en el eje La Victoria-Arauquita podrían extenderse a otras localidades. Organizaciones no gubernamentales piden una rápida mediación de la ONU
Desde el 21 de marzo, el trecho entre Guasdualito y La Victoria se ha convertido en una zona de combates, con todas las características de lo que sería un conflicto asimétrico. De un lado, fuerzas regulares del Ejército venezolano, complementadas por el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana. Y del otro, combatientes de las llamadas “disidencias” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Trecho Guasdualito – La Victoria, zona de combates en Apure. Foto Google Maps
Estos últimos son individuos que nunca reconocieron ni acataron el contenido del acuerdo de paz firmado en La Habana, en 2016, y que se han reagrupado en torno al liderazgo de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, comandante del frente 1 que opera en el departamento colombiano de Arauca.
Según el subdirector e investigador de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, Botache aglutina a dieciséis de los veintiocho grupos que se declararon en desacuerdo con la pacificación. Por lo tanto, es el mayor contingente.
Por otra parte, en las llamadas Nuevas FARC o Segunda Marquetalia hay cinco estructuras armadas, que salieron a la vida pública cuando Luciano Marín (Iván Márquez) y Seuxis Paucías Hernández (Jesús Santrich) hicieron un llamado a retomar el conflicto, en agosto de 2019. Las siete agrupaciones restantes están más dedicadas a actividades netamente criminales.
Con la invitación a Márquez y a Santrich para que permanecieran en territorio venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro tomó parte en el conflicto originado tras el desconocimiento de lo convenido en la capital cubana.
Y lo hizo en favor del sector menos numeroso, si se toma en cuenta lo señalado por el investigador colombiano.
Esta cuadratura ya le ha costado por lo menos seis muertes y más de dieciséis heridos a las fuerzas venezolanas, si se suman los saldos conocidos extraoficialmente en tan solo tres enfrentamientos, reportados desde septiembre de 2020, en Apure y Amazonas.
Herido en combate. Foto en la cuenta de Twitter de @vladimirpadrino, ministro de la Defensa.
Las disidencias de las FARC han dado muestras de su capacidad para infligir el mayor daño con la menor cantidad de bajas propias. En esto ha jugado un importante papel el uso de dispositivos explosivos improvisados, que ocasionaron las primeras dos muertes durante la jornada del 21 de marzo, e inutilizaron posteriormente un blindado del Ejército. Igualmente, mediante explosivos destruyeron el puesto aduanero de La Victoria.
Blindado de las FANB destruido. Imagen: capturas de pantalla de un video colgado en la cuenta de Twitter @vladimirpadrino, del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
“Están enviando mensajes a Maduro: ‘Sentémonos y acordemos’. Y mientras tanto piden a los pobladores de las áreas de conflicto que se retiren”, afirmó Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha investigado la violencia en el área limítrofe.
Según Tarazona, el grupo de Gentil Duarte, liderado en ese sector por Ferley González, alias Fabián, estaría “pidiendo una tregua con el régimen, para convivir”. Lo que hasta ahora no ha sido posible.
En este contexto, el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ordenó la remoción del comandante de la 92 brigada Caribe del Ejército, general de brigada Carlos José Rojas Abreu, y su inmediato reemplazo por el GB Tito Gómez Avila. Según Tarazona, la decisión fue consecuencia de la imposibilidad del anterior jefe militar de eliminar la amenaza que representaban los disidentes de las FARC en ese sector.
“Es una tarea que no cumplió”, sentenció.
Desplazamiento sin precedentes
Las hostilidades han ocasionado una creciente oleada de desplazados desde territorio venezolano. Para el momento de la redacción de esta nota, Migración Colombia reconocía la existencia de 4741 refugiados en diecinueve albergues improvisados.
El fin de semana anterior, el defensor del pueblo de Colombia Carlos Camargo solicitó al gobierno de Iván Duque la declaratoria de una “calamidad pública” en el área de Arauquita.
Un soldado recibe a desplazados venezolanos en la frontera colombo-venezolana, se puede ver el tricolor de Colombia. Foto en la cuenta de Twitter @fuerzalmada, de Freddy Nañez
La expectativa es que la cifra se incremente con el desarrollo del conflicto. Y de acuerdo con el representante de Provea, Marino Alvarado, no habrá una tregua en el corto plazo.
“Esto va para largo (…) Si se aplica la teoría de la guerra de guerrillas, los disidentes tienen la táctica de atacar, replegarse y luego volver. Ellos dejarán que la Fuerza Armada tome confianza, y la volverán a atacar”, advirtió.
Alvarado indicó que el desplazamiento humano ha representado un incremento de 15 % en la población de Arauquita. La migración forzada también sería desde la frontera hacia otros estados de Venezuela.
Según sus registros, desde que Hugo Chávez llegó al poder han ocurrido cinco episodios que podrían ser calificados de “movilizaciones masivas” ocasionadas por violencia armada. Comenzaron en 1999 en el área de Catatumbo. Pero la de este año ha sido la de mayor magnitud.
Para el momento de la redacción de esta nota, representantes de Provea y otras organizaciones no gubernamentales de Venezuela y Colombia solicitaban la intervención de la Organización de Naciones Unidas.
“Es una petición genérica que hacemos al secretario general, porque no hay una perspectiva de colaboración entre autoridades de ambos países para atender el problema. No solo en lo referido a los refugiados, sino también en cuanto a la seguridad. Esto complicará aun más la situación. La ONU puede servir como intermediario para que haya un diálogo”, explicó.
Pero el discurso oficialista no apunta hacia un entendimiento. Por el contrario, desde el Ejecutivo y el Parlamento elegido el 6 de diciembre han emitido mensajes que culpan al gobierno de Iván Duque por la crisis en la frontera. Según Alvarado, de continuar con esa actitud el conflicto también podría extenderse hacia otras localidades.
*Pocas novedades contiene el reporte sobre derechos humanos del Departamento de Estado, por lo menos en lo que respecta al caso venezolano. Y era lógico: este documento es el resultado de un largo proceso. Su primer borrador generalmente está listo en octubre, y desde entonces solo dan algunos retoques. Además, otros informes fueron divulgados en los días previos, como el de Human Rights Watch y la actualización del primer reporte de la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU. Aun así, hay señalamientos reveladores en torno a lo que califican como “interferencias ilegales y arbitrarias a la privacidad”.
En primer lugar, se da por sentado que las “compañías de telecomunicaciones” del país están asistiendo al Gobierno en el monitoreo de las comunicaciones de los opositores políticos.
Un llamado de atención a estas empresas. Luego de esta advertencia, queda abierta la posibilidad de sanciones. Pero la afirmación más contundente tiene que ver con el suministro de tecnología para “monitorear el comportamiento social, político y económico de la ciudadanía”, a través del llamado Carnet de la Patria. Este sistema, indica el informe, fue suministrado por la empresa china ZTE, con el respaldo de Huawei y la Compañía Nacional China de Importación y Exportación de Material Electrónico. “Esencialmente, los ciudadanos no tienen otra alternativa que obtener y usar la tarjeta, a pesar de sus conocidos métodos de rastreo”.
*Hay un acelerado incremento en el número de muertes como consecuencia de la covid-19, por lo menos en el Distrito Capital. Desde la semana anterior, el cálculo hecho por personal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) es que están ocurriendo entre 35 y 50 decesos de personas que con certeza estaban contagiadas por este virus, y de otras que, sin haberse hecho las pruebas correspondientes, perdieron la vida con síntomas asociados que desencadenaron infartos o paros respiratorios.
Esto vendría a confirmar el señalamiento del infectólogo Julio Castro, en el sentido de que las cifras oficiales se caracterizan por un “subregistro importante”.
Otra evidencia tiene que ver con la cantidad de personas que acude a las oficinas de la morgue de Bello Monte, para obtener alguna orientación. En su mayoría son familiares que buscan “asesoría para la disposición final de los cuerpos”, tal y como fue ofrecido en un anuncio público del servicio de medicina forense. Se trata, por cierto, de una ayuda que en teoría es gratuita.
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«Los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, ambos de NTN24, se encuentran detenidos e incomunicados en el estado Apure, a donde viajaron para cubrir el conflicto en la frontera», denunció en su cuenta de Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
Los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, que trabajan en el canal internacional NTN24, fueron detenidos cuando estaban en el estado fronterizo Apure, donde militares combaten desde el pasado 21 de marzo con disidentes de las FARC, denunciaron este miércoles varias fuentes gremiales.
«Los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, ambos de NTN24, se encuentran detenidos e incomunicados en el estado Apure, a donde viajaron para cubrir el conflicto en la frontera», denunció en su cuenta de Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también denunció la detención y explicó que los acompañaban dos activistas de la ONG Fundaredes, que ha informado de los combates desde el inicio.
#ALERTA Los periodistas de NTN24, Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, quienes cubrían el conflicto en Apure, fueron retenidos por la GNB este #31Mar. Estaban acompañados de dos activistas de @FundaREDES_pic.twitter.com/wvSjjA8An1
NTN24 explicó que Hernández y Pérez «cubrían el conflicto en Apure» cuando «fueron retenidos», junto a los activistas de Fundaredes, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Cerca de las 16.00 hora local (21.00 GMT) «les dijeron que los dejarían en libertad regresándoles el equipo de grabación», pero desde ese momento el medio perdió la comunicación, según explicó el canal.
A su turno, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, expresó en Twitter su preocupación por los dos periodistas así como por los activistas de su organización, que identificó como Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado.
Según explicó, se encontraban en la población de La Victoria, en el estado Apure, epicentro de los combates.
Tarazona también comentó que los cuatro fueron retenidos, tras lo cual «se comunicaron» e «informaron que, luego de ser revisado el material audiovisual guardado en sus teléfonos móviles, les serían devueltos y podrían continuar con sus labores de documentación y comunicación».
«Sin embargo, pasadas, como han sido, seis horas de este hecho alertamos que hemos perdido comunicación con ellos. Desde ese momento, desconocemos en qué estado se encuentran o dónde, exigimos al Estado venezolano garantizar la vida e integridad de estos venezolanos que, cumpliendo con su labor, hoy se encuentran en condición de desaparecidos», subrayó.
Asimismo, llamó «a los organismos de protección universal e interamericano a estar alertas frente a estos hechos en un contexto de conflicto interno».
Los combates entre militares y los disidentes de las FARC, que ninguna fuente oficial o castrense ha identificado pese a que han difundido fotografías en las que puede verse las siglas de esa antigua guerrilla, comenzaron el pasado 21 de marzo y en ellos han muerto al menos dos soldados.
Sin embargo, la información facilitada por los militares o miembros del Gobierno ha sido muy escasa y no han confirmado cuántos integrantes de ese grupo armado han fallecido, aunque han reportado seis «neutralizados», una palabra usada con ambigüedad tanto para muertos como para arrestados.
Como consecuencia de los enfrentamientos, más de 6.000 habitantes de la zona han cruzado el río Arauca, que marca la frontera entre Venezuela y Colombia, y han huido al país vecino.
#ATENCIÓN Javier Tarazona, de Fundaredes, exige conocer el paradero de dos de sus miembros en Apure, dónde se encontraban documentando la situación junto a los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández #31Marpic.twitter.com/L9p4PlAjYe
Una de las víctimas fue identificada como Jesús Alexander Vásquez Pérez, quien era sargento segundo
En el marco de la Operación «Escudo Bolivariano», el 31 de marzo fue emboscada una comisión mixta de la FANB que se encontraba realizando un patrullaje de reconocimiento a la altura del sector Ripial, municipio Páez del estado Apure.
Como consecuencia del ataque murió el sargento segundo Jesús Alexander Vásquez Pérez. Un oficial subalterno resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital Militar «Capitán Guillermo Hernández Jacobsen», en San Cristobal, estado Táchira, pero llegó sin signos vitales.
El director de Fundaredes, Javier Tarazona, sostuvo que «nada más en Arauquita hay más de 5.000 venezolanos desplazados. Algunos están en otros lugares, pero no en sitios de resguardo, han acudido a casas de amigos y familiares»
La ONG Fundaredes alertó este 31 de marzo que más de 6.000 venezolanos se han desplazado a Colombia huyendo de los combates que comenzaron el pasado 21 de marzo en Apure, entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y un grupo armado irregular, que los activistas identifican como disidentes de las FARC.
«Nada más en Arauquita hay más de 5.000 venezolanos desplazados. Algunos están en otros lugares, pero no en sitios de resguardo, han acudido a casas de amigos y familiares», dijo en una conversación telefónica con Efe el director de Fundaredes, Javier Tarazona.
El número ofrecido por el activista actualiza la cifra de desplazados que la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia (OCHA) había ubicado en más de 4.700 hace dos días.
De acuerdo con Tarazona, los combates entre los militares venezolanos y los irregulares se suceden en varias localidades apureñas, donde la Fuerza Armada venezolana «bombardea» las posiciones de los irregulares.
«Son constantes los sobrevuelos, los bombardeos y las detonaciones en estas zonas», aseveró.
Los enfrentamientos entre la Fuerza Armada de Venezuela y grupos irregulares en el estado de Apure comenzaron hace 10 días y han dejado como saldo al menos dos militares muertos, 6 «terroristas neutralizados» y otros 27 sospechosos capturados, que fueron puestos a las órdenes de un tribunal militar, según el último balance oficial.
No obstante, Fundaredes ha denunciado que el pasado 25 de marzo «fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos funcionarios de las FAES», grupo élite de la Policía venezolana cuya disolución ha pedido la ONU por las múltiples acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.
La oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó -a quien varios países reconocen como presidente interino- ha pedido investigar este hecho y otros supuestos excesos de los militares contra la población civil.
En ese sentido, la exdiputada opositora Delsa Solórzano dijo el sábado que remitió un informe a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante una operación militar en El Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de estas cinco personas.
