Matanzas, desplazamientos forzados y desapariciones son algunas de las consecuencias del conflicto armado que se vive en Apure y Arauca desde enero de 2022. Un equipo de Human Rights Watch visitó esta frontera entre Colombia y Venezuela, entrevistó a más de 100 personas de ambos países y constató que mientras los grupos irregulares cometieron «abusos brutales» con el apoyo de las fuerzas de seguridad venezolanas, la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente
Los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de 2022, forzando a miles a huir de sus hogares, señaló hoy Human Rights Watch.
El informe, difundido este 28 de marzo, señala que el 1 de enero de 2022 comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente – una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Estos grupos «se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y en el estado Apure», asegura HRW. En el documento se precisa que los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, «han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado».
DestacaN además que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, «que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos«.
“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
“Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”.
Human Rights Watch visitó los departamentos colombianos de Vichada y Arauca en febrero de 2022 y entrevistó a más de 100 personas, incluyendo algunas por teléfono antes y después de las misiones. Los entrevistados incluyeron 43 personas que habían huido de Apure, así como líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
La mayoría de las personas que sufrieron o presenciaron abusos temían represalias y hablaron bajo condiciones de anonimato. Human Rights Watch también revisó otras fuentes, incluyendo publicaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y reportajes en medios de comunicación. El Ministerio de Defensa de Venezuela no respondió a una solicitud de información de Human Rights Watch.
A continuación, algunas claves relevantes sobre lo contenido en el informe.
Asesinatos de civiles y violencia de grupos armados
Human Rights Watch expone que ha recibido denuncias creíbles sobre «múltiples asesinatos de civiles cometidos por grupos armados en Arauca y Apure».
«Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC. Los miembros del ELN mataron a algunas de estas personas, dijeron testigos, y se llevaron a otras. Algunas fueron asesinadas días después; las familias de muchas otras no saben qué ocurrió con ellas».
Registran que, en la mayoría de los casos, los grupos armados acusaron a las víctimas de ser cómplices de otros grupos armados, «una práctica que ha sido común entre los actores armados en Colombia durante décadas».
La Policía Nacional de Colombia informó que hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero. Esa es, por lejos, la cifra de homicidios más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde el 2010
«Varias fuentes creíbles indicaron que algunas de las personas asesinadas pueden haber sido miembros de grupos armados, pero otras eran civiles. El dramático aumento de homicidios en Arauca este año refleja un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad para civiles», señaló Human Rights Watch.
Por otra parte, el informe resalta que los grupos armados que operan en el departamento de Arauca y en Apure «utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas». Al respecto, enumeran que estos grupos imponen sus propias reglas, incluyendo «toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares; y establecen sus propias sanciones para casos de violaciones, robos y asesinatos».
Desplazamiento, reclutamientos forzados y secuestros
Desde que iniciaron los enfrentamientos entre el ELN y el Comando Conjunto de Oriente el 1 de enero, al menos 3.860 personas se han desplazado internamente en Arauca y más de 3.300 personas han huido de Venezuela a los departamentos colombianos de Arauca y Vichada, precisa HRW.
Denuncia la organización que, a ambos lados de la frontera, el ELN y el Comando Conjunto de Oriente también han forzado a numerosas personas a incorporarse a sus filas, incluyendo menores.
HRW describe varios casos, entre los que resaltan uno ocurrido el pasado 20 de enero, cuando miembros del ELN irrumpieron en una casa en la zona rural de Puerto Páez, Apure, y se llevaron a la fuerza a una niña de 14 años y a su hermano de 18, dijo un familiar.
Por otra parte, el 28 de enero, una vecina le dijo a su madre que sus hijos habían sido asesinados durante enfrentamientos con una disidencia de las FARC y le indicó dónde encontrar sus cuerpos. La madre fue a la zona y encontró los cuerpos de sus hijos. Dijo que había muchos más cadáveres allí.
Complicidad de las fuerzas militares venezolanas
Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han «participado en operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y han sido cómplices de sus abusos», afirma HRW a partir del testimonio de «múltiples testigos.
“Esa mañana llegaron más de 10 hombres armados en motos y camionetas, unos se identificaron como el ELN y otros eran de la fuerza militar venezolana”, se lee en un extracto de una de las personas que compartieron sus testimonios a HRW. “Vi sus insignias de la FANB en sus uniformes”.
Amplía otro testigo que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas a las que acusaban de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente: “Los militares llegaron junto con los del ELN, pensé ‘nos van a matar a todos’”, dijo.
HRW considera que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 con el mandato de investigar graves violaciones de derechos humanos, debe «evaluar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure e identificar la responsabilidad individual de funcionarios de alto nivel».
Respuesta humanitaria insuficiente
Sobre este punto, HRW expresa que a pesar de los esfuerzos de las agencias humanitarias internacionales, cientos de desplazados «no tienen suficiente acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud», especialmente en Vichada.
«Muchos indígenas desplazados a Vichada desde Venezuela viven a orillas del río Meta en albergues improvisados. En Arauca y Vichada, los grupos armados han amenazado a algunas personas desplazadas, y las agencias humanitarias dicen que los niños desplazados están en riesgo de ser reclutados por grupos armados», amplían.
Denuncian además que la «discriminación contra los pueblos indígenas» también ha debilitado la respuesta humanitaria.
«Algunos funcionarios del gobierno local expresaron sentimientos discriminatorios en sus reuniones con Human Rights Watch; algunos dijeron que los indígenas que habían llegado ‘arruinaron el paisaje’ y los describieron como ‘las peores personas’ entre los que llegaron a Colombia», destacan.
Recomiendan que las autoridades colombianas deben «evaluar urgentemente las necesidades humanitarias de quienes huyeron de Apure, así como crear e implementar un plan de respuesta humanitaria para asistir a esa población».
«En Vichada, deberían considerar decretar un estado de calamidad pública, que con arreglo a la legislación colombiana permitiría la asignación de mayores recursos por parte del gobierno nacional para brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas. Las autoridades colombianas también deberían garantizar el acceso a un estatus legal en Colombia para los venezolanos obligados a huir de Apure», concluyen.
