falsedad

 

 

El pasado viernes 2 de diciembre de 2016 la CIDH realizó la audiencia “Derecho a la vivienda en Venezuela”, solicitada por el Estado venezolano. En la misma participó como contraparte Provea para aportar información adicional suministrada por los funcionarios.

Citando cifras del Banco Central de Venezuela, Provea refutó que en Venezuela se hayan construido durante el año 2015 más de 300.000 viviendas como afirmó el Estado, lo que sumaría un millón desde la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela: “En su informe “Resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos” –afirmó Uzcátegui- correspondiente al cuarto trimestre de 2015, el principal banco del país registró que la construcción había sido el sector de la economía que más había disminuido durante los últimos tres meses del año, con un decrecimiento de -23,8%. Al revisar el mismo informe del Banco Central, pero para el tercer trimestre del año 2015, los resultados son similares: La construcción volvió a ser el sector de la economía con mayor crisis en el país, con un retroceso de -20,2%”. El activista también citó frases de la Memoria y Cuenta de los ministerios de vivienda y trabajo en la que afirman que la falta de insumos de construcción no permitió cumplir las metas establecidas.

Luego de la intervención del Estado, Rafael Uzcátegui, Coordinador General de Provea enfocó su intervención en tres temas: 1) Falta de acceso a la información sobre las políticas de vivienda y contradicciones en las cifras sobre su ejecución; 2) Violaciones al componente “seguridad jurídica de la tenencia” inherente al derecho a la vivienda adecuada y 3) Violaciones al derecho a la vivienda como consecuencia del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).

OLP y violaciones al derecho a la vivienda

 

Uzcátegui recordó que la seguridad jurídica de la tenencia, uno de los componentes del derecho a la vivienda, protege a sus habitantes de un desalojo: “Según las visitas realizadas a comunidades favorecidas por la Misión Vivienda, así como por diferentes denuncias recibidas por Provea, las personas que han recibido casas por parte de esta política pública no cuentan con un título de propiedad que les garantice protección contra desalojos arbitrarios”. A pesar que los funcionarios del Estado habían asegurado que Venezuela era un país “de cero desalojos”, 1.490 familias habían sufrido desalojos arbitrarios por parte del Operativo de Liberación del Pueblo.

Por otra parte Provea registró que 976 viviendas fueron demolidas y otras 10 fueron incendiadas por agentes de la fuerza pública, en 5 estados de Venezuela, durante la ejecución del OLP en el año 2015, mostrando fotografías de demoliciones, desalojos e incendios de varias comunidades en el país, incluyendo la campaña #NavidadSinCasa, que realiza el Comité de Víctimas de la OLP de La Ensenada.

No obstante, Provea destacó que en la memoria y cuenta se mencionó la escasez de materiales entre las dificultades registradas por los órganos descentralizados. Construpatria aseguró que la gestión de 2015 estuvo afectada en la adquisición, procura, logística, fabricación, almacenamiento y distribución del material de construcción, motivado “a la guerra económica” dirigida contra el gobierno revolucionario.

Igualmente, las empresas fabricantes en todo el país manifestaron no contar con la materia prima necesaria, dificultando la producción de los materiales terminados. Alegaron no tener acceso a las divisas para importar estos insumos.

Por su parte, el Centro Rafael Urdaneta (Crusa) indicó que dentro de los obstáculos encontrados estaba la escasez en algunos rubros de materiales como cemento, cabillas, cerámicas, piezas sanitarias, techos, tubos estructurales, entre otros.

Jaime Gómez, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, advirtió que la producción de los principales insumos reportaron una contracción significativa: la cabilla cayó 35% y el cemento 8%. “El sector se ha visto gravemente afectado con la adquisición de partes eléctricas. Estamos presentando severos problemas en todo lo que es cables y transformadores. El cable ha incrementado 2000%, el cobre no se produce en Venezuela y todo viene en dólar libre”.

Otro indicador que desestima la construcción de tantas viviendas en 2015 es la cantidad de personas empleadas para lograr la meta. Octavio Campos, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, declaró que nunca antes había habido tanta desocupación en el sector construcción: “La tasa de desempleo está entre 70% y 74%”. Añadió que con una economía eficiente, el sector absorbe de 1,3 millones a 1,5 millones de personas, pero ahora solo existen 400.000 ocupados.

Incluso, el Ministerio del Trabajo, en su memoria y cuenta de 2015, acotó que el sector construcción había sufrido los “embates de una política adelantada por poderosos grupos económicos nacionales e internacionales, situación que afectó sensiblemente el desarrollo de la vida nacional e impactó negativamente la eficiente ejecución de proyectos”.

 

El filósofo Jaime Balmes inicia así el primer capítulo de su obra fundamental, El criterio: “La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la verdad; de otra suerte, caemos en error”. El criterio de verdad, esto es, aquello que nos permite distinguir la realidad de las cosas de la falsedad, es el sentido común, a saber, el “punto de encuentro en la conciencia por el que se pasa de las representaciones subjetivas (‘me parece que es así’) a la realidad extramental (‘realmente es así’)”. De este modo, el sentido común pasa a ser norma de verdad y por ende de realidad.

La posibilidad de distinguir realidades “extramentales” de ficciones creadas por la “loca de la casa”, para decirlo con Santa Teresa, pone las bases para que pueda existir una sociedad guiada por normas reales de convivencia.

Entonces, si se destruye el sentido común en toda una sociedad, ya no hay criterio para distinguir la verdad de la norma de su mentira. Si la norma deja de ser verdadera, esto es, válida para regular las conductas comunes de todos los ciudadanos en la realidad de la vida social, el capricho, el atropello, el me da la gana, se instala en el mundo de las relaciones humanas.

El capricho es la negación del sentido común como criterio de verdad de las cosas y por ende del valor real de la norma.

La proclamación y difusión del capricho como criterio y el esfuerzo por instalarlo con la violencia de fuertes e insistentes golpes de martillo “dialécticos” en las conciencias de los venezolanos, es quizás la más contumaz de las prácticas sistemáticamente ejecutadas por el régimen que se nos impone.

Afirmar, y es sólo uno de los innumerables casos como ejemplo, que la dieta de hambre de Maduro es un factor energético sexual, es no sólo ocultar, evadir y distorsionar la hambruna reinante en el país, sino sobre todo, instalar el capricho como criterio de realidad.

El capricho es, así, un criterio que se niega a sí mismo. Recurrir a él, es dejarnos a todos sin sentido común, paso programado para imponer la total arbitrariedad del poder absoluto.

Esta es la verdad, juzgada opositoramente todavía con criterio de sentido común, del socialismo que se pretende instalar: poder absoluto sobre la realidad total, sobre todas las conciencias, sobre todas las obras humanas, llegando intencionalmente hasta el significado último de la existencia personal y social.

Hasta ahora ello no se ha logrado en ninguna parte del mundo pero se ha intentado. Ha sido el proyecto persistente. No nos dejemos arrebatar el sentido común.

El Nacional