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DDHH Olvidados | La familia de Cristian Ramos lleva cinco años esperando justicia
Cristian era un joven soñador, trabajador y muy pacífico. Era estudiante de quinto año de bachillerato cuando comisiones del Faes ingresaron a su casa, lo secuestraron, golpearon, torturaron y luego lo mataron por presuntamente haber participado en la quema de la casa de la alcaldesa Gisela Rodríguez

 

@yeannalyfermin

 

Enero de 2019 quedó grabado en la memoria de todos los venezolanos y especialmente en la de los habitantes de El Tocuyo, estado Lara, con el asesinato de Cristian Ramos, de 19 años de edad, a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

La convulsión en Caracas de una sociedad que creía que el momento del cambio político, económico y social había llegado se extendió por todo el país y miles de personas se lanzaron a las calles del sector El Bosque a protestar y exigir un cambio. Pero otras como Cristian, que se quedaron en casa, igual fueron alcanzados por el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad. 

El 24 de enero, El Tocuyo estuvo agitado por los disturbios y enfrentamientos entre civiles y policías. La versión oficialista indica que en horas de la noche unos manifestantes intentaron quemar la casa de Gisela Rodríguez, la alcaldesa y mano derecha de Carmen Meléndez, gobernadora de la entidad para ese momento.

Eran las 2:00 de la tarde del 25 de enero cuando un grupo de funcionarios del FAES ingresÓ de manera violenta a la casa de Cristian, quien se encontraba jugando con su computadora Canaima y esperando a su tío para irse a trabajar.

Neymar Escalona, prima de Cristian, relata que lo sacaron de la casa a punta de golpes y se lo llevaron a una vivienda cercana donde vivían los hermanos José Alfredo y Anderson Torres Cortez de 24 y 17 años, respectivamente. “Acusados sin pruebas de intentar quemar la casa de la alcaldesa los secuestraron, los golpearon, torturaron, simularon un enfrentamiento y luego los mataron a tiros”, dijo.

Escalona asegura que la noche que supuestamente intentaron quemar la casa de la alcaldesa, el papá de Cristian no lo dejó salir por lo revuelta que estaba la zona: «Le ordenó que se acostara a dormir y él lo obedeció”. 

Según cifras de la ONG Provea, cuatro personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado en los dos primeros meses de 2019, mientras que 653 fueron detenidas por protestar.

En el caso de Cristian Ramos y los hermanos Cortez hubo varias contradicciones en las versiones oficiales que ofreció el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el secretario de seguridad del estado Lara, Kleyder Ferreiro.

El órgano de investigación informó en una minuta policial que los jóvenes se habían enfrentado a unos funcionarios y los señaló de haber causado graves destrozos en la vivienda de la alcaldesa. Ferreiro, por su parte, dijo que los fallecidos formaban parte de una banda de delincuencia organizada que mantenía azotada a la comunidad y negó la actuación de las FAES en el hecho.

Según información recopilada por medios locales en la entidad, habitantes de El Bosque tomaron las calles para exigir justicia y para desmentir que hubo enfrentamiento entre los jóvenes y la policía y la versión de Ferreiro. 

“No se ha hecho justicia”

Neymar Escalona explicó que hace un año, junto a los abogados, se acercaron a la fiscalía para saber el estatus del caso, pero les informaron que sigue en fase de investigación.

“La verdad es que no ha pasado nada. No se ha hecho justicia. El caso de Cristian es delicado porque involucra a la alcaldesa y funcionarios policiales”, aseguró.

Escalona describe a su primo Cristian como un joven soñador, trabajador y muy pacífico. “Era estudiante de quinto año de bachillerato cuando pasó lo que pasó”.

“A Cristian le gustaba trabajar. Trabajaba con su papá en el campo y con el dinero ayudaba a su familia. Tenía previsto irse con un hermano a Perú porque quería un mejor futuro”, dijo.

Neymar Escalona señaló que en el caso de los hermanos Escalona, la madre retiró la denuncia producto de manipulaciones y promesas de bienes materiales ofrecidos por la alcaldesa.

DDHH Olvidados |  A Robert Franco no le perdonan exigir mejoras salariales
El próximo 26 de diciembre, el profesor Robert Franco Vallera cumplirá tres años detenido sin ser enjuiciado
La familia de Franco considera que el motivo de la detención fue por criticar las políticas del Estado en materia de educación y exigir mejoras salariales y contrataciones colectivas justas
Desde el 4 de junio de 2021, el profesor permanece detenido en el centro de resguardo de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Boleíta 

 

 

La noche del 26 de diciembre de 2020, el profesor y dirigente sindical Robert Franco fue detenido por una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) cuando compartía con un grupo de amigos en la esquina este del parque Karupana, en Carúpano, estado Sucre.

La sopa que estaba destinada para Robert se enfrió. Funcionarios del Faes de manera violenta llegaron al compartir y, a punta de empujones y forcejeos, lo metieron en la maleta de una camioneta fortuner y se lo llevaron a la ciudad de Cumaná. 

A las 11 de la noche lo trasladaron en otro vehículo hasta Puerto La Cruz, y a las 5:00 de la mañana del día siguiente lo llevaron a Caracas, específicamente a la sede del Faes, ubicada en San Martín, Caracas. 

Robert Franco era profesor de Educación Física y secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela. La familia de Franco considera que el motivo de la detención fue por criticar las políticas del Estado en materia de educación y exigir mejoras salariales y contrataciones colectivas justas. 

El grupo de WhatsApp

A las 10 de la mañana, en la sede del organismo policial, el dirigente sindical fue interrogado sobre quién lo había incluido en el grupo de WhatsApp “Operación Continente Americano 2020”, un supuesto plan que tenía como objetivo desestabilizar la Asamblea Nacional.

“Mi hermano llegó a ese grupo porque dos profesoras jubiladas de la Universidad de Oriente habían muerto por desnutrición y desasistencia médica y una persona se comunicó con él para preguntarle qué estaba ocurriendo con la educación en Venezuela, por lo que  se puso a la orden para ayudar a presentar cualquier documento ante la ONU. Esta misma persona le dijo a Robert que tenían un grupo de venezolanos que se encontraba en exterior y podían cooperar con la lucha educativa del país, de allí la propuesta de meterlo en el grupo de WhatsApp”, dijo Romar Franco, hermana del profesor. 

Rosmar afirmó que su hermano jamás leyó en dicho grupo ningún tipo de información que pusiera en riesgo el orden constitucional. 

Durante la detención del profesor, el Faes trató de que Franco leyera un papel bond en donde lo obligaban a decir que pertenecía a un grupo subversivo pagado por gobiernos extranjeros para desestabilizar el país. El profesor se negó y declaró que él no tenía no tenía nada que ver con ningún grupo desestabilizador y que su trabajo era gremial sindical.

Cuando lo trasladan al calabozo, Robert Franco se encontró por primera vez con el comisario jubilado Rigoberto Moreno, Darío Estrada y Edgar García Pacheco, detenidos por la misma causa. 

A todos se les acusó de intento de asesinato en grado de frustración en contra del fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, boicoteo a la instalación de la Asamblea Nacional (AN) e intento de asesinato en contra del exgobernador Jonathan Marín.

“Todo eso es mentira, simple y llanamente porque el profesor Robert Franco estaba supuestamente en un grupo WhatsApp, llamado Operación Continente Americano 2020, dizque para delinquir”, afirmó Rosmar Franco. 

La hermana de Franco Vallera aclaró que el profesor jamás escribió ni le escribieron mensajes en términos personales. Agregó que Edgar García Pacheco, el administrador del grupo, fue señalado por la ministra Carmen Meléndez como financista de la operación, pero el 15 de febrero de 2021 fue liberado.

Un juicio eterno  

El 30 de diciembre de 2020 se realizó la audiencia de  presentación. El fiscal Farid Karid Mira en materia de terrorismo acusó al profesor de ser miembro de la Operación Gedeón para presuntamente asesinar al fiscal de la República.

Tres meses sin recibir visitas estuvo Robert Franco, y a partir del tercer mes solo podía recibir una visita familiar durante 15 minutos. 

El 26 de marzo de 2021 inició el juicio preliminar. Los abogados defensores pedían libertad plena por falta de pruebas o que se le otorgara un beneficio, pero el juez Mascimino Márquez García, hoy acusado por corrupción, lo rechazó sin ningún tipo de argumento.

Desde el 4 de junio de 2021, el profesor permanece detenido en el centro de resguardo de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Boleíta. 

El 9 de octubre de 2021, se dio inicio al juicio, con el juez Aquiles Ignacio Vera. Para ese momento ya iban 11 audiencias diferidas porque los funcionarios policiales actuantes no aparecían, otros ya no eran funcionarios activos y los que se presentaron, declararon información inconsistente. 

“No había más elementos, el órgano encargado de investigar la telefonía demostró que no existía comunicación alguna con los detenidos, que no existían mensajes referidos a ninguno de los hechos señalados”, dijo la hermana del profesor.  

El 3 de mayo de 2022, cuando se iba a celebrar el acto conclusivo,  el fiscal Farid karid Mora presentó una incidencia con respecto a la declaración del experto del Faes, pero se esperó más de 15 días y ni el fiscal ni el experto aparecieron, por lo que el juicio se interrumpió y volvió a reiniciar en agosto del mismo año. Se le asomó la posibilidad de que asumiera un delito menor a cinco años. 

En octubre de 2022, de manera formal, la Fiscalía le propuso a Robert Franco que asumiera el delito de homicidio frustrado en grado de tentativa con una pena de 4 años y 8 meses, lo cual rechazó el dirigente sindical.

“Para el mes de noviembre, con un juez accidental, trataron de llegar a un acuerdo ofreciendo una pena de 4 años, 8 meses y se volvió a negar la propuesta”, dijo la hermana del profesor y sindicalista. 

En diciembre de 2022, se vuelve a reiniciar el juicio por sexta vez. Y en julio de 2023 se fijó la fecha del acto conclusivo, que sería el 10 de julio. El jue Aquiles Ignacio Vera informó a la presidencia de los tribunales y no se tuvo respuesta. 

Posteriormente, la fecha de la audiencia fue pautada para el 23 de julio y el juez fue suspendido de sus actividades el 20 de julio. A causa de esto, se volvió a interrumpir el juicio.

“Hemos solicitado la revisión del expediente ante la fiscalía de atención a la víctima, sin respuesta alguna. Van 97 audiencias, en el expediente estudiado y analizado no hay pruebas que sustenten ninguno de los argumentos  señalados por el informe de contrainteligencia, por lo que acudimos a entes internacionales para que nos  ayuden e intercedan ante cualquier instancia, ya que Robert Franco sigue siendo víctima de un secuestro judicial”, dijo Rosmar Franco.

«Una gran injusticia»

La hermana de Franco insistió en que lo que ocurre con el profesor es una “gran injusticia”, debido a que le asiste el derecho de permanecer en libertad dentro del país.

Aseguró que Franco no pretende huir ni interferir en las investigaciones. 

“Durante dos años y 10 meses que lleva detenido no se le ha podido comprobar absolutamente nada. Quien no la debe no la teme. Es justicia lo que esperamos a esta hora”, enfatizó la hermana de Robert Franco. 

El próximo 26 de diciembre, el profesor Robert Franco Vallera cumplirá tres años detenido y sin ser enjuiciado. Su vida transcurre entre las rejas de una prisión en donde a diario se cometen injusticias y se violan los derechos humanos. 

Podcast | El supuesto aumento de sueldo, la DAET como sucesora de las FAES y la inflación en dólar
En el episodio 235 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

Listen to «Episodio 235. Tres en uno: El supuesto aumento de sueldo, la DAET como sucesora de las FAES y la inflación en dólares» on Spreaker.

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “¿Habrá aumento salarial en octubre? Esto esperan los empresarios y sindicatos». Con las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo año, se espera que 2024 esté dedicado al aumento salarial constante, pues el chavismo promedia 3,8 ajustes al ingreso de los trabajadores en épocas de elecciones presidenciales. Economistas y empresarios coinciden en que un mayor poder adquisitivo es imprescindible para superar el ciclo recesivo en el que ingresó Venezuela este año, pero los incrementos salariales, incluso en dólares, se quedan cortos frente a la inflación.

“La DAET, aunque se vista de seda, FAES se queda» es el #RRPlus que destacan en Runrun.es esta semana. La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU destacó que 10 de los 15 funcionarios de alto mando en la DAET pertenecían a la FAES, perpetuando la cadena de mando de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en los cuerpos de seguridad del país. La Cancillería venezolana calificó esas investigaciones como «falsas» y «sin fundamento» por cuarta vez consecutiva.

En El Pitazo destacan el trabajo «¿Inflación en dólares, rezago en los precios o especulación? El reto de hacer mercado en Venezuela». Los precios en dólares se incrementaron en los últimos años, lo que afectó el bolsillo de los venezolanos. Actualmente, se ha visto un ligero descenso en algunos rubros, pero sigue limitado el consumo porque los salarios pierden cada día su capacidad de compra. Ir al mercado pasa por establecer prioridades y reducir las cantidades de productos a adquirir

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados.

Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena
Guión: Francisco Zambrano
Edición y montaje: Abrahan Moncada

Aumentaron los homicidios en Táchira en el primer trimestre de 2022

Durante los primeros seis meses del año 2022, un total de 42 homicidios fueron perpetrados en el estado Táchira, de los cuales 8 casos ocurrieron en el municipio fronterizo de Bolívar y otros 8 hechos se registraron en el municipio Fernández Feo, en el marco de una ola de violencia ocasionada por pugnas por el control de mercados criminales y de territorios.

En estos dos municipios de la entidad, hay una característica en común y es que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene un fuerte control de los territorios en los que aplica sus propias leyes, con pena de muerte para quienes desobedezcan sus normas.

El ELN es el grupo subversivo con mayor área de influencia en el estado y durante el año 2022, pero uno de los casos de mayor connotación comunicacional, incluso, internacional fue el homicidio de uno de los presuntos cabecillas del grupo guerrillero, identificado como Adelmo Cifuentes Aguirre, de 53 años de edad, alias “Bateman”. A la fecha, el gobierno venezolano ni el colombiano se han pronunciado sobre este caso.

Luego de que la noticia del homicidio fuese publicada en medios regionales de Venezuela, la prensa colombiana aseguró que Cifuentes Aguirre fue el hombre asesinado a tiros, el 10 de junio, en el sector El Variante, vía Los Estoraques, del municipio Fernández Feo.

Vale mencionar que durante el primer trimestre los municipios Bolívar y Pedro María Ureña concentraron el mayor número de hechos de sangre, pues estás son zonas porosas que limitan con el departamento Norte de Santander, Colombia.

A este territorio, apetecido por negocios oscuros, está intentando incursionar el Tren de Aragua, a cuyo grupo el gobierno regional del Táchira le ha declarado una guerra a muerte. La mega banda, que opera con más frecuencia del lado colombiano de la frontera, también se disputa el control de las trochas fronterizas con el ELN, lo que deja una estela sangrienta en los pasos irregulares de ambas jurisdicciones.

Para el semestre anterior, entre julio y diciembre de 2021, se contabilizaron 40 asesinatos en Táchira, lo que significa que este primer semestre de 2022 hubo un incremento de 0.26% en la tasa de homicidios en la entidad fronteriza.

7 víctimas de la guerrilla

De acuerdo con la base de datos recopilada por el equipo de Monitor de Víctimas, a lo largo de los seis meses, 14 personas fueron asesinadas por civiles y 7 resultaron víctimas de grupos guerrilleros, 4 de ellos adjudicados al Ejército de Liberación Nacional.

10 de los homicidios fueron motivados por ajustes de cuenta o venganzas; 9 de los móviles de las muertes quedaron bajo el estatus “por determinar”.

Se pudo detectar que 9 de las muertes fueron ejecutadas por “resistencia a la autoridad” a manos de organismos de fuerza pública. En una de las presuntas confrontaciones armadas, el 8 de abril, en la trocha binacional Centeno, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, actuó una comisión mixta del Cicpc y de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo), anteriormente conocida como Faes.

En otros contextos, tres de las muertes fueron motivadas por violencia de género; tres personas fueron asesinadas por robo y un caso de muerte por presunta violencia política.

También se registraron dos asesinatos tras riñas o peleas, un caso de muerte por bala pérdida, un fallecido por enfrentamiento y un muerto por linchamiento dentro de un calabozo policial.

De las 42 víctimas, cuatro resultaron ser mujeres y 36 hombres, con edades comprendidas entre 19 y 83 años.

En cuanto a las armas utilizadas por los victimarios, se contabilizó que 27 personas fueron asesinadas con armas cortas. Así mismo, para ejecutar las muertes de cinco personas utilizaron armas blancas. De igual modo, otras personas murieron tras recibir golpes con objetos contundentes, por la fuerza física y por la utilización de arma larga o por la combinación de estas.

@anggyp

Denuncian asesinato de dos jóvenes en operativo del Faes en la Cota 905

 “Mi hijo no era ningún delincuente de la Cota 905, y me lo mató la policía”, dijo, este miércoles, Yessi Dugarte, madre de César Augusto Millán Dugarte (21), en las afueras de la morgue de Bello Monte.

La víctima quien se ganaba la vida como “minero en el río Guaire” fue sorprendida por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en el porche de su vivienda, ubicada en el sector Las Torres de la Cota 905, municipio Libertador de Caracas

Eran cerca de las 8:30 de la noche del lunes 30 de mayo, cuando fue abordado por al menos ocho agentes que llegaron caminando. “Cállate y vete de aquí”, le dijeron los efectivos a la novia de Dugarte, mientras se lo llevaban, relataron los familiares.

Sin embargo, la acción policial causó ruidos por lo que parientes se percataron de lo que estaba pasando y salieron de la casa para ayudarlo.

“Lo arrastraban y mi hija y yo corrimos tras ellos. Pero, otro grupo nos empujaba y nos insultaba. También nos pedían silencio”, agregó Dugarte.

Los excesos de la policía denunciados por los familiares no quedaron allí. Pues, Yessi aseguró que uno de los uniformados que usaba pasamontañas la empujó por unas escaleras.

“Mi mamá me ayudó y mi hija siguió tras ellos. A ella, que tiene 16 años, también quisieron tirarla por las escaleras; hasta unos tiros le lanzaron. Se golpeó la cabeza y se desmayó”, denunció la mujer.

Pocos fueron los minutos que duró la persecución de los familiares de César con los agentes del Faes, quienes lo llevaron hasta la parte alta de Las Quintas, donde se escucharon varias detonaciones.

Los uniformados llevaron el cuerpo del muchacho al hospital Miguel Pérez Carreño, adonde llegó sin signos vitales, aproximadamente a las 10:00 de la noche.

En paralelo, y con media hora de diferencia, otra víctima quedó reportada por los uniformados que ejecutaron el operativo. Se trataba de Kleiver Oney Ibarra Pacheco (20), quien estaba en su casa con su esposa embarazada y varios agentes lo sacaron del inmueble.

Aunque los deudos no precisaron la dirección exacta de la vivienda, indicaron que “se lo llevaron hasta la parte alta y lo ejecutaron”. “Le dijeron a su esposa que su hijo ya era huérfano”, cuando bajaban el cuerpo, señaló Dayana Báez, tía del muchacho. También llegó muerto al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

Ibarra Pacheco laboraba por su cuenta como vendedor ambulante de verduras y legumbres. Deja en estado de orfandad a un niño de tres años.

Protesta por operativos

Este miércoles, vecinos de Las Cumbres, San Miguel, Las Quintas y Las Torres cerraron la autopista Francisco Fajardo, en sentido hacia El Valle-Coche, en rechazo a las actuaciones de la policía en las últimas horas.

Desde el pasado fin de semana, comisiones mantienen un operativo para dar con los presuntos responsables de un ataque armado y con granada que dejó tres oficiales heridos. Parientes de los fallecidos descartan relación de este hecho con sus familiares.

La madre de César Augusto Millán recordó que apenas hace un mes, su hijo quedó detenido en una redada y cuando revisaron sus antecedentes, lo dejaron en libertad, porque no tenía prontuario.

Además, denunció que la policía despojó a su hijo de sus zapatos, de dinero y varias prendas de plata, producto de su trabajo.

Sobre Kleiver Ibarra, su tía indicó que jamás había tenido problemas con la justicia. Hasta hace dos meses, estuvo detenido tras sostener una pelea doméstica con su pareja.

El Dato

Según datos recopilados por Monitor de Víctimas en su último informe “Fuego Cruzado en Venezuela”, de los 544 homicidios registrados durante 2021, los cuerpos de seguridad del Estado fueron los responsables de 33,8% de estos casos. Un total de 185 de estos asesinatos quedaron documentados con el móvil de “resistencia a la autoridad» (ejecución extrajudicial).

@Jheilyn_ Cermeno

Grupos armados marcaron violencia en El Callao durante mes de abril
El Tren de Guayana y El Perú se declararon en guerra para controlar territorio 

Un presunto enfrentamiento entre grupos irregulares le dio la bienvenida a la segunda semana de abril en El Callao, al sur del estado Bolívar. El Tren de Guayana y El Perú, -bandas armadas con amplia influencia en el territorio- se declararon en guerra para controlar El Perú, uno de los cuatro sectores de El Callao. Ambos líderes utilizaron las redes sociales para declararse “la guerra”.

El 9 de abril se difundió un video en el que un vocero anónimo, acompañado de encapuchados armados del grupo que se hace llamar Frente Revolucionario de El Perú, acusó al grupo delincuencial El Tren de Guayana -presuntamente dirigido por alias ‘Ronny Matón’- de operar con el Gobierno. “Les indica la zona a incursionar, y los compra con pagos mensual de cinco kilos de oro”, aseguró el vocero.

Aparentemente El Tren de Guayana tiene el control de los sectores Las Vainitas, Nacupay, y Cicapra en El Callao, y Vista al Sol, en Ciudad Guayana.

“Los compra con un pago mensual de cinco kilos de oro a cada organismo, como CICPC, FAES, los camuflados, para que nos ataquen a nosotros. Aparta al Gobierno y nos matamos, te aseguro que me les voy a meter para Las Vainitas, Cicapra, donde sea”, dijo el vocero sin identificar en el video.

La banda El Perú, encabezada por Eleomar José Vargas alias Zacarías y Alejandro Rafael Ochoa alias ‘Toto’, exigió al alto mando militar detener sus incursiones en contra del grupo delincuencial.

El medio Crónica Uno reportó que, en respuesta al video, el Tren de Guayana difundió un comunicado presuntamente escrito por quien encabeza la organización delictiva, Ronny Colome o ‘Ronny Matón’.

En el comunicado, Colome asegura que la organización tomó el control de la zona minera de El Perú. “Echar de estas tierras toda la violencia que tenía en zozobra a la población, el desorden, anarquía, maldad y violaciones tanto físicas como de Derechos Humanos que estos malandrines, basándose con sus cuatro revólver y cinco chopos, ponían a la humilde y trabajadora familia minera”. Expresa el documento.

De acuerdo con el comunicado, Colome definió su banda armada como una organización con fines agro-mineros y ecológicos.

Otro episodio ocurrió a los pocos días. El 11 de abril, tres civiles murieron a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) según reportó la prensa local. De acuerdo con la fuente oficial, estas ejecuciones ocurrieron en medio de un enfrentamiento entre integrantes de la banda El Perú, y la GNB.

La siguiente semana, comenzaron a correr rumores de presuntos tiroteos en el sector El Perú. Los comentarios eran que los disparos se escucharon en la plaza El Jobo. La plaza principal de El Callao estuvo militarizada, toda vez que los pobladores se resguardaban a tempranas horas del día.

Mientras la comunidad se resguardaba por miedo, los cuerpos de seguridad del Estado declararon que el despliegue de “Semana Santa Segura 2022” se mantenía en pie, y que El Callao era zona de paz.

Población condenada a vivir con miedo

No es la primera vez que la banda El Perú lanza un ultimátum vía redes sociales, de hecho, se autoproclaman protectores de derechos humanos. En mayo de 2021 exigieron al presidente de Nicolás Maduro enviar -en un plazo de 78 horas- una comisión para investigar los crímenes cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, y amenazó con atacarlos si no se cumplía el plazo.

En respuesta, el Estado militarizó aún más la zona e impuso un toque de queda. La presencia militar hizo que el grupo se desplazara a otras zonas mineras como Nacupay.

El azote continuo del hampa, y el accionar de los cuerpos de seguridad -muchas veces cuestionable-, han obligado a la población de El Callao a resguardarse, y a vivir en zozobra desde hace más de un quinquenio cuando, en 2016, el Presidente Nicolás Maduro decretó la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO): un área de explotación mineral que en la práctica expandió la minería ilegal controlada por grupos armados con la tolerancia del Estado, contaminación acelerada del territorio, diseminó enfermedades epidemiológicas otrora controladas como la malaria, e impuso un patrón de trabajo forzado y esclavitud sexual.

A menudo, no hay pronunciamientos oficiales sobre los presuntos enfrentamientos armados que ocurren con frecuencia, y el saldo de víctimas que deja detrás.

Organizaciones como Human Rights Watch y Transparencia Venezuela han advertido que el accionar de los grupos armados, dependiendo de la zona estratégica, tiene un vínculo con los cuerpos de seguridad del Estado.

Bolívar es la tercera entidad más violenta de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) determinó que durante 2021 tres de sus municipios: El Callao, Sifontes y Roscio, estuvieron entre los cinco más violentos del país.

Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) existe preocupación por la ocurrencia y perpetuación de este tipo de situaciones que mantienen en caos a la población de las localidades en las que se presentan este tipo de violencia. “Miramos con alarma que muchos de los ciudadanos que hacen vida en la localidad han naturalizado situaciones afirmando “que suceden todos los días solo que uno no se entera porque no hay famosos involucrados”.

“Desde el OVV Bolívar exhortamos al Estado a recuperar la institucionalidad en la región asumiendo la conducción de sus municipios al mismo tiempo que garantiza un justo orden social desde una legitimidad que se corresponda con nuestros máximos preceptos normativos”, finalizó el equipo de investigadores.

El video citado en esta nota de prensa, se puede ver en:

#MonitorDeVíctimasCaracas | Raúl Medina fue asesinado por civiles armados durante operativos policiales en Petare

El Monitor de Víctimas ha logrado la identificación de 6 de los 11 cadáveres que fueron ingresados a la morgue de Bello Monte, luego de las incursiones policiales que se desplegaron en la comunidad del municipio Sucre, entre el lunes 31 de enero y el miércoles 2 de febrero. Además, se registró una víctima asociada a estos hechos.

 

@Yohanamarra / Foto: Carlos Ramírez

Raúl Medina Durán, de 25 años de edad, fue asesinado por civiles armados, en la parte alta del sector San José de Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

Eran las 7:00 p. m. del miércoles 2 de febrero cuando por lo menos tres hombres llegaron a la zona a bordo de un vehículo blanco, cuatro puertas, y dispararon a quienes estaban en la zona. Llevaban la música a alto volumen.

Según la versión que dieron los testigos a la familia de Raúl, él corrió junto con los vecinos que estaban a esa hora en la calle, incluso niños. De acuerdo con el acta policial, la víctima recibió un impacto de bala, pero aún el sábado 5 de febrero a sus parientes no les habían suministrado más detalles de lo sucedido.

“Cuando formalizamos la denuncia no nos dijeron nada. Uno de los funcionarios me dijo que fue la Policía Nacional Bolivariana en un supuesto enfrentamiento”, detalló un pariente, quien por medidas de seguridad no quiso revelar su identidad.

Entre el lunes 31 de enero y el miércoles 2 de febrero se desplegaron varios operativos de la Policía Nacional Bolivariana en Petare, que dejaron al menos 11 muertos, según fuentes extraoficiales.

El Monitor de Víctimas ha logrado la identificación de 6 de los 11 cadáveres que fueron ingresados a la medicatura forense de Bello Monte, entre ellos el de una mujer. Adicionalmente se identificó a un adolescente, de 14 años, asociado a estos operativos en la zona.

Las incursiones, presuntamente, eran para capturar a los miembros de la megabanda que lidera Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, involucrada en delitos de extorsión, homicidios y venta de drogas, y a integrantes de la banda de Los Chicorrios. Ambas se disputan frecuentemente el control territorial en Petare.

Raúl vivía con una tía en San José y trabajaba como obrero. Su familia comentó que en el acta de defunción escribieron que al joven lo asesinaron en el barrio 5 de Julio de Petare, específicamente en el sector La Y, pero aseguran que no fue ahí: “Prácticamente nos obligaron a dejar en el acta que fue en esa zona, pero esa zona no está cerca”.

En el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias fue asesinado Anderson Luis Carmona, de 27 años de edad. Su mamá, Yamileth Ramírez, fue testigo. Y su versión coincide con la que brindaron los parientes de Raúl: hombres vestidos de civil llegaron a bordo de un carro, con la música a todo volumen, y dispararon.

“Pensábamos que eran malandros, pero luego supimos que eran policías, por sus armas”, dijo la madre de la víctima.

Nueva incursión policial en Petare

Este sábado 5 de febrero se registró otro operativo, de comisiones mixtas, en distintas zonas de Petare. Fuentes policiales indicaron que fue asesinado un hombre apodado Chiripa, quien presuntamente es familiar de Wilexis Acevedo.

También fue asesinado un joven de 19 años, quien recibió una bala perdida en el cuello cuando salió a comprar jabón, pues en su casa lavaban.

Vecinos contaron al Monitor de Víctimas que la noche del sábado estaban tomados por los cuerpos de seguridad algunos sectores de José Félix Ribas, La Bombilla, Julián Blanco, barrio Bolívar y 5 de Julio. “No sé cómo haré para llegar a mi casa”, dijo una fuente.

Señalaron la presencia de funcionarios de la PNB, de las Fuerzas de Acciones Especiales, la Guardia Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En mayo de 2020 comisiones mixtas entraron en la comunidad para atrapar al Wilexis, pero no lo hallaron. Luego, en noviembre de ese mismo año, lo hirieron en un operativo, pero no resultó detenido. Habitantes de la zona aseguran que este hombre camina por la comunidad libremente.

Caracas Mi Convive Feb 02, 2022 | Actualizado hace 4 meses
Caracas, la ciudad de los huérfanos
El aumento de las ejecuciones extrajudiciales ha traído como consecuencia el aumento de la orfandad en el Área Metropolitana de Caracas

@miconvive

Los hijos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales se convierten en afectados colaterales, objetos de este delito. Desde ese momento en adelante, su vida se verá obstaculizada con constantes barreras por no contar con la figura de alguno de los padres, sumado a las implicaciones emocionales de tener que lidiar con una pérdida tan trágica. Las relaciones personales, el sustento económico, la confianza en las instituciones de justicia y la escolaridad tienden a ser de las variables más afectadas en el entorno de los niños cuyos padres fueron ejecutados.

Durante el año 2021, Monitor de Víctimas registró un total de 76 ejecuciones extrajudiciales, las cuales han dejado un saldo de 73 huérfanos. Mientras que, en los casi 5 años de trabajo de Monitor de Víctimas, se ha podido contabilizar un total de 1309 jóvenes, menores de 18 años, que han quedado huérfanos a raíz de 984 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

2018 figura como el año en el que más niños quedaron huérfanos por presuntas ejecuciones extrajudiciales, con un total de 382 menores de 18 años huérfanos a raíz de 368 homicidios. Manteniéndose la tendencia de que por cada 10 ejecuciones extrajudiciales hay entre 9 y 11 huérfanos.

La orfandad tiene grandes repercusiones en la vida de los jóvenes. En la mayoría de los casos, los padres ejecutados representaban el único sustento económico con el que las familias contaban en el hogar.

Esto deja a la familia en una situación de crisis, en donde además toca lidiar con todas las repercusiones psicológicas que la ejecución tendrá en ellos.

A esta dura realidad se verá sometido el bebé de 3 años de José Gregorio Clemente. La familia Clemente, compuesta por la víctima, su esposa y su hijo, se encontraba caminando por El Paraíso el 12 de julio de 2021 cuando funcionarios de las FAES dispararon varios tiros dirigidos a sus costillas. Otra víctima inocente del Operativo Gran Cacique Guaicaipuro.

Los sucesos de una ejecución extrajudicial son trágicos y permanecen como un recuerdo muy oscuro en la memoria de los jóvenes. Perder a un padre de una manera tan drástica y violenta tiene mayores repercusiones psicológicas que perder a un padre en situaciones naturales.

Las consecuencias dependen de factores como la edad en la que el hijo presenció la muerte (si es que la vio o lo sacaron de su casa antes del suceso) de su padre o madre y cómo la familia decide afrontar el duelo. De 0 a 5 años los recuerdos no son tan precisos, y los familiares se pueden encargar de ello durante la crianza. Sin embargo, estos niños podrían manifestar sus preocupaciones, miedos y tristezas de una forma en la que, si no es bien atendida y a tiempo, las consecuencias a largo plazo podrían ser aun mayores.

Por otro lado, niños más grandes pueden recordar perfectamente y generar sentimientos relacionados con el dolor y la ira hacia los verdugos de su padre. La forma en la que se debe abordar el duelo de los niños siempre cambiará dependiendo de las circunstancias del suceso.

El resentimiento ahora se vuelve parte de la vida de estos hijos. Crecen con el sentimiento de que les arrebataron a alguien muy preciado. Perdieron a sus padres en manos de aquellos que juraron protegerlos.

Los operativos policiales han demostrado no ser eficientes en el control de la criminalidad; por el contrario, estos son funcionales a que ocurran hechos de uso desproporcionado de la fuerza como las ejecuciones extrajudiciales, lo que contribuye a nutrir el ciclo de violencia en la ciudad.

El duelo causado por las ejecuciones extrajudiciales es un proceso aún más difícil. Cerrar el ciclo resulta casi imposible, pues la falta de garantías para la obtención de justicia y la debilidad del sistema judicial empeoran el proceso para los familiares de la víctima.

El Estado no responde por los niños

La falta de institucionalidad y políticas públicas de protección a las víctimas solo empeora la situación. No existe apoyo por parte del Estado ni de las autoridades para ayudar a los jóvenes y a los familiares que quedan a su cuidado.

Los cuerpos de seguridad del Estado deben cumplir con sus funciones que es proteger y defender a todos los venezolanos. Respetar los valores institucionales y recuperar la confianza de las personas. Hacer cumplir la justicia según el margen de la ley y no según el juicio de aquellos con el poder.

En Caracas Mi Convive creemos que las políticas de mano dura implementadas por el gobierno no son efectivas para disminuir los índices de violencia, sino que su implementación solo empeora la situación social de Venezuela. Generan terror, pérdidas de personas inocentes y aun más desconfianza en las autoridades. La represión y el miedo infundido por estas políticas solo generan resentimiento y odio a las instituciones del país por las personas afectadas. Los derechos de las personas y en especial de los niños deben ser respetados y defendidos por cada uno de los órganos del Estado. Son derechos inalienables de todos los venezolanos.