La abogada Rocío San Miguel refirió que «no hay precedentes de un rector del CNE que provenga de las filas de la Fuerza Armada Nacional»
Foto: Miami Diario
El militar Fabio Zavarse, actual rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y comandante de la Guardia Nacional entre 2019 y 2021, está entre los aspirantes a los 15 puestos vacantes de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)
Además de Zavarse, hay otros militares que aspiran a ser rectores del órgano electoral. Otros candidatos son diputados de partidos disidentes y del PSUV, así como exministros y parte de la directiva saliente del ente comicial.
En total son 153 los aspirantes, 97 de ellos postulados por organizaciones de la sociedad civil, 29 por el Poder Ciudadano y 27 por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades.
La abogada Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, se refirió vía Twitter a la postulación de Zavarse y señaló: «No hay precedentes de un rector del CNE que provenga de las filas de la Fuerza Armada Nacional».
Entre los postulados a rectores del Consejo Nacional Electoral, aparece el Mayor General (GNB Fabio Enrique Zavarse Pabón Cmdte de la GNB 2019-21 Cmdte REDI Occidental 2018-19 Cmdte ZODI Capital 2017-18 No hay precedentes de un rector que provenga de las filas de la Fuerza Armada…
Fabio Enrique Zavarse Pabón fue sancionado por los gobiernos de Estados Unidos y el de Panamá por «violación de derechos humanos, corrupción y responsabilidad en actos de represión», reseña Control Ciudadano en su sitio web.
El militar se graduó en la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional el 5 de julio de 1988; entre 85 graduados, ocupó el tercer puesto en el orden de mérito. Como parte de su formación, realizó el curso de altos estudios de Defensa en la Universidad Nacional de Defensa de la República Popular China.
Control Ciudadano publicó en su web este perfil de Zavarse: Después de ser comandante general de la Guardia Nacional, Zavarse pasó a Retiro (Reserva Activa). «Previamente, comandó la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental (2018-2019), la Zona Operativa de Defensa Integral Nro 41 -ZODI Capital- de la Región Estratégica de Defensa Integral Capital (2017-2018), el Comando de Zona del Orden Interno Nro 43 -Distrito Capital- de la Guardia Nacional (2015-2017), el Comando Regional Nro 5 -CORE 5- de la Guardia Nacional (2014-2015), el Comando Antiextorsión y Secuestro -CONAS- de la Guardia Nacional (2013-2014) y el Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional (2012-2013)».
Tomó juramento como rector de la UNES el 31 de agosto de 2022.
Durante los ejercicios militares del pasado 25 de febrero, el líder del colectivo La Piedrita –quien tiene tres órdenes de captura, dos de estas por homicidio – estrechó las manos de Érika Farías, Ernesto Villegas, Carolina Cestari y del general de división Fabio Zavarse, sin soltar su arma de fuego. El mensaje de los videos que muestran el momento, de acuerdo con expertos consultados, apuntan a la “lógica del terrorismo de Estado”, que busca sembrar miedo en quienes disienten, y dejan claro que el gobierno apoya la impunidad de los grupos armados
@loremelendez
NO USA PASAMONTAÑAS, TAMPOCO VA DE NEGRO, pero sí está armado como el resto del grupo. Valentín Santana lleva unas gafas oscuras que se le incrustan en los ojos y dos prendas rojas que le hacen ver la cara pálida: una boina y una chaqueta marcadas con el símbolo de La Piedrita, el colectivo que lidera en la parroquia 23 de Enero. Del hombro izquierdo, a la altura de la cintura, le cuelga el complemento de su indumentaria: un subfusil Uzi. Así se expone ante una cámara, rodeado de otros paramilitares que exhiben sus fusiles AR15, mientras promete fidelidad a Nicolás Maduro y asegura que siempre defenderá a Venezuela con las armas.
El video de Santana – quien desde hace más de una década tiene tres órdenes de captura emitidas por tribunales , dos de estas por homicidio – circuló el pasado domingo en medio de los Ejercicios de Acción Defensiva Multidimensional Independencia 2018 que se desplegaron en el 23 de Enero, donde hace vida La Piedrita, como una especie de ensayo para impedir una hipotética intervención extranjera. Los colectivos armados fueron parte de esta actividad: tomaron edificios, se subieron a las azoteas, dispararon al aire, izaron banderas. Las autoridades locales gubernamentales no solo lo supieron, sino que también le dieron su visto bueno a los hechos.
Un segundo video muestra este apoyo (minuto 1:02 del video de arriba). Santana grita “Chávez vive, la patria sigue”, con el puño el alto, y comienza el desfile de funcionarios. Allí se ve a la alcaldesa de Libertador, Érika Farías y a la jefa del Distrito Capital y ex ministra de la Suprema Felicidad, Carolina Cestari, desviarse de su recorrido por la zona para estrecharle la mano y besar la mejilla del líder paramilitar que porta un subfusil a la altura de la cintura. También se observa cómo el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital (Zodi), general de división Fabio Enrique Zavarse, se devuelven para saludarle y darle palmadas en el hombro a Santana, que apenas se mueve de su sitio. Los cuatro miembros del gobierno, escoltados por guardias nacionales, se detienen al pasar por el territorio de La Piedrita y uno de ellos, el militar Zavarse, hasta se permite una broma: “Por favor, le mandas el video a Julio Borges (ex presidente de la Asamblea Nacional) de mi parte”, le comenta al jefe del colectivo.
“Esa es la normalización de la actuación de estos grupos paramilitares con funcionarios del Estado”, sentenció Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Provea, quien recordó que los colectivos ya han ejecutados labores propias de las fuerzas de seguridad del Estado: han reprimido protestas, han tomado partido en programas de seguridad ciudadana, como lo hicieron en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), y han participado en operativos de cuerpos especiales como el que cometió la Masacre de El Junquito, donde mataron a Óscar Pérez y a 6 de sus aliados, junto a Heyker Vásquez, quien era líder del colectivo Tres Raíces y funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
Para Rodríguez, el mensaje de ambos videos se basa en la “lógica del terrorismo de Estado” que busca sembrar el miedo en quienes disienten. Relató que al día siguiente de los ejercicios militares, el lunes 26 de febrero en horas del mediodía, esos mismos colectivos hicieron una marcha hasta la sede de la asamblea nacional constituyente y asistieron encapuchados y con armas de fuego. “Ningún cuerpo de seguridad evitó que esto ocurriera”, reclamó.
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El uso de fusiles y subfusiles por parte de estos grupos paramilitares también llamaron la atención del experto. “Las armas sofisticadas que tienen no se le ven a los policías que están en la calle, sino a grupos especiales policiales o militares como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) o las FAES. Eso da cuenta del nivel de penetración que los colectivos tienen en las fuerzas de seguridad y cómo son parte de esa estructura”, enfatizó.
Rodríguez indicó que tal penetración refuerza la construcción del Estado militar y policial, en el cual los ciudadanos cumplen acciones propias de estas fuerzas, que van desde la delación y vigilancia hasta los ajusticiamientos. “Además, se refuerza la tesis del enemigo interno y externo y promueve estas figuras tan peligrosas como los son grupos civiles armados”, acotó.
El Estado mafioso
Hugo Chávez mencionó a Valentín Santana durante una alocución en 2009, justo antes del referéndum aprobatorio de la Enmienda Constitucional que permitió la reelección indefinida del presidente de la República. Pero lejos de hacer una intervención para alabarlo, el entonces jefe de Estado lo criticó duramente por haber amenazado de muerte a Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC, y advirtió que su lugar debía ser la cárcel.
“Él (Santana) dice ser jefe de un grupo llamado La Piedrita (…) y él dice algo mucho más grave: que si ellos consiguen a una persona, y le dan nombre y apellido (dice sin referirse a Granier), lo van a matar (…) Yo hoy llamé a la fiscal de la República para que tome las acciones. Esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie (sic.). El Estado actuará, ellos deben asumir sus consecuencias, actuaremos con todo el peso de la ley. Este es un criminal”, apuntó Chávez. Pero nada pasó.
Todavía hoy, el líder de La Piedrita sigue libre, pese a que desde 2007 tiene una orden de captura por porte ilícito de arma de fuego, uso de documento falso y homicidio intencional simple, emanada por el juzgado 45to del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en función de control. De acuerdo con una declaración pública de la otrora fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, en su expediente hay otras dos detenciones pendientes, dictadas en 2008 y 2009, por homicidio y lesiones personales.
La impunidad de Santana es tal que en 2017 lanzó su candidatura a la asamblea nacional constituyente, aunque perdió. En medio de esa campaña, el 20 de julio, distribuyó un video para denunciar que el Cicpc perseguía a los colectivos del oeste de Caracas y los culpaba por la muerte de Xiomara Scott, la mujer que fue asesinada en la avenida Sucre de Catia por pistoleros que atacaron a quienes votaban en la consulta opositora del 15 de julio. Por esos días, vecinos de la zona indicaron que la reacción del líder se debía a que los uniformados habían ingresado a uno de los locales comerciales controlados por su grupo.
“Ya hay dos detenidos, uno es un colectivo de Los Frailes. Le allanaron el local a los compañeros del Frente Miliciano Sucre. ¡Qué eficientes son ellos cuando se trata de los pobres! (…) Ustedes osan a tocar el territorio de La Piedrita y lo más seguro es que me saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes”, advirtió.
Rodríguez sostuvo que, con el paso de los años, los colectivos se fortalecieron y, en la actualidad, no solo tienen armas. “Hoy controlan la venta de comida, que viene de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), a precios super elevados, controlan territorios y ejercen labores de represión contra adversarios políticos”, insistió.
El director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, apuntó que las relaciones entre el gobierno y estos grupos de civiles armados se inscriben en uno de los conceptos que la organización ha utilizado para definir a quienes hoy están en el poder.
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“Nosotros hemos manejado la teoría del Estado mafioso, donde hay una cantidad de líderes dentro de la estructura gubernamental que están en conjunción con fuerzas delincuenciales (…) Parte del metamensaje del ‘Estado mafioso’ hacia afuera es que está apoyado por personas que no responden ante la ley, en este caso, los colectivos”, afirmó Cedeño, al interpretar el video de Santana al lado de Cestari, Farías, Villegas y Zavarse. “Son tratamientos diferenciados ante la ley que mandan un mensaje que dice que comulgan con esas fuerzas, que ellos tienen su apoyo y que por eso pueden actuar de manera impune”, siguió.
Cedeño distingue a los colectivos deportivos y culturales de grupos armados como La Piedrita, a los cuales identifica como megabandas criminales vinculadas al delito organizado.
“La diferencia con las megabandas está en que estos se autodefinen como colectivos y en las conexiones que tienen con el gobierno, sobre todo con una alcaldía como la de Libertador, que ha sido señalada de bajarles recursos (…)”, recalcó el director de Paz Activa.
El experto también recordó que, desde siempre, los lazos de los funcionarios del Ejecutivo con los colectivos han sido ambiguos. Incluso Hugo Chávez se zafó una vez de la relación con estos grupos en una entrevista concedida a CNN en Español en 2009.
“Yo he repetido que condeno cualquier forma de violencia. Hay un chantaje tremendo de algunos medios de comunicación que son propiedad de la burguesía. Hay un laboratorio que fabrica hechos de violencia y, cuando apenas terminan de ocurrir, de una vez señalan al gobierno”, aseveró cuando le preguntaron sobre los colectivos armados identificados con el oficialismo.
“Es un discurso velado, ambivalente, ambiguo. Ellos (el gobierno) no dicen que los apoyan”, señaló Cedeño, quien recordó que cuando el ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quiso enfrentarlos y recuperar la institucionalidad, lo destituyeron de su cargo. A ese funcionario se le señala de ser el responsable de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el el edificio Manfreddy de Quinta Crespo, donde José Odreman, líder del 5 de Marzo, y otros cuatro miembros de colectivos del oeste de Caracas fueron asesinados por el Cicpc en octubre de 2014.
La más reciente declaración sobre la cercanía del gobierno y los colectivos la ofreció el pasado jueves, 1 de marzo, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, quien marcó distancia con estos grupos, pese a que participaron en los ejercicios militares del fin de semana.
«La fundamentación de la Revolución Bolivariana está en el pueblo, en la organización popular, en las comunas, en los colectivos para el arte, la música, la política, el deporte y la vida, NO en esas organizaciones que han malinterpretado el mensaje y se hacen llamar colectivos», dijo el el titular de Defensa. Cuatro días antes, sin embargo, Valentín Santana le estrechaba la mano a tres funcionarios del gobierno y al jefe del Zodi Capital, sin siquiera despojarse del subfusil que le cruzaba el torso.
«La fundamentación de la Revolución Bolivariana está en el pueblo, en la organización popular, en las comunas, en los colectivos para el arte, la música, la política, el deporte y la vida, NO en esas organizaciones que han malinterpretado el mensaje y se hacen llamar colectivos» pic.twitter.com/WNfgTTqfla
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El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos integró a cuatro altos funcionarios militares venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro a la lista de sancionados de OFAC, por haber participado en actos de corrupción y represión.
Los cuatro sancionados, que se unen a los 49 oficiales venezolanos en la lista Clinton, son Rodolfo Clemente Marco Torres, Francisco Jose Rangel Gomez, Fabio Enrique Zavarse Pabon y Gerardo Jose Izquierdo Torres.
Los activos de los funcionarios sancionados que estén sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos quedarán congelados inmediatamente, y las personas que tengan relación con el país norteamericano tienen prohibido tratar con los sancionados.
De acuerdo a la nota de prensa emitida por el Departamento del Tesoro, estas serían las razones por las cuales están sancionados los militares:
Rodolfo Clemente Marco Torres es el Gobernador del Estado Aragua y Director Externo en el Consejo de Administración de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Marco Torres anteriormente ocupó los cargos de Ministro de Economía y Finanzas, Presidente del Banco de Venezuela y Ministro de Alimentación, y es un general retirado de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Marco Torres ha sido supuestamente vinculado a esquemas de corrupción relacionados con la importación de alimentos, que están controlados por el ejército venezolano.
Francisco José Rangel Gómez es ex Gobernador del Estado Bolívar y está retirado del Ejército Nacional, con el rango de División General. Rangel Gómez ha estado vinculado a actividades de corrupción, como el fortalecimiento de las bandas armadas que operan en Bolívar y la presión sobre los tribunales para liberar a los miembros de pandillas que son detenidos, durante su tiempo como gobernador. Rangel Gómez también ha sido vinculado a redes de oficiales militares supuestamente corruptos.
Fabio Enrique Zavarse Pabón, División General de la Guardia Nacional Bolivariana, es el Comandante de la Zona Operacional de Defensa Integral de Capital de las Fuerzas Armadas Nacionales y también dirigió las Fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana en el Distrito Capital de Venezuela. Zavarse Pabón es presuntamente responsable de actos de represión por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra manifestantes callejeros en Venezuela.
Gerardo Jose Izquierdo Torres, General de División del Ejército, es el Ministro de Estado para la Nueva Frontera de la Paz y el Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Frontera Presidencial. Supuestamente ha utilizado sus posiciones para sacar provecho de la corrupción a expensas del pueblo venezolano.
«El presidente Maduro y su círculo interno continúan poniendo sus propios intereses por encima de los del pueblo venezolano» declaró el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin en la nota del Departamento. «Esta acción subraya la determinación de Estados Unidos de responsabilizar a Maduro y otros involucrados en la corrupción en Venezuela. Hacemos un llamado a las partes interesadas y socios internacionales de todo el mundo para que se unan a nosotros mientras apoyamos al pueblo venezolano para aislar aún más este régimen opresivo».
La publicación expresa que «Mediante sus propias acciones continuas, los cuatro funcionarios designados hoy han abandonado la misión republicana profesional de la institución militar, que, según la Constitución venezolana de 1999, debe ser «sin orientación política … y en ningún caso al servicio de ninguna persona o partidismo político».
Este miércoles, el Jefe de la Fracción Parlamentaria de la Unidad y coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges formalizó ante el Ministerio Público una denuncia en contra del general Fabio Zavarse por las agresiones de las que fue víctima el jueves pasado en los alrededores del Consejo Nacional Electoral.
“El día de hoy queremos colocar una denuncia formal contra el general Fabio Zarvarse y quiero decirlo con nombre y apellido. Desde la Unidad, nuestra política no es generalizar con la Fuerza Armada, sino individualizar a efectivos que manchan a la institución de la FAN, como es el caso del general Zavarse”, sentenció el diputado Julio Borges.
Además el parlamentario manifestó que en el hecho más de 12 diputados fueron agredidos e indicó que “con toda la fuerza bruta y la represión, nos lanzaron a un grupo de personas armadas, que con total impunidad nos agredieron”. También resaltó que los diputados ese día tenían permiso para ingresar al CNE, dado por el rector del ente comicial, Luis Emilio Rondón.
En este sentido, aseveró que presentaron esta denuncia ante el Ministerio Público porque “a la impunidad en Venezuela hay que ponerle fin, la impunidad tiene que finalizar y tiene que venir una Venezuela que reine la Justicia, el respeto a la ley y el respeto a los Derechos Humanos”.
Exigió que el general Zavarse sea acusado por violación a los Derechos Humanos. “Y esto que sirva, para que los generales y los oficiales sepan que quien cometa cualquier tipo de violación a DD.HH, de manera individual, sin generalizar, nosotros los vamos a denunciar”.
El diputado fue enfático al declarar que el único camino hacia la paz es que se lleve a cabo el Referendo Revocatorio y que si el gobierno lo impide, verá a millones de venezolanos en las calles protestando para reclamar sus derechos y exigir una salida a la grave crisis a la que se enfrentan todos los venezolanos.
Para finalizar Borges expresó: “espero y confío que las instituciones van a responder en Venezuela. Hasta que en nuestro país no haya justicia para todos, hasta que todos seamos iguales en la ley y hasta que todos tengamos la dignidad de hacer valer nuestros derechos, más allá de las agresiones que nosotros sufrimos. Tenemos derecho a realizar el Referendo Revocatorio este año, para lograr un cambio pacífico para Venezuela”.
Junto con el Jefe de la Fracción del Cambio, estuvieron presentes diferentes diputados por la Asamblea Nacional, entre ellos: Tomás Guanipa, Ismael García, Juan Requesens, Carlos Paparoni, Jony Rahal, Karín Salanova, Adriana D´Elia, Yajaira Forero, Ángel Medina, Dinorah Figuera, Amelia Belisario y Marialbert Barrios, entre otros. Los dirigentes mostraron su respaldo hacia el diputado Julio Borges por las agresiones de las que fue víctima en el CNE
