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En el aeropuerto de Ezeiza, que sirve a la ciudad de Buenos Aires en Argentina, las autoridades aeroportuarias retuvieron 90 mil euros en efectivo que intentó ingresar a ese país una contratista del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Se trata de Isabel Rangel Baron, copropietaria de un grupo de empresas que durante más de una década fueron beneficiadas con contratos millonarios adjudicados directamente por la administración del general Carlos Rotondaro en el Seguro Social para la importación de insumos médicos.
Rotondaro, quien fue destituido de la presidencia del IVSS en noviembre de 2017 luego de una década en el cargo, ha sido sancionado dos veces este año tanto por el gobierno de Estados Unidos (19 de marzo) como por el de Panamá (30 de marzo). En el primer caso, por sus manejos en el Seguro Social ante la crisis sanitaria de Venezuela y, en el segundo, fue incluido en una lista junto con otros 54 funcionarios venezolanos por el riesgo de blanqueo de capitales.
Rangel Baron aterrizó el 24 de marzo de 2018 en Ezeiza en un vuelo proveniente de Caracas portando 90 mil euros en billetes, cantidad de divisas que sobrepasa 9 veces el valor equivalente a los 10 mil dólares en efectivo que toda persona que entra al territorio argentino debe declarar ante las autoridades aduanales. Fuentes judiciales afirman que la viajera, que no declaró el dinero, afirmó que planeaba hacer escala en Buenos Aires para “visitar a un hijo antes de continuar su trayecto a España”.
A la empresaria venezolana le dictaron prohibición de salida del país y el dinero retenido fue puesto en custodia del Banco Central de Argentina mientras el Ministerio Público decidía si se había cometido un delito penal cambiario o hubo indicios de lavado de dinero. El fiscal designado para este caso, Leonel Gómez Barbella, consideró que el caso no ameritaba abrir una investigación por legitimación de capitales y decidió que hubo infracción fiscal, lo que implicaría una sanción administrativa.
El fiscal Gómez Barbella es miembro de la agrupación Justicia Legítima, movimiento judicial cercano al kirchnerismo creado en 2012. Formado por jueces y fiscales afines al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, ha sido identificado por la prensa argentina como el ala judicial que apoyó las políticas del kirchnerismo.
Al cabo tres meses de investigaciones en el Banco Central, le corresponderá a Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora (que atiende la periferia de Buenos Aires, de la que depende el aeropuerto de Ezeiza) dictar conclusiones y sentencia, consistente en la posible confiscación de los 90 mil euros y pago de una multa.
