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Podcast |  Extorsiones de la PNB en la Cota 905, medicamentos indios de dudosa procedencia y la historia de Raúl Andrés Orozco
En el episodio 228  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

En El Pitazo destacan el trabajo «Policías extorsionan en la Cota 905 tras la muerte del “Koki”. La investigación Extorsión uniformada: los policías que someten a la Cota 905 revela cómo algunos policías en Venezuela toman el lugar de los grupos criminales con prácticas delictivas como las extorsiones e identifica el patrón criminal utilizado por los uniformados, que han instalado ocho alcabalas en el barrio y recurren a la vieja práctica de sembrar droga a los jóvenes para exigir dinero a cambio de no enviarlos a prisión. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Venezuela importa de laboratorios sospechosos de India y se hace el loco con la calidad». La Federación Farmacéutica Venezolana ha solicitado en varias comunicaciones al Ministerio de Salud conocer el proceso de importación y revisión de medicamentos de otros países, especialmente de la India e Irán. En julio, el Gobierno indio informó que tomará medidas contra 105 farmacéuticas que no han pasado los controles de calidad y salubridad.

“Raúl Andrés Orozco: el escurridizo comerciante del oro volador y las vacas navegantes» es la nota que presenta Runrun.es en este episodio. Un complejo entramado de empresas, socios, direcciones y países dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados

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Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

OVV: extorsiones disminuyeron la producción y desmejoraron la economía en varios estados
Fue el delito de mayor crecimiento en el 2020 y se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso de las bandas criminales, después del narcotráfico. 
En Lara, los victimarios son, en su mayoría, funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado

@Luciapietf

El aumento de la extorsión en Venezuela como una de las principales fuentes de ingreso para grupos delictivos ha traído miedos, empobrecimiento y cambios en los estilos de vida de las poblaciones afectadas, de acuerdo con lo reportado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su reciente informe «Extorsión como delito en ascenso», presentado el pasado 15 de junio.

Jorge Govea, abogado, profesor universitario y coordinador del OVV en el estado Zulia, expresó que en esa región las prácticas de extorsión vienen desde los años 60 con el inicio de la guerrilla en la frontera colombiana, cuando los ganaderos pagaban «protección» para evitar ser secuestrados. En los años 80 se extendió a las zonas urbanas del Zulia. Para este siglo, el delito se intensificó y visibilizó con más fuerza alrededor del 2018. 

Govea narró que la extorsión es realizada por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (Gedo) a través de modalidades con distintos matices de intensidad, comenzando por la intimidación mediante panfletos o notas extorsivas dejadas en las puertas del negocio u hogar de la víctima, así como llamadas telefónicas, mensajes de audio y escritos vía Whatsapp. 

Seguidamente, esta el envío de fotos y videos de las propiedades y vivienda del objetivo, la quema de vehículos y embarcaciones y los disparos a propiedades. Por último, mencionó la colocación de artefactos con gases, lanzamiento de explosivos —bombas molotov o granadas— a las fachadas de las propiedades y el envío de coronas mortuorias con inscripciones de «Q.E.P.D» («Que en paz descanse»)

Zulia, según lo dicho por Govea, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de bandas y Gedo, después del narcotráfico

Registros en el Zulia

El abogado afirmó que en el año 2021 hubo 55 eventos extorsivos, que representan 8% del total de delitos vinculados con dinámicas de violencia —muertes por intervención policial, abuso sexual, violencia de género, entre otros— en Zulia. Para el 2022, el OVV monitoreó 26 casos reseñados por la prensa, 10 contra la persona y 16 contra la propiedad. Los municipios con más casos fueron Maracaibo (12), Lagunillas (4), Cabimas, Mara  y San Francisco (2), y los establecimientos con mayor afectación fueron los supermercados/tiendas (6) y los bodegones (5). 

En el primer cuatrimestre de 2023, el observatorio contabilizó 13 casos. Govea comentó sobre este año que «la extorsión, en términos de violencia y letalidad, está a otro nivel» e hizo mención a un suceso en febrero, donde «gatilleros» llegaron a una carnicería en Maracaibo y dispararon contra todas las personas en el establecimiento,.  El hecho dejó un muerto. 

El mismo día atacaron un supermercado bajo el mismo modus operandi y cobraron la vida de otra persona, además de dejar varios heridos. 

«En un mes y 18 días, al inicio de 2023, las extorsiones en el Zulia sumaron cinco casos, con cinco muertos y ocho heridos por arma de fuego», declaró.

Victimarios en uniforme

Carlos Meléndez, sociólogo, profesor y coordinador del OVV en Lara, explicó que en esa entidad las extorsiones han tenido a otros protagonistas y victimarios: los productores agrícolas y los funcionarios de seguridad del Estado, respectivamente.

Desde el 2016 en adelante, se evidenció un aumento de la violencia policial en el estado Lara, según la prensa. Tuvo un pico entre 2018 y 2021 por la ampliación del uso desproporcionado de la fuerza por parte de organismos policiales. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) son los cuerpos de seguridad con mayor incidencia de participación en la criminalidad conocida por prensa.

Entre las formas de extorsión captadas, Meléndez describió el cobro de protección a unidades productivas en los sectores agrícolas; amenazas a pequeños o medianos comerciantes por supuesta evasión de regulaciones impuestas por el Estado o por su implicación en presuntos delitos. Los montos de cada caso han ascendido hasta 10 mil dólares para que las víctimas se liberen del calabozo. 

Se suma a esta variable la extorsión a personas con antecedentes penales que tienen medidas otorgadas por el poder judicial, por las cuales los victimarios cobran por el otorgamiento de boletas de excarcelación, traslados, audiencias, entre otros. También están las detenciones arbitrarias a profesionales de la salud por presunto ejercicio ilegal de la profesión y arrestos a presuntos estafadores que terminan en el cobro de dinero para evitar un proceso judicial, con cuotas que pueden llegar a 20 mil y 30 mil dólares. 

Empobrecimiento forzado

En Sucre, las principales víctimas de extorsión son los pescadores, productores de coco, cacao, café y otros productos agrícolas, comerciantes y familias del estado, informó Carmen Amundarain, doctora en patrimonio cultural, profesora universitaria y coordinadora del OVV en la entidad oriental

Según la investigadora, los tipos de extorsión presentes son la amenaza y secuestro exprés, robos y atracos a personas y comercios. Los pescadores de la costa han sido los más afectados, sufriendo robos de embarcaciones o motores en altamar, y el robo de vacunas, donde los pescadores deben dejar parte de su mercancía como pago a los grupos armados. 

La extorsión ha tenido como consecuencia la merma en la producción en el estado y el empobrecimiento de la mayoría de la población, indicó Amundarain. Las denuncias de las víctimas y la información oficial son escasas. «La inseguridad cambia el estilo de vida y rutinas diarias de la población, que siente temor a ser víctima de acciones delictivas», declaró.

El OVV ha monitoreado la entidad mediante el seguimiento de las redes sociales, debido a que el estado Sucre no posee prensa escrita desde el 2018. En mayo de 2022, en Cumaná, una familia fue secuestrada por hombres armados y fueron rescatados por funcionarios de la polcía municipal. En junio del mismo año, la Cámara de Comercio de Cumaná alertó sobre los secuestros exprés y prolongados para robar a los comerciantes o familias en la ciudad. 

En lo que va de 2023, reaparecieron los delitos de secuestro y violencia con mayor intensidad en la Península de Paria (municipios Arismendi , Mariño y Valdez), según Amundarain. En febrero, un grupo delincuencial secuestró a un gerente de comercialización de una empresa productora de cacao y, en el mismo mes, siete personas fueron asesinadas con armas de fuego durante Carnaval por un grupo armado. 

Jorge Govea advirtió que la extorsión ha trastocado la vida social y económica de los habitantes, particularmente los empresarios que manejan dólares americanos, y que en 2020 fue el delito de mayor crecimiento. Uno de los elementos fundamentales del auge de este delito es la dolarización de la economía nacional

Fundaredes: Se mantiene extorsión de grupos armados a ganaderos en estados fronterizos
La ONG aseguró que en Colombia, Apure, Táchira, Zulia, además de Barinas se «imponen las reglas de grupos guerrilleros y paramilitares de origen colombiano y otros grupos armados»

 

 

La ONG Fundaredes denunció este jueves, 18 de mayo, que grupos armados irregulares mantienen la extorsión a ganaderos del país, especialmente de los estados fronterizos con Colombia (Apure, Táchira y Zulia), para «financiar sus actividades delictivas e implementar el control social».

«El derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad, así como el desarrollo de la actividad agropecuaria están comprometidos y vulnerados por la actuación desmedida de organizaciones criminales que operan con conocimiento de autoridades militares y policiales», señaló la ONG en nota de prensa.

Asimismo, dijo que en estas regiones, además de Barinas, se «imponen las reglas de grupos guerrilleros y paramilitares de origen colombiano y otros grupos armados».

«El ELN (Ejército de Liberación Nacional) está involucrado en todo tipo de economías criminales a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, pero su papel continuo en facilitar el contrabando de ganado puede ser uno de los más ignorados», apuntó Fundaredes.

Fundaredes afirmó que ha denunciado en «reiteradas oportunidades» ante instancias regionales y nacionales la presencia y actuación de grupos irregulares contra la población en general y los productores agropecuarios de la frontera colombo-venezolana.

«Lamentablemente, la respuesta del Estado venezolano ha sido prácticamente nula e insuficiente, pues los hechos persisten en detrimento del derecho a la propiedad y a la seguridad personal, y contraviniendo el resguardo de la soberanía nacional de agentes armados externos», agregó.

El pasado 7 de mayo, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, informó que al menos ocho personas resultaron heridas al explotar una granada lanzada a un comercio en el municipio Pedro María Ureña por «bandas criminales» del país andino que extorsionan a comerciantes.

Bernal señaló que en Colombia han vuelto a «estructurarse poderosas bandas criminales» que «han desatado una ola de violencia» en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Táchira, que «pretenden ahora extender» a Venezuela, donde «han comenzado, hace unos dos meses, aproximadamente, a amenazar a los comerciantes e industriales».

*Con información de EFE a ganaderos

Seis personas resultaron heridas tras ataque en supermercado en Maracaibo
Este es el segundo ataque ejecutado por las bandas de extorsionadores que operan en la capital zuliana en menos de un mes

Un hombre disparó a mansalva en el supermercado Samba, ubicado en la calle 78 (Dr. Portillo) de Maracaibo dejando seis heridos, entre clientes y trabajadores, este sábado 18 de febrero.

Según el Diario Versión Final el hecho se registró a las 10:41 a.m., según se evidencia en el video de seguridad del local, que captó cuando un hombre entra al lugar, arroja un presunto artefacto explosivo y dispara más de 10 veces contra los presentes.

 
 
 
 
 
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Dos empleados fueron heridos, uno de seguridad, que permanecía en la puerta principal; y una cajera. Así como un cliente, que justo se disponía a cancelar una bolsa de pan y otros víveres.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Maracaibo. La zona fue tomada por funcionarios de organismos de seguridad.

La cámara de seguridad externa del supermercado registró el instante en que dos hombres llegaron al lugar en una moto. El hombre que disparó llevaba puesto una camisa manga larga color beige, un casco y una mascarilla quirúrgica.

Este es el segundo ataque ejecutado por las bandas de extorsionadores que operan en la capital zuliana en menos de un mes, el pasado 9 de febrero la fachada de clínica Paraíso también fue atacada con el lanzamiento de una granada y varios disparos. 

Sicarios matan a tres pescadores en diferentes hechos

Tres pescadores fueron asesinados por presuntos sicarios, en hechos diferentes ocurridos en el sector Los Jobitos del municipio Miranda de la Costa Oriental del Lago (COL), del estado Zulia, en un lapso de tres días casi consecutivos.

El primer asesinado fue Ale Enrique Nava Reverol, de 57 años de edad. Dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, en la calle principal del sector Los Jobitos, son señalados por testigos de haber accionado sus armas en varias oportunidades contra esta víctima, en la tarde del miércoles 25 de mayo de 2022.

Uniformados policiales informaron que los pistoleros interceptaron a Nava Reverol,  y sin mediar palabra, le efectuaron varios disparos.

Fue auxiliado por miembros del Cuerpo de Bomberos de Miranda, quienes lo trasladaron aún con vida hasta el Hospital Hugo Parra León, y de allí lo llevaron al Hospital General del Sur, Dr. Pedro Iturbe, en el municipio San Francisco. Enrique Nava no superó la gravedad de las heridas que le ocasionaron los cuatro disparos que recibió y falleció el jueves 26, en horas de la tarde.

Posteriormente, en la tarde del viernes 27 de mayo, mataron bajo el mismo modus operandi a otro pescador identificado como Wilfredo Segundo Paz Nava, de 39 años de edad. Él frecuentaba la costa del sector donde trabajaba con algunos pescadores, según información de fuentes ligadas al caso. Sus familiares estaban en la morgue de Cabimas, pero se negaron a hablar con la prensa.

El sábado 28 de mayo de 2022, otro sicariato generó alarma entre los habitantes. Esta vez, el objetivo fue Frank Carlos Piña Rodríguez, de 37 años edad, quien fue asesinado de tres tiros.

Su cuerpo quedó tendido en el pavimento y no fue sino hasta el día siguiente que su cadáver ingresó a la morgue del Hospital Adolfo D’ Empaire, en el municipio Cabimas. 

Relacionan con banda “el Oso” 

Extraoficialmente, se conoció que miembros de la subdelegación Los Puertos de Altagracia del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) manejan como posibles responsables de estos hechos a miembros de la banda “el Oso”, grupo hamponil que tiene el control del municipio Miranda.

Se presume que el móvil del hecho tiene que ver con la extorsión que padecen pescadores de la localidad, por parte de miembros de la banda “ el Oso”, a quienes deben pagarle para poder trabajar.

Habitantes piden seguridad

Bajo la condición de anonimato, algunos acompañantes de los familiares de uno de los pescadores asesinados que aún permanecen en la morgue, pidieron más resguardo en el sector Los Jobitos, donde viven bajo el terror que generan los miembros de la referida banda.

Repudiaron el operativo de seguridad que hacían en las plazas del municipio para impedir el consumo de licor en espacios públicos; mientras en Los Jobitos delincuentes matan a personas que se ganan honradamente el sustento por negarse a pagar una extorsión.

De interés

Oswaldo Nava es el jefe de la banda “el Oso” y la Guardia Nacional lo señala de cometer delitos como la extorsión, robo, homicidio y tráfico de droga en la Costa Oriental del Lago de Zulia.

Entre el delito más sonado que se le atribuye a este grupo en lo que va de 2022, figura el asesinato del primer teniente de la Guardia Nacional Ebert González y del vigilante José Villaroel, durante el robo de una empresa camaronera en el municipio Santa Rita, en medio de una operación delictiva integrada por 15 sujetos armados.

Tras la muerte del funcionario ocurrida el primero de enero de 2022, han fallecido por lo menos 10 miembros de esta banda en presuntos enfrentamientos policiales. Más de 15 han sido aprehendidos. 

Cerca de cinco casos bajo el mismo modus operandi se han registrado en lo que ha transcurrido del año, en el municipio costero del Zulia. Y en lo que va de 2022 se han registrado 49 homicidios en todo el estado Zulia, según la data de Monitor de Víctimas, presuntamente, muertes por encargo lideradas por bandas delictivas que tiñen de sangre las calles de los 21 municipios que lo conforman. 

@yunetzyrivero

Denuncian supuestos actos de extorsión de Polianzoátegui en Clarines
Magallanes aseguró que los casos ocurridos en el municipio Bruzual serán presentados ante la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas

 

El director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ), Alcides Magallanes, denunció que en el sector Los Cerezos de la ciudad de Clarines funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui) se han excedido en sus actuaciones presuntamente aplicando actos de extorsión y otros abusos de poder.

A través de una nota de presa, Magallanes comentó que uno de los abusos por parte de los funcionarios se produjo en la calle 14 de febrero, en el cual amenazaron con presuntamente “sembrar drogar” a una ciudadana y a su familia si no cancelaba la cantidad de 5 mil dólares.

Magallanes detalló que la víctima denunció que había sido detenida el año pasado de manera ilegal y que además sufrió torturas a manos de cuatro policías, lo que ocasionó la pérdida de un embarazo de dos meses.

“Hay que meterle la lupa a los cuerpos de seguridad en el municipio Bruzual, en este caso a funcionarios de Polianzoátegui que se aprovechan del orden legal para ejecutar violencia policial contra la población en las presuntas detenciones arbitrarias, con el objetivo de exigir altas sumas de dinero para no ser presentados ante el Ministerio Público”, manifestó el defensor de los derechos humanos. 

 

Alcides Magallanes aseguró que los casos ocurridos en el municipio Bruzual serán presentados ante la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas.

“Una vez más se demuestra la incapacidad del Estado venezolano para garantizar la seguridad ciudadana y a la vez cumplir con los compromisos suscritos ante la comunidad internacional que obliga a respetar los derechos humanos”, concluyó. 

#MonitorDeVíctimasCaracas | Torturaron y mataron a un comerciante por negarse a pagar vacuna a una banda en Coche
Oswaldo Bassa Guerrero trabajaba en Supra Caracas y tenía una pequeña bodega en el barrio El Divino Niño de Coche. El 15 de marzo fue sometido por un grupo de hombres armados que se lo llevó por la fuerza. Tres días después su cadáver fue hallado con signos de tortura y mutilación. Antes del ataque, el hombre se había quejado con una vocera del consejo comunal porque estaba siendo extorsionado; la mujer se molestó por el reclamo y amenazó con acusarlo con la banda

 

@jheilyncermeno | Foto: Carlos Ramírez

 

Tres días pasó desparecido Oswaldo Bassa Guerrero, de 47 años de edad, luego de que un grupo de hombres se lo llevara el martes 15 de marzo en la noche del sector El Bosque, barrio Divino Niño, parroquia Coche del municipio Libertador.

Su cadáver fue hallado enterrado en una zona boscosa del mismo sector. Estaba en estado de descomposición y con signos de tortura.

Este lunes 21, su hermano David Bassa hacía los trámites para retirar el cuerpo de la morgue de Bello Monte, en Caracas, y denunció que a Oswaldo le quitaron la vida “por negarse a pagar una vacuna”.

Bassa contó que su hermano era trabajador de Supra Caracas, empresa que presta servicio de aseo urbano en el municipio Libertador, desde hacía 16 años.

“Tenía tres períodos de vacaciones vencidos y los tomó. Mientras tanto, montó una pequeña bodeguita que atendía en el tiempo libre, para mejorar sus ingresos”, dijo.

Desde entonces, presuntamente, Oswaldo era extorsionado por un grupo de azotes que habita en la comunidad, a quienes les debía “pagar vacuna” en efectivo y algunas veces con mercancía para que lo dejaran trabajar en la zona.

Hace algunos días, y según moradores del sector, Oswaldo sostuvo una discusión “muy acalorada”, supuestamente, con una vocera del Consejo Comunal del barrio.

Al parecer se había quejado de tener que “pagar vacuna”, lo que generó incomodidad a la mujer que, en medio de la disputa, amenazó con acusarlo con los presuntos extorsionadores.

Eran las 10:00 de la noche aproximadamente cuando llegó el grupo de hombres armados y lo sacó de la pequeña bodega. Su hijo también estaba en el lugar, pero logró huir.

Desde entonces familiares comenzaron la búsqueda de Oswaldo, sobre todo en hospitales, pero sin resultado.

Por su parte, detectives del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) realizaban las pesquisas y activaron una brigada de búsqueda canina.

El viernes 18 de marzo encontraron el cuerpo de Oswaldo. Estaba oculto en unos terrenos y semidesnudo.

Las primeras heridas visibles eran de arma de fuego en los tobillos, por lo que presumen que lo hicieron correr y luego le dispararon.

Según las pruebas forenses, había sido amarrado, golpeado y además tenía heridas de arma blanca y quemaduras. “Dejaron que se desangrara y prácticamente lo descuartizaron. Mi hermano fue torturado. No merecía morir así; ningún ser humano lo merece”, lamentó Bassa.

La víctima dejó en orfandad a cinco hijos, entre ellos tres menores.

Deudos esperan que se haga justicia. Aseguran que Oswaldo era muy querido en la zona de Coche, pues era fundador de la comunidad.

Crímenes sin Castigo | Cabezas con precio
Las ofertas de recompensa por el Koki y sus lugartenientes tienen tantas omisiones que carecen de credibilidad

 

@javiermayorca

En el fragor por la retoma del control en la Cota 905, La Vega y El Valle, el ministerio de Relaciones Interiores ofreció medio millón de dólares en recompensa por Carlos Luis Revette, alias Koki, señalado líder de la principal banda de esos sectores, e igual cantidad por sus colaboradores más cercanos, Garbis Ochoa y Carlos Calderón (Vampi).

La información corría de manera oficiosa desde días atrás. De hecho, la primera oferta fue conocida el 16 de junio, y apuntó hacia el jefe de la principal banda de La Vega, Yorfren Javier Guédez (Mayeya). Por este individuo el Ejecutivo ofreció cien mil dólares.

En un principio, esto parecía un capítulo más en la batalla de fake news e incertidumbre que rodeó todo este proceso. Hasta que, el 8 de julio, es decir tres semanas después, los medios del régimen comenzaron a divulgar lo que se ofrecía por los jefes de cada organización y sus principales lugartenientes. No solo fueron los cuatro ya referidos. En esta galería incorporaron a Romer Ordaz y Gionel Trejo, con recompensas de 50.000 dólares, y más abajo Oswaldo René Velásquez, apodado Rocky, por el que pusieron sobre la mesa 20.000 dólares.

Según el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exconsultor jurídico de la Presidencia, Román José Duque Corredor, no existe un precedente al respecto en la historia reciente del país. Ni siquiera en la época de la lucha contra la guerrilla urbana. Por lo tanto, en este caso son más los cuestionamientos que las respuestas.

En primer lugar, cabe preguntarse cuáles son los términos de la oferta hecha por el gobierno venezolano. En Estados Unidos, por ejemplo, las sumas son ofrecidas a cambio de “información que conduzca al arresto y/o la condena”, de determinado individuo. En principio, ese dato crucial debe ser transmitido a la autoridad o despacho que adelanta las investigaciones. En cambio, aquí divulgaron las fotos de los supuestos delincuentes con sus nombres; más abajo el sobrenombre de cada uno, luego el calificativo de “asesino”, y finalmente el monto de cada recompensa. Para rematar, colocaron el número de una central (911).

“Estas ofertas no tienen soporte legal ni presupuestario”, afirmó el exmagistrado.

Como el Ejecutivo no ha emitido una regulación en torno al tema de las recompensas, existe la posibilidad de que alguien interprete en esos mensajes una exhortación implícita del sector oficial para que maten a Revette o a cualquiera de sus allegados, con el propósito de hacerse de la suma ofrecida.

“Hasta ahora, en Venezuela no existía la posibilidad de cometer delitos para ser premiados. No hay un principio constitucional que permita cometer un delito en atención a una oferta de recompensa”, advirtió.

El plan de la MUD

La primera vez que se propuso en el país la instauración de un sistema de recompensas por “los más buscados” fue durante la campaña presidencial de Enrique Capriles, abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2012.

En esa oportunidad, un equipo de asesores del exgobernador de Miranda planteó que se elaborara un listado de individuos “contumaces”, es decir, que no se hayan puesto a derecho o que hayan escapado de sus centros de reclusión. En esa misma lista debían figurar los supuestos perpetradores de delitos atroces, que no hayan sido plenamente identificados o ubicados.

Poco a poco, el gobierno de Maduro fue apropiándose de estas ideas. Durante la gestión del general Néstor Reverol en Relaciones Interiores, fue activado el portal de los más buscados. Ahora, les pusieron precios.

“Pero estas recompensas no pueden ser fijadas por mera convicción, sino que se deben precisar los montos en atención al daño social ocasionado”, explicó el abogado Fermín Mármol, quien participó en el grupo de asesores que elaboró el plan de la MUD en materia de seguridad.

Según este abogado y docente el Gobierno no podía poner dinero sobre la mesa por estos antisociales sin antes elaborar un reglamento.

Esa norma no solo fijaría los criterios para establecer los montos a ofrecer por cada sujeto. Mármol indicó que también es necesario regular con claridad cómo se harán los pagos (¿efectivo, transferencia bancaria, carnet de la Patria, bolívares a la tasa del BCV o del mercado libre?), cuáles serían las normas de confidencialidad, e incluso si sería posible la designación de un apoderado judicial para recibir las recompensas.

“Al no tener resueltas estas inquietudes, la probabilidad de éxito de este plan es baja. Esto requiere de mucha certidumbre, y al no haberla me temo que muchos desconfiarán”, señaló.

Tanto Mármol como Duque Corredor indicaron que el Ejecutivo podrá echar mano de los recursos asignados a Gastos de Seguridad y Defensa, mejor conocida como partida secreta, para cumplir su palabra, en caso de que llegue el momento. Sin embargo, Duque Corredor sostuvo que siempre será necesario dejar un “soporte documental” de lo cancelado, ante el riesgo de que surjan reclamos sobre quién suministró el dato clave para la captura.

Las ofertas de recompensa, además, llevan un mensaje implícito: el Gobierno admite su incapacidad para capturar y poner a derecho a determinado individuo, y busca ayuda en la ciudadanía. Por esa cooperación, plantea el pago de sumas más o menos atractivas.

Pero, en realidad, estas son ofertas dirigidas al entorno de los sujetos, a quienes tienen acceso a ellos, y eventualmente pueden halar el gatillo o suministrar alguna precisión sobre puntos de reunión, modos de comunicarse, etc. Es muy raro que un ciudadano de bien se beneficie con una recompensa. Con lo que, paradójicamente, se estimulará el delito en aras de combatirlo.

Breves

¿Dónde está Seuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich? La supuesta muerte en suelo venezolano de uno de los líderes de las FARC–Segunda Marquetalia sigue siendo un misterio, luego de transcurridos más de tres meses de los primeros reportes, que carecen de confirmación fáctica. El lunes 16 de agosto, el gobernante venezolano Nicolás Maduro se negó a despejar esta incógnita, al ser interrogado al respecto por corresponsales extranjeros. “No estamos obligados a emitir ningún comunicado oficial”, argumentó.

Según fuentes de Relaciones Interiores, no existen reportes sobre la muerte de una persona con el nombre o las características del colombiano: 55 años de edad, 1,65 metros de estatura, cabello cano y afectado por una enfermedad degenerativa que lo ha enceguecido, debido a la cual generalmente aparece en las fotos con lentes oscuros. Un comunicado emitido por las FARC–Segunda Marquetalia en marzo indica que luego de matarlo, los atacantes le cortaron un dedo, con el obvio propósito de lograr una identificación plena. Pero nunca fue divulgada una fotografía de su cadáver, y a las morgues del estado Zulia no llegaron los restos de ningún hombre al que le faltara una falange. O al menos eso no quedó registrado. Además, en la base de datos de Interpol, la notificación roja para Hernández Solarte continúa activa.

En agosto, los secuestros volvieron a ser noticia en Venezuela. No tanto por el número de casos, sino por el tipo de rescate exigido por los captores. En El Callao (Bolívar), una banda pide la entrega de 30 kilos de oro por la libertad del comerciante de este metal Juber Nasser, de 20 años de edad, quien desapareció el viernes 13 de agosto. En Zulia, sujetos por identificar ultimaron al ingeniero en computación Gustavo Torres González, de 39 años, luego de que sus allegados no pudieron pagar el monto exigido por su libertad: 1,5 bitcoins. Según el portal criptonoticias.com, los familiares negociaron con los delincuentes, y lograron pactar un pago de medio bitcoin (22.175$), pero solo pudieron reunir 0,062 BTC, lo que al parecer precipitó la muerte del cautivo. Sus restos fueron encontrados el 11 de agosto en la avenida 64 de la parroquia Urdaneta. Estas modalidades aún coexisten con otras más tradicionales, en las que los secuestradores solicitan pagos en divisas, joyas y armas. Distrito Capital y Miranda todavía acumulan la mayor cantidad de casos en 2021. Pero estos de agosto, sin duda, han sido los más llamativos.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es