expropiaciones

@JoseAGuerra

El mensaje de los principales voceros del madurismo se ha simplificado al extremo. Su referentes comunicacionales parecen antiguos equipos de sonido que repiten una y otra vez lo que estaba grabado en la cinta magnetofónica. La narrativa del madurismo atribuye la escasez de la gasolina al sabotaje contra las refinerías. La ausencia de gas se debe a una acción desestabilizadora, lo mismo que la falta de agua. La hiperinflación se explica por una conspiración de los comerciantes y productores para subir los precios; y la falta de electricidad la asocian a la acción de un francotirador que con un rayo electromagnético destruyó el centro de control de la represa del Guri.

Alguien con raciocinio se pregunta si ellos mismos se creen estos cuentos. Yo creo que de tanto decirlo y repetirlo se los terminan creyendo. Ese método de echarles la culpa a otros de los errores propios es una lección aprendida de los cubanos.

Este es un mero replicador de lo que heredó de Chávez. Conviene recordar que Hugo Chávez, por lo menos hasta 1998, tenía en la cabeza una especie de pasticho ideológico donde se expresaban las tendencias más retrógradas de la izquierda; las tesis fascistas de Norberto Ceresole, entre otras, cada una más contradictoria que la anterior.

Después de 2004 Chávez se decanta en favor del modelo cubano, el cual compró sin quitarle una coma. Ello lo inspiró para que avanzara en una política de expropiaciones de fincas y haciendas para afectar la tenencia de la tierra, como si estuviese en 1859, cuando comenzó la Guerra Federal.

Y luego, desde 2007, pasó a la estatización de empresas privadas en sectores fundamentales de la economía tales como el petrolero, agroalimentario, acero, cemento, telecomunicaciones, electricidad; al tiempo que creó empresas públicas de todo tipo y tamaño. Su deseo no conocía límites y tampoco su voracidad por el gasto. El resultado de todo esto fue que el ámbito empresarial del Estado aumentó, tanto que quebró al propio Estado y al país. Chávez pensaba que los ingresos del petróleo serían infinitos y por ello los mal administró regalando y donando una parte importante.

Tomemos como referencia 2017, antes de las sanciones impuestas por Donald Trump. Entre 1999 y 2017 Venezuela recibió por exportaciones petroleras la cantidad de US$ 948.988.000.000 (casi 950.000 millones de dólares, sin que hubiesen ahorrado un centavo), dinero este que bien gestionado hubiese sido suficiente para haber hecho de Venezuela una nación próspera.

Chávez y Maduro despilfarraron ese dinero y además la deuda externa total de Venezuela, que en 1998 era US$ 28.317 millones, en 2017 saltó a US$ 130.000 millones, con los mayores precios petroleros de la historia. En 1998 precio del petróleo fue US$ 9,4 por barril y en 2012 llegó a US$ 105 por barril para ubicarse en US$ 47 por barril en 2017.

Chávez recibió el dólar a una tasa de cambio de Bs/US$ 573 y en 2017 la tasa de cambio se ubicó en Bs/US$ 80.000.000 (con los tres ceros que le quitaron al bolívar en 2008 para así poder comparar), significando esto la muerte del bolívar como moneda. Solamente entre 2007 y 2017 la inflación acumulada fue 84.870 %. Y aquí la obra magna del madurismo: haber convertido en pobres al 87 % de los hogares venezolanos en 2017.

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8 de noviembre de 2020

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@luisoliveros13 

Para el primer trimestre del año 2013, el sector privado venezolano representaba el 57 % del total del PIB. Para el mismo período, pero del año 2019 (el BCV no ha actualizado las cifras desde ese trimestre), el peso del sector privado en la economía había descendido al 47 %. Cuando comparamos el tamaño de la economía venezolana entre esos trimestres, vemos cómo el PIB se contrajo en un 58 %, pero mientras el PIB público lo hacía en un 36 %, el PIB privado se redujo en un 67% (2/3 del total).

Pero también hay que decirlo: la sociedad venezolana no la apoyó cuando desde esos gobiernos iniciaron las confiscaciones, expropiaciones, controles, amenazas y señalamientos de ser responsables de una “guerra económica” en contra de la población.

Todavía está fresca en la memoria la alegría de muchos cuando se nacionalizaron empresas de servicios públicos (cobraban muy caro, ahora tenemos costosos servicios públicos de muy baja calidad), las cementeras, las azucareras, Agroisleña (abusaba en su posición de dominio, por eso había que hacerla pública, aunque eso con el tiempo afectó de manera importante la agroindustria en el país). Las famosas expropiaciones en el centro de Caracas, empresas de servicios petroleros, etc.

Para recuperar la colapsada economía venezolana es necesario revertir buena parte de la situación actual, creando poderosos incentivos para que el sector privado crezca, invierta y con esto contribuya a generar crecimiento económico sostenible (aumenten los puestos de trabajo y los salarios).  

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Uno puede entender que buena parte de la sociedad venezolana se sienta molesta por la disminución en su calidad de vida. Que protesten en redes sociales ante unos precios que les son inalcanzables para acceder a servicios que en otras oportunidades eran fáciles de pagar. Pero luego de ser testigos de los enormes efectos dañinos que genera la intromisión gubernamental en el sector privado, ¿no se ha aprendido la lección?

Es alarmante observar cómo se utiliza el mismo discurso oficial socialista (especulador, usurero, exigir su estructura de costos, imponer margen de ganancia, etc.) para atacar a la empresa privada nacional y obligarla a bajar de precios.

Resulta todo un desafío explicarles a algunos que no existe eso llamado precio justo. Que la formación de precios en Venezuela es (y debe ser) muy diferente a la de España, Colombia o Estados Unidos. Hay una manía por creer que los precios deben ser iguales en todo el mundo, como si desarrollar una actividad económica en Venezuela fuera igual de sencilla, que hacerla en cualquier otro país del mundo con instituciones serias, con acceso al financiamiento bancario, con reglas del juego claras, con paquetes de ayuda financiera ante los embates de la covid-19, sin hiperinflación, etc.

Que los servicios públicos no tienen por qué ser regalados. Que una empresa privada no tiene obligación de estar mostrándole su estructura de costos o sus márgenes de ganancia. Y que al final si usted no puede pagar por un bien o servicio, tan sencillo como que puede buscar sustitutos pero no creerse con el derecho a presionar para que el precio se ajuste a su bolsillo. Una economía de mercado no es imponerle tu voluntad al mercado.

Si Directv hubiera estado ganando mucho dinero, nunca se hubiera ido del país, pero entre las presiones por las sanciones y el $1-$2 que cobraba por cada suscriptor, la salida fue fácil.

La lección es clara, no culpemos al privado de la crisis, tampoco nos debemos comportar como lo que tanto daño le ha hecho al país.

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Mausoleo en el Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Foto Herbert Brant en Pixabay.

@AAAD25 

Muy a pesar del inmenso cariño que le tengo a la patria de Sábato y Cerati, creo que no es exagerado afirmar que pocos países latinoamericanos han tenido una historia económica tan llena de frustraciones como Argentina. Ni los propios argentinos lo negarían, como se deduce del pesimismo detectado por Martín Caparrós en una crónica reciente sobre la vida en Buenos Aires.

Otrora considerada el granero del mundo y una promesa de desarrollo que rivalizaría con Estados Unidos, Argentina nunca ha vuelto a alcanzar las cumbres de crecimiento relativo (i.e. comparado con el resto del mundo) que ascendió antes de la Gran Depresión de los años 30.  Por supuesto que en casi un siglo le han sobrado oportunidades, pero por diversas razones fueron desperdiciadas.

Una de las más resaltantes es el populismo peronista, que se niega a morir y sigue haciendo estragos con políticas económicas desastrosas (aunque, en honor a la verdad, alternativas como las de Mauricio Macri no lo han hecho mucho mejor).

De su último regreso se está cumpliendo un semestre, con Alberto Fernández como líder, al menos en teoría. Digo “en teoría” porque el grado de influencia de su vicepresidente, la inmensamente más carismática Cristina Fernández, sigue siendo motivo de franca preocupación. El nuevo mandatario ciertamente ha tenido algunos gestos que lo distancian de los niveles arrolladores de populismo del matrimonio Kirchner. Solo haber interactuado cortésmente con el saliente Mauricio Macri durante la transición fue uno que no se puede pasar por alto (recordemos que CFK ni siquiera se dignó a presentarse en el acto de toma de posesión de Macri).

Empero, también hay señales de consternación. La más reciente fue el anuncio de la estatización del Grupo Vicentín, una de las mayores empresas dedicadas a la industria agroalimentaria en Argentina, que es a su vez uno de los mayores sectores económicos del país austral. No se trata, por tanto, de la toma de un quiosco de periódicos. Esta es una las decisiones más relevantes en materia económica tomadas por el gobierno de Fernández, y pudiera ser ilustrativa sobre lo que vendrá más adelante.

Cuando a los venezolanos nos hablan de estatizaciones, rápidamente pensamos en aquel momento infame cuando Hugo Chávez, en pleno despliegue de sus groseros instintos autoritarios, ordenó la expropiación de varios comercios, incluyendo las joyerías del emblemático edificio La Francia, en el centro de Caracas como si estuviera eligiendo dulces en una tienda de caramelos. No hay que abusar de los símiles ni asumir que la ocupación pública de Vicentín se está dando exactamente en las mismas circunstancias y que Fernández ahora es un Chávez rioplatense. Después de todo, Vicentín es un peso pesado en un ramo vital para la economía argentina, cuya quiebra por deudas millonarias podía tener un impacto negativo severo. Pero eso no quiere decir que una estatización era la respuesta adecuada.

El Estado puede manejar varios proyectos alimenticios y administrar distribuidores de alimentos para los más necesitados en caso de que estos se queden por fuera del mercado. Pero no debería reemplazar al sector privado como proveedor de comida en general. Cuando lo intenta, el resultado suele ser desastroso. Los venezolanos lo sabemos muy bien. Está el referido incidente de los “¡Expropiése!”, en el cual el propio acto fue más visible que las consecuencias. Pero hay más casos. Muchos más.

Chávez dio rienda suelta a sus impulsos de estatización a partir de 2007, demostrando así que su compromiso de respetar la propiedad privada, asumido en su primera candidatura, no fue más que una argucia para disimular su cercanía a la extrema izquierda. Sidor, Cantv, la Electricidad de Caracas, Cadafe y un largo etcétera. Hoy, las sucesoras todas esas empresas están en situación calamitosa, devastadas por la rapiña y la ineptitud.

Lácteos Los Andes y la productora de aceite Industrias Diana fueron estatizadas en 2008. Un año después corrió la misma suerte la cafetalera Fama de América. Pues bien, según un informe de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, entre 2009 y 2015 Fama de América pasó de producir 18.600 toneladas de café a apenas 2.500. Igualmente, desde su estatización y hasta 2015, la producción de Diana se desplomó 55,48%. En cuanto a Lácteos Los Andes, Transparencia Venezuela registró que la productividad pasó de 92,8 toneladas por trabajador en 2010 a solo 38,5 toneladas un lustro más tarde. Combínelo todo y sabrá por qué se ha vuelto mucho más difícil para los venezolanos saborear un desayuno de empanadas y café marrón, lo cual es apenas una manifestación del hambre en la que millones de venezolanos cayeron en la segunda mitad de esta década.

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Ah, y espero que no se hayan olvidado de Agroisleña, la legendaria proveedora de insumos agrícolas. En 2010, Chávez también le aplicó el “¡Exprópiese!”. De paso, como parte de su afán por cambiarle el nombre a todo e imponer una neolengua plagada de un nacionalismo excesivo y cursi, la rebautizó como “Agropatria”. En manos privadas, pudo satisfacer casi 80% de la demanda de químicos para el campo, según una nota del portal El Estímulo fechada en 2016. Un año antes, solo satisfizo 22 % de su meta de producción, lo cual contrajo 10 % la zafra criolla. Alrededor de 46.000 de las 207.000 toneladas prometidas.

Y así volvemos a Argentina y al caso Vicentín. Como ya dije, no hay que abusar de la comparación, pero si estuviera conversando con un porteño o un cordobés, lo exhortaría modestamente, junto con sus compatriotas, a mantenerse en guardia. En entrevista para el diario El País de Madrid, el ministro a cargo de la expropiación sentenció que se trata de un caso “excepcional” y que en el gobierno de Fernández “no consideran positivo que el Estado controle muchas empresas”.  Pero, como ya vimos, esos compromisos no siempre son honrados.

Preocupa que, al momento de anunciar la estatización, Fernández invocara como argumento la “soberanía alimentaria”. Precisamente la expresión predilecta del chavismo para designar sus desastrosas políticas alimenticias. El presidente se olió que por esto lo compararían con los amigos caribeños de CFK, por lo que salió al paso en pleno discurso para desestimar tales alegorías. Pero si Fernández no quiere que lo comparen con el chavismo, debería abstenerse de hablar como un chavista… Sobre todo con los gritos de “¡Exprópiese!”.

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BAJO

¿SE LES CREE?: 

Bien lo decía el colega @robertodeniz en su twitter: “De los que prometieron exportar alimentos a Qatar, de los que quebraron Abastos Bicentenario y tantas empresas nacidas de expropiaciones, de los creadores de los 15 motores, de los que quebraron PDVSA, de los que harían subastas en yuanes y rupias, llega el plan de ahorrar en oro”. Nada creíble, pues. Solo mencionar algunas empresas, otrora exitosas, como Agropatria, Fama de América, Lácteos Los Andes, Conferry, Cantv, Edelca, Electricidad de Caracas, Sidor, Banco de Venezuela, Hilton y Cemex nos da una idea del desmontaje del éxito y la abundancia del fracaso rojo rojito. El gobierno tiene mas de 505 empresas de las cuales el 70%, 353, fuero creadas por Hugo Chávez según el informe de Transparencia Venezuela. La excusa para asumirlas y destruirlas era que no producían suficiente o que los trabajadores tenían que ser sus dueños para enfrentar el “capitalismo salvaje”. Dos cubanos, ex lugartenientes del Ché Guevara, son responsables de algunas acciones en ese sentido: Ramiro Valdés  con la electricidad y Orlando Borrego con la economía. ¿Sidetur, Ferroven, Cementos Guayana, Cerámicas carabobo, Matesi, Consigua, Orinoco Iron, Venprecar, Hato La Vergareña y el Hotel Intercontinental?. El caso Techint-Ternium con Sidor está en la investigación de las coimas argentinas. Ese pago concluyó en 2012 gracias a la intercesión de CFK. Resultados a la vista. Las mentiras siguen teniendo patas cortas pero con socios de largas zancadas y abultadas cuentas globales.

¿GRANJA REBELDE?:

La petrolera estadounidense ConocoPhillips dijo el lunes que llegó a un acuerdo con la petrolera estatal venezolana PDVSA sobre el pago de cerca de 2.000 millones de dólares por la disolución anticipada de proyectos conjuntos tras las nacionalización del sector petrolero del país sudamericano.

La petrolera venezolana acordó un desembolso inicial cercano a 500 millones de dólares dentro de un periodo de 90 días a partir del momento de la firma del acuerdo, dijo ConocoPhillips a través de un comunicado.

El monto restante será pagado trimestralmente en un lapso de cuatro años y medio, añadió.

En abril, la Cámara de Comercio Internacional ordenó a PDVSA el pago a ConocoPhillips porque consideró que la empresa venezolana no mantuvo varios compromisos contractuales.

ConocoPhillips inició en mayo el embargo de los activos de PDVSA.

Los activos de ConocoPhillips en Venezuela fueron expropiados en 2007 en medio de las políticas de nacionalización.

El mayor productor de crudo y gas independiente del mundo dejó Venezuela tras no llegar a un consenso con el Estado para transformar sus proyectos en empresas conjuntas controladas por PDVSA.

ConocoPhillips dijo que acordó suspender sus acciones legales contra PDVSA tras el acuerdo.

A mediados de la década de 1980, Venezuela, con su gran riqueza en petróleo y minerales, tenía un PBI per cápita similar al de Noruega y era el país más rico de América Latina . 40 años más tarde en 2017, más del 80% de su población vive en la pobreza . En 2018 se espera que su tasa de inflación anual supere el 1.000.000 por ciento.

Anthea Jeffery, jefa de investigaciones del Institute of Race del Reino Unido, realizó un trabajo en el que estudia las causas y las consecuencias de la debacle económica por la que atraviesa Venezuela, el informe fue publicado por el portal Biznews y traducido por el portal venezolano lapatilla.com

Según Jeffrey el presidente Nicolás Maduro culpa a la implosión del país de una “guerra económica” que libran contra ella los partidos de oposición y los EEUU, sin embargo las verdaderas razones de la crisis se encuentran en las expropiaciones y controles de precios intrínsecas al “Socialismo del Siglo 21” introducido por el fallecido presidente Hugo Chávez.

En 1999, Chávez enmendó la Constitución para declarar que “el predominio de grandes latifundios era contrario a los intereses de la sociedad”. En 2001 introdujo una Ley de Tierras que permitía la expropiación de tales latifundios .

La ley se fundamentaba en que los pobres poseían solo el 6% de la tierra, mientras que el 5% de la población, quienes tenían más dinero, poseía el 75% de la tierra. Según Chávez, estas estadísticas hicieron imperativo “dividir grandes propiedades de tierras ociosas y permitir que los campesinos se apropien de la tierra que cultivan”.

En Venezuela, los latifundios dirigidos se definieron inicialmente como “tierras agrícolas ociosas de alta calidad de más de 100 hectáreas” o “tierras agrícolas ociosas de menor calidad de más de 5.000 hectáreas”. En 2005, sin embargo, la cantidad máxima permitida de tierra de alta calidad “inactiva” se redujo de 100 hectáreas a 50. La tierra “inactiva” de menor calidad fue establecida en 3.000 hectáreas.

En la práctica, sin embargo, no fue solo la tierra “ociosa” que se tomó. Además, el gobierno fomentó implícitamente las invasiones de tierras, que a menudo redujeron la productividad hasta el punto en que las granjas estaban lo suficientemente “ociosas” como para calificar para la expropiación.

También introdujo una regla de “una vaca por hectárea”, según la cual las explotaciones con menos de una vaca por hectárea se consideraban improductivas y se las expropiaba. Los ganaderos aumentaron el número de su ganado, para no caer en la regla, pero consideraron que estaban sobrecargando la tierra lo que erosionaría en el futuro su productividad, estos agricultores también fueron expropiados. El resultado fue una incertidumbre debilitante que virtualmente hizo vulnerable a todos los agricultores.

A los nuevos poseedores de la tierra no se les dio el título de los terrenos que ocupaban, a pesar de las promesas del gobierno de que esto se haría, al final el Estado era el gran propietario de todas las tierras expropiadas. A los nuevos agricultores y ganaderos beneficiados por los programas del gobierno se les otorgó un título con carácter provisional, o sea que sus concesiones de tierras podrían revocarse si no cumplían los “objetivos” de producción del estado.

La tierra también se asignó de acuerdo con criterios políticos, y los que apoyaban al gobierno tenían más probabilidades de recibirla que aquellos que eran apolíticos o apoyaban a la oposición.

Escribe Michael Albertus en Foreign Policy : “Esto ayudó a generar un grupo de clientes políticamente confiables, que fueron favorecidos a través de concesiones de tierras, y que luego ayudaron al régimen a perpetuarse en el poder votando por él en las elecciones”.

Ejemplo de esta redistribución de las tierras afectó al productor agrario Franklin José Brito Rodríguez (5 de septiembre de 1960–Caracas, Venezuela, 30 de agosto de 2010) quien sostuvo una disputa de propiedad de terrenos con el gobierno bolivariano. Realizó una serie de disputas legales y protestas públicas desde 2004, coincidiendo generalmente con otras protestas como las de Venezuela de 2007. Brito fue virtualmente secuestrado por las autoridades venezolanas y hospitalizado contra su voluntad. Sus protestas culminaron en su muerte a causa de una huelga de hambre.

 Cronología del desastre

Para 2010, el gobierno distribuyó entre 5,5 y 7,5 millones de hectáreas de las 27 millones de hectáreas utilizadas para el cultivo, tierras que representaban el 20% de las tierras agrícolas productivas totales de Venezuela.

Sin embargo, la redistribución de la tierra a los pequeños agricultores no resultó en un aumento en la producción de alimentos. Por el contrario, según la Confederación Nacional de Asociaciones Agrícolas y Ganaderas (Cofagan), la producción agrícola cayó drásticamente entre 2007 y 2011: maíz en 40%, arroz en 39%, sorgo en 83%, caña de azúcar en 37%, café en 47%, papas en 64%, tomates en 4% y cebollas en 25%.

La proucción de grandes cantidades de tierras fértiles cayó, y en contraposición las importaciones de alimentos aumentaron.

Sin embargo, a partir de 2014, cuando el precio del petróleo cayó drásticamente, las importaciones de todos los productos esenciales, incluidos los alimentos, se volvieron cada vez más difíciles para el gobierno.

En ese momento el gobierno atribuyó la escasez al “acaparamiento” y se introdujo el racionamiento de alimentos.

Ese mismo año, el gobierno endureció los controles de precios que había introducido en 2003. Tanto los agricultores como los productores de alimentos se vieron obligados a vender a precios inferiores a los costos de producción, lo que redujo aún más la oferta.

Para 2015, miles de personas hacían cola de cinco a seis horas por día con la esperanza de comprar alimentos y otros artículos muy necesarios.

En 2016 Maduro comenzó a instar a las personas a cultivar alimentos y criar pollos en sus hogares, a pesar de que la población está urbanizada en un 80%. A menudo, se esperaba que la gente lograra esto en balcones y tejados, retomando la idea de su predecesor de los “Gallineros verticales” y los cultuvos orgánopónicos en azoteas de edificios.

En 2016 comenzaron los disturbios callejeros, junto con el robo de camiones de comida y el saqueo violento de tiendas. Maduro temó una “medida económica” entregó la administración de los alimentos básicos bajo el control del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, mientras que el Ministerio de Trabajo anunciaba que todos los empleadores privados y públicos deben permitir que sus trabajadores ser reasignados a cultivos en crecimiento.

Aunque las expropiaciones se enfocaron primero en la tierra, pronto se extendieron a otros sectores. En 2007, por ejemplo, el gobierno exigió el control mayoritario de los proyectos administrados por compañías petroleras internacionales.

También expropió los activos de las dos compañías (Exxon Mobil y ConocoPhillips) que se negaron a consentir en esto. Chávez justificó estas tomas sobre la base de que estaba “devolviendo” la riqueza de Venezuela a la propiedad de “la gente como un todo”.

En 2008, el gobierno nacionalizó el sector del cemento, centrándose en la suiza Holcim Ltd, la francesa La Farge y la mexicana Cemex SAB de CV.

En 2009, Chávez cerró una serie de pequeños bancos por lo que dijo eran irregularidades operacionales, pero reabrió algunas como firmas estatales. También prometió nacionalizar cualquier banco que no cumpliera con las pautas de préstamos del gobierno o que estaba en problemas financieros.

En 2009, el Ministerio de Minería se apoderó del proyecto Brisas de Gold Reserve Inc., mientras que en 2011 Chávez anunció que estaba nacionalizando la industria del oro.

Consecuencias económicas catastróficas

En palabras de Greg Mills y Lyal White, de The Brenthurst Foundation, en un documento de discusión de mayo de 2018 sobre el Populismo Armageddon en Venezuela : “entre 2013 y 2017, la economía de Venezuela se contrajo en un 39%. Se espera que se desplome aún más, con una contracción del 50% para 2019 a las tasas actuales de colapso.

“Los profesores universitarios ahora ganan US $ 6 al mes, al igual que un jefe de policía con 17 años de experiencia. Requieren un estimado de 98 veces el salario mensual mínimo oficial de 700 000 bolívares simplemente para sobrevivir”.

Aunque el gobierno dejó de proporcionar cifras oficiales en 2016, la inflación mensual alcanzó el 100% en febrero de 2018. Esto se traducirá en tasas anuales de inflación de más de 1.000.000 por ciento. Mientras que el gobierno mantiene un tipo de cambio oficial de 120.000 bolívares por dólar estadounidense (Dicom), la tasa del mercado negro, que los tenderos usan abiertamente es ampliamente mayor.

Para 2018, la deuda total del gobierno se estimó en US $ 150 mil millones, más del 100% del PIB. En 2017, el incumplimiento de los bonos del gobierno fue de 2.500 millones de dólares. Para 2018 se proyecta que será de US $ 10 mil millones. La infraestructura básica de agua y electricidad está cerca del colapso, y el desempleo es desenfrenado.

La industria local ha sido destruida y prácticamente todo tiene que importarse, incluida la comida, pero el gobierno ya no tiene los fondos para hacerlo… El porcentaje de la población que vive en la pobreza supera el 80%. La pobreza extrema ha pasado del 24% de la población en 2014 a más del 61% tres años después.

Acerca de la autora La doctora Anthea Jeffery, Jefe de Investigación de Políticas del Institute of Race Relations del Reino Unido, organización nacida en el año 1958 para promover el desarrollo de los pueblos, conocer y compartir información sobre las distintas razas y generar políticas antiracistas, además el “think tank” o laboratorio de ideas promueve la libertad política y económica.

ALTO

¿ZAMORA VIVE?: 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, al presentar y publicar su tercer informe sobre Venezuela el pasado lunes 12 de febrero, denunció la «situación alarmante y catastrófica por la que atraviesa Venezuela», explicando que «se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017».

La crisis económica ha sido usada por el Ejecutivo para justificar tener cada vez más poder y declarar un estado de excepción que ya se ha vuelto indefinido, pero el informe aclara que esta “no es excusa para que un Estado deje de dar atención prioritaria a los derechos a la alimentación, a la salud y otros, sobre todo para los sectores de la población en mayor situación de vulnerabilidad”.

Al respecto, Acceso a la Justicia destaca que el Gobierno tiene importantes e ineludibles responsabilidades en su rol de Estado establecidas por la Constitución (artículo 3, entre otros), pero ha profundizado esta crisis económica intencionalmente con políticas públicas para tener más control social, con el propósito de perpetuarse a costa del bienestar de la población.

Debemos subrayar que se ha hecho lo mismo desde hace más de 12 años, a pesar de que Heinz Dieterich, uno de los impulsores del régimen, advirtió sobre el fracaso de las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo a partir de 2008, así como también lo hicieron importantes representantes del régimen como Jorge Giordani o Rafael Ramírez, quien en 2014 criticó la gestión de Maduro por mantener las mismas medidas.

A pesar de ello, y bajo el argumento de implantar el Socialismo del siglo XXI, que es el modelo político de Chávez, el Gobierno ha seguido adueñándose de los medios y bienes de producción tomando medidas expoliadoras, incluso en 2017, cuando según la ONG Cedice sumaron 11.852.

Todas estas acciones han sido llevadas a cabo bajo el manto de un conjunto de normas inconstitucionales, dictadas por el gobierno anterior a Maduro, sobre todo en la época de la Asamblea Nacional (AN) compuesta sólo por el chavismo (2005-2010). Entre estas destaca la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008), la cual habilitó al Gobierno nacional a «proceder a la adquisición forzosa» de bienes y actividades relacionadas a este sector «sin necesidad de obtener autorización por parte de la AN».

Tras ella fueron aprobadas leyes como la de Tierra y Desarrollo Agrario (2005), de Tierras Urbanas (2009) y Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (2009), que crearon vías expresas para las expropiaciones en el país. Una modificación a esta última ley permitió que todos los bienes pudieran ser declarados de utilidad pública directamente por el Ejecutivo, con la condición de que “se consideren esenciales e indispensables para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado”.

Esta política fue fortalecida con normas como la del Sistema Económico Comunal (2010), de Regularización de Asentamientos Urbanos (2010) y la de Costos y Precios Justos (2011), esta última reformada en 2014 y 2017.

Acciones y consecuencias

Es con dicho entramado de normas que Chávez inició su plan nacionalizador en 2007: violando la Constitución y haciendo alusión al carácter estratégico de los servicios y la energía, procedió a estatizar la Electricidad de Caracas, la CANTV (telecomunicaciones) y más de cincuenta contratistas petroleras.

Al año siguiente también atacó áreas clave como la construcción, la industria de alimentos, la banca, la siderurgia y el comercio, nacionalizando empresas como las cementeras Lafarge, Holcim y Cemex, Sidor y el Banco de Venezuela.

En 2009, les llegó el turno a las productoras de alimentos: la procesadora de arroz Cargill, los molinos de Monaca (productoras de harina de trigo), las plantas de Aceite Diana (aceite de maíz), Lácteos Los Andes y las principales torrefactoras de café. Estas acciones siguieron tomando vuelo y, en 2010, las cadenas de supermercados Cada y Éxito, Owens Illinois y Agroisleña pasaron a manos del Estado, mientras cientos de fundos, agroindustrias y empresas empezaron a correr paulatinamente con la misma suerte.

Esta férrea política de estatizaciones (que no puede ser separada de medidas como la regulación de precios y el control de cambio, pues todas se dirigen al control social a través de la economía)  al ser profundizadas por Maduro y al no tener divisas para paliar con importaciones u otras políticas como hacía Chávez, los efectos nocivos de estas medidas han llevado, entre otros males,  a cuatro años de recesión, severa escasez, al primer ciclo hiperinflacionario venezolano y a una pobreza extrema de más de 51,51%, todo lo cual viene acompañado de la condena que supone a la población el sortear obstáculos inenarrables para simplemente acceder a insumos básicos.

Resulta entonces obvio quién es el responsable de la catastrófica situación actual, hecho contrario al discurso oficial que, sin mayores explicaciones, la atribuye a una supuesto guerra económica, cuando en realidad el origen de la misma está en el propio Gobierno.

El hecho de que este proceder haya sido sostenido durante más de una década con resultados negativos, y que haya sido mantenido por Maduro de manera intencional, a pesar de las advertencias de miembros del mismo Gobierno y los efectos nocivos probados de su implantación como han sido los crecientes índices de pobreza desde el inicio de su mandato, podría acercar la revolución socialista a la comisión de crímenes de lesa humanidad, al constituirse su política gubernamental, ya sistemática, en “actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (artículo 7 literal k del Estatuto de Roma).

Con información de Acceso