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POR PRIMERA VEZ, LA CORTE PENAL INTERNACIONAL fija sus ojos en Venezuela. El organismo anunció que abrirá un examen preliminar por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que se desarrollaron entre los meses de abril y julio de 2017 en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Aunque un examen preliminar no significa una investigación, es un proceso en el cual se indaga si existe un fundamento de peso para proceder a la investigación. A juicio de Carlos Nieto Palma, abogado especialista en Derechos Humanos, la decisión de la CPI de centrar su atención en Venezuela es un gran paso que podría dar buenos resultados a largo plazo.

El comunicado de la fiscalía de la Corte Penal Internacional emitido el pasado 8 de febrero, precisó que no hay plazos establecidos por el Estatuto de Roma para la duración de un examen preliminar y en esto Nieto Palma se mostró poco optimista al recordar que casos como la Masacre de El Amparo, ocurrido en 1988, y el de Linda Loaiza, en el 2001, llevan mucho tiempo estudiándose y aún no han sido resueltos. «Hay que tomar en cuenta que no es un proceso sencillo, pero aún así es un buen indicio», aseguró el abogado.

Márquez resaltó la importancia del anuncio del examen preliminar porque desde hace más de 11 años en Venezuela no se somete a ninguna evaluación. «Luis Moreno Ocampo, ex fiscal ante la Corte Penal Internacional, había cerrado las investigaciones contra Hugo Chávez Frías y la actual fiscal Fatou Bensouda, no ha actuado en relación a esos casos», aseguró el defensor y ex diputado.

Al referirse al presidente Nicolás Maduro fue muy enfático: “La comunidad internacional debe estar vigilante para que este examen preliminar concluya en la solicitud de enjuiciamiento contra Maduro ante el Tribunal de Cuestiones Preliminares de la CPI en La Haya». Un jefe de estado y de gobierno carece de inmunidad y privilegios procesales por delitos de lesa humanidad, concluyó Márquez.

El defensor de los derechos humanos Walter Márquez indicó que hay más de 20 denuncias sobre abusos, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro que deben ser acumuladas y no deben dejarse a un lado.

 

El día de ayer, 16 de marzo, en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU) realizo la tercera etapa del segundo Examen Periódico Universal (EPU). En esta ocasión, el Estado venezolano tuvo que dar respuesta definitiva sobre la adopción de las 274 recomendaciones emanadas de 102 países que participaron durante la Sesión de Evaluación de Venezuela, celebrada el pasado mes de noviembre en Ginebra.

El Examen Periódico Universal, establecido por la resolución 60/251 de la Asamblea General es un nuevo mecanismo de derechos humanos. Con este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada una de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas en cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos. El EPU es un mecanismo cooperativo que tiene por finalidad complementar y no duplicar la labor de los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos.

Aún y cuando al momento de escribir estas líneas no se había efectuado esta sesión, ya el informe del Estado venezolano sobre qué recomendaciones aceptaba, cuáles anotaba y las que fueron anotadas sin apoyo, fueron consignadas por el Estado venezolano, y el pasado 13 de marzo fue distribuida.

El Estado venezolano, de las 274 recomendaciones hechas por los países participantes en el EPU, aceptó 193 recomendaciones, 28 las anotó, es decir, no se comprometió a aceptarlas, y 53 fueron anotadas sin apoyo, que es lo mismo que las rechazó.

Jo Delia, defensor de derechos humanos y quien desde la organización Civilis ha hecho un excelente trabajo al seguimiento y divulgación del EPU desde su primer ciclo, en 2011, nos dio su apreciación sobre este segundo ciclo: «El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos complementario de otros exámenes en derechos humanos de las Naciones Unidas. En el EPU, los mismos Estados miembros evalúan a sus pares en el cumplimiento de obligaciones con los derechos humanos.

“Gracias a que Venezuela fue por primera vez examinada en el año 2011, el Estado venezolano se puso al día con informes de cumplimiento de tratados internacionales tras 12 años sin haberlo hecho, lo cual llevó a que el país fuese evaluado de forma exhaustiva 6 veces en diversos campos de derechos humanos entre los años 2013 y 2015. Después de estas evaluaciones, la realidad del país en esta materia está mucho más clara para la comunidad internacional, a pesar de la poca información pública a la que hay acceso y es la razón por la cual en el reciente segundo examen realizado el pasado noviembre de 2016, Venezuela haya recibido el doble de las recomendaciones que obtuvo la primera vez, en áreas donde se creía que no había demasiadas dificultades.

“La sociedad civil participa con pleno derecho en todos los exámenes que realiza el sistema de protección de las Naciones Unidas. En ocasión de este segundo EPU de Venezuela, 170 organizaciones no gubernamentales venezolanas tuvieron oportunidad de contribuir a la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela y el próximo 16 de marzo también ejercerán derecho de palabra acerca de sus resultados.

“El EPU funciona por ciclos continuos, lo cual significa que cada Estado es permanentemente objeto de seguimiento en la implementación de las recomendaciones que se le hayan hecho hasta el siguiente ciclo. Jamás se detiene, así como tampoco el trabajo de la sociedad civil en la exigencia de que cada una de las recomendaciones se cumpla”.

El Estado rechazó recomendaciones importantes para todos los venezolanos que fueron hechas por algunos países participantes en el EPU, como la libertad de los presos políticos, protección a los defensores de derechos humanos, mejorar las condiciones de las cárceles venezolanas, avanzar en el diálogo con todos los sectores, autonomía del Poder Judicial, permitir visita de representantes de la ONU y OEA y muchas otros, en algunos casos alegan intromisión o que recomendaciones hechas no ocurren en Venezuela.

Resulta interesante destacar que el Estado venezolano asumió como compromiso voluntario: “Implementar el nuevo régimen penitenciario en el cien por ciento de los establecimientos penitenciarios del país, a fin de lograr la reinserción social de los privados y privadas de libertad a través de métodos basados en principios de igualdad y justicia social”. No sé si este compromiso voluntario incluirá investigar y sancionar a los responsables por acción u omisión de las fosas comunes halladas en pasados días en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), aclarar qué hacía el pran Wilmito paseando en playa Parguito en Margarita, el banco que funciona en la cárcel de Tocuyito o el caos que se vive actualmente en los centros de detención preventiva del país.

El gran trabajo ahora es que la sociedad civil haga seguimiento a cada una de las recomendaciones efectuadas al Estado en el EPU para coadyuvar al respeto de los derechos humanos en el país.

 

@cnietopalma

El Nacional

 

El próximo 16 de marzo, entre las 4:00 am y 7:00 am hora Caracas, el Estado venezolano deberá demostrar ante los ojos del mundo su postura frente a la adopción de las 274 recomendaciones recibidas durante la sesión de evaluación celebrada en noviembre del 2016.

En el primer examen de Venezuela realizado en el 2011 participaron 47 países, los cuales hicieron 148 recomendaciones al Estado venezolano para mejorar la situación de los derechos humanos. En este segundo examen de 2016, una mayor preocupación de la comunidad internacional se vio expresada al aumentar a 102 los países que participaron y a 274 la cantidad de recomendaciones hechas.

Al comparar ambos exámenes, no solamente en el EPU 2016 hubo mayor abundancia de recomendaciones y participación de países que en el EPU 2011, sino que varias se repitieron dando muestra de que el Estado no avanzó como se hubiera esperado del cumplimiento de sus responsabilidades con los derechos humanos de los venezolanos. En ellas siguieron las preocupaciones por el respeto a la libertad de expresión, la garantía de derechos humanos a las personas privadas de libertad, la ratificación de protocolos en materia de denuncias sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la protección de defensores de derechos humanos, la aceptación de visitas al país por parte de procedimientos especiales y la restitución de la independencia del poder judicial.

Además, el peso que tuvieron recomendaciones expresadas en términos positivos y manifestaciones de apoyo a políticas de carácter social implementadas por el Estado venezolano en el EPU 2011, fue revertido por un número significativo de recomendaciones en el EPU 2016 dirigidas a la urgente adopción de medidas para corregir una crisis profunda y generalizada en materia de derechos sociales, principalmente asociada a las áreas de salud y alimentación.

Es así como las recomendaciones del segundo ciclo del EPU revelan un notable desmejoramiento del cuadro de derechos humanos en Venezuela como resultado de un severo, rápido y generalizado deterioro, a pesar de las exhortaciones y recomendaciones exigidas por los Comités de Naciones Unidas al revisar la situación de Venezuela en seis ocasiones sobre el cumplimiento de convenios y tratados de derechos humanos entre los años 2013 y 2015.

El 16 de marzo significa una oportunidad para que el Estado venezolano demuestre su real disposición a cumplir las obligaciones que tiene en derechos humanos con la población venezolana, aceptando el compromiso de implementar las recomendaciones que los países han hecho en este examen con el propósito de cooperar a mejorar la situación del país.

 

La libertad de expresión, independencia de poderes, escasez de alimentos y medicamentos, inseguridad y tortura, aparecen, entre otros temas, en la lista de preguntas que recibirán los representantes del Estado venezolano en el Examen Periódico Universal

 

Edecio Brito Adrián, Ronna Risquez, Juan Francisco Alonso y Maru Morales

Ginebra. Este martes 1° de noviembre, el Estado venezolano será evaluado en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mecanismo que revisa el cumplimiento de deberes, obligaciones y compromisos con los derechos fundamentales de los Estados miembros.

En su primer ciclo del EPU, Venezuela recibió 148 recomendaciones en 29 temas. De estas, aceptó 97 y anotó 51. Además, suscribió nueve compromisos voluntarios que incluyeron actualizar los exámenes pendientes de cinco Tratados, los cuales se efectuaron entre los años 2013-2015. De sus observaciones finales resultaron 159 recomendaciones de carácter vinculante, en virtud de sus disposiciones.

En esta oportunidad, 103 países participarán en la sesión de evaluación, y al menos 10 Estados han adelantado las preguntas que recibirá la delegación que encabezará la canciller de la República, Delcy Rodríguez, y en los que figuran, entre otros, la ministra de para el Servicio Penitenciario, Iris Varela; la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas; la ministra de la Mujer, Blanca Eekhout; la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Francia Coello; son otras de las funcionarias que figuran en la comitiva integrada por 19 personas, diez de ellas mujeres.

Las preguntas

Gran parte de los cuestionamientos se fundamentan en la actuación del Estado venezolano –entre otros aspectos- en materia de libertad de expresión, uso excesivo de la fuerza pública, derecho a la protesta, ejecuciones extrajudiciales, igualdad de género y separación de poderes.

Por ejemplo, Estados Unidos, México, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y Alemania hacen énfasis en cómo Venezuela creará un mecanismo propicio para tener acceso a la información pública, evitar el acoso e intimidación de periodistas y representantes de la prensa independiente con investigaciones administrativas y penales, basados ​​en acusaciones de desestabilización.

Otro tema que saldrá este martes en la sesión de este martes será la independencia de poderes y la cuestionada subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, y el uso de las instituciones del Estado para perseguir a los opositores y disidentes del Gobierno. Estados Unidos, Alemania y la República Checa harán foco en este aspecto.

La escasez de alimentos y medicinas no escapará de la sesión de diálogo interactivo. Las preguntas –otro país que se suma a esta petición es Suecia- apuntan a qué hará el Estado venezolano para mejorar la oferta nacional de ambos rubros y asegurar la plena aplicación de las recomendaciones que en 2015 realizó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

La emisión de la invitación al país de los relatores especiales sigue siendo materia pendiente para Venezuela. Estados Unidos, Suecia, Bélgica y Países Bajos coinciden en la pregunta, tanto en libertad de expresión como en tortura.

Alemania, concretamente, se interesa por la actuación de los cuerpos de seguridad y de orden público y pregunta qué medidas prevé el Gobierno para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, y usan como argumento lo sucedido durante las protestas de 2014 y la puesta en práctica de la llamada «Operación de Liberación del Pueblo» (OLP).  Esto parte de la premisa de que Venezuela sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina, aspecto que también tomaron en cuenta Bélgica, Suecia y Estados Unidos.

 

 

 

El Examen Periódico Universal (sistema de evaluación por periodos continuos o ciclos, durante los cuales los Estados miembros de las Naciones Unidas revisan y reactualizan entre pares todas sus obligaciones y compromisos con los derechos humanos universales) comenzó a aplicarse en 2008 y al finalizar 2011 todos los Estados habían pasado por su primer ciclo. Los segundos ciclos se iniciaron en 2012 y finalizan este año 2016. La comparecencia de las autoridades venezolanas está prevista para el 1 de noviembre.

En el EPU de cada país, el conjunto de los Estados miembros del Consejo sesionan como Grupo de Trabajo, sin incluir a los que son examinados, y sus funciones son: la relatoría del examen, incluyendo en esta función la elaboración del informe final. La compilación de la lista de preguntas anticipadas, por escrito, que suministran los Estados examinadores, y su transmisión al Estado examinado. La confección de la lista de oradores de acuerdo con el procedimiento, y la administración de los tiempos de intervención, según el número de oradores inscritos. La aprobación del Informe Final sobre los resultados del examen, que contendrá todas las recomendaciones, apoyadas o no por el Estado examinado, y sus observaciones.

La relatoría se asigna a 3 Estados miembros, elegidos por sorteo de grupos regionales diferentes, a los que se llama La Troika. Estos relatores, con una composición diferente para el examen de cada país, pueden ser funcionarios o expertos que designan los Estados elegidos. Los Estados de La Troika pueden participar como examinadores en el diálogo. Un Estado de La Troika puede pedir su declinación a un examen. El Estado examinado también puede pedir que un Estado de La Troika sea de su propio grupo regional y la exclusión de uno, sólo por una vez, en un examen.

En la sesión de examen del primer ciclo del EPU de Venezuela, participaron 47 Estados. En esa oportunidad los Estados elegidos para La Troika fueron Guatemala, Burkina Faso y República Checa. Para la sesión de examen del segundo ciclo de Venezuela, que se efectuará el 1 de noviembre de 2016, los Estados de La Troika son México, Nigeria y Kirguistán.

De acuerdo con las reflexiones de Carlos Villán Durán, profesor de Derecho internacional de los derechos humanos, Presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH). Antiguo miembro de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en su libro La República Bolivariana de Venezuela ante el Sistema de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos, entre los principios que inspiran al mecanismo, cabe destacar que se trata de “un proceso intergubernamental dirigido por los miembros de las Naciones Unidas y orientado a la acción”, que debe “complementar y no duplicar la labor de otros mecanismos de derechos humanos, aportando así un valor agregado”.

 

 

Villán Durán cree que debe “desarrollarse de una manera objetiva, transparente, no selectiva y constructiva que evite la confrontación y la politización”. Y también se debe asegurar la participación de todos los actores interesados pertinentes, con inclusión de “las instituciones nacionales de derechos humanos”.

Entre sus objetivos se encuentra “el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el terreno”; “el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrente”; y “el fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia técnica, en consulta con el Estado examinado y con su consentimiento”.

Edward McMahon, profesor Asociado de Investigación en el Departamento de Desarrollo Comunitario y Economía Aplicada y a la vez del el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Vermont, Estados Unidos, incluidas en el estudio El examen periódico universal: Un trabajo en progreso, es importante identificar una serie de observaciones que podrían contribuir al fortalecimiento del mecanismo EPU y a asegurar su papel, a largo plazo, como instrumento para incorporar normas universales de derechos humanos en las prácticas habituales de los Estados.

Es muy importante hacer seguimiento en el ciclo siguiente del EPU con recomendaciones que vayan en correspondencia con las emitidas en la fase anterior, en lugar de simplemente duplicarlas.

Establecer como norma la elaboración de informes a mitad de período., dos años tras el examen del país. Cada vez más Estados han adoptado esta práctica, aunque no es obligatoria y no estaba incluida en los preceptos originales que establecieron el EPU.

Esos informes permiten a los Estados resaltar sus avances y mencionar dificultades en la aplicación de las recomendaciones aceptadas. Asimismo, el Estado y la comunidad internacional pueden plantearse cómo mejorar el cumplimiento de las recomendaciones antes del examen del Estado en el siguiente ciclo.

La inminencia de un examen sirve a los Estados de incentivo para ratificar más tratados de derechos humanos o realizar una invitación a los procedimientos especiales del CDH.

Asimismo, el EPU ha servido para desencadenar autoevaluaciones por parte de los Estados, de cara a una futura revisión ante el Consejo, de forma que numerosos Estados han iniciado un proceso de revisión interna y debate interministerial.

 

El Examen Periódico Universal (EPU) es el mecanismo que utiliza el Consejo de Derechos Humanos para monitorear la situación de derechos humanos y el grado de cumplimiento de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU de sus obligaciones internacionales.

El resultado de cada revisión es reflejado en un «informe final» que enumera las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.

El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas claves: El examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado. La implementación,  entre las dos revisiones (4,5 años) por el Estado examinado,  de las recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos. Informar en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior.

 

 

¿En qué consiste el Examen?

La revisión tiene lugar en un Grupo de trabajo en Ginebra, Suiza y dura 3,5 horas. El Grupo de Trabajo (GT) está compuesto por todos los países miembros del CDH de la ONU y es presidido por el Presidente del Consejo. Las ONG pueden asistir al Grupo de trabajo pero no tomar la palabra.

 

Antes del examen

Cada revisión comienza con la presentación por parte del Estado examinado de su Informe Nacional y de sus respuestas a las preguntas presentadas por escrito, diez días antes de la revisión. La presentación es seguida por un diálogo interactivo, durante el cual los Estados hacen preguntas y hacen recomendaciones acerca de la situación de los derechos humanos en el país. Los representantes del país objeto del examen toman la palabra con frecuencia, contestan preguntas y comentan las recomendaciones que le hacen.

Finalmente, el Estado examinado presenta sus observaciones concluyentes. El tiempo máximo de la intervención del Estado examinado en la sesión es de 70 minutos. Otros Estados tienen un total de 140 minutos.

 

¿Qué obligaciones de derechos humanos son tratadas?

 

De acuerdo con la resolución A/HRC/RES/5/1 del 18 de Junio de 2007, el EPU valorará hasta qué punto los Estados respetan sus obligaciones de derechos humanos contenidas en:

La Carta de las Naciones Unidas

La Declaración Universal de Derechos Humanos

Los instrumentos de Derechos Humanos de los que el Estado es parte (tratados de derechos humanos ratificados por el Estado)

Las promesas y los compromisos voluntarios hechos por el Estado.

La ley humanitaria internacional aplicable

 

¿En qué se basa la revisión?

Tres documentos principales son utilizados para realizar el examen del Estado:

Un informe nacional de 20 páginas preparado por el Estado examinado sobre la situación de derechos humanos en el país;

Una compilación de diez páginas preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) que contiene información de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, y agencias de las Naciones Unidas como el PNUD y UNICEF;

Un resumen de diez páginas preparado por la OACDH que contiene información de la sociedad civil.

Estos tres documentos están generalmente disponibles en la página web de la OACDH seis semanas antes del comienzo del Grupo de Trabajo del EPU.

 

¿Qué es el «resultado» del examen del Grupo de Trabajo y cómo se adopta?

El examen de tres horas y media tiene como resultado un informe que contiene un resumen del diálogo interactivo, las respuestas del Estado examinado y la lista completa de las recomendaciones hechas por Estados.

Adopción del informe durante el Grupo de Trabajo (GT):

El informe es adoptado por primera vez durante la sesión del Grupo de Trabajo unos pocos días después del examen. La adopción dura 30 minutos y es principalmente procedimental.

Adopción del informe durante el Consejo de Derechos humanos:

Una vez que el informe ha sido adoptado durante la sesión del GT, entonces se adopta por consenso unos meses más tarde en una sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos.

 

 

¿Qué son las recomendaciones?

Recomendaciones son sugerencias hechas al Estado examinado para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Estas pueden ser de carácter y temas diferentes y son un elemento clave de la revisión. Durante el primer ciclo, se hicieron aproximadamente 21,000 a los 193 estados.

El Estado examinado tiene la posibilidad de aceptar o anotar recomendaciones. Su respuesta a cada recomendación tiene que ser claramente explicada por escrito en un documento específico llamado «addendum» (adición). Esta adición debe ser presentada al Consejo de Derechos Humanos por anticipado de la adopción del informe en la sesión de CDH.

 

¿Dónde se hace el Examen?:

El proceso del Examen Periódico Universal toma lugar en el Palais des Nations, Ginebra, la sede de la ONU en Europa.

 

¿Cuándo será la próxima cita para Venezuela?

En el caso de Venezuela, ACNUDH recibió entre el 1 y el 24 de marzo de 2016 las contribuciones de la sociedad civil para la revisión de Venezuela y el examen propiamente se llevará a cabo en la sesión número 26 del Grupo de Trabajo, entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre de 2016.

 

Reseña Últimas Noticias que un grupo de periodistas auspiciados por el gobierno y denominados “Estado Mayor de la Comunicación” (¡aunque usted no lo crea!) recorre el mundo para contar “la verdad” sobre Venezuela (curiosamente pagados por los autores de la verdad que promueven). Ante esto, uno se pregunta ¿Cuál será la verdad sobre Venezuela? ¿Vivimos la Venezuela de progreso, justicia socialista y auténtica democracia o una dictadura destructora que lleva al país al abismo? Un refrán castizo dice que cada quien habla de la feria según le va en ella. Para algunos la verdad es el progreso ilimitado, el ascenso inesperado y la riqueza fácil, para otros, la mayoría: pobreza, hambre y violencia

Vienen a la cabeza esos cuestionarios que se hacían a los estudiantes de verdadero y falso. Evaluemos a Venezuela. Marque con una “x”. Medite bien antes de responder:

1. En Venezuela hay alimentos para tres países como el nuestro. Los productos se consiguen y los sueldos le alcanzan a la clase trabajadora perfectamente para cubrir sus necesidades básicas.
V( )  F( )

2. Las colas son producto del aumento la capacidad de compra de los consumidores, por tal razón, la gente está feliz haciendo cola, con cara risueña y esperanzada.
V( ) F( )

3. La manera como medio país le ha caído a la cosecha de mangos, es porque este año los mangos han estado particularmente sabrosos, pero en ningún caso por hambre.
V( ) F( )

4. Las empresas que el Estado venezolano ha expropiado a particulares improductivos han incrementado sus niveles de producción y son ejemplo de eficiencia.
V( ) F( )

5. Cuando algún producto escasea o no se consigue es por culpa de la “guerra económica” que la oposición fascista y golpista le hace al gobierno en el único país del planeta en el cual los empresarios deciden suicidarse para cambiar de gobierno.
V( ) F( )

6. Hay una campaña de desprestigio internacional en contra de Venezuela colocando al país como uno de los más inseguros del mundo, cuando la verdad es que hay seguridad en las calles, lo de los pranes en las cárceles es mentira y nuestras cárceles son modelos para el mundo en la lucha contra el delito.
V( ) F( )

7. Los medicamentos se consiguen con facilidad, Venezuela no necesita de ayuda humanitaria en materia de medicinas.
V ( ) F( )

8. El turismo se incrementa de manera notable en Venezuela. Nuevas líneas aéreas entran en el país. Venezuela es un destino seguro.
V( ) F( )

9. Nuestros hospitales y nuestra seguridad social es excelente. Los hospitales dotados con los mejores equipos, cuentan con los insumos necesarios para su óptimo funcionamiento.
V( ) F( )

10. Desde el punto de vista sanitario, Venezuela ha reducido la mortalidad, especialmente la infantil.
V( ) F( )

11. En materia de instituciones: en Venezuela la división de poderes funciona plenamente, la libertad de expresión es absoluta y nadie está preso por sus opiniones políticas.
V( ) F( )

12. En Venezuela no hay una estampida de gente que huye movida por el “supuesto” desastre que vivimos, sino es simplemente gente que no se adapta a estándares óptimos de vida y prefieren irse a trabajar fuera, en climas extremos y a morirse de tristeza lejos de casa por puro masoquismo.
V( ) F( )

13. Aquí nadie está descontento con el gobierno, la recogida de firmas de la MUD fue un fraude que quedó plenamente demostrado.
V( ) F( )

14. Bolívar decía que el mejor gobierno es aquel que produce la mayor suma de felicidad a los pueblos.
V( ) F( )

15. Usted está sumamente feliz.
V( ) F( )

Lo curioso de este test es que nadie lo va a calificar. Usted solito, con su conciencia, hágase un examen, evalué su situación  y medite sobre esa verdad que usted se encuentra en la calle cada día. Porque si sus repuestas al test son todas verdaderas, es porque usted la calle la perdió hace rato y seguramente está prisionero en un palacio.

 

@laureanomar