“En el mundo han existido Estados parias, pero corsarios como el nuestro no los recuerdo. Quizás la Panamá de Noriega…”

El concepto de transición política remite a un proceso de radical transformación de las reglas y de los mecanismos de participación y competencia política. En sentido estricto el concepto aplica en torno al paso desde un régimen autoritario hacia uno poliárquico (Dahl:1961). La transición comporta tres elementos concurrentes: 1.- Un proceso radical de transformación de reglas y de competencia política; 2.- El agotamiento de una etapa no permanente entre dos regímenes y 3.- Sustitución de valores e instituciones por otras diferentes. En  sentido de temporalidad, legitimidad, solapamiento de regímenes (viejo y nuevo) y sustitución de valores, Venezuela no va a un proceso de transición política.  Vamos a la ruptura abrupta, rigorosa y absoluta con Estado criminal, ilegitimo, y ausente, que no califica de tránsitos…

No es un tema semántico o académico. Es un asunto muy importante y sensible de comunicación política. Decir que vamos a un proceso de transición transaccional, es dejar la percepción que ante la salida del gobierno, éstos participaran del “tránsito a la democracia”. La gente no lucha por restaurar una democracia como la vivida en la cuarta o en la quinta. Modelos pactados, partidistas, de camarillas, mesas y cogollos. O cuartelarios, milicianos y de mafias  La gente da la vida por el relanzamiento de una republica de libertad colectiva, participante por vigilante y cuentadante de sus factores de representación. Ello demanda un nuevo movimiento de apertura liberal y ciudadana, por lo que hablar de transición (aun de buena fe), es anticipar un melange de puntofijismo, entre boinas, botas y verdes, ya expirado.

La gente hoy da la vida en la calle no por la instalación de un gobierno colegiado, transicional, cenáculo, de integración gatoparda, sino por un Estado moderno. Esto demanda la activación inmediata de elecciones generales, tanto de una nueva AN como del PDR, acompañado de un riguroso proceso de justicia. Es la refundación de un nuevo Estado con dos poderes elementales: El Legislativo (votado distritalmente, originariamente, no por lista), y el Ejecutivo, asistidos de un TSJ independiente y vigilante de la Republica. Otros funcionarios: el FGR, CGR y el Defensor del Pueblo, también serían elegidos popularmente … Desde una perspectiva general podemos transitar de la dictadura a la democracia (Santamaria:1982); del comunismo a la libertad. Pero del nazismo o del fascismo –totalitarismo- no se va sino a la guerra o una nueva era, por lo que al totalitarismo no aplica tránsito de nada.

Cuando un régimen imperante ni siquiera tiene el mérito de vestirse de Estado por transgresor confeso de los DDHH, del derecho de gentes o del derecho consuetudinario, convirtiéndose en un Estado criminal, además de fallido, es forajido. No se es Estado si la institucionalidad es cero y la legalidad, la justicia, la ciudadanía, la seguridad, las políticas públicas y los propósitos de republicanos básicos, son nulos. Es el Estado ausente (dixit José Vicente Carrasquero), por lo que ante la ausencia total del Estado (nación, territorio y poderes secuestrados) no hay transitoriedad de “reglas o valores”, sino de relevación plena –ipso facto– del poder ilegítimamente ejercido.

No existe en nuestra historia republicana una situación como la que vive Venezuela. Tampoco algo similar en toda Latinoamérica. En el mundo han existido Estados parias, pero corsarios como el nuestro no los recuerdo. Quizás la Panamá de Noriega…Salir de un modelo de poder criminoso que ha secuestrado al Estado, esto es, sus ciudadanos, sus recursos, instituciones y territorios, no se reduce a un simple cambio de modelo político. No es salir de un régimen socialista autoritario. No es librar una lucha contra una dictadura. Es la recuperación de la libertad y de la democracia, si.  Pero mucho más serio y complicado: ¡es la restauración del Estado mismo! Aquí no es pertinente hablar de transición, sino de un profundo quiebre histórico con un pasado que trasciende al chavismo mismo.

Varios politólogos han diferenciado las fases en los procesos de transición política: 1) Crisis del régimen autoritario, 2) Superación del régimen existente e instauración del nuevo y 3) Consolidación y persistencia (habituación) del nuevo modelo (Morlino, 1985; Alcántara, 1994; Shaim/Linz, 1995). Pero en Venezuela: 1.- Pasamos de crisis a caos total. 2.- No sustituimos un viejo régimen, sino vamos a la refundación de la república y restitución del Estado; y 3.- No estamos en un PROCESO DE PERSISTENCIA de nuevas reglas, sino de DESOBEDIENICA E INSURGENCIA CIVIL. En América Latina tuvimos pocos “tránsitos de Dictaduras a democracias, salvo el caso Brasileño, Argentino o Chileno. En  Europa es clásica la transición transaccional de Polonia con Walesa y el movimiento obrero a la cabeza.  No es nuestro caso…

Hasta hace días era posible hablar de una transición política si el gobierno hubiese activado los mecanismos constitucionales de elección popular que demandó la gente. Ya esta tarde …. El totalitarismo no sabe de transiciones: sólo se extirpa cómo el cáncer.  Y en esa cirugía-por cierto-la comunidad internacional tiene su cita.

@ovierablanco

Enrique Montburn, director de Salud Baruta, informó que hasta los momentos se han reportado 32 heridos debido a la represión de los cuerpos de seguridad del Estado durante las manifestaciones de este viernes 26 de mayo.

“Esta vez las lesiones han sido menores. Un poco más de la mitad son traumatismos directos producidos por las bombas; hubo dos heridos por perdigones temprano pero lo que más hemos visto son afectados por bombas lacrimógenas e inhalación de gases”, informó.

La MUD convocó a una movilización para este viernes hacia Los Próceres que fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana.

Nicolás Maduro se asegura su propia protección y sin conmiseración alguna desata una represalia masiva, ejercida por las autodefensas de la revolución: francotiradores, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Sebin, la milicia y los comandos civiles de la revolución, esa cáfila desalmada llamada “colectivos”, entrenados especialmente para acciones paramilitares, que son usados en este momento como brigadas de acción rápida para contener a un pueblo en plena insurrección civil, que de forma legítima ha replicado ante el rotundo fracaso de dieciocho años de frustraciones y promesas de engañadores contumaces que les quitaron hasta el preciado derecho al voto.

Por eso, gente hastiada, con hambre y muy desesperada, sobre todo jóvenes con sed libertaria, que no pueden alcanzar sus sueños, responden al odio instaurado como política de Estado dando rienda suelta a sus pasiones y se enfrentan sin miedo a los piquetes de los cuerpos represivos.

Estamos inmersos en una situación de crisis general de la sociedad, que la conmueve en todas sus partes y en todos sus órdenes, y que la prepara para el cambio definitivo. Todo el tinglado revolucionario se derrumba, empezando por las estatuas de Hugo Chávez. Es algo más que simbólico el incendio en el estado Barinas de su casa natal.

La oposición, aunque tratan de criminalizarla, ya no esta arrinconada, su dirigencia se ha fortalecido y está unida en el objetivo de obtener una verdadera transformación. El gobierno se encuentra ante la coyuntura para dar su batalla decisiva y responde con el empleo de diversos grados y modalidades de violencia.

Lo que ha sucedido en los últimos días en Barinas, Miranda, Táchira y Caracas, con un saldo escalofriante de muertos, heridos, saqueos, destrucción, allanamientos indiscriminados, detenciones arbitrarias y pare usted de contar, s e trata de un verdadero terrorismo de Estado. En 51 días de protestas va el mismo número de ciudadanos asesinados mientras manifestaban. El país esta incendiado por los cuatro costados, los piromaniacos oficialistas quemaron más de 50 autobuses en el estado Bolívar para culpar a la oposición.

La Fuerza Armada Nacional está obligada a restituir el orden constitucional, el descontento cunde no solo en miembros de la GNB que son pasados a tribunales militares por abandonar el servicio y alegar desobediencia, también hay resistencia en la alta oficialidad; por ese motivo grabaron y filtraron la reunión al comandante del ZODI en el estado Lara –Zona Operacional de Defensa Integral–, general de la Guardia Nacional José Rafael Torrealba Pérez, donde expone un plan para disolver las protestas con francotiradores.

Este lunes quedó registrado a través de fotos y videos en las redes sociales, cómo dos francotiradores apostados en la azotea del CIED –Centro Internacional de Educación y Desarrollo de Pdvsa en La Tahona– dispararon contra manifestantes con el saldo de tres heridos.

La FANB no puede continuar prestándose a participar en las masacres, ni apuntalar a un régimen asesino, cuyos responsables terminarán sentados en el banquillo de los acusados ante una Corte Penal Internacional. Los militares que quieran salvar su pellejo deben negarse a contribuir con la violencia asesina, planificada por el gobierno para cerrar con broche de sangre su salida del poder.

@AliasMalula

El Nacional 

Veámoslo de esta manera: Sí usted tiene un auto y lo presta a un amigo, éste no puede pintarlo, venderlo, ni cambiarlo, solo puede usarlo y entregarlo en las mismas condiciones en las que le fue cedido, porque el vehículo no le pertenece. En todo caso, sí desea realizarle alguna modificación debe preguntarle a usted… el dueño es quien decide.

Con la Constitución ocurre lo propio, ella pertenece al pueblo, contiene la forma de Estado que la mayoría decidió, desiderátum que los gobernantes deben acatar, es la sacrosanta regla democrática. En consecuencia, sí la Constitución amerita ser modificada es el pueblo quien debe consentirlo como depositario de la soberanía, de la capacidad de decidir sobre los objetivos y fines del Estado, la autodeterminación.

Por ello, el Artículo 5 CRBV es enfático “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, resaltamos el mandato “intransferible” pues no hay vía legal ni legítima en que ella recaiga en segundos ni en terceros, e incluso, para que el mismo pueblo pueda cambiar la Constitución prevé una iniciativa de 15% del registro electoral para que en acto seguido la mayoría de los ciudadanos decida aceptarlo o no, mal puede un gobernante comenzar a cambiarla sí el pueblo no ha dado su aval.

¿Por qué debe ser así? Una nueva carta magna por mera voluntad de los gobernantes no solo es una flagrante inconstitucionalidad, sino que es probablemente la manera más certera de asesinar la democracia, solo satisfará intereses gobierneros, por ello el Art. 347 es tajante al otorgarle al pueblo el poder de convocatoria, el 348 prevé quiénes tienen la iniciativa para solicitarle al pueblo la convoque. Cualquier otra interpretación está dominada por oscuros intereses, es tarifada, antidemocrática ¡Tirana!

Nadie niega el derecho que tiene Maduro a proponer una constituyente, el 348 lo faculta, solo que la carta magna lo limita exclusivamente al poder de iniciativa, es decir, solo de proponerla, es obligante preguntar primero al pueblo sí desea comenzar el dispendioso proceso a una nueva constitución ¡Esta es la interpretación legítima, constitucional, democrática! Hay otras interpretaciones, pero ellas hacen que la constitución quepa en una billetera, usurpan la soberanía del pueblo.

Ni el propio Chávez logró cambiar en 2007 los fundamentos de la Constitución del 99, posteriormente, logró incorporar en su texto la reelección indefinida, parte del pueblo, fiel a su desfavorable viveza criolla, solo quería la permanencia en el poder de quién a través de presuntas “políticas sociales” otorgaba principalmente beneficios económicos, pero se opuso al modelo cubano de país enajenador de soberanía popular que hoy se quiere volver a imponer.

Maduro sabe que enfrentar cualquier proceso electoral libre, directo y universal le redundará en una estrepitosa derrota, por eso inventa una constituyente ilegítima e inconstitucional. Por eso, en una “desesperada desesperación” miró directamente y con desdén la Constitución nacional y dijo “exprópiese”.

@leandrotango

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo un llamado al Gobierno venezolano a brindar protección a los manifestantes que protestan contra el Gobierno de Nicolás Maduro. La CIDH urge al Estado Venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de expresión.

Lea aquí el comunicado completo:

La CIDH urge al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país.

De acuerdo con la información disponible, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) utilizaron cordones policiales, carros lanza aguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones llevadas a cabo en Caracas y en otras ciudades del país, entre el 30 de marzo y el 8 de abril de este año. También se registró la presencia de grupos armados civiles que golpearon y amenazaron a manifestantes, incluidos diputados nacionales.

En la manifestación realizada el 4 de abril fueron desplegados operativos policiales y militares para impedir el paso de diputados, líderes políticos y manifestantes que se dirigían a la Asamblea Nacional. La actuación policial y militar desató enfrentamientos entre agentes de seguridad y grupos de manifestantes. Según la información obtenida, seis policías y nueve manifestantes habrían resultado heridos, uno de ellos por arma de fuego. La conducta estatal también habría sido discriminatoria, en tanto que partidarios del gobierno habrían podido movilizarse sin obstáculos policiales para participar en manifestaciones en apoyo al gobierno.

Asimismo, se conoció que el 5 de abril funcionarios de la GNB y la PNB incursionaron en la sede de la Universidad de Carabobo, dispararon con perdigones y armas de fuego a estudiantes que participaban en protestas y arrojaron bombas de gases lacrimógenos dentro del edificio de la Federación de Centros de Estudiantes. Al menos dos estudiantes habrían resultado heridos por arma de fuego y otros con perdigones. La GNB informó que se ordenó la destitución de los agentes de la GNB que participaron en la operación y que se abrirá una investigación por estos hechos.

Los días 6 y 8 de abril las protestas que se dirigían a la Defensoría del Pueblo en Caracas fueron nuevamente bloqueadas y dispersadas con gases lacrimógenos por parte de los funcionarios de seguridad. El gobierno habría ordenado el cierre de 17 estaciones del metro de la ciudad. Según la información disponible, se registraron detenciones y decenas de manifestantes heridos. Un joven de 19 años de edad, Jairo Ortiz, murió el 6 de abril en una protesta a las afueras de Caracas. La CIDH insta al Estado de Venezuela a promover una rápida investigación por la muerte del joven, que permita establecer si se trató de una ejecución extrajudicial y en consecuencia, aplicar las responsabilidades judiciales correspondientes.

De especial preocupación resulta la información recibida sobre ataques y confiscación de equipos y materiales de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, por parte de funcionarios de seguridad y grupos de civiles armados durante estas manifestaciones. También se registró la detención por parte de autoridades policiales de un camarógrafo a quien se le prohibió cubrir la marcha del 6 de abril. Los ataques contra periodistas que cubren situaciones de esta naturaleza violan la libertad de expresión pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento. También se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. En este sentido, la CIDH reitera la importancia de la más amplia protección a la libertad de expresión de los medios de comunicación en Venezuela especialmente sobre la coyuntura registrada en el país.

La situación de Venezuela es materia de seguimiento tanto por la Comisión Interamericana como por los órganos políticos de la OEA. Los órganos del sistema interamericano han enfatizado que en este tipo de situaciones, la relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de reclamar la efectividad de la democracia. La Corte Interamericana ha afirmado que “las manifestaciones y expresiones relacionadas a favor de la democracia deben tener la máxima protección posible” y que la protesta en este contexto debe ser entendida como parte del derecho de defender la democracia.

Preocupa a la CIDH las declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y amenazas de persecución penal en contra de manifestantes y sus líderes políticos y sociales. Asimismo, la CIDH se preocupa por las prácticas de violencia en las protestas.

De otro lado, la existencia de actos de violencia aislados en las protestas no puede justificar la restricción de los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión, ni el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza. La Comisión ha enfatizado que cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio. La obligación del Estado es abstenerse de restringir arbitrariamente el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, proteger a los participantes y a los terceros presentes de ataques de particulares, así como de asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos.

La CIDH ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política en Venezuela. Por esta razón, la Comisión reitera su llamado al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos incluyendo el deber de facilitar las manifestaciones y protestas que se han convocado a partir de las decisiones del TSJ. En particular, insta al Estado a respetar los siguientes estándares internacionales:

• Reconocer públicamente los derechos a la reunión pacífica y libertad de expresión, sin discriminación por razones de opinión política.
• Abstenerse de exigir autorización previa para la realización de manifestaciones públicas u otros requisitos excesivos que dificulten su realización.
• Facilitar las manifestaciones públicas, incluidas las contramanifestaciones, y cooperar con los organizadores de las manifestaciones para que desempeñen su función, sin discriminación por razones de opinión política. En el caso que la acción de personas aisladas o grupos de personas, incluidos agentes provocadores y contramanifestantes, tenga el propósito de perturbar o dispersar reuniones, los Estados tienen la obligación positiva de proteger activamente las reuniones  afectadas por estas prácticas.
• Abstenerse de impedir el paso, registrar o detener a los participantes que se estén dirigiendo a una reunión a menos que exista un peligro claro y manifiesto de violencia inminente.
• Abstenerse de realizar amenazas y hacer uso arbitrario de la justicia penal en contra de manifestantes, activistas o referentes sociales o políticos por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte de grupo o entidad organizadora o convocante.
• Excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas.
• Excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y que no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan su vida e integridad, o la de terceras personas, y nunca para disparar indiscriminadamente a una multitud o grupo de personas en estos contextos.
• Adoptar e implementar estrictamente protocolos específicos de uso progresivo y proporcional de armas menos letales, y sancionar su uso indiscriminado.
• Abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas o indiscriminadas y cumplir con todos los requisitos impuestos por las leyes internas y los estándares internacionales en las detenciones que las fuerzas de seguridad efectúen en contextos de protesta social, particularmente para asegurar que las personas detenidas y sus familiares reciban información precisa respecto de los motivos de la detención y del sitio del alojamiento.
• Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.
• Abstenerse de utilizar medios directos o indirectos para impedir la circulación de opiniones, críticas o denuncias contra autoridades del gobierno.
• Iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, dijo que la oposición volverá a marchar este sábado 8 de abril. «Queremos convocar al pueblo de Venezuela para que nos acompañe nuevamente, queremos que vaya el doble de la gente que fue hoy».

Guevara sentenció que pese a la represión desatada por los cuerpos de seguridad del Estado el pueblo de Venezuela respondió valientemente a la concentración convocada para este jueves.

«Tenemos heridos de bala en Anzoátegui, 18 heridos en Caracas, represión a lo largo y ancho de Venezuela, esta es una lucha de resistencia, aquí se cansan los que tienen la orden de reprimir o nosotros, a las autoridades represoras les decimos; ustedes tienen dos opciones o se ponen del lado del pueblo o van a tener que apartarse del camino».

«Mientras otros ofrecen rifles Kalashnikov y sangre, nosotros ofrecemos elecciones, estamos en dictadura no hay Estado de Derecho», puntualizó.

Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, dijo no temer miedo por una supuesta orden de captura en su contra solicitada en Fiscalía por el Ministro del Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol.

«Las fijaciones personales denotan un problema, si el señor Reverol tiene un problema personal que vaya a un especialista, el General hace acusaciones muy irresponsables, él fue el que dirigió la represión y los grupos paramilitares, él es quien está presionando a los Guardias Nacionales para que reprima. Acuda a la Fiscalía, cumpla con los requisitos que establece la Constitución, si el gobierno quiere venir por nosotros que venga», argumentó.

Sostuvo que la represión de este jueves fue brutal contra un pueblo que solo quería manifestar su descontento por el gobierno. «Este es un país donde no hay alimentos, pero si bombas. Desde que llegamos hasta que nos retiramos nunca pararon las bombas, hoy vimos un despliegue policial y militar que nunca se ve. Un gobierno democrático permite a la gente manifestar y marchar hacia donde le de la gana».

Dijo que es urgente llevar a cabo comicios en el país. «No podemos aceptar que las elecciones sean en 2018, es inaceptable. Las elecciones a gobernadores deberían haberse hecho ya».

«Periodistas extranjeros me preguntaron por el curriculum del presidente del TSJ, les dije: Maikel Moreno es un hampón».

Asimismo el diputado Henry Ramos Allup repudió las declaraciones de personeros del gobierno.

«Son insólitas las declaraciones de algunos dirigentes del chavismo, Diosdado el cambio no será con sangre sino con votos, la mayoría de la FAN sufren lo mismo que los demás, a Bernal le digo que los Kalashnikov deben estar en poder de la FAN no en manos suyas, de cual independencia habla Aristóbulo si ustedes (chavistas) asesinaron eso. Los chavistas tienen razón de tener miedo. Todos ustedes van a pagar largo con cárcel.», sentenció.

«La represión de hoy es la muestra que este régimen no es democrático, ahora quieren meter preso a Capriles, esa marcha la convocamos muchísimos dirigentes, por cada dirigente anulado de la oposición, aparecerán cientos de miles más. Ellos son una pandilla, nosotros representamos la mayoría».

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de un comunicado publicado en su página web, señaló que reconoce la solidez de las instituciones que integran el Estado venezolano.

En el comunicado, el CNE destacó que la cooperación y equilibrio entre poderes expresa la vitalidad del sistema democrático y la eficacia de los mecanismos constitucionales para la preservación del orden interno y la paz nacional.

Asimismo resaltó la importancia de que sean utilizadas las rutas constitucionales para dirimir las diferencias cuando éstas se plantean entre Poderes Públicos.

A continuación el comunicado

El Poder Electoral, en atención a los resultados de la sesión del Consejo de Defensa de la Nación convocado el 31 de marzo de 2017, reconoce la solidez de las instituciones del Estado venezolano. La actuación de sus integrantes refleja el espíritu constituyente y evidencia la fortaleza del diseño constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La cooperación y equilibrio entre poderes, expresa la vitalidad del sistema democrático y la eficacia de los mecanismos constitucionales para la preservación del orden interno y la paz nacional.

Es propio de las democracias la libre expresión del disentimiento, por lo que resulta siempre un motivo de satisfacción que sean utilizadas las rutas constitucionales para dirimir las diferencias, especialmente cuando estas se plantean entre Poderes Públicos.

El Poder Electoral, como parte de la moderna configuración constitucional de nuestro país, reconoce los esfuerzos que reafirman el proyecto republicano y su capacidad para solventar en libertad y soberanía cualquier dificultad que debamos asumir como nación.

@josetorohardy

petoha@gmail.com