IDEA HASTA AHORA MÁS ABSTRACTA que otra cosa aunque se proclama como principio de valor internacional (y así debería ser), si bien nunca ha sido incluida oficialmente en la lista plenamente aceptada de la “Declaración de los derechos humanos”, supuestamente universales. Quizás, precisamente, porque sería un derecho social o de todo un pueblo y no individual. Los derechos sociales están todavía muy por debajo en importancia y aceptación de los individuales. Ahora bien, este sustantivo (autodeterminación) debiera ser precedido por el calificativo “libre”, pero, aunque normalmente se sobreentiende, no forma parte de su uso explícito más frecuente.

Esto es muy importante porque si se supone que es el derecho que tiene un pueblo de decidir sus propias formas de gobierno, la libertad está implicada necesariamente en el verbo “decidir”, pues si no se puede hacer eso en libertad, ¿de qué decisión de un pueblo puede tratarse? Si la libertad no está clara, plena y compartida por los que componen ese pueblo, la decisión no será suya sino de otro.

El derecho de autodeterminación se ha aplicado sobre todo a la descolonización, con mejor o peor fortuna, y aparece con mucha frecuencia en los tratados de derecho internacional, así como en las declaraciones de muy diverso tipo de la ONU; pero ¿hasta dónde se puede hablar de autodeterminación de un pueblo dentro de la propia nación y del propio Estado? La historia, sobre todo la reciente, y la más inmediata experiencia nos enseña que bajo dicha expresión, de hecho demasiadas veces, el sujeto del supuesto derecho de autodeterminación no es el pueblo mismo, como se proclama, sino el gobierno que está mandando en el país en cuestión, sea lícita, en Estados democráticos, o ilícitamente como en nuestro estado actual.

La licitud o la ilicitud de la asunción o la permanencia en el poder de un gobierno no es difícil de constatar a pesar de las caretas, trampas y demás mecanismos de los que este se sirva para ocultar el hecho cuando de la ilicitud se trata. Para eso están todos los instrumentos que la democracia pone a disposición de cada pueblo, hoy ampliamente conocidos.

Este asunto de la autodeterminación está indisolublemente ligado con otro que en particular a nosotros los venezolanos de hoy nos toca viva y trágicamente: la licitud o ilicitud, ya en el plano internacional, de la intervención de un Estado extranjero en los asuntos de gobierno de otro.

Aquí ahora la pregunta crucial es por el derecho que tiene un pueblo de ser protegido por un Estado que no es el suyo cuando se halla sometido a la fuerza por una forma de gobierno tiránica y comprobadamente injusta, de la cual no está en condiciones ni posibilidades de liberarse por su propia cuenta. Mucho y bien se está hablando de ese derecho de protección, sobre todo cuando lícitamente ese pueblo lo solicita.

¿Qué nos falta a nosotros para poder recurrir lícitamente a esta solicitud de protección? Tenemos la instancia política que lo puede hacer, la Asamblea Nacional elegida según todas las reglas que el sistema democrático exige; tenemos el estado de necesidad extrema del pueblo que ya no puede sobrevivir por obra de la tiranía criminal a la que está sometido y tenemos la voluntad clara de este pueblo, expresada en todas las encuestas de opinión, en la calle y en cualquier otro medio a nuestra disposición. La licitud de esa demanda está hoy fuera de toda discusión. Sobre esto no puede haber duda alguna. Sí es importante que esa deseada intervención sea eficaz, pacífica y humanitaria, esto es, excluyendo los riesgos de dominación que pudieran estar encubiertos.

 

ciporama@gmail.com

El Nacional 

LA DESARTICULACIÓN DE UN ESTADO CRIMINAL – lo es Venezuela – y cualquier esfuerzo para una transición que lo devuelva a los espacios de civilidad, dentro de las complejidades de aquél y mientras permanece, implica un duro y complejo proceso. No se pueden despachar en tres meses 20 años de articulación de fuerzas por el mal absoluto, como las que secuestran a los venezolanos y tienen su origen en los pactos de 1998 entre Hugo Chávez y el fundamentalismo islámico, y de 1999, con la narco-guerrilla colombiana. Fidel Castro y su organización mafiosa, a la sazón, sin los mediadores en la ominosa circunstancia.

Cuento ya con una edad generosa y una generosa experiencia de Estado que me libran de arrebatos u obsecuencias fútiles. No es que carezca de pasiones, y la mía es Venezuela. No es que sea inmune a las rabietas y mortificaciones cuando las cosas no salen como deben ser, o con la velocidad que demandan las urgencias impostergables: el hambre y la inanición de todo un pueblo del que somos dolientes y parte. Soy sensible y sufro la agonía de los venezolanos. Por ello mismo estoy obligado a la prudencia, a sostener los nervios en medio de la tempestad y para dejar mi modesto aporte, desde mi aprendizaje, a fin de que todos y no unos pocos náufragos podamos alcanzar un puerto seguro.

Aprecio que Juan Guaidó, a quien le doblo la edad y es parte de la generación de relevo político que cada 30 años fractura a la historia patria, cuenta con esa acendrada virtud. Es propio del galeno ser prudente, sobrio, constante, estar exento de tristezas, saber llevar sosiego y esperanza a sus pacientes, para recuperarlos. Guaidó, espero no equivocarme, es un fiel discípulo de Séneca, para quien “el que es prudente es feliz, bastando la prudencia para dar felicidad al hombre”.

¿A qué me refiero?

Todas las preguntas que en buena lid nos hacemos hoy los venezolanos, encuentran alguna respuesta en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, adoptado el 5 de febrero. Y todos reaccionamos frente a lo que a diario le acontece a Guaidó y nos acontece, sin leer el Estatuto. El mismo obliga y también le fija límites y condiciones a Guaidó, como encargado de la Presidencia. No se olvide que no hay nada más peligroso que un gobernante – he allí nuestra actual tragedia – quien, a sí mismo, se considera gendarme del pueblo y con licencia para hacer y decidir a su arbitrio, por encima de la ley.

¿Por qué Guaidó no nombra ministros o se retarda para invocar lo que ya avanza antes de haber formalizado su pedido a la comunidad internacional, a saber, la responsabilidad de protegernos? El Estatuto tiene las respuestas y además marca sus tiempos. Lo que sí es cierto y definitivo es que las cosas no son más como lo eran ayer. 2015 es el punto de inflexión. La oposición, en un momento de desplome de los ingresos petroleros y de quiebra en los servicios públicos, distraída la dictadura en sus negocios criminales, logra colarse hasta el “centro” de su poder. Controla la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Hasta el día anterior ocupa espacios locales y sin recursos, sin incidencia en la estabilidad de aquella.

No por azar, si hasta entonces simula los sacramentos de la democracia, después le da un golpe a la mesa. Acaba con lo básico en toda democracia, con las elecciones y con el parlamento. 2016, 2017 y 2018 son los años de preparación de la transición. 2019 es el de su despegue, el de mayor aliento para independizar otra vez a Venezuela y devolverle el sosiego y bienestar. Son irrelevantes, esta vez, las resistencias o diferencias habidas dentro de la propia oposición al momento de diseñarse y definirse el liderazgo reclamados por dicho proceso. Hasta ayer éramos un poder opositor virtual. Hoy es diferente. Somos el gobierno legítimo. Desafiamos con talante a la usurpación criminal.

Ayer depende la oposición de los mendrugos que le da el régimen, previo sometimiento y bajo humillación. Hoy, como gobierno, la oposición de ayer es reconocida por el mundo occidental y éste, a su vez, le ha cortado el oxígeno al oprobio de la narco-dictadura. La oposición como gobierno, hoy día juega sobre el tablero del poder mundial y la partida de ajedrez avanza.  Tiene oportunidades. Vive y vivirá riesgos, y su desenlace que es propio, es igualmente ajeno, pues median intereses distintos y visuales particulares, inevitablemente, entre los mismos gobiernos extranjeros involucrados.

Son nuestros los tiempos del dolor y el sufrimiento, más urgidos, interpelan a diario. Son breves, pero no tanto, los tiempos de los países a quienes desestabilizamos con nuestra tragedia humanitaria. Pero no son muy veloces los de quienes observan nuestra agonía a miles de kilómetros y nos piden prudencia, para que la solución sea de vida y no negocio para las funerarias o el comercio de las armas.

Se trata, por lo dicho, de un proceso muy difícil, pero que no se paraliza. Juegan todas las opciones y tendrá su final esperado. No sabemos los costos.

Mal pueden olvidar los responsables de la transición, sin embargo, lo ya dicho. Son el rostro del gobierno y, como tal, están sujetos al duro y acre escrutinio público democrático. Y para ser distintos, están obligados a explicar sin cansarse, a razonar sin irritarse, a sumar, a convencer, a escuchar, recordando siempre que la voz del pueblo es la voz de Dios y que ningún profano puede pretender encarnarla más.

correoaustral@gmail.com

EN VENEZUELA NO EXISTEN ENTIDADES SUFICIENTES para brindar atenció a los niños que se encuentran en situación de calle, lo que para el psicólogo Abel Saraiba, de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) es “testimonio de que el Estado falló en proteger a la niñez”.

EN EL MARCO DEL ACTO DE LA MUD/FRENTE AMPLIO, Henrique Capriles afirmó que se busca “una solución política pactada, una transición pacífica”.

Por su parte, el Frente Amplio: “Definimos el 10 de enero de 2019 como una fecha que representa un hito histórico en esta etapa oscura de la vida nacional…”. Y luego “se compromete a construir las bases de un acuerdo nacional que defina las reglas de una transición ordenada e inmediata…”.

¿Quién podría oponerse a un proceso democrático, electoral, constitucional, pacífico y hasta cariñoso para salir de Maduro? ¿Qué locura podría impedir el deseo por una transición ordenada?

Veamos:

1. El FA dice que el 10 de enero “vence el período presidencial vigente. Con ello desaparece por completo cualquier vestigio de legitimidad de un dictador totalitario que por la vía de los hechos ya carecía de ella, razón por la cual, a partir del 10 de enero, ocurriría una usurpación continuada del poder presidencial, pues quien pretende ejercerlo lo haría sin la legitimidad de origen que solo da la voluntad del pueblo”. ¿Pierde legitimidad y al mismo tiempo carece de esta? Es un enredo porque los mismos factores que así lo afirman ya habían destituido a Maduro el 9 de enero de 2017 y acordado la renovación de los poderes públicos en el referéndum del 16 de julio.

2. Fijar el 10-E como hito no tendría nada de malo si el fin del régimen estuviese en el horizonte de los que han propuesto esa fecha; pero ya el rector de la UCAB, José Virtuoso, importante operador político del FA, declaró que “sería terrible crear falsas expectativas para el 10 de enero” (El Nacional, 25/11/2018).

3. Entonces, ¿qué pasa el 10 de enero? De no concentrarse las fuerzas para la salida de Maduro del poder, lo que podría ocurrir es que este –a pesar de su debilidad– tomara la fecha para un “nuevo comienzo” con toda la charlatanería de “diálogo”, cambio del CNE (dos pa’ti y tres pa’mí), elecciones para las calendas griegas y otros golosinas de cianuro.

4. Reconocer la Asamblea Nacional “como la única institución con legitimidad democrática y responsabilidad institucional para garantizar y conducir la transición” es desconocer el papel del Tribunal Supremo, designado por la AN, como coadyuvante de esa tarea.

5. Hay que saludar que los integrantes del FA reconozcan ahora que debe darse una transición, tema que varios eludían hasta hace poco; pero la idea de convencer al régimen de que admita salir del poder en forma negociada, sin acciones de fuerza, es no entender la naturaleza de una mafia criminal convertida en Estado.

El gran peligro de esta hora es que las presiones de Zapatero, a través del gobierno español, y la aquiescencia de los mismos actores internos de siempre pretendan reproducir la payasada del diálogo a la dominicana.

 

@carlosblancog

El Nacional

LA ABOGADA Y DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS Linda Loaiza, dijo que aún no recibe respuesta por parte del gobierno a propósito de la sentencia que emitió el pasado viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la cual  determinó como responsable al Estado venezolano por una serie de negligencias y violaciones de derechos en torno a este caso.

“Hay diferentes lapsos, para aprobar esta sentencia. Depende de por dónde el Estado desee comenzar a realizar el cumplimiento de esta sentencia y allí empiezan a agotarse los lapsos de tiempo. Este es solo un paso en esta gran lucha en la búsqueda de justicia. Por supuesto que el caso sigue en total impunidad hasta tanto el Estado no cumpla con esta sentencia”, dijo Loaiza, quien enfatizó que este proceso comenzó desde el 2001, y que aún no ha podido dar con el paradero de su agresor.

La defensora de DDHH indicó que en caso de que la nación no cumpla con este dictamen, tendrá que darlo a conocer públicamente, porque tiene una responsabilidad con esta corte de justicia internacional y debe apegarse al fallo.

En entrevista a Vanessa Davies para el programa Por donde vamos que transmite Unión Radio, la jurista señaló que todavía continúa con el proceso de terapias y cirugías reconstructivas. “Estoy en constantes evaluaciones, chequeos y terapias permanentes”.

La joven fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 cuando tenía 18 años, hasta que, casi cuatro meses después, el 19 de julio de ese año fue rescatada por las autoridades en pésimas condiciones de salud

LA SEVERA CRISIS QUE PADECE VENEZUELA está íntimamente ligada al mal manejo y a la corrupción en las Empresas Propiedad del Estado (EPE), un conglomerado que creció vertiginosamente durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y en el que predominan rasgos propios del modelo cleptocrático, de acuerdo con la más reciente investigación de Transparencia Venezuela.

Desde 2016 la organización ha estado desentrañando la estructura empresarial del Estado como un aporte contra la opacidad y a favor de la gestión pública transparente. En la primera fase del estudio del 2017 se contabilizaron 526 empresas estatales. En esta segunda fase del 2018 llegó a 576 el número de empresas en las que el Estado es propietario absoluto o posee la mayoría accionaria.

El resumen ejecutivo de la segunda fase de la investigación destacó que de las 576 empresas del Estado que han sido identificadas, al menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones de los presidentes Chávez y Maduro, por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones.

El estudio corroboró que las EPE han consumido ingentes cantidades de recursos por medio de asignaciones presupuestarias y créditos adicionales.  Mientras que hasta 2003 estas empresas se quedaban con 1,1% del presupuesto ordinario de la Nación, para 2015 demandaron más de 8,6%. Convertido al tipo de cambio oficial preferencial, durante estos años las empresas recibieron más de US$ 500.000 millones. Eso sin contar recursos asignados vía fondos parafiscales.

Pese a las grandes sumas de dinero, al cuarto trimestre de 2018, de las 576 empresas estatales solo 467 están operativas, al menos por lo que se pudo comprobar.

Del universo de las EPE identificadas se puso especial atención sobre 160 pertenecientes a cuatro sectores que están directamente vinculados con la calidad de vida de los venezolanos: agroalimentario (42 empresas), minería y metalurgia (43), servicios públicos (40) e hidrocarburos (35).

Se investigó qué hacen las empresas, cuáles son sus objetivos, sus reglas internas o gobierno corporativo, resultados financieros y económicos, calidad del desempeño, así como los responsables de su gestión. También se indagó en las relaciones formales e informales entre estas empresas, el Estado y el gobierno (para medir su nivel de autonomía e independencia), y los casos de corrupción que han sido denunciados públicamente.

El estudio arrojó que la mayoría de esas EPE tiene resultados operativos negativos. No cubren las necesidades de los ciudadanos y no contribuyen con el pago de impuestos o regalías a la tesorería nacional. Por el contrario, de las 160 empresas analizadas en los cuatro sectores, 74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas (mala gestión, caída de la producción, conflictos laborales).

De los sectores claves se estudiaron a profundidad 21 casos entre los que destacan la empresa socialista Pedro Camejo, Agropatria, Agrofanb, Corpoelec, Cantv, Hidroven, Pdvsa, Pequiven, Sidor, Ferrominera y Minerven. También se tomaron en cuenta grandes proyectos inconclusos como el Sistema Tuy IV y la represa Tocoma.

 

Una década de decadencia

 

La investigación también concluyó que el año clave en el declive de las empresas estatales fue 2008. La ola de expropiaciones iniciada poco antes por Hugo Chávez y la implantación del llamado Primer Plan Socialista, provocó que la mayoría de las empresas productoras de bienes y prestadoras de servicios comenzaran a colapsar. En 2018, una década después, ese deterioro compromete seriamente la vida de los venezolanos.

En 2008 se dieron las primeras evidencias de la crisis agroalimentaria como resultado del desacertado manejo de la economía, el uso discrecional de los recursos, la inseguridad jurídica y por la presencia cada vez mayor de empresas estatales en la agricultura y la agroindustria, reseñó el informe.

Ese mismo año la producción de acero líquido comenzó a mermar, justo después de la expropiación de Sidor y a propósito de la mala gestión en manos inexpertas. Como consecuencia, el país está desabastecido de cabillas y otros productos. La situación afecta a la industria petrolera, metalmecánica, de envases y de electrodomésticos.

También en 2008 el servicio eléctrico comenzó a presentar un déficit de energía eléctrica y hubo un incremento acelerado de interrupciones. Todo esto ocurrió un año después de la creación de la estatal Corpoelec, quien tiene el monopolio de todo el sector.

El informe agrega que la caída de la producción petrolera, de la que es directamente responsable Pdvsa, impacta a los subsectores gasíferos y petroquímicos y por tanto, la gestión de otras empresas estatales como Pdvsa Gas, S.A. y Pequiven.

La investigación de Transparencia Venezuela también enfatizó que la falta de mantenimiento de las instalaciones, la destrucción de los equipos gerenciales, la preponderancia de la ideología y la lealtad al modelo político, la opacidad, el aumento del gasto corriente, así como la ausencia de inversión y de un sistema de control independiente, son prácticas comunes en las EPE que han causado la destrucción de la competitividad y la caída de la producción de las empresas.

 

Siguiendo el modelo cleptocrático

Transparencia Venezuela alerta que en el país se ha venido conformando un sistema con rasgos cleptocráticos y las Empresas Propiedad del Estado no escapan a él. Se trata de un modelo de gobierno enfocado en el enriquecimiento de los propios directivos que ejercen el monopolio de las decisiones, los recursos y el poder, sin rendir cuentas y en el que prevalece un alto nivel de impunidad.

El estudio recoge que el modelo cleptocrático se ha potenciado en las EPE a través del uso de leyes habilitantes y de decretos de Emergencia firmados por los presidentes Chávez y Maduro. Los instrumentos han permitido hacer grandes compras sin cumplir con procesos licitatorios, lo que ha incentivado hechos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públicos, intermediarios y empresas proveedoras privadas.

Destaca que el decreto de emergencia eléctrica, aprobado por el presidente Chávez en 2010, le permitió a Corpoelec, Pdvsa y al Ministerio de Energía Eléctrica adquirir equipamiento sin licitaciones. La investigación determinó que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones, se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones.

En las EPE se detectó la falta de control y fiscalización, pues los dos últimos gobiernos convirtieron en una práctica común la designación de una misma persona como regulador y operador. Es decir, el árbitro es el mismo jugador. En el sector petrolero, por ejemplo, Rafael Ramírez y Eulogio Del Pino fungieron al mismo tiempo como ministros de Energía y Petróleo y presidentes de Pdvsa, en la actualidad es el general Manuel Quevedo quien cumple las dos funciones.

Otro rasgo de cleptocracia presente en las EPE es la opacidad y la discrecionalidad. La gran mayoría de las EPE no publica su presupuesto, estructura accionaria, estructura organizativa, sueldos y salarios de los empleados públicos, competencias del ente, planes estratégicos, planes operativos, normas que le rigen, contrataciones públicas, balance general y estados financieros.

Los ministerios a los cuales se encuentran adscritas las EPE dejaron de publicar desde el 2015 su informe anual de rendición de cuentas y la gestión de los recursos asignados a los entes ministeriales también se ha caracterizado por el incremento de la opacidad y discrecionalidad en la información pública que se hace llegar a la ciudadanía.

De las 576 EPE inventariadas solo se pudo comprobar el funcionamiento de 512 y en 342 de ellas no se logró identificar el presidente, los directores ni la Junta Directiva.

El estudio insiste en que las políticas de opacidad de las EPE y los ministerios a los cuales están adscritos son contrarias al derecho de toda persona de “acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”, conforme establece el artículo 28 de la Constitución, entre otros.

 

De los cuarteles a las empresas

 

En la estructura del Estado empresario también se evidenció la presencia de un sector voraz de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las EPE de mayor importancia han estado dirigidas por un sector minoritario de la FANB politizado y caracterizado por su voracidad en la apropiación de los recursos públicos.

El estudio reveló que de las 576 empresas estatales 76 tienen a un militar como máxima autoridad. Las EPE en las que este sector ha estado más involucrado son las relacionadas con agroalimentación, hidrocarburos, servicio eléctrico, agua potable y saneamiento, minería y metalurgia, justo las que han manejado más recursos.

Otros rasgos cleptocráticos detectados en las EPE son: nepotismo y amiguismo; influencia extranjera; monopolio de las decisiones, los recursos y el poder; permisividad anárquica y presencia de mafias nacionales e internacionales; así como impunidad.

 

Aquí en informe completo de Transparencia Venezuela 

 

EPE II – Resumen Ejecutivo (1) by Yeannaly Fermin on Scribd

 

Siempre me ha resultado chocante el nacionalismo exagerado de algunos venezolanos que buscan argumentos absurdos para pontificar que este es “el mejor país del mundo”. Un lugar común para alimentar tal pedantería es aquel ligado a las ventajas naturales. Sobre todo, la belleza paisajística y la riqueza agrícola y mineral. En todo caso, ya que estos dotes no se deben a actividades humanas, deberían ser más motivo de agradecimiento que de orgullo. Dios, la suerte o como lo quieran llamar nos bendijo con una extensión de tierra llena de diversos minerales y apta para el cultivo de una muy amplia variedad de productos campestres. Desde la colonia los bienes primarios han sido el principal motor de nuestra economía, comenzando por el cacao. La fuente del chocolate fue nuestro principal producto de exportación hasta el siglo XIX, cuando lo desplazó el café (a su vez sustituido por el petróleo). Hoy Venezuela no figura entre los principales productores de cacao, pero sí destaca en cuanto a calidad. El grano criollo es empleado para elaborar algunos de los chocolates más valorados del orbe. Si la cantidad igualmente se elevara hacia cumbres internacionales, habría entonces una oportunidad de desarrollo de la que sí podríamos enorgullecernos, así como una fuente de prosperidad para regiones empobrecidas como Barlovento y la Península de Paria.

Resulta por lo tanto para nada alentador enterarse, gracias a una investigación del portal periodístico Armando Info firmado por Isabel Guerrero, que en el estado Miranda las nuevas autoridades regionales han tramado un tal “Plan Cacao” que básicamente consiste en monopolizar la distribución dentro y fuera del país. Aunque no se trate de una estatización total y declarada, se está limitando enormemente la libertad de los productores para disponer de sus frutos como deseen. Ellos son obligados a venderle a la gobernación por precios irrisorios: Bs 500.000 por kilo en el caso del cacao de más alta calidad, según el reportaje. Sin embargo, los agricultores deben pagar 20% a las autoridades intermediarias y un 15% adicional a las alcaldías de los municipios donde trabajan (todas en manos del oficialismo), de manera que al final solo reciben Bs 325.000 por kilo.

A manera de compensación, la gobernación y las alcaldías se comprometen a brindar “asistencia y acompañamiento” a los productores. Es decir, a brindarles todo lo que necesiten para optimizar la producción. La realidad es otra, pues los servicios públicos son deficientes, muchas arterias viales están en mal estado y, lo peor, la delincuencia hace de las suyas con impunidad. Barlovento es la región con más homicidios en todo Miranda. Bandas hamponiles se dedican, entre otras cosas, a extorsionar a los productores de cacao, quienes de paso, según ellos mismos denuncian, deben lidiar con la “vacunas” que les cobran los organismos de seguridad para permitirles circular con la mercancía.

Mientras tanto, el cacao obtenido a precio de gallina flaca por la gobernación es vendido en divisas con precios internacionales. Para ello, el ejecutivo regional ha negociado acuerdos con los amigos extranjeros del chavismo en Rusia, China, Irán y Turquía. La cotización internacional del cacao en promedio es de aproximadamente 2,5 dólares por kilo. Este gobierno podría considerar un delito que se exprese aquella cantidad de moneda extranjera en bolívares a la única tasa a la que casi todos los venezolanos tienen acceso. No importa. Cualquiera puede notar la diferencia con respecto a lo que se impone al productor.

Los monopolios, públicos o privados, no suelen ser señal de una economía sana. La falta de competencia fácilmente desalienta la innovación. Son esquemas comerciales que cada vez tienen menos que ver con un mundo dinámico, heterogéneo y globalizado. Al contrario, evocan experiencias históricas que ya se ven muy distantes en el retrovisor.  Cabe recordar que la Corona española prohibió a sus colonias americanas el intercambio de bienes ajeno a Madrid. Los bienes agrícolas y minerales del Nuevo Mundo hispánico solo podían salir rumbo a la metrópoli. En el caso de la Provincia de Venezuela, el monopolio sobre el comercio fue administrado desde La Guaira por la infame Compañía Guipuzcoana.

¿Cuántas veces, a lo largo de su trayectoria por el sistema nacional de educación básica, escucha cada venezolano el relato sobre la institución real con nombre vasco? Tantas que es casi inevitable que en algún momento escuchar sobre ella le provoque bostezos, como ocurre tristemente con casi todo lo que pasa por nuestra reiterativa y exageradamente romántica forma de enseñar historia a niños y adolescentes. Pese al tedio, casi siempre queda al menos grabado en los dominios de Mnemosine la noción de la Guipuzcoana como uno de los factores que preparó el terreno para la independencia. Más precisamente, el orden monopólico encarnado en la Guipuzcoana provocó en el siglo XVIII fuerte indignación entre los hacendados de la provincia, que debían tratar con los agentes reales para que sus bienes se hicieran a la mar. Y como ocurre con prácticamente todas las restricciones al libre comercio, surgió un pujante mercado negro, puesto que era mucho más rentable para la población local vender por debajo de la mesa a los ingleses, franceses y holandeses que regían las Antillas menores.

Los precios impuestos por la Guipuzcoana, así como la persecución a los contrabandistas, generó un creciente descontento entre los habitantes de la provincia. Dado que, como ya se dijo antes, el cacao era el principal producto de exportación en la Venezuela colonial, no sorprende que el mayor hervidero de antipatía hacia los encargados del monopolio haya sido Barlovento. Ahí, el canario Juan Francisco de León se había establecido para dedicarse a la producción y comercio del germen del chocolate. Justo en la mitad del siglo, De León encabezó una rebelión que marchó desde Panaquire, localidad que había fundado, hasta Caracas, para exigir la abolición de la Guipuzcoana. Aunque al principio los alzados pudieron asustar a las autoridades, para 1752 estaban derrotados. Su líder fue hecho prisionero y enviado a la cárcel de La Carraca, en Cádiz, donde murió enfermo al poco tiempo, suerte que más de media centuria después repetiría Francisco de Miranda.

Todo este episodio quedó marcado en monumentos patrios y libros escolares como uno de los primeros “movimientos precursores de la independencia”. Aunque sus banderas no clamaban por cortar los hilos controlados desde el trono, sí hubo un intento por poner fin a un sistema oprobioso y contrario a la libertad individual que a fin de cuentas tenía su fuente en la península.

Es una triste ironía que la autoproclamada Revolución Bolivariana, obsesionada con el proceso independendista e identificada (por sus propios gestores, claro está) como su sucesora, más bien mantenga políticas públicas que recuerden a las prácticas de la Guipuzcoana. Más allá de los chistes de pésimo gusto que a veces produce la historia y de las denuncias de los productores de cacao hoy, es de temer qué ocurrirá con este sector de la economía a partir de ahora. El resultado del control gubernamental sobre la elaboración del café, solo por nombrar uno entre tantos ejemplos, es suficiente razón para sentir inquietud. En realidad, las esperanzas de que cualquier área económica se desarrolle hasta niveles que nos permitan enorgullecernos son nulas mientras el desastre desatado en 1998 se mantenga.

 

@AAAD25

 

¿Es viable una Administración que según algunos no cumple con los dos principios de legitimidad universalmente aceptados: la legitimidad de origen y la de desempeño?

¿Es viable una Administración producto de una elección que es desconocida por el Grupo de Lima, por la OEA y por la Unión Europea?

¿Es viable una Administración en la cual están entredicho la separación e independencia de los Poderes Públicos?

¿Es viable una Administración que produjo la hiperinflación más alta del Hemisferio Occidental en toda su historia?

¿Es viable una Administración que ha llevado al aparato productivo del país a la destrucción masiva a través de expropiaciones, controles y decisiones aberrantes de políticas públicas?

¿Es viable una Administración cuya gestión ha conducido a una caída del PIB -que sólo para el 2018 el FMI estima en un 15%- pero que, en cuatro años, podría haber reducido el tamaño de la economía venezolana a la mitad?

¿Es viable una Administración que ha creado las condiciones para que un significativo porcentaje de la población del país haya tenido que emigrar?

¿Es viable una Administración que enfrenta un déficit fiscal inmanejable como consecuencia de la caída en términos reales de los ingresos que aporta el ISLR y el IVA?

¿Es viable una Administración que más que nunca depende del petróleo, pero cuyos niveles de producción están cayendo vertiginosamente y cuyos activos en el exterior están siendo cada vez más amenazados de embargo en otros países por decisión de tribunales y árbitros internacionales?

¿Es viable una Administración a la cual se le han cerrado las puertas del financiamiento internacional, incluyendo la de países que se suponían cercanos aliados como es el caso de China?

¿Es viable una Administración que ha sido declarada en default por el Banco Interamericano de Desarrollo y considerada en default “selectivo” por las principales instituciones financieras del mundo?

¿Es viable una Administración que para financiar su gasto recurre cada día más a la emisión de dinero emitido por el BCV, violando el Artículo 320 de la Constitución, lo que constituye la causa fundamental de la inflación que nos abruma?

¿Es viable una Administración que ha conducido a la destrucción del signo monetario?

¿Es viable una Administración que ha llevado a la población a enfrentar una escasez perniciosa de todos los bienes y en especial de alimentos y medicinas?

¿Es viable una Administración en la cual la salud ha colapsado y que ha permitido la reaparición de enfermedades que se creían eliminadas y de otras que se creían controladas como el paludismo, la tuberculosis, el sarampión y la difteria?

¿Es viable una Administración donde los servicios público no funcionan, donde los cortes de agua y de electricidad son cada vez más frecuentes?

¿Es viable una Administración donde el alumbrado público está desapareciendo?

¿Es viable una Administración en la cual el transporte público está dejando de operar y  la gente es transportada como ganado en “perreras” (camiones)?

¿Es viable una Administración cuyos funcionarios en número creciente están siendo sancionados por un número cada vez mayor de países?

¿Es viable una Administración donde los casos de corrupción que se manejan asombran al mundo entero?

¿Es viable una Administración que enfrenta acusaciones por “delitos de lesa humanidad” como las que formuló el panel de expertos designado por la OEA?

¿Es viable una Administración en la cual las acusaciones en el tema del narcotráfico son cada día más abrumadoras?

¿Es viable una Administración algunos de cuyos líderes enfrentan la amenaza de ser acusados ante la Corte Penal Internacional?

¿Es viable una Administración cada día más aislada y en todo caso la más repudiada por la comunidad internacional en toda la historia de Latinoamérica?

¿Es viable una Administración que ha permitido niveles de inseguridad deplorables y que han llevado a Caracas a ser considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo?

¿Es viable una Administración cuya gestión ha conducido a que el 79% de las familias venezolanas vivan por debajo de la línea de la pobreza, tal como lo señala la encuesta ENCOVI que manejan las Universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar?

¿Es viable?

@josetorohardy