El informe del Comité recomendó al Estado prevenir y combatir eficazmente los actos de acoso, intimidación y violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticos
El pasado 3 de noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado venezolano, en el quinto informe periódico de Venezuela sobre la situación del país en materia humanitaria y la aplicabilidad del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dejar de procesar y encarcelar periodistas.
El Comité afirmó que se encuentra preocupado por las «múltiples informaciones que señalan graves restricciones a la libertad de opinión y de expresión en el Estado parte, especialmente de la oposición política al Gobierno”.
«Estas limitaciones incluyen prácticas como el acoso, la intimidación, la persecución, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos, y la utilización de la Ley contra el Odio para restringir la libre expresión», destacó el reporte.
La organización también mostró su preocupación por el cierre de empresas de comunicación (periódicos, emisoras, televisoras) y por el robo, la confiscación y la destrucción de equipos; así como por la opacidad o arbitrariedad por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) al administrar la aprobación y renovación de las concesiones para el espectro radioeléctrico.
Ante la situación, el informe del Comité recomendó al Estado venezolano lo siguiente:
Adoptar medidas inmediatas para que toda persona pueda ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión.
Prevenir y combatir eficazmente los actos de acoso, intimidación y violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticos.
Efectuar investigaciones rápidas, efectivas e imparciales de las denuncias de amenazas o actos de violencia contra estos grupos y llevar a los autores ante la justicia.
Abstenerse de procesar y encarcelar a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y activistas políticos como medio de disuadirlos o desalentarlos.
Fortalecer las medidas para garantizar el funcionamiento imparcial e independiente de Conatel.
Venezuela no ha logrado recuperar los niveles de principios de siglo, cuando la producción de este rubro alcanzó los 2,20 millones de toneladas en 2008, según Fedeagro
Los productores de maíz de Venezuela prevén que para este año la producción de este cereal crezca 17,6 % hasta el millón de toneladas, frente a las 850 mil de 2021, según estimaciones de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) suministradas a Efe.
Los productores explicaron que el crecimiento responde a que el Estado venezolano, que mantenía el monopolio de importación y comercialización de insumos, ha cedido permisos a actores privados para que importen las semillas, químicos y otros suministros esenciales para el cultivo.
«Era un monopolio (el Estado) destinaba insumos solo a afectos del Gobierno. También lo hicieron con los créditos. Emitían listados de empresas y productores afectos al Gobierno», dijo el presidente de Fedeagro, Celso Fantinel.
El 2019, cuando se cosecharon 450.000 toneladas de maíz, fue el último año de la caída sostenida de un 66,9 % que venía registrando la producción desde 2016, cuando el país produjo, según los cálculos del gremio, 1,36 millones de toneladas.
A partir de 2020, con una cosecha de 524.390 toneladas, la producción de maíz empezó a crecer, de acuerdo con el registro de Fedeagro.
Sin embargo, Venezuela no ha logrado recuperar los niveles de principios de siglo, cuando la producción de este rubro alcanzó los 2,20 millones de toneladas en 2008, según el gremio agropecuario.
José Labrador, presidente de AsoBarinas, recordó que tienen cuatro años luchando contra los atropellos a las familias productoras del campo barinés.
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y la Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas (AsoBarinas) piden al Estado actuar contra las invasiones y ocupaciones ilegales en la entidad llanera.
Durante una asamblea, Armando Chacín, presidente de Fedenaga, rechazó el conflicto de la tierra y subrayó que debe haber una actuación inmediata por parte del Estado para resolver este problema.
Asimismo, insistió en el compromiso de presionar hasta que la «inacción del Estado» voltee la mirada hacia el amparo de la «poca producción» que se mantiene el país.
También, Chacín denunció la «extorsión que de alguna manera aplican algunos funcionarios públicos para hacerse de lo que no es de ellos».
Además, criticó el desacato de los cuerpos de seguridad en los desalojos que resultan de decisiones de tribunales de la República.
«Paz sin justicia no existe (…) ¿Cómo podemos hablar de paz si no hay justicia?», reflexionó.
En otro orden de ideas, Chacín recordó que en medio del proceso de Diálogo y Reconciliación Nacional, presentaron ante la Asamblea Nacional la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, con la vista puesta en la reducción de los conflictos del campo.
«No son delitos comunes lo que está pasando, están atentando contra la producción de alimentos y contra un país que bastante golpeado está», dijo para lamentar que hasta la fecha no han obtenido respuesta.
En cuanto al tema del abigeato y otros delitos, Chacín enfatizó que es necesario combatir la invasión como un hecho que entorpece la producción nacional.
En tal sentido, propuso la creación de un comité de víctimas para que empecemos a darle forma y manera a la recuperación del sector, reseñó una nota de prensa.
Caída de la producción en Barinas
José Labrador, presidente de AsoBarinas, recordó que tienen cuatro años luchando contra los atropellos a las familias productoras del campo de Barinas.
Ante eso, denunció el uso, desde entonces, de instrumentos como la Ley de Tierras de forma fraudulenta para apropiarse de unidades de producción.
«Se metían en una finca, atacaban el productor, le quemaban la finca, le robaban los animales, les destruían las máquinas operativas y después denunciaban la tierra como ociosa», destacó.
Por todo lo expuesto, Labrador responsabilizó por todas esta situación a grupos criminales que actúan bajo el nombre o figura de organizaciones campesinas.
Asimismo, dijo que todo esto ha ocasionado que Barinas, donde llegaron a sembrarse 70.000 hectáreas de maíz, hoy apenas este número supere las 8.000, lo que supone una reducción de casi 90%.
«Hoy queremos decir al Estado que esos productores aún tienen voluntad de trabajar, restitúyanle sus derechos», finalizó.
Caraqueños salieron a las calles este martes ante la ineficiencia en los servicios públicos del país. Falta de gasolina y agua fueron las principales razones
Protestas se generaron la tarde de este martes cuando un grupo de personas salieron a las calles en distintas partes del país para protestar ante la ineficiencia en los servicios públicos, a pesar de estar en “cuarentena colectiva”.
La autopista Caracas – Guarenas, fue una de las principales arterias viales cerradas, a la altura del cementerio Jardín el Cercado, luego de que un grupo transportistas y de personas rechazaran por la negativa de suministro de combustible.
De acuerdo con información publicada en la red social Twitter, manifestantes cerraron ambas direcciones de la autopista, e indicaron que después de horas de cola autoridades no permitieron llenar los tanques de sus automóviles.
GASOLINA NO HAY#31Mar A esta hora protestan cerrando la Autopista Guarenas – Caracas hasta que no surtan de gasolina a los vehículos pic.twitter.com/53UmUWfqO2
Por su parte, en la parroquia Caricuao del municipio Libertador de Caracas, habitantes salieron a las calles a manifestar ante la falta de agua que existe en el sector. Residentes de la zona aseguran que han pasado la cuarentena sin el vital líquido.
“Caricuao la UD4 tiene 3 semana sin agua, las terrazas más altas aún tiene más tiempo, hasta cuando Caricuao va a estar de esta manera, los baños sucios el 97% de la ropa sucia, no hay agua para lavarse ni las manos, como se ataca la crisis con el coronavirus”, expresó Daniel Dávila a través de la red social Twitter.
La vida en Venezuela, país aplastado por la corrupción y la antidemocracia ejecutada con base en artimañas creadas para descomponer toda elaboración pretérita. Especialmente, aquellas dirigidas a consolidar relaciones entre actores con ideologías políticas marcadamente diferentes y hasta contrarias. Pero, sin que tal diferenciación se prestara para agudizar desencuentros entre factores políticos de contraria fundamentación pues bajo ello dominaba el espíritu democrático.
Sin embargo, las contingencias que se suscitaron en lo que va de siglo XXI, forzaron a soslayar el hecho de pensar en que la posibilidad real de superar tan aguda brecha, era remitir la situación a un proceso de reconciliación de las diferencias. También conocido como “reconocimiento” de las diferencias. O sea, llegar a un estadio de crisis en que tan grave problema podría resolverse o constreñirse en el fragor de la barbarie que estaba generándose. Y en efecto, así se dieron las circunstancias. Y del mismo modo, continúan dándose.
Emplazar tan crudos hechos, obliga hoy día a revisar la capacidad que detenta la civilidad como bastión de potencialidades sociales, emocionales y culturales. Pero analizada desde la óptica de la política. Así, podrían encauzarse soluciones que armonicen el discurso político que reconoce en el conflicto la vía expedita para argumentar -paradójicamente- las rupturas necesarias que pudieran darse entre las realidades y el status quo. Visto éste, como la condición política bajo la cual se formalizan relaciones institucionales entre los actores sociales y políticos que participan en la movilidad del aparato público. Indistintamente de los intereses que activen a unos y a otros.
Pero al mismo tiempo, que la política sea entendida como un perseverante proceso de construcción de un orden público, cuyos naturales conflictos requieran de la civilidad como recurso de cambio a ser empleado frente a los embates que exaltan el acentuado problema de un individualismo exasperado. Sobre todo, cuando este individualismo es una de las causas del retroceso que ha padecido el país. Razón por la cual, buena parte de lo que acontece en sus ámbitos de movilidad, ha degradado proporcionalmente la funcionalidad del ejercicio de la política. Y al mismo tiempo, los contenidos de la economía.
Es cuando saltan a la palestra serios reveses desplegados a través de la indolencia, la indiferencia y la injusticia. Frente a estas características propias de la barbarie que está caracterizando la atmósfera social actual, y que sigue detallando capítulos de la historia, la civilidad puede actuar como puntal de procesos sociopolíticos y socioeconómicos capaces de contener tanto desarreglo recurrente. Desarreglos estos que atrofiaron el desarrollo integrador de la sociedad.
He acá una causal de la crisis que afecta países soportados sobre economías movedizas. Economías cuyos trazados contenidos en los lineamientos generales de todo plan nacional, fungen como fundamentos inamovibles del desarrollo prometido. Sin embargo, la declaratoria de motivación que acompaña tan fanfarroneados propósitos, tienden a verse como consideraciones retóricas de solapada caracterización. O mucho peor, pues entre sus bases referenciales suelen ocultarse explicaciones que descifran contundentes configuraciones de la crisis en cuestión.
Aunque estas crisis son manifestaciones del desarreglo que cunde por todo el ámbito de la sociedad venezolana, además acusado como consecuencia de la fragmentación social inducida desde los primeros años del siglo XXI, no hay duda que han repercutido sobre el contorno y entorno del régimen político en curso. Ese es el mismo problema que detenta un sistema político toda vez que sus criterios no logran dar con respuestas que incidan en torno a la gobernabilidad necesaria para equilibrar el desorden que, para un momento en particular, estaría dándose y contaminando el grueso de la estructura política.
Es precisamente el problema que determina la contracción funcional de un Estado establecido por la vía constitucional. Es la causa del desafuero que descompuso al Estado venezolano desde que el régimen político obvió razones históricas, jurídicas, políticas, culturales y sociales a partir de las cuales podría consolidarse el sistema político aducido constitucional y jurídicamente. Pero no fue así, dada la conmoción alentada por intereses de naturaleza proselitista y demagógica especialmente.
Así comenzó a desorganizarse lo que en Venezuela venía fraguándose a través de importantes esfuerzos democráticos que se dirigieron a restablecer el sentido de República. Sentido éste que se ha visto bastante estropeado por múltiples coyunturas y causales. Tantas han sido las contracciones que han apaleado la institucionalidad inspirada en el espíritu democrático perseguido, que tantos cambios equivocadamente administrados, dieron con un resultado inesperado.
En lo concerniente a Venezuela, se alcanzó la forma que más insidia y repugnancia pudo formalizarse. Y es cuando el Estado, lejos de avanzar, no sólo fue detenido su desarrollo. Sino además, retrocedido a condiciones inimaginables. Alcanzadas, gracias a la gestión política retrógrada, fascista y dantesca puesta en ejercicio por dirigentes militaristas, lo cual terminó generando la figura, expresión y condición de un Estado invertido.
Dígame usted… ¿cuál sistema prefiere? En los países de capitalismo salvaje, el modelo a seguir es el de un país muy grande, de economía poderosa y con un presidente capaz de quitar y poner gobiernos: Estados Unidos. En cambio, en los países de socialismo salvaje, el modelo a seguir es el de un país muy grande, de economía poderosa y con un presidente capaz de quitar y poner gobiernos: Rusia.
√ En los países de capitalismo salvaje, la cara oculta del gobierno son las grandes operaciones multinacionales de oferta y libre mercado. En cambio, en los países de socialismo salvaje, la cara oculta del gobierno son las grandes operaciones multinacionales de terrorismo y narco-lavado.
En los países de capitalismo salvaje, hay libertad de culto, pero el verdadero Dios es el dinero. En cambio, en los países de socialismo salvaje, no hay libertad de culto, pero el verdadero dios es el dinero.
√ En los países de capitalismo salvaje, puedes investigar al Estado, pero no a las corporaciones porque si no, te desaparecen. En cambio, en los países de socialismo salvaje, puedes investigar a las corporaciones, pero no al Estado porque si no, te desaparecen.
√ En los países de capitalismo salvaje, si te conectas bien, puedes llegar a ser millonario y convertirte en una de las familias dueñas del país. En cambio, en los países de socialismo salvaje, si te conectas bien, puedes llegar a ser millonario y convertirte en una de las familias dueñas del país.
√ En los países de capitalismo salvaje la banca puede dotarte de todo, pero si te equivocas con ella, quedas de patitas en la calle. En cambio, en los países de socialismo salvaje el Estado puede dotarte de todo, pero si te equivocas con ellos, quedas de patitas en la calle.
√ En los países de capitalismo salvaje, duermes muy poco porque te la pasas todo el día trabajando. En cambio, en los países de socialismo extremo, duermes muy poco porque te la pasas todo el día trabajando.
√ En los países de capitalismo salvaje, vives bajo la dictadura totalitaria de tu empleador (la empresa). En cambio, en los países de socialismo salvaje, vives bajo la dictadura totalitaria de tu empleador (el Estado).
En los países de capitalismo salvaje, el trabajo del pueblo va destinado a hacer millonaria a la élite política. En cambio, en los países de socialismo salvaje, el trabajo del pueblo va destinado a hacer millonaria a la élite política.
√ En los países de capitalismo extremo, el pueblo está molesto porque tiene poca capacidad de ahorro y acceso limitado a los servicios públicos, la salud y el transporte. En cambio, en los países de socialismo extremo, el pueblo está molesto porque tiene poca capacidad de ahorro y acceso limitado a los servicios públicos, la salud y el transporte.
√ En los países de capitalismo salvaje, el presidente termina su mandato más rico de lo que comenzó. En cambio, en los países de socialismo salvaje, el presidente termina su mandato más rico de lo que comenzó.
¿Leyó bien? Perfecto. Ahora, para decidirse por un sistema, lance una moneda. Si cae cara, vivirá en capitalismo salvaje. Si cae sello, vivirá en socialismo salvaje. Y dependiendo de cómo caiga esa moneda, su vida será completamente… idéntica.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
SUS MADRES, LUCHADORAS INCANSABLES buscan el milagro en un país donde se hace difícil conseguir un antialérgico, un antibiótico, un ansiolítico o una vacuna. Encontrar el camino que las lleve a conseguir un donante para sus hijos es casi un imposible, pero no están dispuestas a renunciar.
Talasemia mayor, leucemia linfoblástica aguda, aplasia medular, anemia drepanocítica severa, leucemias mieloides de alto riesgo, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Son palabras que no deberían formar parte del vocabulario de un menor, pero los niños conviven con ellas con una naturalidad casi inexplicable. El menor de los 26 tiene tan solo 4 años. El mayor, 17. La enfermedad y las condiciones de pobreza en las que viven han unido a sus madres en la lucha por salvar su vida.
Las mujeres cuentan, junto a sus hijos, el viacrucis que viven a diario en el hospital J.M. de los Ríos, el principal centro pediátrico público de Venezuela, donde cada día de espera es una batalla contra la muerte. “No podemos seguir así, hemos esperado mucho, todos los días alguien cae”, advierte Evellyne Fernández, madre de Edenny, una joven de 15 años diagnosticada con talasemia mayor, una forma de anemia severa que hace que las personas que la padecen necesiten transfusiones de sangre cada tres semanas.
La joven, que sueña con ser abogada, recibe transfusiones desde que tenía tan solo siete meses y contrajo hepatitis C por una donación de sangre a la que no se le aplicaron protocolos de serología pertinentes, porque en el país no hay los reactivos necesarios para realizar estudios clínicos, según han denunciado varios médicos.
Cristina, una adolescente con talasemia que antes de enfermar era modelo, tocaba el violín y soñaba con ser publicista, espera un trasplante de médula desde 2014, pero en 2016 su situación comenzó a agravarse y, como Edenny, contrajo hepatitis C por una transfusión de sangre. Además, padece malnutrición moderada, producida por la misma talasemia, y lupus eritematoso sistémico. Su madre, Rosa Colina, cuenta que, en ocasiones, le vence desánimo: “ya mamá, no quiero más”.
Lo mismo le sucede Jerson, de 14 años, que sufre aplasia medular severa, una enfermedad por la que la médula deja de producir las células encargadas de generar los componentes de la sangre. El Trombopac, un medicamento que podría ayudarle, no se puede conseguir en Venezuela. Quien tiene la suerte de encontrarlo, puede llegar a pagar 800 dólares por él.
Y no solo se enfrentan a este riesgo. Los niños necesitados de transfusiones deben tomar un medicamento que ayuda a reducir la sobrecarga de hierro en la sangre. A finales del pasado año dejaron de tomarlo porque el Estado ya no se lo proporciona y es muy difícil de conseguir en el país.
EEUU, PERMANENTE CULPABLE
En Venezuela, solo dos centros realizan los trasplantes medulares, siempre que cuenten con donantes: La Ciudad Hospitalaria Henrique Tejera (CHET) de Valencia (público), y el Hospital de Clínicas Caracas (privado). En este último, el trasplante puede llegar a costar alrededor de 20.000 dólares, algo inalcanzable para un venezolano promedio, que gana 6 dólares al mes.
Erick Altuve, de 11 años, quien murió de cáncer el 26 de mayo, ayuda a llevar el ataúd de su hijo a su casa después de saber que no podía enterrarlo por una tarifa impaga en el cementerio. en el barrio de Petare, Caracas, el 29 de mayo de 2019. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
En 2006, el Gobierno de Venezuela estableció con Italia -donde hay un banco de médula- un convenio por el cual los niños que no tenían donantes podían ser trasladados al país europeo para recibir un trasplante. El programa era financiado por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero desde inicios de 2018 se encuentra paralizado.
El régimen de Nicolás Maduro culpa a Estados Unidos de la paralización de este programa, pues asegura que el Gobierno de Donald Trump le impuso un “bloqueo económico” que le impide pagar a la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea (ATMO) de Italia. El Ejecutivo asegura que “el sistema financiero europeo de Novo Banco, de Portugal, se ha negado a procesar” las órdenes de pago emitidas por Pdvsa, debido al “bloqueo” que denuncian desde finales del año pasado y afirma que tienen retenidos casi cinco millones de euros.
Sin embargo, médicos, organizaciones no gubernamentales y demás personal hospitalario resaltan que la paralización del convenio no se debe a las sanciones, ya que el programa presenta retrasos desde 2015, pero el deterioro de los hospitales se viene produciendo desde hace al menos una década. Los equipos están dañados, hay fallos en los programas alimenticios y la escasez de fármacos y materiales sanitarios puede llegar al 80 %, según han denunciado reiteradamente los sindicatos médicos.
Según la última Encuesta Nacional de Hospitales realizada por la organización Médicos por la Salud, 1.557 pacientes murieron en centros sanitarios por falta de material y 79 por apagones entre el 19 de noviembre y el 9 de febrero pasado. La ONG, que realiza esta encuesta desde 2014, toma en cuenta los 40 hospitales más importantes del país.
Las madres de los pequeños afectados recalcan que los hospitales ya tenían muchos problemas antes de las sanciones, y se quejan de que el Gobierno no les ofrezca ninguna solución. Algunas, como Inés Zarza, censuran que Maduro haya aprobado un gasto de 50 millones de euros para la creación de una industria militar textil y otros más de seis millones de euros para la fabricación de armas.
“En su mente tienen una guerra en la que nadie va a pelear con ellos”, señala Inés, quien tiene mellizas de 7 años, una de ellas, María Elena, con anemia drepanocítica severa (que destruye los glóbulos rojos). La mujer, ama de casa, ni siquiera ha podido practicarles la prueba a las mellizas para ver si son compatibles para el trasplante porque no puede pagar los 2.600 dólares que cuesta.
UNA FAMILIA NACIDA DE LA ADVERSIDAD
Estas mujeres se han convertido casi en familia. Están unidas por una misma causa, aunque sus hijos tengan diferentes enfermedades. Todas colaboran entre sí cuando algunos de sus niños no cuentan con los medicamentos necesarios para sus tratamientos. Llevan tantos años luchando juntas que hasta ofrecen sus casas a las madres que llegan desde el interior del país con problemas como el suyo.
“Entre madres uno se ayuda, a veces yo me paro ahí en el hospital a preguntar quién tiene un medicamento, y si alguien lo tiene me lo da y yo después se lo repongo y así”, cuenta Jacqueline Sulbarán, madre del pequeño madre de un niño de 10 años que sufre leucemia. El pequeño debe recibir quimioterapia durante dos años para evitar la enfermedad regrese, y su madre pelea contra las dificultades. En el hospital “no hay nada” y los tratamientos están paralizados porque se dañó el aire acondicionado de la sala. Las mujeres también reciben el apoyo económico de fundaciones, o de sus familiares más cercanos cuando pueden hacerlo.
VIDAS QUE SE APAGAN
Son cuatro ya los niños que han muerto en mayo esperando por un trasplante: Giovanni Figuera, de 6 años, Robert Redondo, de 7, Yeidelberth Requena, de 8 años, y Erick Altuve, de 11.
Giovanni tenía leucemia linfoblástica aguda, y murió el 6 de mayo tras pasar dos meses hospitalizado en el J.M. de los Ríos.
Este jueves se cumplen dos meses del día en el que la adolescente Ángela Aguirre, de 16 años, fue asesinada durante una fiesta en la isla La Terecaya, en el río Caroní (Puerto Ordaz, estado Bolívar).
Desde entonces hasta acá nada está claro en torno de su muerte. Ha habido dos autopsias, decenas de protestas de sus familiares y amigos y el apresamiento de siete personas (cinco hombres y dos mujeres) que estaban con ella en la noche en la que desapareció, la del sábado 23 de marzo.
Pero nada más. Fue por eso que este miércoles, la Subcomisión de la mujer e igualdad de género de la legítima Asamblea Nacional emitió un acuerdo en el que rechaza las turbiedades que han salpicado el caso y en el que continúa exigiendo justicia.
La subcomisión, que presiden los diputados Manuela Bolívar y Miguel Pizarro, es parte de la Comisión permanente de desarrollo integral social. En el documento explican que desde que el cadáver de la adolescente flotó en el río Caroní el martes 26 de marzo, la justicia venezolana solo ha dado indicios de querer favorecer a los señalados como responsables de la muerte.
“Desde el principio del caso, sus padres han reportado una serie de irregularidades donde la justicia del Estado violento y patriarcal trata de invisibilizar el crimen. El caso se ha visto enredado en una serie de de soborno, cambio de fiscales y encubrimiento”.
También detalla que hubo una segunda autopsia con la que se pretendió cambiar los resultados de la primera, en la que se determinó que la muchacha, habitante de San Félix y estudiante de quinto año de bachillerato, había sido violada. El resultado del segundo examen habla de “muerte accidental”.
Protesta permanente
Al día siguiente de la desaparición de Aguirre, las siete personas involucradas (incluyendo a José Alberto Cedeño, de 18 años, a quien en un mensaje de voz que grabó antes de morir, Aguirre acusó de haberla violado) fueron detenidas. Los familiares y amigos de la víctima han denunciado que hubo pagos de sobornos a fiscales y a autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (Cicpc) para favorecer a los responsables. De esa denuncia también es eco el documento de la AN.
“Rechazamos la pretensiones, por parte de las autoridades, de cambiar y ocultar los hechos del asesinato y exigimos justicia para Ángela Aguirre y para su familia”, apunta.
La semana pasada, la abogada de la familia Aguirre refirió que los siete detenidos tenían privilegios en el lugar en el que están: el Eje de Homicidios del Cicpc en San Félix. La familia continúa protestando para que haya justicia, una manifestación que ha acompañado la sociedad guayanesa.
