estado de excepción

Los expresidentes José Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos se reúnen con Nicolás Maduro el 18 de mayo de 2016. (Foto: EFE)

 

Procurar destituir al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, fue decidido por la alianza de gobiernos castrochavistas. El gobierno de Ecuador anunció el 19MAY16 que buscará la remoción de Almagro por perjudicar el “buen nombre e integridad de la Secretaría General”. Ecuador, al igual que los países del Alba, se pronunciaron contra Almagro luego que el uruguayo emitiera el 18MAY16 una carta a Nicolás Maduro en la cual, entre otras acusaciones, lo tildó de “dictadorzuelo” por impedir el referendo revocatorio en Venezuela. La destitución de Almagro requeriría dos terceras partes de los votos de los gobiernos miembros de la OEA. La eventual suspensión de Venezuela de la OEA, en cumplimiento extremo de la Carta Democrática, también requiere dos tercios de votos. Dada la realidad política continental parece improbable que Almagro o Venezuela salgan de la OEA.

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Con “escepticismo” sobre sus resultados se muestra la Oposición venezolana ante la iniciativa de un grupo de expresidentes extranjeros, encabezados por el español José Rodriguez Zapatero, quienes supuestamente en nombre Unasur promueven un “diálogo nacional” en Venezuela. Salvo un comunicado del gobierno de Colombia del 20MAY16, la misión de Zapatero no fue aprobada por los gobiernos de Unasur tratándose de una iniciativa personal del Secretario Ernesto Samper  abierto socio político del régimen venezolano. Además del español, el grupo está conformado por el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández.

Según fuentes madrileñas consultadas, Zapatero estaría actuando sin consentimiento del PSOE en una actividad que es evaluada por los socialistas españoles como favorable al gobierno chavista. La cercanía de Zapatero con   Maduro habría causado malestar en la actual cúpula del  partido socialista español ya que el tema “Venezuela” se ha convertido en asunto de la caldeada agenda electoral española.

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Por medio de vínculos en la Internacional Socialista, en el contexto de las elecciones presidenciales en República Dominicana del 15MAY16, emisarios de Samper y la Oposición venezolana representada por su “canciller” Timoteo Zambrano, acordaron reunirse en Caracas con el grupo de expresidentes para escuchar su propuesta de mediación con el Gobierno. Inicialmente en Caracas corrió la versión según la cual Zapatero viajaba a solicitar a Maduro la concesión de prisión domiciliaria para los presos políticos y dirigentes opositores Leopoldo López y Manuel Rosales.

Zapatero y Torrijos fueron recibidos la noche del 18MAY16 por Maduro en el Palacio de Miraflores. Al día siguiente, Zapatero se reunió en el Palacio Federal, sede de la Asamblea Nacional, con Henry Ramos Allup y con líderes de los principales partidos de Oposición que conforman la MUD. Tras esos encuentros, Zapatero afirmó, con más deseos que convicción, que existe “voluntad” de diálogo entre Maduro y la MUD.

En un comunicado del 19MAY16 la Oposición saludó la iniciativa de Zapatero pero dejó constancia que “el primer punto de la agenda de todo proceso de diálogo serio en la Venezuela actual debe ser” la realización del referendo revocatorio contra Maduro. La MUD reiteró su posición de que la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados son condiciones previas a cualquier “diálogo”. Tras conocerse la posición opositora, el cogobernante Diosdado Cabello, en presencia de Maduro, afirmó que “no hay pacto ni conciliación con la burguesía y la derecha venezolana, no hay ningún tipo de acuerdo”.

Todo indica que las gestiones de Zapatero comenzaron y terminaron el 19MAY16 ya que el régimen chavista está entrabando el referendo revocatorio y se niega a liberar a presos políticos. Lejos de un ambiente de diálogo, la visita de Zapatero a Venezuela coincidió con la agudización del esquema totalitario con el cual el régimen chavista ejerce el poder. Además, el expresidente Fernández provocó serias dudas sobre las verdaderas intenciones y móviles del grupo de expresidentes.

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Leonel Fernández no participó en las reuniones que sostuvo Zapatero con Maduro y la MUD. El dominicano sólo se hizo presente durante la rueda de prensa ofrecida por Zapatero en un hotel caraqueño la tarde del 19MAY16, en la cual participó además el boliviano Mauricio Dorfler quien es Director de Asuntos Políticos de Unasur y representaba a Samper. Durante su intervención, Fernández anunció que estaría a cargo de  la “coordinación de un equipo económico” que trabajará “en los distintos aspectos de la economía venezolana”. Fernández dijo que llevaría a Venezuela economistas expertos que proveerían “data” y “las estrategias económicas a seguir” para resolver  problemas de abastecimiento y desarrollo económico. Fernández dijo además que “nos parece fundamental volver a la estabilidad con crecimiento económico, con suministro de los bienes y servicios básicos” a la sociedad venezolana. Mientras Zapatero fue cauto en su anuncio de  promover un “diálogo nacional”, Fernández expuso todo un programa de trabajo como si ya existiera un acuerdo entre Maduro y la Oposición, el cual obviamente no se ha producido.

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En medios políticos opositores en Caracas, antes incluso de la llegada de los expresidentes a Venezuela, corría el rumor de que Fernández intentaba imponer  un inconsulto paquete de asistencia en materia económica en el cual estaría involucrado al premio Nobel y consultor internacional Joseph Stiglitz. Un paquete de ese tipo representa importantes erogaciones y ganancias para sus promotores y Fernández lo presentó falsamente como si ya fuera una decisión de las partes.

La Oposición venezolana, en su comunicado del 19MAY16, denunció a Fernández: “expresamos públicamente nuestra extrañeza por lo planteado (…) por Leonel Fernández, sobre el tema económico. Nada de lo afirmado por Fernández formó parte de lo conversado con el ex mandatario español Rodríguez Zapatero. De hecho, nuestra visión de la tragedia económica que vive nuestro país difiere radicalmente de lo dicho por Fernández (…) en Venezuela no hay solución económica si no hay cambio político”. La maniobra de Fernández quedó al descubierto.

Ya el 20MAY16 Fernández y un “grupo de economistas de Unasur” sostuvo un encuentro con el vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Istúriz y varios ministros en lo que fue calificado como la “instalación” de un equipo económico de Unasur para Venezuela que trabajaría para el gobierno Maduro y no por un acuerdo entre el Gobierno y la MUD.

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Nicolás Maduro suspendió los derechos constitucionales en Venezuela y amenaza con colocar abiertamente las tareas de orden público, y en consecuencia la represión contra opositores, en manos de civiles militantes de su partido.

La suspensión de garantías se produjo con la emisión el 13MAY16 de un decreto presidencial de “Estado de Excepción y de Emergencia Económica” que no especifica los derechos constitucionales que quedan sin efecto por el lapso de 60 días. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo, controlada por el chavismo, sentenció el 19MAY16 que el decreto de Maduro es “constitucional” y dejó sin efecto la decisión de la Asamblea Nacional que en votación del 16MAY16 había rechazado el “estado de excepción”. La Constitución venezolana establece que el rechazo de la Asamblea Nacional deja sin efecto el decreto, pero valiéndose de subterfugios “legales” el TSJ, como ya es usual, anuló la decisión de la representación popular.

Aparte de suspender derechos constitucionales, amparado en su decreto, Maduro dejará de presentar a la Asamblea Nacional los requerimientos presupuestarios pasando a autoaprobarse las partidas de gastos, ordenará la revisión de cualquier acuerdo firmado por venezolanos con “entidades u organismos extranjeros”; liberará las compras y contratos oficiales de los procesos de licitación, entre otras medidas específicas.

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El decreto Maduro de suspensión de garantías constitucionales anuncia la incorporación de cuadros partidistas para “mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país”. Esas tareas son asignadas a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y “demás organizaciones de base del poder popular” que actuarán junto a la Fuerza Armada Nacional. Los Clap son el más reciente invento organizativo del régimen chavista y tienen como propósito la participación directa del aparato partidista en la distribución de alimentos. Ahora Maduro le asigna a las Clap tareas policiales y militares. Los Clap están compuestos por militantes chavistas procedentes de “Unamujer”, de las “Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH)” y del “Frente Francisco de Miranda”. Unamujer y las UBCH son niveles organizativos y propagandísticos del partido oficialista PSUV, mientras el Frente Francisco de Miranda es una organización creada en 2006 por Fidel Castro, Evo Morales y Chávez para el entrenamiento paramilitar de cuadros juveniles.

Luis Reyes Reyes, vicepresidente de Seguridad y Defensa del PSUV, anunció el 17MAY16 que en apoyo al decreto de Maduro comenzaron a reclutar 80 mil militantes para conformar los “cuerpos de milicianos del Partido Socialista Unido de Venezuela” que afrontarán “cualquier circunstancia que se nos presente, no solo desde el punto de vista de la defensa del país, sino también de la seguridad interna”. La dirección de los Clap fue entregada por Maduro al expolicía y dirigente chavista Freddy Bernal.

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La Policía Federal de Brasil realizó a primeras horas del 20MAY16 una serie de detenciones relacionadas con investigaciones que apuntan hacia Lula da Silva. El Ministerio Público Federal (MPF) investiga posible tráfico de influencia de Lula en el otorgamiento de financiamiento estatal a la constructora Odebrecht para obras fuera de Brasil durante el gobierno de Dilma Rousseff. Una pequeña empresa de construcción con sede en Santos, São  Paulo, recibió inusuales contratos de Odebrecht para ejecutar obras en Angola. Uno de los propietarios de esa empresa, Taiguara Rodrigues dos Santos, es sobrino de Lula. Las autoridades sospechan que los contratos a esa empresa habrían sido pagos de propina a Lula.

En medio de la crisis política brasileña, la policía y el MPF continúan investigando a Lula y su entorno político y familiar. El expresidente no cuenta con fuero especial y podría ser objeto de detención por mandato de la justicia ordinaria.

 

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

 

@Jorgepabon

El Nacional

 

 

Venezuela está viviendo la crisis más grande su historia, el desastre de la  economía, la carestía de alimentos, falta de medicamentos de todo tipo, el caos en el sistema de salud pública, la inseguridad galopante que nos lleva a ser uno de los países más inseguros del mundo, la justicia injusta y complaciente y otros más que ahora se me pueden escapar, nos ha llevado a vivir una situación que nunca ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos habíamos vivido. Hemos pasado de ser un país rico, donde en las medidas de las posibilidades de cada uno podíamos satisfacer nuestras necesidades básicas, sin el más mínimo contratiempo, a convertirnos en un país de mendigos donde el día se nos va consiguiendo algo para alimentarnos o una medicina que nos salve de la muerte.

Diecisiete años de desidia, de malas políticas públicas, de un populismo barato, de promesas incumplidas aunado a los grandísimos niveles de corrupción que han enriquecido a muchos funcionarios públicos y sus amigos, todo esto ante una total impunidad por parte de los organismos de administración de justicia, nos ha llevado a sufrir lo que ahora estamos viviendo, el caos total del país.

Como respuesta a la crisis el Presidente de la República, responsable directo de todo lo que está pasando bien sea por acción u omisión, el pasado trece de mayo dicto un decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica ante las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional, fundamentándose en los artículos 337, 338 y 339 de nuestra Constitución Nacional que regula esta materia conjuntamente con la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción.

Este decreto es una extraña mezcla de competencias económicas, sociales, políticas, ambientales, etc., que incluye facultades de los tres tipos de estado de emergencia que plantea la Constitución. Igualmente hay una serie de considerandos en los que culpa de manera directa a la oposición venezolana, la Asamblea Nacional, el decreto de Obama, el niño, gobiernos extranjeros, grupos económicos nacionales, paramilitares, entre otros, cuestiones estas, que han motivado el decreto, por supuesto que en ningún punto se asumen responsabilidades propias y de su equipo de gobierno sino que se van por la vía mas fácil, culpar a los demás de lo que pasa, nada extraño a lo que están acostumbrados a hacer, culpar a los demás y no asumir su responsabilidad como en efecto la tienen.

La Asamblea Nacional el pasado 17 de mayo no aprobó el decreto de Estado de Excepción, requisito establecido en el artículo 339 de nuestra Constitución para su entrada en vigencia basándose en los siguientes planteamientos: “Que el Presidente de la República ha anunciado que mantendrá al país bajo estado de excepción durante el resto del año, poniendo de manifiesto su determinación de imponer su voluntad a toda costa, sin importar lo que establezca la Constitución y los controles que prevé, en una temática tan delicada para la vigencia de los derechos humanos como la de los estados de excepción; Que el Decreto N° 2.323 declara un estado de excepción genérico, que bajo la denominación de emergencia económica comprende la materia política y otras relacionadas con el orden público, el mantenimiento de la paz social, la preservación del orden constitucional y el financiamiento internacional a organizaciones privadas, junto a las de índole natural y ecológica, con lo cual podrían ser afectados, indebidamente, derechos de carácter civil o político; Que el decreto vulnera varios derechos humanos o establece los fundamentos para su violación, mediante normas indeterminadas y habilitaciones genéricas; Que no puede invocarse el estado de excepción como pretexto para obtener una concentración de poderes y que el decreto de estado de excepción y emergencia económica suspende arbitrariamente preceptos constitucionales, como los relativos a las facultades de control de la Asamblea Nacional sobre los contratos de interés público, a sus poderes de control político sobre altos funcionarios ejecutivos y de control presupuestario; Que el decreto se dicta en buena medida para reducir las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, en los ámbitos ya mencionados, con lo cual se está usando el estado de excepción para derribar la Constitución no para garantizarla; Que el estado de excepción no suspende la Constitución ni el Estado de Derecho, ni puede justificar la vulneración de derechos humanos, y tampoco puede cercenar atribuciones constitucionales de otros poderes del Estado. Que algunas de las medidas contempladas en el decreto pertenecen al ámbito de la legalidad ordinaria y otras son disposiciones desmesuradas que se adoptan ante la negligencia o complicidad del Presidente de la República frente a los problemas económicos que ahora según afirma intenta combatir; Que el decreto permite que se restrinja, con base en meras presunciones, la actuación de organizaciones privadas que reciban financiamiento internacional, bajo una regulación absolutamente vaga que favorecerá los abusos y la discriminación, en particular contra organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos; Que el decreto no alude a los controles internacionales a los que debe estar sujeto, con lo cual se reiterará la violación del orden internacional que se cometió con motivo del pasado decreto de emergencia económica, que no fue sometido a tales controles”.

Igualmente la organización no gubernamental Control Ciudadano mediante un comunicado expreso “El Decreto 2.323, de fecha 13 de mayo de 2016, mediante el cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, no sólo viola disposiciones claves del Título VIII de la Carta Magna, referido a la Protección de la Constitución, sino que además formaliza una dictadura de nuevo cuño en Venezuela”.

Pienso que este decreto no va a solucionar los graves problemas que tenemos los venezolanos hoy en día sino que más bien los va a aumentar, tenemos que recordar que este decreto se podría considerar como una extensión a la emergencia anteriormente vigente desde el 15 de enero de 2016, la cual finalizó a mediados de mayo, al haberse cumplido los 60 días de validez, más la prórroga por un lapso similar, sin haber solucionado ninguno de los problemas que vivimos sino más bien agravarlos. La crisis actual es mucho peor que la que se vivía en enero de 2015 y tiende a profundizarse a medida que pasan los días.

El Presidente Maduro se ha investido de competencias, muchas de las cuales no le corresponde, con el fin de mantenerse en el poder, pudiendo con este decreto atacar y perseguir con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a todos los que piensen diferente a él, entre los que están comerciantes, empresarios, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a todo el que a se le ocurra, son tiempos difíciles, amanecerá y veremos.

 

@cnietopalma

El Nacional

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería exigirle al Presidente Nicolás Maduro que revoque un decreto de emergencia que limita la posibilidad de la Asamblea Nacional y de las organizaciones no gubernamentales venezolanas de cuestionar los abusos de poder cometidos por el gobierno, manifestó hoy Human Rights Watch.

Para HWR, el decreto de emergencia del Presidente Maduro vulnera las obligaciones jurídicas internacionales que surgen de la Carta Democrática Interamericana, que obliga al país a promover y defender la democracia representativa, la cual incluye como uno de sus componentes esenciales a la separación de poderes.

“Hasta hace poco, el gobierno de Maduro ha podido encarcelar a opositores y cercenar los derechos de ciudadanos de a pie sin temor a ningún tipo de reacciones de los otros poderes”, observó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Pero ahora que la oposición controla la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente se atribuyó a sí mismo la facultad de despojar a este órgano de su potestad de sancionar a funcionarios gubernamentales”.

En la práctica, el “estado de excepción” declarado por el Presidente Maduro podría otorgarle al gobierno mayor discrecionalidad para limitar aún más derechos humanos, apunta la organización, «que ya están siendo continuamente vulnerados en Venezuela, incluidos los derechos a la libertad de asociación y expresión».

Recordaron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que los gobiernos podrán “derogar” o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos declarando el estado de emergencia, pero sólo ante situaciones excepcionales que “pongan en peligro la vida de la nación”.

Incluso en esos casos, continúan, los gobiernos sólo pueden derogar sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos “en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación” y para Human Rights Watch el Decreto declarado por Maduro no cumple con estos requisitos. Indican que, por el contrario, «pareciera ser una medida con motivaciones políticas contra opositores del gobierno y las organizaciones independientes».

Human Rights Watch asegura que dadas la interpretaciones autorizadas de la Carta Democrática Interamericana ofrecidas por el Comité Jurídico Interamericano y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA dejan en claro que situaciones como las actuales en Venezuela —donde el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno— justifican una respuesta activa por parte de la OEA, con o sin el consentimiento del gobierno venezolano.

“A la luz del pobre desempeño del gobierno de Maduro, hay razones de sobra para temer que éste responda a una creciente crisis económica y política empleando prácticas represivas, incluyendo detenciones arbitrarias, censura y violencia”, dijo Wilkinson. “La OEA debe actuar ahora, antes de que la situación empeore”.

Este pronunciamiento de HRW llega el mismo día que el diputado y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, formalizará la petición ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela.

 

*Con información de nota de prensa

Como el papel aguanta todo, el decreto 2.323 que establece las directrices de la emergencia económica y el Estado de Excepción del presidente Nicolás Maduro, abarca una docena de tópicos de diversas áreas. La Gaceta Oficial Extraordinaria del 13 de mayo de 2016 contiene desde las supuestas intenciones golpistas de la Asamblea Nacional hasta la necesidad de proteger los bosques y las limitaciones para los retiros bancarios. El documento no se olvida de nadie. Como si se tratara de una carta de agradecimiento o despedida, le dedica unas líneas al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en los mismos 12 artículos donde recuerda a los bachaqueros de Petare y a los delincuentes de la Cota 905 —ahora llamados paramilitares por el oficialismo—.  En Runrun.es revisamos el decreto de arriba a abajo, lo resaltamos punto por punto y a continuación explicamos lo que no se dice y lo que se dice al revés

 

El papel aguanta todo: De Obama a los bachaqueros

Maduro vive, el hambre sigue

 

Tanto la satisfacción del derecho a la alimentación (Art. 305 de la Constitución), como el derecho a la salud (Art. 83 de la Constitución); se han visto comprometidos debido a la escasez y al desabastecimiento de alimentos básicos y medicinas esenciales. Se suma el derecho a la educación (Art. 102 de la Constitución), limitado por la suspensión de actividades académicas de un día a la semana, decretada por el Ejecutivo Nacional.

 

Las misiones de mentira

 

Los recursos extraordinarios no han llegado a las misiones en los últimos años. En las escuelas públicas dejó de darse el vaso de leche y las comidas se sirven incompletas. En la Memoria y Cuenta de la Misión Vivienda de los últimos tres años se ha hecho público el retraso de las obras por falta de materiales necesarios. Hasta abril de 2016, la tarjeta de las misiones socialistas llegaba a menos de 600 mil familias, por un monto mensual de 14.500 Bs., 14 veces inferior al costo de la canasta básica. El Plan de Transporte y Obras Pública sólo se intensifica en época electoral y ha dejado como resultado edificaciones que pasan por alto normativas internacionales de vialidad y construcción. El Sistema de centralización de las compras del Estado sólo ha acrecentado la ineficiencia, la burocracia y ha puesto en grave peligro la transparencia de las transacciones.

 

El decreto de Obama da para todo 

 

El decreto de Obama no atacó al país, sino a un grupo de funcionarios del Gobierno. La consideración no especifica de qué manera ha afectado esta orden administrativa a los ciudadanos.

 

A Venezuela le tocó “el niño” más malo

 

Si bien la sequía de «El Niño» ha dejado efectos en todo el mundo, la situación de indefensión de Venezuela ante este fenómeno no se compara con ningún otro país. La falta de planificación del Gobierno ante los pronósticos climáticos, que pueden adelantarse por años, ha hecho que los venezolanos sean víctimas de racionamientos diarios de electricidad y que se queden sin agua en sus hogares durante semanas. A «El Niño» se le achaca la incapacidad de los suelos para producir alimentos, pero no se menciona la falta de semillas importadas, maquinarias y otros suministros necesarios para mantener activos los campos venezolanos.

 

“Agentes económicos” desconocidos son culpables de las colas

El gobierno culpa a «agentes económicos» de generar «colas inducidas», cuando estas son una consecuencia del desabastecimiento que ha ido in crescendo desde 2008, generado a su vez por las expropiaciones de empresas y las limitaciones que desde el Ejecutivo se imponen al aparato productivo. Lo mismo ocurre con el «bachaqueo»,  que no es más que la aparición de revendedores que hacen efectivas las leyes de oferta y demanda: hay mucha demanda (de productos alimenticios) ante una oferta que cada vez es menor. El «clima de desasosiego y la incitación a la violencia entre hermanos» son producto de la frustración que sienten los venezolanos ante la escasez y la imposibilidad de llevar a sus hogares lo necesario para vivir. No en vano, las cifras de saqueos e intentos de saqueo han aumentado cada mes durante este año.

 

Empresarios contra la pared y manos arriba

 

¿Cómo puede el sector público «asegurar el apoyo» del sector privado en la actividad productiva? Sólo a través de la implementación de medidas que controlen, todavía más, todos sus procesos. La presión que recibirán las empresas será mayor a la que hoy reciben.

 

2. La Asamblea Nacional en la mira

Una AN que respeta la Constitución  

 

La Asamblea Nacional ha acatado todas las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, incluso aquellas que menoscaban atribuciones del Poder Legislativo consagradas en la Constitución, entre ellas, la facultad de emitir votos de censura contra funcionarios públicos, lo cual acarrea la remoción del cargo (Art. 187, numeral 10). Las vías que emprende la oposición agrupada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática, para promover un cambio de Gobierno, están contempladas en la Constitución. La posibilidad de revocar un cargo de elección popular está prevista en el Art. 72 de la Carta Magna.

 

Más ataques a la AN

El Art. 187 (3) de la Constitución, faculta a la Asamblea Nacional para ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración pública, atribución que no debe entenderse como una “confrontación deliberada” del Poder Legislativo.

 

Una aplanadora sobre la Asamblea

 

El Art. 187, numeral 6 y 7, facultan a la Asamblea Nacional para aprobar el Presupuesto de la Nación, así como los créditos adicionales que sean requeridos. Con esta medida, se desconoce esta atribución del Poder Legislativo.

La AN también tiene la función de aprobar contratos de interés público es una atribución de la Asamblea Nacional, establecida en el Artículo 187, numeral 9.

 

A la Constitución que la parta un rayo

 

 

El Artículo 187, numeral 10, faculta a la Asamblea Nacional para emitir votos de censura contra funcionarios públicos. El decreto deja sin efecto la consecuencia del voto de censura, es decir, la remoción del cargo del funcionario.

 

Criminalización del financiamiento internacional

¿A qué instituciones buscan dejar sin fondos para su funcionamiento? ¿A las ONG? ¿A las gobernaciones y alcaldías? ¿Impedir la ayuda humanitaria?

 

3. La excusa del orden público y la paz social para militarizar y reprimir

¿Y entonces, quién es el que se reúne con “paramilitares”?

 

La OLP (Operación de Liberación del Pueblo) realizada por el Gobierno desde el pasado 10 de mayo se han efectuado principalmente en sectores que fueron convertidos en Zonas de Paz por el Ministerio de Relaciones Interiores -Cota 905, El Valle, Valles del Tuy y Barlovento-. Fue  José Vicente Rangel Ávalos, ex viceministro de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quien pactó y entregó esos territorios a las bandas delictivas. Y mientras el Gobierno no ha mostrado ninguna prueba o evidencia que vincule a dirigentes políticos de oposición con estas organizaciones delictivas, sí hay fotos y videos, e incluso una entrevista, que muestran a Rangel Ávalos -quien continúa en ejerciendo cargos en el Ejecutivo- reunido con los jefes de peligrosas bandas. También hay fotografías de otros funcionarios y ex funcionarios junto a miembros de grupos delictivos.  

 

 

Estas bandas han repotenciado su poder de fuego con armas de guerra (fusiles y granadas) y municiones salidas de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que pertenece a la FANB. Con base a las evidencias encontradas en los escenarios de los tiroteos, funcionarios del Cicpc concluyeron que 85% de los proyectiles encontrados tienen la identificación de Cavim.

Desde que iniciaron las OLP, el 13 de julio de 2015, no se ha conocido de la detención de ningún paramilitar de origen colombiano en los barrios de Caracas. Por el contrario, delincuentes de la Cota 905 se burlaron del presidente Nicolás Maduro y aseguraron que en esas zonas “no  hay paramilitares”.

 

Zamuro cuidando carne

 

El decreto asigna a dos instituciones probadamente corruptas -FANB y policías- la responsabilidad de garantizar la correcta distribución de la comida. Al frente del Ministerio de Alimentación hay un militar y la escasez de alimentos continúa; en las fronteras persiguiendo el contrabando de extracción, pero la comida de los venezolanos sigue saliendo del territorio nacional sin ninguna explicación.

Los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (Clap), estructuras civiles recién creadas, brindarán apoyo la FANB.

 

Clap, clap, clap… Hambre, socialismo y muerte

 

Los Clap que se están comenzando a crear en las zonas populares, no solo tendrán el monopolio de la distribución de comida en los barrios, sino que además compartirán funciones de orden público y seguridad con la FANB y las policías. ¿Pero con qué armas?

Integrar estas funciones de los Clap en los sectores populares es la razón por la cual Freddy Bernal, ex comisionado para la Transformación Policial fue designado jefe del Centro Nacional de Mando y Control de los Clap. Además el relanzamiento de las OLP se fundamenta en los planes y propuestas del ex policía y dirigente del Psuv.

 

Un decreto sazonado en Fuerte Tiuna

 

Mucho de lo contenido del decreto estaba planteado en documento elaborado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y discutido con el Estado Mayor Superior Ampliado el 5 de febrero de 2016 en Fuerte Tuina. Allí se habla de las amenazas internas y externas y se identifica a los potenciales “enemigos” del mandato de Maduro. También se preveé la importancia mantener el orden público, para lo cual ordena abastecer de armas a las milicias y al pueblo.  

 

Delincuentes armados, ciudadanos desarmados, escoltas desempleados…

 

El Gobierno reserva para la FANB y los cuerpos de seguridad de Estado el uso de armas de fuego. Para “garantizar la seguridad ciudadana y resguardar la integridad física de los ciudadanos”, la estrategia es desarmar a los ciudadanos -que poseen portes legales- y los funcionarios policiales que no estén en funciones, y así dejarlos a merced del hampa. No dice nada sobre desarmar a los delincuentes que continúan usando granadas, AR-15 y Ak-47 Esta medida también afectaría a los escoltas.

 

Paz social y orden público a la fuerza… “potencialmente mortal”

 

“Orden público y paz social” son los argumentos que utiliza el Gobierno para dejar en manos de las autoridades -que en 17 años no han logrado controlar la violencia- la decisión de tomar medidas que, a todas luces, podrían terminar en represión y violaciones de DD HH. Más allá de la advertencia que hace el artículo sobre este punto, la experiencia de 2014 deja claro que este gobierno no duda en usar las armas contra el pueblo, bien mediante la FANB o a través de sus grupos paramilitares (colectivos) y quizás ahora los Clap. Además sigue vigente la resolución 008610, del ministro Vladimir Padrino, que permite el uso de armas de fuego y “la fuerza potencialmente mortal en el control de manifestaciones”.

 

4. Ratificar el control económico

Esto no es noticia

 

Esta facultad no es un asunto nuevo. Desde que el gobierno estableció el control de cambio en 2003 con la excusa de evitar la fuga de divisas, decide a través de los organismos correspondientes cuáles son los rubros que deben ser incluidos en las compras del Estado a dólar preferencial. También, establece la cantidad de divisas que debe asignarse a cada sector, entre ellos los prioritarios como alimentos y medicinas. En lo que sí difiere es en los objetivos alcanzados: la medida no ha logrado satisfacer las necesidades más urgentes de la población ni reactivar el aparato de producción nacional.  

 

Más de lo mismo: seguimiento, evaluación y control

 

Ratifica una práctica ya instaurada del gobierno desde los ministerios para la Alimentación, Agricultura y Tierras y Defensa en 2012, que estableció la vigilancia de toda la cadena de producción y distribución, con la creación del Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA), un mecanismo de seguridad alimentaria instrumentado por la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, que ejerce el control del ciclo agroalimentario a través de una plataforma informática. También, mediante la emisión de la Guía de Movilización, Seguimiento y Control de materia prima y productos transformados en el territorio nacional.

 

Los objetivos no han sido logrados

 

Corrobora el papel del Estado como regulador de los precios  de los productos básicos con el fin de evitar la inflación, especulación y acaparamiento así como garantizar su distribución a toda la población. Pero el fenómeno del “bachaqueo” (reventa en el mercado negro a precios más elevados que los regulados), anaqueles vacíos y largas colas en los supermercados de las redes públicas y privadas demuestra que los objetivos no han sido logrados.

 

Autopista para la corrupción

 

No solo ratifica la facultad del Estado de decidir en qué gastará los fondos públicos para cubrir los sectores salud, alimentación y servicios básicos, sino que también abre la posibilidad de aumentar la discrecionalidad en las contrataciones del Estado al saltarse mecanismos como leyes de Licitaciones y de Contrataciones Públicas. Es decir, allana camino a la corrupción valiéndose de los convenios internacionales y el carácter de urgencia del decreto de emergencia económica.

 

Corralito del socialismo del siglo XXI

 

Se suman más controles para el sector bancario. El Ejecutivo decidirá sobre los límites de ingreso o egreso en bolívares así como las transacciones financieras en soportes digitales.

Ya en enero de 2016, mediante Ley Habilitante, Maduro se reserva vía decreto el derecho exclusivo de nombrar al presidente y a los seis directores del Banco Central de Venezuela (BCV), al quitarle la potestad a la AN de nombrar dos de los seis directivos. El decreto de la Gaceta Oficial No. 40.819 del 30 de diciembre de 2015, también facultó al presidente a ocultar información estadística en caso de que se presenten “situaciones internas o externas que representen una amenaza a la seguridad nacional y la estabilidad económica de la Nación”.

 

Así se bypasea a un Poder Legislativo

La sentencia N. 4 del TSJ (16-0038) hace presumir que tampoco en este caso, la eventual negativa de la Asamblea Nacional a aprobar el decreto será tomada en cuenta, por lo que es de esperar que con el visto bueno del TSJ entre en vigor el Decreto.

 

 

El presidente Nicolás Maduro advirtió hoy que podría decretar un «estado de conmoción interna si se presentan hechos de golpismo» y reiteró que hay «amenazas graves» sobre la paz del país.

El estado de conmoción interna, un «tercer nivel» dentro del estado de excepción y emergencia económica que decretó el pasado viernes, es «un recurso que tengo como Jefe de Estado si se presentan hechos de golpismo», dijo en una transmisión obligatoria de radio y televisión.

«No lo dudaré para decretarlo si fuera necesario (…) ojalá no haga falta», señaló.

En un acto de asignación de pensiones a más de mil trabajadores de la pesca en el estado Anzoátegui (este), el mandatario indicó que según la Constitución, el estado de excepción y emergencia económica que fue rechazado ayer por el Parlamento de mayoría opositora puede ser aplicado en «circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación».

«Yo creo que aquí nadie duda (…) que estamos en una situación excepcional que amerita acciones excepcionales (…) para poder proteger la paz del país», resaltó y añadió que el decreto le «da libertad para proteger al pueblo», la «soberanía y la integridad territorial».

A juicio del jefe de Estado, la Asamblea Nacional (AN, unicameral), «ha venido mintiendo sobre el nuevo decreto» y los medios de comunicación exponen falsedades al señalarlo como dictador.

Por ello pidió a los ministros explicar el decreto que da al Ejecutivo, entre otras cuestiones, las facultades de dictar las medidas que considere pertinentes en aspectos políticos, económicos y sociales.

«Esa Asamblea debería ponerse al servicio para ayudar a la producción económica», subrayó y denunció que, en lugar de contribuir en el complicado escenario venezolano, fomentan la especulación y «se van por el mundo a conspirar y malponer al país».

Se preguntó si el Parlamento llegará hasta octubre cuando debe presentarle su propuesta de presupuesto nacional para 2017 para que sea aprobado.

El pasado martes consideró que el Parlamento «perdió vigencia política» y que «es cuestión de tiempo para que desaparezca».

Siete detenidos y varios heridos dejó la protesta convocada por la oposición el miércoles 18 de mayo. Los agentes de los cuerpos de seguridad recurrieron a la fuerza para cumplir con la orden que tenían: impedir que la marcha entrara al municipio Libertador y llegara a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con perdigones, bombas lacrimógenas y golpes estrenó la PNB y la GNB el decreto de Estado de Excepción. Los manifestantes respondieron con piedras y palos, incluso golpearon sin piedad a un funcionario de la PNB. Las gráficas de Manaure Quintero recogen algunos momentos de la protesta a favor del referendo revocatorio.

 

Fotos Manaure Quintero

Lo manifestantes se reunieron en los alrededores de la Plaza Venezuela desde las 10:00 am para caminar hasta la sede del CNE a exigir el referendo revocatorio

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, estuvo al frente de la marcha junto a otros líderes de la MUD

Las fuerzas de seguridad trancaron el paso de los manifestantes

Llega el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, a quien le fue entregada la carta de la MUD

Empieza el forcejeo entre funcionarios de cuerpos de seguridad y manifestantes

Varios manifestantes intentaron trancar la parte de abajo de avenida Libertador. Efectivos de la GNB impiden su desplazamiento y se produce un intercambio de piedras y perdigones. En un video se muestra como algunos encapuchados arremetieron contra una funcionaria la PNB

La diputada María Corina Machado andaba por su lado (podemos decir lo que dijo Capriles)

Comienza la lluvia de gases

La represión se agudizó cerca del mediodía

Algunos manifestantes se lanzaron al suelo para reducir el efecto de las bombas lacrimógenas

La avenida Libertador fue tomada por los cuerpo de seguridad

Los cuerpos policiales tenían la orden de no permitir el desplazamiento de los manifestantes en el municipio Libertador

Según versiones extraoficiales fueron detenidos más de 10 manifestantes

Momento en que funcionarios de la PNB se llevan a uno de los detenidos

Este joven fue detenido en la avenida Libertador, en otra gráfica se ve esposado y golpeado en el piso

Algunos manifestantes intentaban convencer a los funcionarios militares de que no actuaran contra el pueblo

La jornada para exigir el respeto a los derechos democráticos, contemplados en la Constitución, terminó en represión, violación de libertades y detención de manifestantes

 

 

 

La Asamblea Nacional (AN) negó el decreto de «estado de excepción y emergencia económica» que dictó el presidente Nicolás Maduro el viernes pasado para hacer frente a supuestas amenazas de golpe de Estado.

El acuerdo donde el parlamento rechaza el decreto fue presentado por el diputado Enrique Márquez y votado al final de la sesión que se convocó para discutir el decreto dictado por el presidente Nicolás Maduro.

El oficialismo salvó el voto y señaló, en voz del diputado Pedro Carreño, que el documento era ilegal porque no estaba en el orden del día.

El decreto No. 2.323 de fecha viernes 13 de mayo de 2016 fue publicado en la Gaceta Oficial No. 6.227 y en ella se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, lo que significa que el presidente podría legislar en materia económica, y según explica el decreto, en materia social y política bajo ciertas circustancias.

Durante su intervención el presidente AN, Henry Ramos Allup, aseguró que el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica está «desaplicando» la Constitución Nacional.

Explicó que el ex presidente Hugo Chávez no dictó un Estado de Excepción en tiempos que ameritaban una medida similar porque contaba con el apoyo popular; situación distinta a la que vive actualmente el jefe de Estado Nicolás Maduro, según Ramos Allup.

«El gobierno viola, transgrede y trata de desconocer este poder porque no lo puede controlar», expresó este martes durante el debate sobre el mencionado decreto en la Asamblea Nacional.

Explicó que la AN seguirá desconociendo las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia porque es un órgano «inconstitucional»

Por su parte, el vicepresidente de la AN, Enrique Márquez, indicó que el decreto esconde una confesión antidemocrática, el desmantelamiento progresivo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Desmantelamiento  que ha sido encabezado por el Tribunal Supremo de Justicia,  que en su Sala Constitucional tiene la atribución sagrada de velar por la constitucionalidad y que está  encabezando la pandilla que desmantela nuestra Constitución. Desmantelamiento que ha contado con la complicidad, la autoría intelectual y material del Presidente de la República Nicolás Maduro,  emitiendo un decreto, hace unos días, que lo coloca por encima de la Constitución. Ahora con este otro decreto de emergencia que trata de hacer ver que están haciendo algo para enfrentar la crisis y mejorar la economía de la familia venezolana y lo que esconde es  el totalitarismo y una vocación antidemocrática”.

Dijo que el anterior decreto de emergencia económica no sirvió para parar la inflación, ni tampoco para detener el desabastecimiento de alimentos y medicinas. No pueden garantiza que ahora sí, cuando están aplicando el mismo modelo fracasado. Calificó los considerandos del decreto de ser un poema una Oda a la mentira, que siguen con la tesis absurda de la guerra económica.

Por su parte, Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, indicó que el objetivo del régimen es “convertir a Venezuela en el país del autogolope”

“Nadie está tumbando al Nicolás Maduro, sino que se está cayendo solo por ser un régimen antidemocrático y que no  resuelve los problemas que hoy sufren los venezolanos”, expresó.

El legislador manifestó que “Ustedes (PSUV) distraen al pueblo con estados de excepción. Ustedes están de estados de excepción en estado de excepción y el pueblo está en crisis. El objetivo de ustedes es convertir a Venezuela en un país donde no se respeten los derechos y convertir a nuestro país en el país del autogolpe”.

*Con información de El Nacional y nota de prensa