DURANTE EL DIÁLOGO INTERACTIVO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS de Naciones Unidas, acto ocurrido este viernes 5 de julio en Ginebra, Suiza, Feliciano Reyna habló en representación de más de 200 organizaciones no gubernamentales venezolanas para denunciar las graves violaciones y abusos de derechos humanos que sufren los habitante del país debido a la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa la nación, y solicitar ante la instancia internacional una serie de acciones dirigidas a articular esfuerzos que eviten mayor sufrimiento a los más vulnerables. 

«Millones de venezolanos claman ¡Auxilio! Es preciso detener ya las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela y corregirlas a fondo porque la emergencia va a empeorar. El gobierno del señor Maduro ha demostrado que no quiere y ya no tiene la capacidad para resolver este drama humano a la vista de la comunidad internacional. No permitamos que Venezuela sea otra crisis prolongada, que sume millones de víctimas más a las que ya nos interpelan como comunidad de derechos humanos desde distintas regiones del mundo», dijo Reyna en un discurso en el que expuso la situación venezolana.

En la sesión, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el organismo el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. 

El defensor de derechos humanos subrayó que durante una década, el gobierno chavista se resistió a rendir cuentas a los organismos de Naciones Unidas, no cumplió con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, ni autorizó las visitas de organizaciones internacionales que pidieron ir a terreno para corroborar la emergencia que sufre el país.

Reyna recalcó que el gobierno ignoró más de 1.000 recomendaciones emitidas por organizaciones de derechos humanos para corregir las persistentes violaciones a los derechos humanos, entre ellas una feroz represión feroz contra la disidencia.

«A partir de 2015, este incumplimiento desembocó en una Emergencia Humanitaria Compleja, cuya existencia aún niega el gobierno del Sr. Nicolás Maduro y sobre la que también guardó silencio la mayoría de las agencias de Naciones Unidas en el terreno», explicó.

Reyna también denunció el desmantelamiento del Estado de Derecho, «los exacerbados índices de violencia social y el control de extensas zonas urbanas y rurales por parte de grupos irregulares, así como en políticas estatales de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, represión y persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales para castigar, desplazar o callar a quienes ejercen sus derechos».

Reclamó que en Venezuela no existan instituciones independientes que frenen los abusos del poder ejecutivo, a excepción de la Asamblea Nacional, que fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. «Ello ha configurado un sistema de justicia que permite la impunidad tanto de delitos comunes como de violaciones a los derechos humanos y que persigue y encarcela a la disidencia», apuntó.

En medio de este panorama, el representante venezolano pidió al Consejo la designación de «una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en su sentido más amplio, que establezca las responsabilidades e impida la impunidad».

Igualmente, exigió que se exhortara a los Estados que reciben migrantes venezolanos a unificar esfuerzos que les ofrezcan protección internacional evitar medidas que los sometan a mayores privaciones de sus derechos y riesgos a su integridad personal.

Insistió en que se acelere una solución política a la crisis venezolana por medio de esfuerzos articulados, tanto nacionales como internacionales, en los que se incluyan acciones «del Secretario General de Naciones Unidas junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a fin de restituir los derechos a la participación política y electoral de los venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática del país».

También pidió que se instara a Maduro a que implemente los acuerdos establecidos con la Oficina de la Alta Comisionada, entre ellos, que se abra una oficina permanente de la institución en Venezuela y se garantice el trabajo sin amenazas e injerencias de los defensores de de derechos humanos, periodistas, actores humanitarios, sindicalistas, personal de salud y otros activistas de derechos humanos.

Además, urgió a que se llame a Maduro para que reconozca la emergencia, se abra el espacio humanitario y se implemente una respuesta acorde con la severidad y la escala de la situación, con acceso libre a todas las poblaciones afectadas.

Alertó que se debe exigir al gobernante a dejar sin efecto la asamblea nacional constituyente, respetar el legítimo funcionamiento de la Asamblea Nacional, restablecer el Estado de Derecho y un sistema de justicia independiente e imparcial, y poner fin a las prácticas de tortura, represión y desapariciones forzadas. Igualmente, que dé cumplimiento a todas las recomendaciones emanadas de órganos de protección y dar celeridad a las visitas ya solicitadas por organismos que permitan.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió un comunicado ante el deterioro de la justicia en el país e instó a los organismos de seguridad a acompañar al pueblo en su búsqueda de soluciones a las necesidades.

La carta firmada por la presidencia de la CEV advierte que «todo lo que tiene que ver con (la Justicia) se está saliendo del control de las leyes y de los procedimientos legales, para enmarcarse en la arbitrariedad que lleva a la persecución física, el amedrentamiento, y al atropello del Estado de Derecho».

También señala que las personas privadas de libertad en un Estado de derecho son titulares de sus derechos, los cuales excluyen las torturas y tratos crueles.

«Lamentablemente en el país quienes se sienten con poder están usando la única arma de los que no tienen razón: la violencia represiva», reza la misiva, y continúa «perseguir, someter y enjuiciar arbitrariamente, es el componente que se observa, mientras hay una multitud de pueblo que pide alimentos, medicamentos, luz eléctrica, transporte público, gas, sueldos dignos, detener la inflación. Pero nada de esto está ocurriendo; por el contrario, se quiere ejercer un control social y se promueve el quiebre de la disidencia».

El presidente de la CEV, José Luis Azuaje Ayala, Arzobispo de Maracaibo, junto a los vicepresidentes y el secretario de la Conferencia llaman a seguir fomentando la reconciliación y la paz, a través de acciones como «la protesta cívica, la organización comunitaria, la unidad como pueblo, el reclamo legítimo del buen funcionamiento de los servicios públicos que les pertenecen al pueblo».

Por último, exhortan a los organismos de seguridad del Estado «a cambiar su actitud, entiendan que estamos en momentos de grandes sacrificios y sufrimientos de nuestro pueblo, de sus propias familias, de sus hijos. No repriman, sino antes bien, acompañen a este pueblo que no tiene otra alternativa sino la de buscar ser escuchado en sus necesidades».

A continuación puede encontrar el comunicado completo:

Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana ante el deterioro de la justicia venezolana https://t.co/7soTx1jR1h pic.twitter.com/l3AiZn3pIf

— Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) August 13, 2018

 

 

La excarcelación de presos de conciencia siempre deja un sabor agridulce para quienes son testigos de ella y no están comprometidos políticamente con el carcelero. Quisiera el espectador solo desbordarse de regocijo ante las imágenes de abrazos temblorosos y torrentes de agua ocular. Pero hay otra cosa, una repulsión que afea toda la escena. Saber que esas personas nunca debieron estar tras las rejas, que en su cautiverio el poder se ensañó por el “delito” de oponerse a él; que por días, semanas, meses, años o hasta décadas sus vidas fueron reducidas a condiciones misérrimas; que probablemente hasta el momento de bajar a la sepultura haya heridas que nunca sanarán del todo, que su “liberación” no obedece a ningún acto de justicia, sino a cálculos de mandamases que concluyeron que tales medidas les traerían algún beneficio a ellos, los que tienen el poder de hacer lo que les dé la gana.

Todo régimen que encierra a ciudadanos por razones estrictamente políticas debe emitir mensajes para intentar legitimar la persecución. El detenido tiene que ser presentado ante la opinión pública como una amenaza para la sociedad. Pero como todo el proceso está sujeto a los vaivenes volitivos de la cúpula, la excarcelación, de darse, también requiere una narrativa justificadora. Si realmente hay Estado de Derecho, ¿cómo se explica que las decisiones vengan de entidades o individuos ajenos al proceso judicial?

En Venezuela hoy la excarcelación de presos políticos es atribuida por el aparato de propaganda oficialista a Nicolás Maduro. En estas campañas el asunto incluso es descrito como un “gesto magnánimo” del mandatario. Y por supuesto, el propio Maduro no ha hecho mutis al respecto. Por el contrario, ha sido él quien se ha encargado de explicar a qué se debe el súbito vaciado de celdas (que podrían ser llenadas pronto por otros, aprehendidos en las últimas semanas).

Así pues, según Maduro su propósito es llevar el país por un camino en el que toda violencia política esté excluida y solo mediante el diálogo y las elecciones los venezolanos resuelvan sus diferencias. Argumenta que para lograr ese objetivo, una primera muestra de buena voluntad y de ánimo reconciliador es liberar a quienes quisieron conseguir el poder por vías no democráticas para que se incorporen a la forma correcta de hacer las cosas. Incluso dijo que existe un precedente histórico en las amnistías concedidas por el primer gobierno de Rafael Caldera a finales de los años 60 y principios de los 70 para pacificar a los guerrilleros comunistas que se habían alzado en armas. Aunque para muchos sin duda la invalidez de tal comparación más que obvia es hasta grosera, las flaquezas de la memoria colectiva ameritan una revisión de los acontecimientos de entonces.

Comencemos por el contexto. ¿Quiénes eran estos sujetos de fusil? ¿Qué querían? En resumen, eran un grupo de individuos fascinados por el marxismo-leninismo y decididos a que ese debía ser el sendero por el que Venezuela debía transitar. La democracia apenas tenía un par de años de haberse restituido tras la oscura década militar y, no conforme con tener que sobreponerse a su fragilidad y a las amenazas de la derecha reaccionaria en los cuarteles, le surgió un enemigo aun más amenazante en estos señores. La influencia de la Revolución Cubana los llevó a creer que era justo y necesario hacer un calco exacto de las operaciones de Castro y sus camaradas. Así que cogieron sus armas y al monte se fueron. Ay, pero no repararon en el hecho de que en la isla la insurrección fue contra una dictadura bananera sanguinaria (lo cual, por supuesto, tampoco justifica de ninguna manera las acciones de Castro en el poder), mientras que en Venezuela el jefe de Estado y el Congreso eran electos por voto secreto, directo y universal. Ni siquiera después de que su llamado a no participar en los comicios presidenciales del 63 fuera un total fracaso (acudió a las urnas más de 90% del electorado) decidieron ellos dejarse de sus delirios habaneros. Aunque la enorme mayoría de los ciudadanos no los favoreciera, iban a imponer por las balas lo que sus iluminadas conciencias les señalaba como conveniente para todos.

Naturalmente, el principal blanco de estos aguerridos militantes eran los organismos de seguridad del Estado. Fueron responsables del asesinato de varios policías y militares venezolanos a lo largo de la década de los 60. Seguramente el incidente más recordado de estos sea el asalto al Tren de El Encanto, con un saldo de cinco guardias nacionales muertos. Pero hubo más, y no solo los uniformados fueron víctimas. Ya hacia el cierre de la rebelión a gran escala se dio el secuestro, tortura y asesinato con saña del presidente del IVSS, Julio Iribarren Borges. Hasta el sol de hoy la ultraizquierda local asegura que este crimen fue ejecutado por un agente de la CIA infiltrado. Los guerrilleros venezolanos contaron desde el principio con respaldo de Cuba. El desembarco de criollos e isleños armados en las playas de Machurucuto es prueba fehaciente de ello. En Venezuela estuvo el célebre comandante cubano Arnaldo Ochoa, dirigiendo ofensivas en las montañas de Lara, como aquella emboscada contra efectivos del Ejército en la que murieron al menos tres soldados. Excesos en la supresión de este alzamiento hubo muchos, de los cuales se puede hablar en otro artículo, pero ello no es motivo para glorificar a los insurrectos.

Para 1967 ya era obvio que la experiencia guerrillera fue un desastre monumental, incapaz de cumplir con sus objetivos. En abril de ese año, el VIII Pleno del Partido Comunista de Venezuela votó a favor de abandonar la lucha armada. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria decide hacer otro tanto a finales de año. Todo esto le valió a los replegados condenas amargas por parte de Fidel Castro. En cambio, la reacción favorable del Gobierno no se hizo esperar mucho. De manera que en realidad el proceso de pacificación no comenzó con Caldera, sino con Raúl Leoni. En 1968 los comunistas, cuyos partidos seguían ilegalizados, participaeron en las elecciones parlamentarias con una tarjeta llamada “Unión para Avanzar” (UPA), tolerada por las autoridades. Consiguen cinco diputados y un senador.

En su primer año de gobierno, Caldera emitió indultos que pusieron en libertad a varios dirigentes comunistas detenidos o prófugos de la justicia, incluyendo a Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez, Gabriel García Ponce y otros. El PCV volvió a ser legalizado.

Ahora bien, estimado lector, contraste todo lo anterior con lo que ocurre hoy en Venezuela bajo el nombre de “pacificación” y juzgue usted si es justo el símil argüido por Maduro. Parta del hecho de que el país lleva años en una situación de absoluta falta de democracia y de Estado de Derecho, a lo que se suma una calamitosa economía que ha llevado a millones de venezolanos a una pobreza abismal. Es perfectamente comprensible que ante tanta ignominia la población reaccione levantando la voz para exigir cambios. Esto nos lleva al segundo elemento por evaluar: los excarcelados. Muchísimos de ellos están vinculados de una forma u otra con las protestas de 2014 y 2017. Se trata de jóvenes, hasta menores de edad, que estuvieron en la vanguardia de las manifestaciones y que enfrentaron la represión horrenda con escudos de cartón. Se trata también de políticos que participaron en la convocatoria y desarrollo de las protestas, o que se negaron a usar la autoridad de la que estaban investidos para impedirlas. Incluso hay empresarios a los que el Gobierno culpa con argumentos impresentables por la tragedia económica.

Así que no olvide. Tenga siempre presente la historia para ver más allá del discurso propagandístico cuáles son las verdaderas intenciones del poder. Es probable que haya más excarcelaciones pronto en un intento por ganar ante el mundo democrático esos puntos que lo ocurrido el 20 de mayo no concedió. Y también, es probable que esos “beneficios” sean acompañados de más símiles abusivos con el pasado.

 

@AAAD25

TRANSPARENCIA VENEZUELA RECHAZA LA DECISIÓN del gobierno del presidente Nicolás Maduro de expulsar al embajador de España acreditado en Caracas, Jesús Silva Fernández, medida que pretende seguir aislando al país y que atenta contra los intereses de los venezolanos.

La deriva autoritaria del régimen chavista, agravada por la instalación de la fraudulenta Asamblea Constituyente, ha provocado la condena unánime de las democracias del mundo. Frente a una comunidad internacional que reclama el restablecimiento de la Carta Magna de 1999 y el respeto al Estado de Derecho, el gobierno venezolano ha respondido vulnerando los principios elementales de la diplomacia e intentando romper los lazos que unen a Venezuela con naciones aliadas.

Al igual que al embajador Silva Fernández, en diciembre pasado el Ejecutivo nacional expulsó al encargado de negocios de la embajada de Canadá acreditado en Caracas, Craig Kowalik. En aquella oportunidad, la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, señaló que esta acción “es típica del régimen de Maduro, que ha socavado de forma consistente todos los esfuerzos para la vuelta a la democracia”.

La decisión de expulsar al embajador Silva Fernández llega luego de que la asamblea constituyente controlada por el oficialismo le diera una patada a la mesa de negociaciones, anunciando el adelanto de las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta resolución no solo atenta contra la construcción de una salida democrática a la crisis venezolana, sino que representa una burla para todos los gobiernos que respaldan las conversaciones.

Lejos de expulsar diplomáticos y cerrarse ante el mundo, el régimen del presidente Maduro debe abrir sus oídos a las voces que tanto dentro como fuera de Venezuela demandan elecciones limpias y justas, la inmediata liberación de los presos políticos, el respeto a la Constitución bolivariana y la creación de un canal humanitario que ayude a mitigar la escasez de alimentos y medicinas que amenaza la vida de los ciudadanos.

A continuación una carta del embajador que envió a sus allegados:

Estimados amigos/as.

De forma precipitada e inesperada abandono hoy la querida tierra venezolana. Me habría gustado haber tenido el tiempo y la oportunidad para despedirme personalmente, pero las circunstancias no lo han permitido. Por ello, y pidiendo de antemano disculpas, remito estas breves líneas de despedida, con mi agradecimiento por el afecto y apoyo que he recibido durante estos intensos diez meses en los que he tenido el privilegio de residir en Venezuela, en mi condición de Embajador de España.

Me llevo muchos gratos recuerdos y muchos amigos. También un sentimiento de admiración y respeto hacia los venezolanos, luchadores inquebrantables. También me llevo el recuerdo de la belleza del país y de sus maravillosas gentes, que me han hecho sentir un venezolano más.

Me voy con la conciencia tranquila de haber trabajado para intentar ayudar a reconciliar a los venezolanos y a conseguir una convivencia en paz, en prosperidad y en libertad. Ese es mi gran deseo para todos mis hermanos venezolanos.

Con mi agradecimiento y mi amistad, le envío un saludo muy cordial.

Jesús Silva Fernández

Embajador de España en Venezuela

 

El proceso de conversaciones o negociaciones entre el gobierno y la oposición iniciado en República Dominicana, atraviesa por difíciles momentos. Desde afuera pareciera que puede terminar sin haber siquiera levantado vuelo. Son muchas las razones que pueden explicar estos desencuentros tras la consigna del entendimiento nacional, y quiero mencionar una de ellas: la percepción de la mesa de diálogo como una suerte de burbuja ajena a la realidad del país.
Coherencia
Para que el diálogo tenga éxito es necesario que su desarrollo tenga alguna correspondencia con la actuación de las partes fuera de la mesa, y en ello el gobierno y su institucionalidad tienen una responsabilidad cualificada. Una muestra palmaria de lo que no debe hacerse en el curso del diálogo es la decisión de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente de imponer un proceso de renovación de la nómina de inscritos de las organizaciones políticas que no participaron en las elecciones regionales o municipales del 2017, a pesar de que la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones no prevé tal obligación. De acuerdo con esta ley dicha renovación o validación de la nómina de inscritos solamente ha de efectuarse en el primer año del periodo constitucional, lo cual se refiere y siempre se ha interpretado como alusivo al primer año de periodos constitucionales nacionales. De allí que en el 2016 debió organizarse un proceso de validación de las asociaciones con fines políticos, que fue postergado y se efectuó en el 2017, con los resultados ya conocidos. Resulta insólito y aberrante, jurídicamente, que los partidos que entonces renovaron su nómina deban hacerlo ahora de nuevo, so pena de ser privados de la facultad de postular candidaturas en futuros comicios, en virtud de la aplicación retroactiva de las exigencias, antes inexistentes, que la llamada Constituyente fijó el 20 de diciembre de 2017 y fueron publicadas el 27 de diciembre del mismo año, y todo ello en detrimento del derecho de participación política de tales organizaciones y de sus militantes.
Perseguir
Es igualmente contraproducente que se acuda a la Ley contra el Odio para perseguir a comunicadores sociales por procurar informar o para amenazar a integrantes de la Conferencia Episcopal Venezolana por expresar su angustia ante la dramática situación nacional. Lo es asimismo que la posibilidad de detener a los miembros de un grupo disidente armado y de ponerlos a la orden de los tribunales, con apoyo de fiscales del Ministerio Público, haya desembocado en lo que se perfila como un uso indiscriminado de fuerza letal, con participación además de colectivos armados. ¿De qué paz hablamos si las acciones conspiran contra ella?

Es inaceptable, por lo demás, que aún se someta a la Asamblea Nacional al bloqueo institucional llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia gracias a la perversa construcción judicial del desacato, mientras su Sala Electoral ha paralizado por más de un año el proceso contencioso electoral relativo a las elecciones en Amazonas y mantiene en vigor la medida de amparo cautelar del 30 de diciembre de 2015, origen de esta problemática.
Construcción de confianza
Los expertos en negociación dirían que, en contextos como el venezolano, son indispensables medidas de construcción de confianza coetáneas a las conversaciones, que las hagan creíbles y den aliento para recorrer una ruta en contra de la cual militan los rencores acumulados en el fragor de la lucha política. Se trata no simplemente de atenuar condicionadamente el padecimiento de algunas personas que fueron privadas de libertad por motivos políticos, mientras la estructura represiva sigue intacta, presta y prolífica, sino de reconocer derechos y dar señales de rectificación.

Obras son amores y no buenas razones. La normalización institucional de la que algunos hablan no es posible si las bases del Estado de Derecho han sido dinamitadas. Tampoco puede producirse tal normalización contemporizando con instancias antidemocráticas autoerigidas en órganos plenipotenciarios merced a una usurpación de la soberanía popular. El punto de partida tendría que ser el de prever, más allá de la denominación que cada parte quiera emplear, que lógicamente será discrepante, medidas orientadas a respetar el Estado de Derecho y la Democracia y garantizar los derechos humanos.
Diálogo
Soy de los que piensa que Venezuela requiere diálogo, pero solo uno que sea verdadero, que suponga auténticas concesiones en asuntos atinentes a la construcción de la institucionalidad democrática, y no emboscadas. Ojalá sea posible alcanzarlo, más temprano que tarde.

jesusmariacasal@gmail.com

 

Todos los años se conmemora en Taiwán el Día Mundial por la Democracia y la Libertad, institución creada en 1954 con el fin de enfrentar a los regímenes totalitarios en el planeta, y de manera particular, para denunciar los efectos perversos de dominación y represión que causaron en Asia los regímenes comunistas durante la Guerra Fría.

En aquella época y como efecto de la Guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, se aceleraron los pasos para constituir la Liga Anticomunista. Después del colapso del Muro de Berlín, la institución cambio, y se concentro de manera general en promover la Libertad y la Democracia en el Mundo, poniendo énfasis especial en los países del Asia. Pero no exclusivamente, ya que Costa Rica fue anfitriona de la Conferencia de la Liga Mundial para la Democracia y La Libertad en 1991, cuando el Presidente Rafael Angel Calderón convocó a representantes de toda América Latina, incorporando a nuestra región para sumarse a los mecanismos de reafirmación democrática, y estableciendo capítulos de la WLFD en cada uno de los países de la región.

En Diciembre del año 2017 el tema central se concentro en evaluar los alcances de «La Democracia, el Estado de Derecho y el Desarrollo Económico” para lo cual delegados de medio centenar de países provenientes de Asia, Europa, África y América Latina pudimos pronunciarnos sobre la situación de la Democracia en el Mundo.

Tuve la oportunidad de intervenir en a Sesión Plenaria Inaugural en representación de “Soy Venezuela” Al escuchar la presentación sobre la difícil situación del país, los delegados expresaron su solidaridad y manifestaron sus deseos de que logremos alcanzar la libertad para que nuestro país vuelva a convertirse en el centro de irradiación de la Democracia en el Continente, tal como lo fue durante más de 40 años cuando era considerada como una isla democrática en América Latina.

El Senador Yao En-chi, Presidente de WLFD (siglas en ingles del organismo), expuso el giro que han venido teniendo las relaciones de Taiwan con la República Popular China, y el aporte que la experiencia democrática Taiwanesa pudiera tener en un futuro democrático en la China Continental, ya que ven ese camino como irreversible. Pero mientras ambas Chinas se acercan, el Gobierno Bolivariano se presenta como siendo “mas chino que los chinos” porque la actual administración venezolana rompió abruptamente las relaciones Culturales y Consulares con esa pujante Nación, mostrando ir en contracorriente con otros Gobiernos en el mundo ya que más de 120 países (hasta Cuba) mantienen oficinas consulares y culturales con el pujante país asiático. Sirva esta Tribuna para exigir que la “diplomacia bolivariana” rectifique su absurda posición y nos permita impulsar las relaciones congeladas en el ámbito comercial, turístico y de inversiones para lo cual resulta imprescindible volver a otorgarle visas a los Taiwaneses a quienes hoy les está prohibido viajar e invertir en nuestro país!

@aduran111

El Nacional

 

El Parlamento de Cataluña aprobó el viernes una moción donde establece una república independiente de España. Momentos después, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy pidió tranquilidad a los ciudadanos y dijo que “el Estado de Derecho restaurará la legalidad”.

Los legisladores separatistas estallaron en aplausos cuando se aprobó la medida con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 papeletas en blanco. Momentos antes de la votación, se retiró la mayoría de los legisladores de la oposición de la cámara en protesta.

España se opone a la independencia y Madrid prepara medidas para tomar el control de la región noreste. Ningún país ha expresado su apoyo a la oferta de secesión.

La moción pide comenzar un proceso de independencia que incluye redactar las principales leyes de Cataluña y abrir negociaciones “en pie de igualdad” con las autoridades españolas para establecer la cooperación.

Antes de la votación, Rajoy instó al Senado del país a activar una cláusula constitucional que permitiría al gobierno central asumir las competencias del gobierno regional de Cataluña para frenar una iniciativa independentista.

Rajoy dijo que las medidas especiales son la única forma de resolver la crisis y que el estado no está arrebatando libertades a los catalanes, sino que les está protegiendo.

El parlamento regional de Cataluña tenía previsto celebrar su sesión el viernes por la tarde. La Generalitat catalana rechaza el mecanismo de intervención y había especulaciones sobre que la cámara regional podría dar el paso de declarar la independencia de España más tardar el viernes.

Medio millar de alcaldes de poblaciones catalanas corearon “¡independencia!” y elevaron sus bastones de mando ceremoniales en una sala dentro del Parlamento regional poco antes del inicio de la sesión.

Ramon Moliner, alcalde de Alp, en la región de los Pirineos, dijo que era una jornada histórica. “Iniciamos un nuevo capítulo como país, una etapa muy incierta en muchos sentidos, pero muy emocionante”, aseguró.

Todos los grupos de oposición se oponen a la iniciativa de independencia en la próspera región -donde algunos legisladores opositores dijeron que boicotearían la votación- y a nivel nacional.

Por su parte, el conservador Partido Popular que dirige Rajoy tiene mayoría absoluta en el Senado, lo que garantiza la aprobación de sus propuestas. Después dependerá del gobierno decidir cuáles y cuándo se aplican.

Sería la primera ocasión en cuatro décadas de democracia en España que el gobierno en Madrid toma el control directo de una de las 17 comunidades autónomas del país.

Mientras los legisladores autonómicos acudían al Parlamento catalán, miles de partidarios de la independencia se reunieron ante el parque donde se encuentra el edificio, ondeando banderas catalanas y coreando lemas a favor de la proclamación de un nuevo estado.

“Estoy aquí hoy porque iniciaremos la república catalana”, dijo Jordi Soler, un manifestante de 68 años.

Puigdemont acabó el jueves con las esperanzas de un posible final al pulso político al decidir no convocar él mismo unas elecciones anticipadas y detener la iniciativa secesionista.

Cataluña supone un quinto de producto interno bruto de un país. Los sondeos muestran que sus 7,5 millones de habitantes están divididos aproximadamente por la mitad en la cuestión de la independencia.

 

Gobierno español se prepara para intervenir Cataluña

 

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió este viernes autorización al Senado para intervenir la autonomía de Cataluña, donde el parlamento regional podría responder con una declaración unilateral de independencia, una crisis sin precedentes en 40 años de democracia.

El conservador Rajoy se dirigió a la Cámara Alta, donde tiene mayoría, para pedir poderes extraordinarios y temporales. En virtud de estos, Cataluña perderá cautelarmente su autogobierno, recobrado hace cuatro décadas con el retorno de España a la democracia, informó AFP.

«Este procedimiento se inicia cargado de razones», ante un ejecutivo catalán decidido a la secesión y que con ello «afecta a la economía, y muy mal», declaró Rajoy, después de que unas 1.500 empresas sacaran su sede social de Cataluña ante la incertidumbre reinante.

El mandatario anunció que quiere poder destituir al presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, y a todo su gobierno, lo que provocó una fuerte salva de aplausos. 

Igualmente, «la facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasará al presidente, que debe convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Ya les adelanto que mi voluntad es celebrarlas lo más pronto posible», añadió Rajoy, en referencia a la principal medida del artículo 155 de la Constitución española, que aprobará previsiblemente el Senado.

El choque de Rajoy con los independentistas es frontal. En Barcelona, simultáneamente, los diputados de la mayoría separatista del Parlamento catalán prepararon una resolución en la que se insta al gobierno regional y a la cámara a iniciar un proceso constituyente, que siente «los fundamentos de la República catalana».