estado de derecho

Como candidata presidencial, Machado ve «fundamental» su relación con EE.UU., especialmente «por su rol en el acuerdo de Barbados»

Este jueves, 9 de noviembre, la candidata por la oposición, María Corina Machado, advirtió que «la plata que le den a Maduro no condicionada la va a invertir en represión», eso en referencia al levantamiento temporal de las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela.

En entrevista para la agencia de noticias Efe, Machado, en cambio, insistió en la necesidad del país de alinearse con acreedores y empresas energéticas «a las cuales hay que decirles (que), en un contexto de crisis energética global, que Venezuela se puede transformar en el ‘centro energético de las Américas′, sobre todo en petróleo, del que tiene las mayores reservas mundiales».

María Corina Machado reiteró que eso solo puede pasar una vez que salga el chavismo del poder y se instituya un «Estado de derecho» robusto que proteja su plan de privatización de la industria petrolera y de «abrir todos los mercados».

«Tenemos un país hipotecado y saqueado (…) vamos a necesitar hacer inversiones monumentales en infraestructura, en educación, en salud, vialidad, en telecomunicaciones, en Justicia, en defensa y soberanía. Simplemente no hay plata para, además, invertir en el desarrollo de otros sectores», explicó.

Para cumplir este objetivo, Machado plantea la creación de una «agencia nacional de energía» que maneje de manera «ordenada y transparente» todos «los procesos de licitaciones y de privatización» para que «sean absolutamente transparentes y maximizando el bienestar y el interés de la nación».

Condiciones ideales para presidenciales

Como candidata presidencial, Machado ve «fundamental» su relación con EEUU, especialmente «por su rol en el acuerdo de Barbados».

«Mi posición es que debemos avanzar en el cumplimiento estricto de lo que implican los estándares para elecciones competitivas», reiteró.

Entre esas condiciones ideales para las presidenciales, prosiguió, se debe considerar que hay cerca de «cuatro millones y medio de venezolanos inscritos en el registro electoral y que están afuera», por lo que ha enviado mensajes a los mandatarios de la región pidiéndoles «ayuda para asegurar que esos venezolanos» puedan votar el próximo año.

Gobierno sin máscaras ante la CPI

Este 9 de noviembre, en un mensaje compartido en la red social X, Machado se refirió a las dos audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones de la CPI en las que el gobierno venezolano expuso sus alegatos,

La candidata comentó que esas audiencias eran el requisito previo para resolver el recurso presentado por el régimen en contra de la decisión que autorizó al fiscal Karim Khan a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«No solo quedó demostrada la poca calidad argumentativa y la pésima estrategia procesal del régimen en la preparación de su defensa, sino que quedó en evidencia que el régimen no ha investigado los crímenes que en contra de venezolanos se han cometido por razones políticas. Y tampoco existen garantías de que lo haga en el futuro inmediato. La conclusión de la Sra. Paolina Massidda, en representación de la Oficina de Defensa de las Víctimas en la Corte Penal, es esclarecedora sobre lo que ha sido y es la tragedia que los ciudadanos hemos vivido en relación a la justicia venezolana», consideró Machado. 

Concluyeron las dos audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones de la CPI. Ese era el requisito previo para resolver el recurso presentado por el régimen en contra de la decisión que autorizó al fiscal Karim Khan a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en…

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 9, 2023

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*Con información de Efe

El país solo es superado por China, Afganistán, Camboya, Myanmar en lo que respecta al respeto y aplicación de los derechos fundamentales

De acuerdo con World Justice Proyect, una coalición de las universidades de Norteamérica, Asia, África y Europa, Venezuela ocupa el último puesto del Índice Mundial de Estado de Derecho en su informe del año 2023, publicado el 25 de octubre.

De los 142 países evaluados, Venezuela ocupa el último lugar por noveno año consecutivo. Para el 2023 recibe la calificación más baja en su historia, con 0,26 puntos sobre 1. 

El World Justice Proyect evaluó a los países en ocho puntos: la separación de poderes estatales, cómo el país enfrenta la corrupción, apertura del gobierno a instancias públicas, justicia criminal, justicia civil, aplicación de los derechos fundamentales, orden y seguridad y el uso de la fuerza estatal. En todas Venezuela salió como el peor país de la región americana en temas de justicia. 

NEW DATA: The 2023 country rankings are in!

Where does your country rank in the 2023 WJP Rule of Law Index?

Explore the data: https://t.co/XydecQZowl pic.twitter.com/6GiqtIBwZY

— World Justice Project (@TheWJP) October 25, 2023

Dentro de la categoría de respeto a derechos humanos, el país solo fue superado por naciones asiáticas y árabes donde existen conflictos militares como China, Afganistán, Camboya y Myanmar (o Birmania).

A nivel regional, Venezuela tiene la misma evaluación que Nicaragua en respeto a los derechos humanos, con 0,3 puntos de 1 para cada país. 

El peor Estado de Derecho

De acuerdo con la organización internacional, Venezuela calificó de último en lo que respecta al derecho de la privacidad de los ciudadanos, consideran que plataformas como Patria invaden los datos de los venezolanos, así como las intervenciones policiales sin órdenes judiciales, son una violación fragante al sistema de justicia. 

También califica en el último lugar en otras categorías de los derechos fundamentales, como la libertad de asociación, el derecho al debido proceso, el derecho a la vida y a la seguridad, donde Venezuela no sobrepasa el puesto número 137 de 142 países en el mejor de los casos. 

Hasta ahora, la mejor evaluación que tiene el país en sentido de derechos fundamentales son las reivindicaciones laborales, que lo ubica en el puesto número 92 de 142. Aún así, la nación se ubica en último tercio de países que respetan los derechos a los trabajadores y la remuneración salarial.  

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Organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, pidieron que los funcionarios venezolanos se comprometan a luchar contra la impunidad 

Varias ONG defensoras de los derechos humanos pidieron este 24 de abril, en una carta abierta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que la cumbre sobre Venezuela que convocó el mandatario ponga el foco sobre el Estado de derecho y la situación de los presos políticos en el país.

«Consideramos fundamental que las conversaciones de Bogotá procuren que Venezuela recorra el camino hacia el restablecimiento del Estado de derecho como elemento esencial para superar la crisis de derechos humanos que atraviesa desde hace años», dijeron Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Washington Office on Latin America (WOLA), el Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) y el International Service for Human Rights (ISHR).

En concreto, pidieron que las autoridades venezolanas se comprometan a luchar contra la impunidad. Además, valoraron el objetivo promulgado por Petro de que Venezuela vuelva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (IDH).

También exigieron que se establezca una hoja de ruta para liberar a quienes están presos «por motivos políticos».

«En la actualidad se estiman alrededor de 300 personas detenidas arbitrariamente», dice la carta.

Por último, las organizaciones criticaron el proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiación de las ONG que aprobó en enero la Asamblea Nacional, y pidieron que «estas propuestas legislativas que limitan la defensa de derechos humanos» sean «desechadas».

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Petro busca «más democracia y cero sanciones»

El pasado 17 de abril, Petro había anunciado que dialogará esta semana con su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre un posible levantamiento de las sanciones a Venezuela.

De acuerdo con Petro, este asunto que será eje central de la cumbre convocada por su gobierno para el 25 de abril en Bogotá.

«Más democracia, cero sanciones, es el objetivo de la conferencia en Bogotá», adelantó Petro en declaraciones en la sede de la ONU en Nueva York.

Al ser consultado por los periodistas sobre si abordará con él la cuestión de las sanciones a Venezuela, Petro dijo que «es un tema a dialogar».

Guaidó llegó a Colombia de forma «inapropiada»

El dirigente Juan Guaidó anunció, el 24 de abril y a través de comunicado publicado en su cuenta de Twitter, que viajó a Colombia, en el marco de la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro para el 25 de abril.

El comunicado lo publicó luego de rumores que circularon el pasado domingo sobre  que declinaría a ser el candidato de Voluntad Popular a las primarias opositoras.

Añadió que solicitará reunirse con las delegaciones internacionales que asistirán a esa cita y con la diáspora venezolana en Colombia.

«Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie», comienza el comunicado firmado por Guaidó, quien espera que «la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negocaciones en México, y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto».  

Horas después del anunció de Guaidó, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, se refirió a la llegada de Juan Guaidó a ese país y aseguró que el opositor ingresó a la vecina nación de forma «inapropiada».

Pero además, Leyva aseguró que Guaidó no está invitado a la cumbre sobre Venezuela, desmintiendo los rumores de que él lo había invitado a participar.

“No se sabe, obviamente es que no es que quiera participar, no está invitado», dijo el canciller colombiano en declaraciones reseñadas por Noticias Caracol.

Asimismo, señaló: «Trascendió en algunas redes sociales que yo lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él, y naturalmente, si no aparece, corre riesgo porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. Podría ser deportado”.

Con información de EFE

La clasificación por factores que determinan el índice del Estado de Derecho de un país, muestra que en casi todos, Venezuela estuvo en los puestos más bajos

Venezuela volvió a ocupar el último puesto del Índice de Estado de Derecho 2022 del World Justice Project (WJP), publicado este miércoles, 26 de octubre.

De acuerdo con el informe, el Estado de Derecho se debitó globalmente, según un análisis y recolección de datos del World Justice Project en 140 países.

Los datos muestran que la adherencia al Estado de Derecho cayó en 61% de los países estudiados este año, incluyendo a Venezuela.

El documento señala que globalmente, 4.4 miles de millones de personas viven en países donde el Estado de Derecho es más débil que el 2021.

Elizabeth Andersen, directora ejecutiva del World Justice Project (WJP), señaló al respecto: «Estamos saliendo de la pandemia, pero no de la recesión global del Estado de Derecho».

El Estado de Derecho en Venezuela

Según los datos que presentó el informe, en Venezuela, el puntaje general del Estado de Derecho disminuyó 1.4%. Se encuentra en el último lugar de 140 países evaluados.

En cuanto a la región, Venezuela se situó en el puesto 32 de 32 países estudiados en América Latina y el Caribe.

Contrario a Venezuela, el mejor desempeño de la región corresponde a Uruguay (puesto 25 de los 140 países encuestados en el mundo), seguido de Costa Rica y Chile.

Además de Venezuela, los países de la región con los puntajes más bajos son Nicaragua y Haití.

Durante este último año, señala el documento, 21 de los 32 países de América Latina y el Caribe empeoraron sus puntajes. De esos 21 países, 16 también empeoraron sus puntajes el año pasado.

Entre los países de ingreso medio-alto, Venezuela ocupa el puesto 42 de 42.

Clasificación de Venezuela en el ranking global

La clasificación por factores que determinan el índice del Estado de Derecho de un país, muestra que en casi todos, Venezuela estuvo en los puestos más bajos.

Por ejemplo, en el factor de ausencia de la corrupción, Venezuela ocupó el puesto 130 a nivel global, 29 en la región y 40 por rango de ingreso.

En el caso de factores como la justicia penal, el informe situó a Venezuela en el último lugar de los tres renglones evaluados.

1 es el mejor lugar de la clasificación del Índice de Estado de Derecho del WJP

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El analista colombiano, profesor de la Universidad de Georgetown, considera que el término justicia transicional está mal empleado y prefiere hablar de procesos sociales de justicia

A su juicio, la justicia transicional vive más de promesas y aspiraciones que de constataciones

Señala que la justicia posterior a una transición no debe concebirse como una licencia para flexibilizar las normas o acudir a formas que el Estado de derecho no permite

Para el experto, el periodismo es vital en los procesos de justicia y uno de sus principales aportes es el registro de las atrocidades cometidas 

@franzambranor

El término justicia transicional ha estado en boga últimamente cuando se habla del caso venezolano por la posibilidad de que esta sea aplicada, una vez se recupere el hilo democrático, institucional y cesen las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. 

La posibilidad de hacer justicia, posterior a la injusticia, cobra fuerza especialmente luego que la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas revelara la responsabilidad de organismos de seguridad del Estado en supuestos crímenes de lesa humanidad.

La investigación independiente abre un compás para que la Corte Penal Internacional intervenga. “El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir a la disidencia en el país (…) estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo a la ley”, reza el informe de la Misión. 

Para Michael Reed, director de operaciones del Guernica Centre for International Justice y profesor de la Universidad de Georgetown, el término justicia transicional es erróneamente empleado, especialmente en el marco de la realidad venezolana.

Reed estudió periodismo y letras en la universidad de Texas y derecho en la universidad de Minnesota. Es socio e investigador de la Corporación Punto de Vista, columnista de El Colombiano y ha trabajado en diversas organizaciones vinculadas a los derechos fundamentales. 

“Es un término desafortunado, se usa sin definirlo, es ambiguo por naturaleza y es parte de una receta vaga que promete verdad, justicia y reparación o que ofrece salidas fáciles a conflictos políticos, pero cuyos ingredientes y formas de preparación no son conocidos”, dijo el analista colombiano, quien escribió en 2021 un artículo en la revista Almanaque sobre la justicia transicional y el caso venezolano.

Según Reed, la justicia transicional es un anglicismo que proviene del término en inglés “transitional justice” y lo que pretende es resumir un conglomerado de procesos sociales que promueven la justicia en momentos de cambio en las sociedades.

“La expresión engloba muchas promesas y tiene un contenido indeterminado, estas nociones simplificadas son erradas y por lo general generan expectativas imposibles de cumplir, los hallazgos son hasta el momento mixtos y llenos de condiciones, además los resultados son bastante pobres en muchos casos. El campo de la justicia transicional vive más de promesas y aspiraciones, que de constataciones”, se desprende del artículo de Reed.

Para el profesor universitario colombiano no hay soluciones fáciles a los problemas que se derivan del abuso de poder y de la desviación de lo público, ni en Venezuela ni en ningún lugar del planeta.

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Cuál es el término adecuado para la justicia 

¿Justicia transicional, justicia restaurativa, formas alternas de justicia, formas de justicia adicionales a la justicia penal? ¿Cuál es el término correcto?

De acuerdo con Redd, los intentos de distintas sociedades para promover justicia en momentos de cambio están condicionados por factores sociales.

“Creo que es un error referirse a que hay un tipo de justicia llamado transicional, prefiero hablar de procesos sociales de justicia”, consideró. 

La expresión justicia transicional se originó en la década de los 80 para hacer referencia a los mecanismos que fueron utilizados en América Latina, Europa del este y posteriormente África en pos de promover demandas de justicia en tiempos de transición hacia la democracia.

“Las medidas que adoptaron los gobiernos de transición se fundamentan en la necesidad de proporcionar justicia para las víctimas y allanar el camino para el surgimiento de la democracia”, dijo Reed. Para el analista, la llamada justicia transicional debe procurar la recuperación del marco legal, preservando la integridad de los estándares de justicia y garantizando la capacidad de asumir decisiones políticas en momentos de transición. 

De acuerdo con Reed, la justicia transicional no debe concebirse como una licencia para flexibilizar las normas o acudir a formas que el Estado de derecho no permite.

“El costo de burlarse del Estado de derecho, incluso en momentos de transición, es alto”. 

Para Reed cualquier proceso de justicia transicional debe contar con un profundo arraigo social, involucrar a todos los sectores, especialmente a las instituciones, que en Venezuela están controladas por el gobierno.

“En Venezuela, las formas oficiales que toma la justicia transicional están necesariamente entrelazadas con la operación de los sistemas ordinarios de administración pública y de justicia, tejiendo así una maraña inseparable de valores y de prácticas oficiales. La justicia transicional en Venezuela estará anclada y sellada por las particularidades de la cultura burocrática venezolana”, expone Reed en su artículo.

Reed sentencia que la justicia transicional debe responder a las dinámicas locales de poder y de violencia, es perentorio incorporar marcos institucionales especiales para promover el cambio.

“El camino por recorrer en la búsqueda de la justicia es largo y no es lineal. Debe concebirse como un proceso de realización progresiva que demanda compromiso social y político, sostenido con la develación de la verdad y sus implicaciones”, expresó el analista.

Reed dijo que en Venezuela, desde hace muchas décadas, la gente ha estado tratando de luchar contra atropellos a los derechos humanos

“Hay un problema de desinstitucionalización grave, esto no se resuelve solo con procesos disciplinarios, es preciso hacer reformas institucionales y hacer reglas de juego que estén a la par del Estado de derecho”.  

El periodismo como elemento de cambio

Para Reed, el periodismo es uno de los ejercicios sociales y de comunicación más efectivos para hacer frente a distintas formas de negación de la «atrocidad».

Según el experto colombiano, la misión del periodismo, entre otras, es dejar el registro diario de los hechos violentos de quienes están involucrados. “La documentación es la base esencial para afrontar la barbarie, es la primera contribución del periodismo para cualquier proceso social que demanda justicia”.

“El periodismo claramente es uno de esos pilares que sobre la base de la investigación promueve una noción de conciencia social y puede reflejar las demandas de justicia social”, enfatizó Reed.

Reed considera que se han hecho pocos esfuerzos para desescalar los conflictos locales y promover la justicia. 

“La búsqueda de la justicia es un camino espinoso, pero fructuoso, particularmente para recuperar la confianza en la administración pública”, concluye.

La tabla que elaboró WJP muestra los puntajes generales y las clasificaciones del Índice de Estado de Derecho 2020 por país

Venezuela quedó de último en el ranking mundial de Estado de Derecho 2020, de acuerdo con un informe del World Justice Project (WJP).

El documento publicado por WPJ mide de forma anual el Estado de Derecho con base en las experiencias y percepciones del público general y expertos alrededor del mundo.

Asimismo, el índice presenta un panorama del Estado de Derecho en 128 países, al asignar puntajes y rankings para ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal.

Los puntajes se calcularon a partir de información de más de 130 mil encuestas a población general y más de 4,000 cuestionarios a expertos en justicia alrededor del mundo.

Además, este índice es la evaluación más completa del Estado de Derecho en el mundo, y es la única medición que se construye a partir de datos primarios.

El Estado de Derecho en el mundo

La tabla que elaboró WJP muestra los puntajes generales y las clasificaciones del Índice de Estado de Derecho 2020 por país.

En este caso, las puntuaciones van del 0 al 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho.

Tomando en cuenta lo anterior, de acuerdo con el informe,  Dinamarca es el primer con la máxima adhesión al Estado de Derecho, con una puntuación de 0.90.

Asimismo, le siguen Noruega con 0.89, Finlandia con 0.87, Suecia con 0.86 y Países Bajos con 0.84.

Del extremo contrario, para los cinco últimos lugares se encuentran: Camerún con 0.36, Egipto con 0.36, República Democrática del Congo con 0.34, Camboya con 0.33 y Venezuela con 0.24. 

En Latinoamérica

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, es Uruguay el país con mayor adhesión al Estado de Derecho, con una puntuación de 0.71. Además, se encuentra en el puesto 22 del ranking mundial.

A Uruguay le siguen Costa Rica con 0.68, Chile con 0.67, Barbados con 0.65 y San Vicente y las Granadas con 0.64.

Para los últimos puestos, que están por encima de Venezuela, están México con 0.44, Honduras con 0.40, Nicaragua con 0.39, Bolivia con 0.38, siendo este el penúltimo de la región.

Límites al poder gubernamental

En este caso, el factor 1 mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley. Además, incluye mecanismos constitucionales e inconstitucionales que «limitan a los funcionarios y agentes del gobierno, y que les obligan a rendir cuentas».

También, incluye los controles no gubernamentales, «como una prensa libre e independiente».

Para esta clasificación, Venezuela tuvo una puntuación del 0.17, lo que la ubica en el último puesto.

Ausencia de corrupción

Este factor mide la ausencia de corrupción en el gobierno, para lo que toma en cuenta tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. 

Asimismo, se analiza la corrupción en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, la policía y el ejército.

En este caso Venezuela se sitúa en la posición 117 (de 128) con una puntuación de 0.31. De último, en este factor, quedó el Congo con 0.16.

Gobierno abierto

Aquí se mide la apertura del gobierno de cada país, y si este publica información, empodera a las personas con herramientas para exigir rendición de cuentas y si fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones.

También, mide si las leyes y la información acerca de derechos legales están disponibles públicamente, así como la calidad de la información proporcionada por el gobierno.

Venezuela quedó en la posición 125 de este factor con una puntuación de 0.28.

Solo tienen un peor desempeño que Venezuela Camboya, Mauritania y Egipto.

Derechos fundamentales

El Factor 4 reconoce que, para que un sistema sea un Estado de Derecho, «debe respetar los derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional».

Sin embargo, ante la existencia de otros índices que miden los derechos humanos, y que sería imposible medir la adhesión a todos ellos, este factor se centra en una lista de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que están intrínsecamente relacionados con el Estado de Derecho.

Venezuela está en la posición 124 con una puntuación de 0.31.

Myanmar, Chino, Egipto e Irán son los países peores clasificados que el nuestro.

Orden y seguridad

El factor 5 mide si la sociedad puede garantizar la seguridad de las personas.

De acuerdo con WJP «la seguridad es una función fundamental del Estado, y una característica de una sociedad con Estado de Derecho».

La seguridad, según el informe, «es una precondición para la realización de derechos y libertades que el Estado de Derecho busca promover».

Venezuela quedó en la posición 123 con una puntuación de 0.48.

Los países peores clasificados que Venezuela en este punto son Camerún, República del Congo, Pakistán, Nigeria y Afganistán.

Cumplimiento regulatorio

En este factor se mide si las regulaciones se implementan de manera justa y efectiva.

Vale aclarar que no se evalúan las actividades que los gobiernos deciden regular, ni considera si las regulación son apropiadas, sino que se enfoca en la implementación y aplicación de dichas regulaciones. 

A la cola de la lista, Venezuela queda en el puesto 128 con una puntuación de 0.20.

Justicia civil

El factor de la Justicia Civil evalúa si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil.

Además, este factor mide si los sistemas de justicia civil son accesibles, asequibles, y si están libres de corrupción, discriminación, e influencias indebidas por parte de los funcionarios públicos.

Por otra parte, examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin retrasos que no son razonables, y si las decisiones se aplican de manera efectiva.

Finalmente, mide la accesibilidad, imparcialidad, y efectividad de los mecanismos alternativos de solución de disputas.

Venezuela quedó en el puesto 127 con una puntuación de 0.27.

Justicia penal

El último factor evalúa el sistema de justicia penal de cada país, considerando que un sistema de justicia de justicia penal efectivo es un «aspecto clave del Estado de Derecho, pues es el mecanismo para reparar agravios y emprender acciones hacia los individuos que cometan delitos contra la sociedad».

Además, este factor considera a la policía, defensores, fiscales, jueces, y personal penitenciario.

Venezuela quedó de último con una puntuación de 0.13.

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@_humanoderecho

¿Cómo nace esta iniciativa? ¿En que se enfoca este concurso? ¿Cuántos ensayos han recibido y como ha sido la receptividad de los estudiantes de Derecho? Conversamos de estos y otros temas con Juan Eugenio, miembro del comité organizador del concurso Humanos con Derecho, quien nos hablará acerca de todos los temas relacionados con sus proyectos.

Humanos con Derecho quiere lograr un cambio democrático en Venezuela, para detener las causas de la emergencia humanitaria compleja y restablecer el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía. 

“Hoy en día trabajamos en constante cooperación con las autoridades en las Bahamas, así como con las representaciones diplomáticas de los países democráticos y la comunidad venezolana organizada, para defender y representar dignamente los intereses y derechos de los venezolanos migrantes».

Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.

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Cualquier alusión a lo que reseña la concepción de “socialismo”, no pareciera hacer ver que sus realidades se concilien con el concepto originario. Particularmente, con el concepto que dicta la teoría marxista en torno a su praxis. De hecho, la explicación de Carlos Marx, se aparta profundamente de lo que las circunstancias políticas, sociales y económicas establecidas, pueden demostrar. En lo preciso, ésta manifiesta que “socialismo” es un modo particular de vida mediante el cual se busca establecer un orden socioeconómico construido con base en las necesidades de una clase trabajadora organizada.

De hecho, el impacto dialéctico que su concepción contiene, hizo que su praxis se desviara y se pervirtiera como concepto. Y peor aún, como praxis. Así ocurrió, cuando toleró que distintas corrientes políticas usurparan la correspondiente doctrina marxista. De manera que hablar del socialismo cuya teoría exaltaba una sociedad sin clases estratificadas o subordinadas unas a otras, no condujo a ninguna parte. Quizás, se debió a lo precario del concepto expuesto por Marx y Engels quienes no escribieron mucho sobre socialismo. Además, que obviaron puntualizar sobre cómo organizar su praxis lo cual devino en múltiples brechas que luego fueron manipuladas por seguidores del susodicho ideario.

Sin embargo, sus insuficiencias conceptuales devinieron en serios abusos. Tanto así que el primer ministro británico Winston Churchill advirtió algo a ese respecto. Hizo ver la crisis que causaban sus intenciones de aplicación. Refirió que “el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria”. Y que sin duda, su opinión la fundamentó en cuantos tristes escenarios pudo examinar. La abolición del sistema político según el cual se regía la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas, y otras tantas rupturas, evidenciaron lo que ya había sido cuestionado.

Entonces, ¿en qué sitial de la historia política quedó abandonada la idea de asentir un sistema social, económico y político basado en la organización consciente de la producción alineada con un Estado de Bienestar debidamente garantizado y consolidado? Las metas consignadas en la necesidad de instituir una sociedad fundamentada en “(…) la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (tal como declara el artículo 2 de la Constitución de Venezuela, 1999), se convirtieron en palabras fofas, sueltas y vacías que no se vieron respaldadas por ejecutoria alguna en firme.

En Venezuela, al mismo tiempo que el régimen insistía en montar un Estado socialista, lejos de la figura validada de Estado Democrático, primó el establecimiento de un Estado centralizado, policial y militarista. La aberración fue de tal magnitud que, por ejemplo, la connotación del término “pueblo” era un mero convencionalismo que apenas alcanzó algo como “vecindario”. O sea, lo que en una perspectiva sociológica, se interpreta como “vulgo”. O grupo estanco de individuos para quienes cualquier contraprestación, por intrascendente que sea, representa la simbolización del carácter esquilmado que el correspondiente desorden induce en la actitud de quienes asisten al llamado político-partidista.

Para entonces, cualquier encomio a la gestión de gobierno, convocaba a gente afecta al régimen a vociferar gritos de apoyo. Pero uno en especial que retrataba el abuso al que era sometido. Aquello de que “con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo”, daba cuenta de la ignorancia y subordinación de un sector de la población groseramente manipulado por groseras hordas del oficialismo.

La propuesta de crear un Estado socialista, en 2007, no pudo superar los límites de lo que la Constitución de 1999 invoca como Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. Las ínfulas de aquellos gobernantes cargados de una chapucera soberbia, no terminó con el rechazo a las presunciones de organizar el Estado venezolano según la concepción de un socialismo “jalado de los pelos”. Aunque sí le hizo alguna mella. Aún así, el régimen insistió por vía de “caminos verdes”. En la media noche, o en períodos vacacionales.

Las ínfulas del alto funcionariado socialista, devinieron en torcerle al venezolano el derecho a expresar su credo político manipulándole su libertad de conciencia para transfigurarla en una respuesta de vulgar manifestación. El régimen actuó dirigido por tan sórdida orientación, una vez que se vio asfixiado política y en términos de los recursos que venía utilizando para comprar dignidades, conciencias y motivaciones. Y ante el riesgo de verse defenestrado por causa del caos que procedía del curso de las circunstancias.

El desorden social tomó la forma de un fenómeno estepario. O sea, sin modelo a seguir salvo el que de las coyunturas emergiera. Y no fue otro que el establecido por una horrorosa anarquía que funcionó para justificar la implantación de medidas oficialistas dirigidas a sustituir un problema por otro. Incluso, de mayor envergadura que el primario. Convirtió el despacho de gasolina, en ámbito para alcanzar su venta mediante precio de oportunidad impuesto por revendedores, militares y policías corrompidos, ociosos. Por razones para escapar del horario de trabajo, por habladores impúdicos, fabricantes de mentiras.

Por quienes de oficio usan cualquier excusa para ganar algún espacio en su provecho. Y en fin, por la amenaza de convertir a Venezuela en un país de pordioseros, intrigantes, holgazanes, lambrucios y otras especies de oficios de igual o peor calaña. Sin posibilidad real de transformar a Venezuela en un “país potencia”, (tal como refiere jocosamente, el Plan de la Patria). O acaso “potencia” de tránsfugas, orilleros, sicarios, gandules, politiqueros, populistas, militaristas, profesionales de “medio pelo”, gente mediocre y advenedizos de todo tipo y condición.

Al régimen usurpador le resultó conveniente cambiar su idea de trabajar su fachendoso y fachoso socialismo “democrático”, por la aplicación de una estrategia de revancha. Mediante ésta, buscó inculcar en el populacho necesidades que terminaran obligándolo a resignarse al maltrato y humillación que, por imposición, el régimen determinó como razón para enquistarse “por las malas”. Por eso, inventó excusas para aplastar al venezolano poniéndolo en la aviesa situación de dilapidar tiempo de calidad por buscar gasolina de mediocridad. Y así, mantenerlo distraído de las fatalidades que vive causando a diario con cada cuento “chimbo” que se inventa.

@ajmonagas