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Estado Bolívar

Fundaredes reportó presunta militarización de Tumeremo
Se realizaron allanamientos y los habitantes fueron atropellados por los cuerpos de seguridad del Estado 

 

La organización Fundaredes reportó este viernes 28 de octubre sobre la presunta militarización de la localidad minera de Tumeremo, en el estado Bolívar. El grupo informó a través de su cuenta en Twitter que hay gran cantidad de tanques, volquetes, helicópteros y un gran número de efectivos militares en la zona.

El grupo alertó que en la zona se realizan allanamientos y afirmó que los habitantes reciben atropello de parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Funderedes presume que 30 mineros de la localidad de Imataca habrían sido detenidos desconociéndose su paradero

Luis Caraballo, vocero de los Consejos Comunales, denunció atropellos de los cuales fueron víctimas los mineros, resaltando que es falso que estos sean miembros de GAI y solicitan al gobierno explicaciones en torno a esta operación militar.

Fundaredes subrayó que en la zona también se encuentran aviones de combate de la Fuerza Armada Nacional que sobrevuelan el espacio aéreo, mientras tanto los militares utilizaron tanquetas para abrirse paso dentro de la población y desplazar a los mineros artesanales que laboran en la zona. 

«Situación que obligó al desplazamiento de más de 1.000 mineros. Al menos 200 se encuentran refugiados en zonas montañosas aproximadamente a 10 horas de Imataca, encontrando mujeres y niños sin condiciones para resguardarse de las hostilidades de un terreno de este tipo», escribió la organización a través de su cuenta en Twitter. 

«Este desplazamiento de mineros sería el segundo en esa zona en tan solo 2 meses, ya que entre el 14 y 18 de agosto se registró la misma situación en el marco de la operación Autana 2022», señaló Fundaredes. 

Según información obtenida por los habitantes del sector, el despliegue militar se lleva a cabo amparan en la operación Autana 2022, con el objetivo de combatir y desarticular a los Grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol), acrónimo inventado por las autoridades venezolanas pero que no identifica a un grupo delictivo específico. 

Alertan sobre brote de enfermedad que afecta las vías respiratorias en comunidad indígena de Bolívar
La comunidad de San José de Kayamá, es asiento de familias jodï y eñapa, tiene una población de aproximadamente 1.400 habitantes. Esta es una de las más remotas de la entidad

Las comunidades indígenas de San José de Kayamá y Sierra Maigualida, en Bolívar, están a merced del brote de una enfermedad que afecta las vías respiratorias.

Así lo denunció Alirio Juae Molo, indígena jodï y líder de la comunidad de San José de Kayamá, según publicó la ONG Kapé Kapé.

El líder indígena, que es agente de salud en su comunidad, advirtió que dos personas fallecieron a causa de afecciones respiratorias.

Asimismo, denunció que en el lugar no tienen medicinas para atender a estos pacientes, quienes presentan síntomas una enfermedad que afecta a las vías respiratorias, similares a la neumonía.

El Instituto de Salud Pública del estado, a través de la Coordinación de Salud Indígena, ofreció medicinas e insumos que no han podido llevar a la comunidad por no contar con recursos para cubrir el flete aéreo.

También, Juae dijo que no han logrado apoyo aéreo de parte de instituciones que tienen presencia en la zona y que poseen aeronaves, como la gobernación y componentes militares.

Por otra parte, dijo que la demora en el traslado de las medicinas puede agravar la situación de la comunidad.

“No hay apoyo de ninguna institución para poder trasladar medicinas a nuestra comunidad, nuestros hermanos están muriéndose, no hay compasión de nadie”, denunció Alirio Juae.

 

Además, solicitó se haga rodar una cadena de alerta, “…para que todo el mundo sepa cómo el Estado nos tiene abandonados”.

La comunidad de San José de Kayamá, es asiento de familias jodï y eñapa, tiene una población de aproximadamente 1.400 habitantes. Esta es una de las más remotas de la entidad.

De acuerdo con la ONG Kapé Kapé, los jodï y eñepa de la zona de Kayamá, en los últimos años han sido víctimas de epidemias y enfermedades de las cuales antes no padecían.

Codehciu denuncia 54 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Bolívar
Los datos de Codehciu arrojaron que Caroní es el municipio con más casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales con 18

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) reportó que, entre enero y julio de 2021, se registraron 54 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar.

«Los hechos que revelan vulneraciones al derecho a la vida y a la integridad de los ciudadanos marcan un patrón de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad», señala la ONG.

De acuerdo con el reporte de Codehciu, del periodo que monitorearon, mayo y julio fueron los meses más violentos.

Este monitoreo, que inició en 2018, «tiene como base la defensa de los derechos humanos y lo consagrado en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, documento de carácter internacional que sirve como norma para  lograr justicia sobre estas muertes».

Según el monitoreo, hubo cuerpos nacionales, estatales, municipales, y en ocasiones actuaciones mixtas, «involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales durante los primeros siete meses del año».

 

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) es el órgano que contabiliza más víctimas con 24. Le sigue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 10.

Asimismo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arrojó una cifra de 6 personas ejecutadas. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB registraron 3 ejecuciones cada uno.

Por último, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) registró una víctima.

Con respecto a los cuerpos estatales y municipales: el Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Bolívar (Sipeb) registró 6 personas ejecutadas. Y mientras la Policía del Estado Bolívar (PEB) ejecutó a 5, Patrulleros de Caroní contabilizó solo un caso.

En los últimos meses la organización alertó sobre 2 personas asesinadas por grupos paramilitares.

Alertas

Codehciu alertó que las muertes de personas privadas de libertad son consideradas potencialmente ilícitas, ya que en los centros de reclusión es donde el Estado ejerce mayor control sobre sus vidas.

La afirmación anterior también la complementa lo que describe el Protocolo de Minnesota.

También, la ONG alerta sobre un caso ocurrido en los calabozos de la coordinación policial de Guaiparo, donde un hombre murió bajo custodia del Estado.

Los datos de Codehciu arrojaron que Caroní es el municipio con más casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales con 18. A este le siguen: Piar con 15; Angostura del Orinoco con 7; El Callao con 5; Padre Pedro Chien con 3; Cedeño con 3; Sucre con 2 y Roscio con 1 caso.

«Codehciu hace énfasis en la importancia de reconocer las ejecuciones extrajudiciales como violaciones de derechos humanos. El Estado venezolano está en la obligación de investigar estos hechos para que los familiares de las víctimas consigan justicia y reparación, además debe haber garantía de no repetición», agregan.

Nota de prensa

Reportan 147 casos de violencia contra la mujer en el estado Bolívar
Según Codehciu, en el primer trimestre de 2021 hubo un total de 71 víctimas; el segundo trimestre arrojó 55 y solo en el mes de julio la organización contabilizó 21

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) reportó que 147 mujeres fueron víctimas de la violencia en el estado Bolívar, entre enero y julio de 2021.

De acuerdo con el reporte de la ONG, al menos 60 mujeres fueron víctimas de violencia física y 19 de violencia sexual en el estado Bolívar.

Asimismo, en el monitoreo de Codehciu denuncia desde el año 2018 el aumento de la violencia a niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de emergencia humanitaria compleja, al que se le suma la pandemia por COVID-19.

“La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos y un grave problema de salud pública que debe ser abordado de forma intersectorial y de forma diferenciada”, alerta la organización.

 

Por otra parte, la ONG destaca que para que pueda cumplirse este abordaje, se necesita la actuación del Estado.

Según Codehciu, en el primer trimestre de 2021 hubo un total de 71 víctimas; el segundo trimestre arrojó 55 y solo en el mes de julio la organización contabilizó 21.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en el año 2014 expresó su preocupación por la falta de justicia sobre los hechos de violencia.

Además, la Cedaw recomienda a los Estados a ofrecer a las sobrevivientes reparación efectiva y respeto a sus derechos humanos.

Sin investigación

La ONG advierte desde pasados reportes el nulo actuar de los órganos de investigación del Estado ante esos casos de violencia.

Señalan que lo anterior se evidencia en la falta de tratamiento a la víctimas o sobrevivientes para alcanzar la reparación, sobre todo en casos de femicidio y violencia sexual.

En ese sentido, Codehciu insta al Estado a facilitar el acceso a la justicia a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y a implementar políticas públicas que den una atención digna y sin revictimización.

De acuerdo con lo monitoreado por la ONG, Bolívar cerró el año 2020 con 185 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia, entre ellas hubo contabilizados 19 femicidios.

Nota de prensa

Guardia Nacional detuvo a candidato alcalde en Bolívar
Carlos Chancellor fue liberado horas después de ser aprehendido este sábado 

Carlos Chancellor, candidato por la Plataforma Unitaria para la alcaldía del municipio Caroní en el estado Bolívar, fue detenido este sábado 25 de septiembre por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras llevaba a cabo una actividad de campaña en la comunidad bolivarense. 

La denuncia la hizo el ex diputado, Américo De Grazia. 

El candidato fue liberado horas después de haber sido recluido en el comando de la GN en el destacamento sur.

Chancellor ha sido aprenhedido en varias ocasiones por los cuerpos de seguridad del Estado. El último arresto se produjo en noviembre de 2020 en la isla de Margarita.

El candidato estuvo preso desde 2005 hasta 2011, pero fue excarcelado por un juez, sin embargo de acuerdo a De Grazia no ha sido sacado del sistema de solicitados por los cuerpos de seguridad. 

 

VIDEOS | Oro y dólares: Los métodos de pago que se usan en Bolívar
La usuaria de TikTok contó que el metal se obtiene a través de quienes extraen los materiales de las minas

Foto: BBC Mundo

Una usuaria de la red social TikTok, quien se definió como comerciante y residente del estado Bolívar, contó parte de su experiencia con los métodos de pago para compras más comunes en la entidad: el oro y los dólares.

A través de un video que colgó en su perfil (@r0sannys), la mujer relató la forma en la que se realizan compras en el estado Bolívar, específicamente en un supermercado chino de la entidad.

En el material audiovisual, la mujer explicó que los precios en unidades se cotizan en dólar, mientras que por bulto, se cotizan en puntos. «Todo por bulto es en oro», detalló.

Asimismo, mostró un estante de productos más pequeños que reflejan también precios en dólares.

Cuando llegó a la caja para pagar una sopa que compraría, el empleado que la atendió le preguntó si pagaría en oro o dólares, confirmando que el metal es el principal método de pago en el lugar.

 

Luego, procedió a pesar el oro en una balanza para después realizar el pago. Indicó que se acostumbra guardar el oro en billetes de baja denominación del cono monetario venezolano.

«Pesamos un punto y el resto se midió en efectivo, bolívares», añadió la mujer.

Costos del gramo de oro

En otro video que la mujer compartió en su perfil de TikTok, respondiendo a una pregunta que le hizo un seguidor, comentó que ella es comerciante y que el metal se obtiene a través de quienes extraen los materiales de las minas.

«Todas las personas que sean comerciantes, que tengan comercios desde muy pequeños hasta muy grandes, reciben metal», relató.

 

Recalcó que los métodos de pago principales son el oro y dólares, pero, en caso de querer pagar en efectivo o transferencia (bolívares), se hace con base a la tasa del día de la divisa norteamericana.

«El oro lo consiguen los mineros en las minas, de manera artesanal o con detectores», añadió.

Por último, detalló que un gramo de oro tiene un costo de 42 dólares, mientras que 2,4 gramos de oro equivale a 100 dólares. «No te dan cambio, ya que puedes pesar de manera exacta o pides tu diferencia en efectivo», agregó.

Compra y venta del oro

Un trabajo de investigación realizado por Runrun.es, en alianza con Connectas, reveló que el gobierno de Nicolás Maduro participa en la fuga del oro con esquemas sofisticados.

Algunas fuentes consultadas por los investigadores del trabajo afirmaron que empresarios del medio oriente están al mando de las “compras de oro” en varios pueblos mineros. Señala que en El Callao, por ejemplo, exhiben sus banderas dentro de sus negocios.

Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional electa en 2015, señaló que el oro que recibe el Banco Central de Venezuela (BCV) debía provenir de los pequeños mineros al sur de Bolívar y que ese organismo era el único que podía transar el oro, según la ley de minas promulgada por el expresidente Hugo Chávez. Incluso se instaló para recaudar el mineral estratégico.

Sin embargo, la investigación concluyó que no solo en Ciudad Guayana, sino también en Ciudad Bolívar, San Félix y pueblos al sur, se observa una proliferación de negocios de compra y venta de oro.

«Mucha gente ha dejado los puestos de lotería, e incluso, la reventa de alimentos básicos para dedicarse a la compra venta de oro. Buena parte de esos comercios pertenecen a una misma mafia, que coloca varios puntos en diferentes ciudades para recoger el oro como una manera de legitimarlo”, contó Matta.

Puede leer la investigación completa pulsando aquí

Asesinan a pareja en ataque de grupo armado en el Caura
La acción tuvo lugar en la mina El Kino

Pobladores de caseríos campesinos y comunidades indígenas ubicadas en el sector bajo Caura de la parroquia Aripao Municipio Sucre del estado Bolívar, denunciaron que en la noche de este 27 de marzo se registraron ataques de grupos irregulares que desde hace meses tienen presencia en la zona.

El grupo asaltó y asesinó a dos personas durante una discusión en la mina de Puerto Cabello.

Los habitantes de la zona manifiestan que los maltratos, robos, amenazas, persecución, así como otros tipos de violencia se siguen comentiendo en la zona a mano de estos grupos armados.

El equipo de Kapé Kapé confirmó la muerte de la maestra María Hernández, junto con su esposo.

Hernández se desempeñaba como maestra en el Grupo escolar Maripa. Había salido de la comunidad desde hace varios meses en busca de un mejor sustento para mantener a su familia, porque el sueldo no le alcanzaba para cubrir sus necesidades en el hogar.

Se presume que el grupo armado ya los había mandado a desalojar la zona para tomar control del terreno que habitaban.

Tras los hechos, los familiares esperan una investigación y la declaración oficial por parte de las autoridades competentes sobre lo ocurrido.

Los que no se rinden  | Codehciu: Respuesta humanitaria a personas con necesidades específicas
La ONG brinda apoyo a víctimas de atropellos a derechos humanos en el estado Bolívar

@fzambranor

“Los derechos que no se defienden, se pierden” es el lema de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). 

En el contexto de las protestas estudiantiles y sociales en 2014 surgió en el estado Bolívar la iniciativa de crear una organización que se encargara de monitorear los constantes atropellos a los derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

Así la coordinadora general, Mairis Balza y un grupo de activistas se dieron a la tarea de recopilar testimonios de víctimas y fundaron la ONG.

Codehciu no solo se dedica a visibilizar casos sino también basa parte de su trabajo en educar y concienciar a la población sobre derechos fundamentales del ciudadano. “La forma en la que trabajamos está regida por la transparencia, resiliencia. imparcialidad y justicia. Todo ello en sinergia con organismos nacionales e internacionales”, dijo Mairis Balza. 

¿Cuál fue su principal motivación para aparecer en la escena pública?

Mairis Balza: Era un contexto de descontento, arbitrariedad, uso excesivo de la fuerza pública para contener las manifestaciones pacíficas y las protestas que en aquel momento sucedían por razones políticas y de exigencia de derechos, principalmente el de manifestación y la libertad de expresión.

¿Qué características tienen las personas que se acercan a la ONG?

MB: Son víctimas de violencia de género, violencia sexual, familiares de personas desaparecidas y familiares de personas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente. De acuerdo con nuestro mandato, brindamos asesoría y acompañamiento en casos de violación de derechos humanos que la organización identifique como tal, educación y promoción para la exigencia y reconocimiento de derechos, la respuesta humanitaria con asistencias y atención integral, particularmente atención psicosocial y asistencia legal a mujeres víctimas de violencia de género, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia con énfasis en violencia sexual y atención a comunidades vulnerables. 

¿Cómo ha evolucionado la organización?

MB: En sus inicios era una organización con mandato para la promoción, educación y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los valores democráticos; hoy día, además de este mandato que sigue cobrando fuerza y vigencia, somos una organización que brinda respuesta humanitaria a personas con necesidades específicas y en condiciones de vulnerabilidad producto de la emergencia humanitaria compleja. Otro aspecto muy importante es la asistencia y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en el contexto minero.

¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan en Codehciu?

MB: Somos un total de diez personas. Abogados, docentes y comunicadores sociales, todos profesores universitarios con larga data en el activismo de derechos humanos. Además del estado Bolívar, también operamos en Monagas y contamos con un grupo de voluntarios. Si alguien quiere ayudarnos puede colaborar en campañas de promoción de derechos humanos, actividades y monitoreos en las comunidades y actividades educativas.

¿Qué retos tiene la organización en el presente?

MB: Defendemos la libertad de acción, la no criminalización ni instrumentalización de la defensa de los derechos humanos que nos honra hacer en beneficios de personas, víctimas y sobrevivientes que no han encontrado respuesta del Estado ante las acciones u omisiones de funcionarios o particulares que actúan con su aquiescencia y que se traducen en vulneraciones. Luchamos para que no se criminalice nuestra acción como defensores de derechos fundamentales. 

¿Un caso emblemático?

MB: La desaparición de Nelson Omar Carpio en noviembre de 2015 en el sector San José de Chirica a manos de la Policía del estado Bolívar. A juicio de familiares Carpio fue interceptado y secuestrado por cuatro agentes del organismo de seguridad, desde entonces no se sabe nada de él.