Estadisticas

NO HAY ESTADÍSTICAS, SOLO CIFRAS AL AZAR, lo cierto es que cada día circulan menos vehículos, aunque las colas por gasolina en las estaciones de servicio sean enormes. Las ciudades se han ido quedando solas y a oscuras. Pocos se arriesgan a salir de noche, a menos que sea una emergencia médica o a buscar una medicina. Un país de fantasmas con pueblos fantasmas, sin agua, sin electricidad y sin nada que hacer. Es el socialismo del siglo XXI azuzado con un retrato falso de Simón Bolívar en cada anuncio oficial.

Un país destruido, una nación a la deriva, un Estado carcelero. En el sur, en la zona más indefensa y vulnerable, donde se guardaba la fábrica de agua para el futuro y se protegía la biodiversidad, que es la vida de todos y no solo de los que detentan el poder, mandan la codicia y la ignorancia. El Arco Minero ha sido la legalización del genocidio y la destrucción. Unos pocos se hacen muy ricos mientras condenan a la indigencia más miserable al resto de la población. Los diamantes, el oro, el uranio y el coltán que ofrecen a rusos, bielorrusos, iraníes y chinos deja sin futuro a los nacionales, a los verdaderos dueños de esas riquezas naturales.

En noviembre de 1998, en el extinto Gran Salón del Caracas Hilton, el candidato que lideraba las encuestas y que se había ganado el respaldo de los ambientalistas porque rechazaba el aprovechamiento minero de la reserva forestal de Imataca y que un tendido eléctrico atravesara zona sagrada pemón en la Gran Sabana profirió la mayor mentira de todos los tiempos, que prefería un vaso de agua fresca que todo el oro que se pudiera extraer de las selvas al sur del Orinoco. El enorme aplauso que le dieron todavía retumba en la conciencia de la mayoría de los engañados.

No solo se desdijo sobre el tendido eléctrico, sino que no le importó la muerte a mano de la represión militar, sus hombres, de doce indígenas que se oponían a la construcción de las torres. Al decreto que le entregaba a la minería lo que dejaban los explotadores forestales de Imataca solo le cambió el número, el palabrerío siguió apuntando contra la conservación de los bosques y sus habitantes. Veinte años después se agudizó la corrupción y se multiplicó la destrucción irreversible de la naturaleza. La minería ilegal –gambusinos con fusil al hombro y respaldo del hamponato internacional– extrae metales preciosos de los parques sin consecuencias legales y con grandes ganancias que no declaran al fisco, apenas al jefe militar que los cuida y alienta.

Nadie habla ahora de especies en peligro de extinción. Todas corren el riesgo de desvanecerse para siempre. El jardín botánico se quedó sin agua y sin dolientes. Desaparecieron, se carbonizaron, colecciones completas, y del herbario que era el orgullo de Tobías Lasser y Leandro Aristeguieta apenas quedan dos macetas de plástico y una de arcilla. El Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande agoniza con la misma prontitud que lo hacen los museos de arte y desaparece el mobiliario urbano de las ciudades que se quedan sin alumbrado, sin plazas y sin bancos dónde sentarse. El país en su totalidad se transforma en polvo cósmico, en vacío, en un indetectable hueco negro en el cual reverberan las consignas y amenazas de los personeros de la revolución y sus matones de sueños.

Nadie se hace responsable ni en el alto ni el bajo gobierno. No explican, decretan; no hablan, ordenan; no disienten, matan; no gobiernan, usurpan para salvar la cartera y los dineros mal habidos. Parecen estatuas de sal con los ojos fijos en la nada. Tampoco hay dónde quejarse ni nadie que escuche los reclamos. Los lamentos se multiplican y el ay, mi madre se repite de boca en boca. Ha sido mucho peor que lo advertido y de lo esperado, pero las esperanzas no ceden aunque carezcan de fundamento. Vendo callejón de milagros inéditos y alegrías por inventar.

@ramonhernandezg

El Nacional

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL dijo el jueves que evalúa las estadísticas económicas suministradas con retraso por Venezuela.

El portavoz del FMI, Gerry Rice, dijo a reporteros que la junta directiva se reunirá en las próximas semanas para determinar si con esas estadísticas la nación sudamericana cumple su obligación de entregar información periódicamente.

«En este momento estamos revisando las estadísticas recibidas de las autoridades venezolanas”, dijo. No especificó cuándo Caracas entregó la información.

El FMI emitió una declaración de censura contra Venezuela en mayo por su negativa a entregar la información requerida. En ese momento, el organismo dio a Caracas seis meses para entregar cifras actualizadas.

Venezuela no ha autorizado una evaluación anual del FMI desde 2004.

La divisa venezolana ha perdido casi todo su valor mientras la depresión económica del país ha dado lugar a uno de los peores casos de hiperinflación jamás vistos.

Mientras el Gobierno asegura que el secuestro ha sido controlado, las bandas de plagiarios se desplazan y aprovechan la ausencia de los cuerpos de seguridad en zonas periféricas

@javiermayorca

EL FIN DE SEMANA, las redes sociales dieron cuenta del video en el que un automóvil rojo compacto fue interceptado por una camioneta plateada, en una calle estrecha de Sebucán. A pesar de las condiciones aparentemente desfavorables, el conductor del primer vehículo pudo retroceder con la suficiente rapidez como para eludir la acción de los sujetos que habían descendido del rústico, armas en mano, con la aparente intención de secuestrarlo, robarle el vehículo, o ambas cosas.

Posteriormente, la información procesada en cuerpos policiales daba cuenta de que otra persona había sido plagiada por los ocupantes de una camioneta similar a la que fue grabada por una cámara de vigilancia en la referida urbanización del municipio Sucre, el sábado poco después de las 9 am.

Este caso no figura en las estadísticas oficiales.

En febrero, una banda se llevó a una mujer cuando salía de una misa en un templo evangélico ubicado en la carretera Panamericana, cerca de Los Teques. En una fe de vida enviada por los captores, a la víctima la golpean con la cacha de una pistola hasta hacerle sangrar la cabeza, mientras ella solicitaba a sus familiares que pagaran la cantidad en dólares exigida para el rescate, con una voz ahogada por el llanto.

Este caso tampoco figura en las estadísticas oficiales.

En la primera semana de abril, un grupo que opera en Araure se llevó al contratista de origen colombiano Germán Vargas Rivera, de 58 años de edad. En este caso han actuado tanto agentes de la policía judicial como del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional. Los familiares de la víctima, desesperados, solicitaron este mes la intervención del gobierno colombiano.

Este ingeniero es una de las ocho personas que, según datos en poder del propio Gobierno, permanecen en cautiverio desde 2017.

Sin embargo, según el propio ministerio de Relaciones Interiores, durante este año no han ocurrido secuestros en el estado Portuguesa.

Mientras se hacían los preparativos para esta columna, el Ministerio Público informó sobre la detención de cinco policías de Valencia por extorsionar y posteriormente secuestrar a un comerciante en Los Guayos. La víctima fue plagiada en marzo, cuando llevaba un cargamento de arroz por la autopista Regional del Centro. Por su liberación, los agentes exigieron el pago de 50 mil dólares.

Según el Gobierno, en Carabobo solo han ocurrido dos secuestros este año, y ninguno en Los Guayos.

El Ejecutivo sostiene que el secuestro en Venezuela es ahora menos frecuente que en 2017. Es posible que así sea. Pero cuando se revisa caso a caso lo reportado por los medios en distintas partes del país, y cuando se conversa con las víctimas y sus allegados, nos damos cuenta de una realidad que omite el discurso oficial.

Por una parte, es claro que los cuerpos de seguridad solo conocen una fracción de la totalidad de los casos. “La decisión de ir o no a las policías siempre la toman la víctima y sus familiares. A veces, el problema no es decidir si se hace la denuncia, sino cuándo se hace. Pero cuando ya pasó la situación, la gente generalmente se abstiene”, explicó un experto en negociación de secuestros.

A esto se suma una creciente desconfianza en los cuerpos de seguridad. La percepción de que los policías y los militares están involucrados en privaciones de libertad con fines económicos se reforzó a partir de las denuncias hechas durante las protestas de 2014 y 2017. En ambos lapsos, se pudo conocer relatos de manifestantes que fueron detenidos, y liberados horas después luego de cancelar dinero a los funcionarios que participaron en los procedimientos. Estos episodios ocurrieron en ciudades como Valencia, Barquisimeto y Caracas, y desde luego nunca fueron denunciados formalmente. Algo de esa desconfianza perdura.

Las estadísticas muestran una realidad deformada a conveniencia del que las manipula. Un informe al que se tuvo acceso para elaborar esta columna muestra, por ejemplo, cómo el secuestro se mantuvo durante 2017 casi con el mismo ritmo que tuvo en 2016, si tomamos en cuenta el número de víctimas. Para ser más precisos, la diferencia entre un año y otro fue de apenas 4,3%. Sin embargo, desde el Gobierno solo se destaca el número de expedientes iniciados, lo que da una merma de 32%. Y no se advierte a la colectividad que las bandas de secuestradores no tienen el menor reparo en privar de libertad a grupos familiares completos, tal y como sucedió hace dos meses con una señora, su hija y su nieto, mientras transitaban por la Troncal 9 vía oriente. Un caso, tres víctimas.

Por otra parte, el secuestro está solapándose con los asaltos a las viviendas y con los robos de vehículos. Esto lo saben bien los residentes de urbanizaciones en el norte de Valencia y en Carrizal. “Se meten a las casas, y cuando están allí deciden si se llevan secuestrado a alguno de los ocupantes”, relató el sobrino de una víctima que reside en Colinas de Carrizal.

A menudo, los afectados directamente o sus parientes denuncian solo el robo del vehículo, a pesar de que han pasado por horas o días en cautiverio. Esto simplemente para evitar males mayores, como por ejemplo el hallazgo de su auto, camioneta o pistola en el sitio de suceso de otro delito.

Existe en la actualidad un proceso de dispersión de los secuestros. Las bandas que actúan en las ciudades han ampliado su radio de acción, afectando también a los pobladores de zonas periféricas o semiurbanas. En Miranda, por ejemplo, durante 2017 el municipio Páez solo fue superado por Sucre, Chacao y Baruta en número de denuncias por este delito. Actualmente, está a la par de Baruta, en el segundo lugar. En Aragua, la mayoría de los casos de 2018 no ha sido en Maracay, sino en Turmero y la Colonia Tovar. Los secuestradores se dieron cuenta de que los cuerpos de seguridad concentran su accionar casi con exclusividad en las grandes urbes y solo a determinadas horas.

El secuestro, sin duda, está mutando. Ahora, los casos exprés son excepcionales. Las bandas aplican tácticas aprendidas durante la moda del secuestro breve, pero están dispuestas a prolongar los lapsos de cautiverio, si ven que eso les representará una mayor ganancia.

Finalmente, en Táchira y Zulia han reportado casos de secuestros internacionales o transfronterizos, en los que la víctima es capturada en Venezuela y llevada a Colombia. Se trata de situaciones excepcionales, por ahora.

BREVES

*El 12 de junio, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, anunció la captura de dos hombres de nacionalidad mexicana, tras el hallazgo de una avioneta identificada con siglas falsas estadounidenses N3995W, que aterrizó de emergencia en la finca Mis Amores, municipio Baralt del estado Zulia. Curiosamente, el funcionario nunca aportó los nombres de los aprehendidos por este caso. Gracias a los pasaportes que llevaban se pudo conocer que se trata de Héctor Jabes Rincón Torres, copiloto de 32 años de edad, y Andrés Vargas Flores, piloto de 40 años. El primero de Xalapa y el otro de Mérida (Yucatán). Ambos están actualmente en manos de autoridades militares zulianas. Habían despegado de tierras aztecas en una Beechcraft 90 y se cree que luego de cargar drogas volarían hasta algún país centroamericano, probablemente Costa Rica, que en la actualidad es uno de los destinos preferidos por los carteles mexicanos. Pero los aviadores no llegaron a la cita. Aunque las autoridades venezolanas asociaron a Rincón y a Vargas directamente con el cartel de Sinaloa (organización liderada por Juan José Esparragoza, alias el Azul, luego de la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán), fuentes mexicanas indicaron que actualmente los pilotos operan de manera independiente, como si fuesen contratistas externos, a cambio de un pago por cada viaje. Un trabajo publicado por el diario El Tiempo de Bogotá precisó que durante todo 2017 fueron detectados 177 vuelos sospechosos que iban o venían por cielo venezolano. La Fuerza Aérea Colombiana se blindó mediante la incorporación de 62 expertos en la detección de estas aeronaves, y ahora los pilotos de la droga están usando con mayor frecuencia las rutas que pasan por Venezuela, rumbo al Caribe. En menos de seis meses se han detectado 200 vuelos ilegales, más de uno en promedio diario, por el espacio aéreo nacional.

*La victoria de Iván Duque en las pasadas elecciones colombianas traerá diversas consecuencias en materia de seguridad para Venezuela. Una de ellas será la intensificación de las actividades de las bandas derivadas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que poseen una especie de santuario en el estado Amazonas. Esto no es nuevo. No se olvide que el Boyaco José María Corredor (enlace entre las FARC y los brokers nacionales como Walid Makled) fingía ser un venezolano nacido en esa región del país, con el nombre de Andrés Yanave. Y por allí pasaba buena parte de la cocaína elaborada bajo la tutela de los líderes de los bloques Sur y Oriental del grupo guerrillero. Ahora, con Duque en el poder, se espera una mayor presión policial y militar sobre estas rutas. Las alternativas para ellos son desplazarse al estado Bolívar para incorporarse a la explotación del Arco Minero (cosa que ya han comenzado a hacer), o reagruparse utilizando la “marca” de la antigua organización subversiva, o usando otra. El problema con el Arco Minero, indican fuentes, es que la relación entre el trabajo y la ganancia no les satisface. Según el ex gobernador de Amazonas Liborio Guarulla, en ese estado llegaron a permanecer unos cuatro mil guerrilleros colombianos.

*La historia del último complot contra el presidente Maduro da para todo. En la medida en que ocurren las detenciones se conocen nuevos ingredientes del supuesto plan, bautizado por la Contrainteligencia Militar como Armagedón, una referencia al pasaje bíblico del Apocalipsis, sobre “la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”, en la que ocurrían terremotos y tsunamis, además de “un enorme granizo”. Para darle alguna consistencia a esto, los investigadores militares supuestamente advirtieron al Gobierno que una parte de la conspiración consistía en la toma de un cazabombardero Sukhoi 30, emplazado en la base Luis del Valle García de Barcelona, que luego de atacar Miraflores u otro objetivo de importancia huiría hacia la isla de Aruba. Más allá de esto, las aprehensiones han continuado con la estudiante de medicina Arianna Granadillo, de 21 años de edad, quien al momento de la redacción de esta nota no había sido presentada aún ante el juzgado segundo militar en Caracas. En cambio, el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga, quien hasta mayo fue segundo comandante de la Brigada de Comandos del Mar con sede en Turiamo, sí fue impuesto de los cargos por instigación a la rebelión y traición a la patria. En el acto estuvo asesorado por un abogado asignado de oficio. Las detenciones probablemente continuarán, pues la Dgcim ha convencido al Gobierno de que Armagedón contaba con la participación de por lo menos siete unidades operativas de la Fuerza Armada: tres de la Guardia Nacional, dos del Ejército, una de la Aviación y la restante de la Armada. Hasta ahora, salvo dos generales sin tropas, la Guardia Nacional no ha sido tocada. En el sector policial, según la Dgcim, este complot contaba con el apoyo de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc.

Washington.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio el viernes seis meses a Venezuela para que proporcione estadísticas sobre su economía, luego de que el país incumpliera el plazo estipulado en los reglamentos del organismo.

Si Venezuela no aportara la información requerida, el FMI podría terminar decidiendo su expulsión.

El Directorio Ejecutivo del FMI determinó que Venezuela no entregó a tiempo datos sobre las operaciones del instituto de seguridad social y las exportaciones e importaciones totales de mercancías, expresando su valor en moneda local, por países de destino y de origen.

El organismo explicó en un comunicado que la reunión del Directorio Ejecutivo había sido prevista con bastante antelación y no guarda relación alguna con el anuncio efectuado la víspera por el presidente Nicolás Maduro de iniciar un proceso de reestructuración de su deuda externa por 120.000 millones de dólares.

The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato.

El Banco Central de Venezuela dejó de publicar periódicamente cifras oficiales en 2004.

Venezuela, que desde hace una década no autoriza al FMI hacer la revisión anual de sus indicadores económicos a la que están obligados todos sus países miembros, atraviesa una severa crisis económica.

Según las estadísticas de FMI, la economía venezolana habrá sufrido una abismal contracción acumulada de 44,6% entre 2014 y 2018.

El trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Gobierno Nacional, junto a programas focalizados en homicidios y data calificada, son esenciales para reducir homicidios en Venezuela. Así lo afirman Doriam Borges e Ignacio Cano, investigadores del Laboratorio de Análisis de la Violencia en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil.

“La polarización que existe en el país dificulta muchas alternativas, pero dada la gravedad de las circunstancias, todos los actores deben sentarse para lograr crear planes efectivos que encaminen el problema hacia una solución”, asegura Cano. Para finales del 2015, la tasa de homicidios en el país era de 58.1 por cada 100.000 habitantes, según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

Ambos especialistas en violencia, criminalidad y seguridad pública, se encuentran en el país para realizar diversas actividades con distintas organizaciones y la sociedad civil, incluyendo el taller Programas y experiencias para la reducción de homicidios en América Latina, este jueves 9 de marzo.

Borges y Cano coinciden en que si bien el Estado es un ente fundamental para crear programas que disminuyan los homicidios, “la sociedad, las empresas, las organizaciones, y los gobiernos estatales tienen un papel importante que deben jugar”.

Además, resaltan la importancia de la focalización de los programas, ya que no es suficiente crear políticas generales de prevención de violencia: “en primer lugar debemos entender que hay que lograr diagnósticos locales. No venimos con una receta, no hay fórmula mágica. Hay que focalizar programas específicos para la reducción de homicidios”, dijo Cano.

El propósito inicial de la visita de los especialistas es difundir, a través del taller, un estudio realizado cuyo resultado fue una radiografía de todos los programas existentes en la región, para disminuir los índices de homicidios. Fueron identificados 93 en Latinoamérica y 2 en Venezuela. En segundo lugar, esperan poder trabajar con instituciones del estado y demás organizaciones dispuestas, para mejorar la calidad de la data de homicidios en Venezuela.

La opacidad de la data venezolana

Para Borges y Cano, Venezuela es un caso “paradigmático de la necesidad de tener cifras convergentes y únicas sobre violencia”, y apuntan que la falta de datos oficiales en nuestro país es un inconveniente importante para generar políticas públicas eficientes, sobre todo cuando incluso funcionarios del gobierno manejan datos que discrepan entre sí.

Los expertos explican que actualmente están trabajando con la fiscalía, por sus “condiciones técnicas y nivel de independencia”. Aunque también han trabajado con las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, y con la Policía Judicial, esta vez esperan poder reunirse con el sector de la salud.

Cano argumenta que la unión entre los datos de la Policía Nacional, junto a los que tengan las organizaciones de la salud, es fundamental: “los datos del sector salud nos permiten contrastar con los de la policía. Cuando cruzas las defunciones y los registros criminales, obtienes una idea más precisa sobre los homicidios, y es ideal para tener una data confiable”. Además, resalta la importancia de realizar un ejercicio de convergencia para generar más y mejores datos, “pues, al final, el gobierno es el más interesado en que su pueblo confíe en sus cifras”.

De los 93 programas que los expertos hallaron en su estudio en la región, 2 están en Venezuela: “uno, es la campaña para la valoración de la vida, realizada por un grupo de universidades. Fue una campaña de valores. Por otro lado, el proyecto Alcatraz. Ambas iniciativas de la sociedad y la academia”, afirma Cano.

Este último proyecto, recluta jóvenes transgresores con la misión de transformar ese liderazgo violento en positivo, haciendo uso de trabajo intensivo, educación en valores y utilizando la práctica del rugby como mecanismo de prevención de violencia.

Sobre la experiencia en Brasil

Con respecto al problema de violencia que se vive en Brasil, Cano resalta que aunque no se ha solucionado, ha habido programas importantes que han ayudado a disminuir las tasas de homicidios. Sin embargo, la falta de continuidad, la corrupción policial y la no inserción de los efectivos de seguridad en las comunidades, han sido impedimentos importantes en la resolución del conflicto.

Dorien Borges, también sociólogo, explica que los programas más importantes han sido Pacto de la Vida, y las Unidades de Policía Pacificadora. El primero, aplicado en la región de Pernambuco, logró que “los números de homicidios bajaran, mientras en el resto de las regiones iban en aumento”, asegura Borges.

“Este programa tuvo varias acciones delegadas, pero una muy interesante fue la división de los territorios a partir de diagnósticos según las características de los homicidios cometidos, y de acuerdo a eso los policías trabajaban en cada zona. La población participó en la construcción del plan y se aplicó represión cualificada y mucha investigación”, explica Borges. Sin embargo, la crítica principal es que, luego de ser aplicado, se dejó de consultar a las comunidades y no se monitoreó correctamente el funcionamiento.

En cuanto a las Unidades de Policía Pacificadora, se iniciaron en Río a finales del 2009, y el plan consistía en la “ocupación temporal de las favelas por grupos policiales. Al ocurrir esto, los delincuentes abandonaban la zona. Aunque tuvo buenos resultados al principio, la proximidad entre los funcionarios policiales y la gente de las comunidades no fue la esperada, y al abandonar las favelas, los delincuentes volvían”, comenta el sociólogo.

El investigador agrega que a esto se suma que algunos policías se involucraban demasiado y terminaban cometiendo los mismos delitos que, en un principio, estaban tratando de eliminar. “Esto generó muchos enfrentamientos, y cuando ibas a revisar los resultados del plan, te encontrabas con una bola de nieve de muertes y más muertes”, argumenta.

¿Qué pasa en la región?

Actualmente, la mayor cantidad de homicidios a nivel mundial ocurren en la región latinoamericana. Según Ignacio Cano, de los 93 programas para disminuir los homicidios que lograron identificar en Latinoamérica, solo el 20% han sido objeto de un control de impacto. Eso quiere decir que el resto fue aplicado, más no monitoreado, por lo que no se sabe si fue efectivo, ni sus capacidades de mejora.

“Esto, junto a la falta de diagnósticos específicos, son fallas que se repiten en la mayoría de los países. Si queremos dejar de ser la región con mayor tasa de homicidios, tenemos que hacer una intervención más direccional”, asevera Cano.

No obstante, no todos los países que integran el bloque latinoamericano se encuentran en igual situación de gravedad. Por ejemplo, Cano explica que las tasas de homicidios en países andinos y del cono sur, exceptuando a Brasil, son fácilmente comparables con las tasas de homicidios en Europa.

Lo contrario ocurre cuando nos vamos a la zona de américa central, donde países como El Salvador, Honduras y Nicaragua, tienen los números más alarmantes. “Luego, con un nivel medio-alto, se encuentran naciones como Colombia, México y Brasil. A Venezuela podríamos ubicarla entre este nivel y el de los países del centro”, explica Cano.

El especialista añade que otro elemento importante para crear planes eficientes en la región es distinguir los tres niveles de prevención que existen. “Tenemos el nivel primario, que es el más general; el secundario, dirigido a grupos específicos; y el terciario, dirigido a personas que ya han sido víctimas o han cometido hechos violentos. Este último es el más focalizado”, comenta.

“Tampoco se hacen diagnósticos reales, simplemente se aplican ideas basadas en datos formulados desde EEUU y Europa, que no tienen nada que ver con nosotros”, agrega Cano.

En relación a la corrupción que puede generarse dentro de los cuerpos policiales cuando se aplican planes como los implementados en Brasil, ambos investigadores coinciden en que es un riesgo que hay que asumir, junto a medidas de fiscalización efectivas que permitan la denuncia.

“Los modelos policiales militares apuestan al distanciamiento entre la comunidad y la policía, y para evitar la corrupción rotan a los funcionarios cada cierto tiempo. Los últimos años de estudios de policía comunitaria han puesto de manifiesto que la proximidad es necesaria, y no puede haber proximidad y vinculación si cada cierto tiempo el policía cambia de lugar. Hay que aceptar los riesgos que esto supone, para poder ver lo beneficios”, finalizó Ignacio Cano.

Ausencia de estadísticas oficiales del BCV aumenta el riesgo país

Desde enero del año pasado no están disponibles en el portal del Banco Central de Venezuela las cifras sobre el índice de diversidad de productos. Dos meses después se tomó la decisión de dejar de publicar el índice de escasez. La disposición no tomó en cuenta que tendría serias consecuencias para el riesgo país de la República, que en este momento se ubica en  un nivel parecido a Ucrania y superior a Grecia y Argentina.

A mediados de 2014 en una medida sin precedente se omitió la obligatoriedad de hacer públicas todas las estadísticas, lo que viola la ley del BCV. Las cifras del producto interno bruto y de la balanza de pagos no se difunden desde septiembre del año pasado. El índice nacional de precios al consumidor, el índice de desarrollo humano y el de producción petrolera no se conocen desde diciembre. Los indicadores de pobreza y las remuneraciones de empleados y obreros dejaron de ser públicas en diciembre de 2013.

En julio de 2015 Transparencia Venezuela introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda contra el BCV por incumplir la rendición de cuentas de las cifras macroeconómicas y violación de la Constitución.  En agosto, el máximo tribunal declaró inadmisible la demanda con el argumentó de que Transparencia no presentó “ninguna prueba que acredite las gestiones que haya realizado para solicitar y obtener del presidente del BCV el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas establecida en el artículo 319 de la Constitución”.

Los expertos han señalado que esta medida solo crea más incertidumbre;  como quedó demostrado el 20 de octubre cuando el presidente de la República  dijo que la inflación estaba en 80% y tres días después que era 85%. Sin embargo, extraoficialmente se supo que entre enero y octubre se situó en 170,8%.

A finales de septiembre los inversionistas de bonos venezolanos en Nueva York le expresaron el  ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, que el alto riesgo país que presenta Venezuela tiene gran relación con la política de ocultamiento de cifras oficiales.

Francisco Monaldi

Economista. Profesor en Rice University

Es increíble que no tengamos cifras de inflación. Ni siquiera en Argentina, donde el gobierno manipula activamente los datos económicos, se suspendió su publicación. Las cifras de inflación son claves para la formación de expectativas y renegociaciones contractuales. No tenerlas implica que se usaran referencias como el dólar negro o números no oficiales para tomar decisiones. Obviamente, no tener cifras de crecimiento también es inaudito en una economía moderna. Es clave para que los agentes económicos puedan planificar. Las cifras de escasez son menos comunes en otros países porque es un fenómeno poco común en el mundo de hoy, pero en el caso venezolano es claramente muy importante.

Alejandro Arreaza

Economista de la firma Barclays Capital

El hecho de no contar con las estadísticas económicas complica aún más la tarea de llevar a cabo el análisis sobre la situación económica  de Venezuela para tomar cualquier decisión de inversión. Es como manejar un automóvil a ciegas. Diría que uno de los principales perjudicados con esta política de ocultamiento de cifras es el gobierno. La ausencia  de información oficial trae como consecuencia que se  fomente la especulación y crezcan las dudas sobre la veracidad de lo que dicen los actores gubernamentales. Esta decisión al final se traduce  en que se cree una mayor prima de riesgo para el país. Esa es la razón por la cual se castiga tanto la deuda de la República y de Pdvsa.

Richard Obuchi

Economista de la firma ODH

Es muy difícil que un gobierno formule buenas políticas públicas cuando se parte de la premisa errada. El Ejecutivo cree que no es relevante dar a conocer la información adecuada y precisa y que el hecho de publicar las cifras a tiempo es el verdadero origen del problema que afecta la economía. En realidad las estadísticas confiables y exactas son la base de la solución porque permite tener una mirada clara de lo que está sucediendo, y con base en ello diseñar esas políticas públicas que se requieren para hallar las vías que permitan solucionar la crisis. Un primer paso para solventar cualquier problema es reconocer que existe; mientras esto no se cumpla lo que se está haciendo es agravar el problema.

Ronald Balza

Economista. Profesor de Economía de la UCV y de la UCAB

En este momento no tenemos cifras de balanza de pagos, posición de activos internacionales e ingresos y egresos de divisas al BCV. A empresarios, sindicatos, investigadores y acreedores, la ausencia de información les impide planificar, negociar e interpretar sin asumir riesgos que dificultan innecesariamente sus acciones. En ausencia de mediciones oficiales, las estimaciones y cálculos indirectos se convierten en referencias comunes, que acaban por minar la credibilidad de las instituciones públicas. A esto se suma la imposibilidad de hacer contraloría social sobre las acciones del gobierno, lo que crea mayor desconfianza ante las oportunidades de corrupción que esto genera.

Gabriel Villamizar

Economista, profesor de Macroeconomía de la UCAB

Desde le punto de vista empresarial afecta la toma de decisiones no solo en materia de producción, sino en lo que respecta a qué beneficios laborales adicionales se le puede dar a los empleados. La falta de cifras dificulta proyectar la demanda o la producción y cómo pagar a los proveedores. Se crea un escenario de mayor incertidumbre al momento de planificar ante 2016. Hay un sector del gobierno que dice que en época de guerra económica no se deben publicar cifras. Pero también influye el hecho de que no se dan a conocer para que no se vea reflejado el deterioro en época electoral. Sin embargo, no se puede ocultar la caída del poder de compra ni las colas por la escasez.

Asdrúbal Oliveros

Director de Ecoanalitica

Es una irresponsabilidad del BCV no publicar las estadísticas y que obliga a ser dadas a conocer por la ley que rige al instituto emisor. Esta decisión del gobierno tiene incidencia en la percepción de riesgo y en la planificación de las empresas para medir sus costos y fijar precios. Adicionalmente, influye en la discusión de contratos colectivos y en la planificación para el pago de beneficios salariales que se destinan a los trabajadores y afecta también la actividad tributaria en la evaluación y planificación de los impuestos. Un país que no publica inflación está a merced de la especulación y las distorsiones de precios exacerbando los problemas de escasez y desabastecimiento de productos. (El Nacional)

Farmacias fabrican remedios pediátricos debido a la escasez

medicamentos4_980.jpgEl desabastecimiento de medicinas ha obligando a las farmacias a fabricar fórmulas pediátricas a partir de pastillas para adultos, de acuerdo a lo señalado por la vicepresidenta de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Yolanda Carrasquel. Así lo reseña eltiempo.com.ve / Katy Jurado

“Los médicos han optado por mandar a preparar las suspensiones para niños, especialmente antibióticos, antiparasitarios, antieméticos y antihipertensivos que ya no se producen en el país”.

Carrasquel explicó que al menos la mitad de los 80 laboratorios nacionales y transnacionales que operan en el país, redujeron su producción este año debido al retraso en la aprobación de divisas para pagar a los proveedores.

“Hemos tenido que volver a la época de las boticas. En la zona norte hay tres farmacias que cuentan con los equipos para preparar fórmulas magistrales: la Venezuela y la Ortopédica en Barcelona, y la Saas de Puerto La Cruz”.

Damelis Arismendi, encargada de la farmacia Venezuela, en el bulevar 5 de Julio de Barcelona, señaló que al día preparan entre 15 y 20 fórmulas pediátricas de antibióticos y antiparasitarios, y aunque su costo es similar al de las pastillas (base del medicamento), tiene la limitante de que sólo cumple su efecto por siete días.

“Como no tienen los preservativos químicos que utiliza la industria, al pasar una semana pierden el efecto. Por ello, elaboramos solo las dosis que indica el médico en el récipe”.

Al igual que la directiva de Fefarven, Arismendi dijo que usarán todos los recursos a su alcance, pero “no sabemos que pasará cuando se agoten los inventarios por completo y no haya otra forma de paliar la escasez”.

Algunos de los medicamentos que ya no se consigue, además de los pediátricos, son las vitaminas, anticonceptivos, soluciones parenterales (fisiológica, ringerlatato), ativertiginosos y productos para nebulizar. “En ocasiones llegan uno o dos unidades que se venden al primer paciente que lo requiera”, dijo Carrasquel.

Hora cero

Cerca de 80% del personal de laboratorios como Pfizer, Elmor, MDS, Lill, Grupo Calier Farmaceútico, Zuosfarma y Gynopharm, entre otros, fue cesanteado. Así lo aseguró un grupo de extrabajadores que prefirió mantener sus nombres en reserva, alegando un acuerdo de confiabilidad.

Aunque la mayoría de estas empresas se mantienen activas, operan al mínimo de su capacidad. Pfizer liquidó a 200 empleados (visitadores médicos) y Gynopharm despidió 40 sólo de la línea de salud. Mientras que otras como Zuosfarma y Servier cerraron y Calier dio vacaciones colectivas hasta el 15 de enero de 2016.

“Este año el gobierno no ha liquidado las divisas que requiere la industria farmacéutica. Han hecho esfuerzos para no irse, pero a estas alturas resulta imposible garantizar el pago de la nómina”, dijo uno de los despedidos el mes de julio de Gynopharm. (La Patilla)

El kilo del pernil quedó regulado en Bs. 585,65, así lo informó Arreaza durante inspección en Lara

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, realiza una inspección en el estado Lara, la hacienda El Tunal donde informó que el comando de Precios Justos estableció nuevos precios para cortes de porcino.

Arreaza puntualizó que la regulación de las proteína animal había causado un buen impacto, y que luego de ajustar el precio de los huevos de gallina la producción estaba siendo plena, con un promedio de producción de 5.000 cajas de huevos diarios, totalizando 1.900.000 huevos para proveer a nivel nacional.

Por su parte indicó que luego de evaluar los criaderos de cerdo anunció que se les comenzaría a aplicar la regulación de precios justos a esta proteína.

Por lo que informó que el lomo de cerdo que se cotizaba en Bs. 1.800 el kilo quedaría en Bs. 732,44; las costillas de Bs. 1.600 quedó en Bs. 527.36 el kilo; la chuleta de Bs. 1.900 pasó a Bs. 669,74 el kilo; el pernil de Bs. 1.500 pasó a un precio de Bs. 585,95 el kilo; la pieza de paleta fue regulada en 427,16 el kilo y el tocino quedó en BS. 239,80.

En este sentido instó al sector de producción privado a que se sumaran a la regulación de los ajustes de precios que se estaban implementando en los alimentos. (Noticias 24)

Sancionan 24 comercios en la parroquia El Recreo por sobreprecio

Un total de 24 comercios del boulevar Sabana Grande y del centro comercial El Recreo fueron sancionados este domingo por la Superintendencia de Precios Justos, tras detectar algunos artículos con un margen de ganancia por encima de lo establecido en la regulación nacional.

La mayoría de los comercios sancionados fueron aquellos dedicados a la venta de ropa, calzado y juguetes.

El director general de la Superintendencia en el Distrito Capital, Esteban Arvelo, indicó que los establecimientos multados excedían el margen de ganancia fijado por la Ley de Precios Justos y presentaban artículos sin marcaje de precios.

«Estamos defendiendo el salario de los trabajadores, defendiendo los aguinaldos de los trabajadores tanto públicos y privados», señaló, en transmisión de Venezolana de Televisión. (El Mundo)

Sundde verifica cumplimiento del ajuste PMVP en centros comerciales

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) verificó  en los principales centros comerciales de la Gran Caracas, el cumplimiento del ajuste establecidos por Ejecutivo Nacional para regular las ganancias de productos y el Precio Máximo de Venta Público (PMVP).

La mayoría de las tiendas se adaptaron a los ajustes establecidos y exhibieron un cartel con el mensaje: «En línea con lo estipulado por el Comando Nacional de Precios Justos de la mano con el Ejecutivo Nacional, procederemos a ajustar los precios de nuestros productos en un -30% para garantizar al pueblo el acceso de nuestros bienes y servicios».

Cabe destacar que la Providencia Administrativa Número 70 indica que «los productores nacionales tendrán margen de ganancia hasta 30% y los importadores de bienes y servicios hasta 20%. Los intermediarios, independientemente de su número, el margen máximo de comercialización será de 60%», reseñó la Superinendencia.

También se prohíbe expresamente que los comerciantes apliquen el marcaje con la denominación de «Precio Justo» a cualquier producto que no haya sido fijado por la Sundde.

Esta primera jornada de inspección fue para el sector de calzado, ropa, electrodomésticos y tecnología.

La señora Marisela Rodríguez, transeúnte del Centro Comercial El Recreo, comentó que la medida beneficia al pueblo trabajador porque los productos que la mayoría aprovecha de comprar en diciembre bajaron de precio.

Por su parte, Raúl Lago, visitante del Centro Comercial Metrocenter, en Capitolio, agradeció al Gobierno Revolucionario por corregir las irregularidades de la economía. «Cada vez que pueden suben los precios sin ninguna justificación», dijo.

Estas fiscalizaciones forman parte de los lineamientos que ordenó el Gobierno Nacional para proteger a los venezolanos de la guerra económica, perpetrada por sectores de la derecha a través de acciones como el acaparamiento y altos precios de los productos de primera necesidad. (El Universal)

Comando Nacional de Precios Justos se activó en Mercado Principal de Maracay

Fiscales e inspectores populares del Comando Nacional de Precios Justos supervisaron este fin de semana los márgenes de ganancia y cumplimiento de precios máximos de venta al público en el Mercado Principal de Maracay, capital del estado Aragua, en el centro norte del país, para garantizar al pueblo el acceso a los rubros alimenticios.

La coordinadora estadal de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, Vicyhomir D´Agosto, explicó que en la fiscalización se detectaron márgenes de ganancia excesivos en diferentes productos, por lo cual se procedió a la venta supervisada de los rubros.

En ese sentido, los servidores de la superintendencia, en compañía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), realizaron ventas supervisadas de carne de bovino y pollo a precios regulados, para garantizar al pueblo el acceso a estos rubros.

El dispositivo en el mercado principal de Maracay forma parte de una jornada de fiscalización realizada este fin de semana a escala nacional en los mercados municipales del país, para garantizar el precio justo de los rubros básicos para las familias venezolanas, que son blanco del ataque económico por parte de la derecha y su guerra caracterizada por el acaparamiento, usura y boicot de los productos.

D´Agosto destacó que en Aragua ya han sido fiscalizados el Mercado de Mayoristas de La Morita, en el municipio Mariño; el Mercado Libre de Maracay y este sábado el Mercado Principal en el casco central de la ciudad.

En estas iniciativas participan efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Milicia Nacional Bolivariana, policías estadales y municipales, bajo la orden de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) N.44 Aragua, al mando del general de división Jesús Suárez Chourio. (AVN)

Investigan a Empresas Polar y Colgate por cartelizar oferta de productos

La Superintendencia Antimonopolio sancionó a la filial de Empresas Polar, Alimentos Polar Comercial, con una multa de 87 millones de bolívares por no suministrar información oportuna sobre la reducción en la producción y distribución de lavaplatos en presentaciones menores a 500 gramos y 500 cc.

La información fue suministrada al diario Cuatro F por el titular de la Superintendencia, José Julián Villalba, quien detalló que hace unas semanas iniciaron una investigación a la empresa que controla más de 80 % de la producción de lavaplatos.

Las pesquisas buscan determinar si la empresa ha incurrido «en prácticas concertadas, similares y simultáneas, con el fin de limitar la producción», lo cual es considerado como cartelización por la Ley Antimonopolio, reseña el diario.

El ente observa con preocupación la disminución constante y progresiva de la producción y venta de lavaplatos líquido en envases de menos de 500 gramos, y el aumento de la venta del rubro de mayor tamaño, especialmente el de dos litros.

Esa situación implica que haya menos unidades disponibles en el mercado y obliga al usuario a adquirir grandes volúmenes del producto, hecho que lo convierte en acaparador involuntario y limita el acceso de otras personas al rubro.

El mecanismo, detalla el diario, «no implica un ahorro para el consumidor, ya que su precio, aun en cantidades mayores, es similar proporcionalmente al de los envases de menos tamaño. Eso le permite a los fabricantes una mayor ganancia por unidad» y agiliza el tiempo de circulación del producto, garantizando el retorno más rápido para el fabricante. (AVN)

Sancionan a Polar con Bs. 87 millones

La Superintendencia Antimonopolio sancionó a la filial de Empresas Polar, Alimentos Polar Comercial, con una multa de 87 millones de bolívares «por no suministrar información oportuna sobre la reducción en la producción y distribución de lavaplatos» en presentaciones menores a 500 gramos y 500 cc.

La información fue suministrada al diario Cuatro F por el titular de la Superintendencia, José Julián Villalba, quien detalló que hace unas semanas «iniciaron una investigación a la empresa que controla más de 80% de la producción de lavaplatos».

Las pesquisas buscan determinar si la empresa ha incurrido «en prácticas concertadas, similares y simultáneas, con el fin de limitar la producción», lo cual es considerado como «cartelización por la Ley Antimonopolio», reseña el diario.

El ente observó «la disminución constante y progresiva de la producción» y venta de lavaplatos líquido en envases de menos de 500 gramos, y el «aumento de la venta del rubro de mayor tamaño», especialmente el de dos litros.

Esa situación «obliga al usuario a adquirir grandes volúmenes» del producto, hecho que lo «convierte en acaparador» involuntario y limita el acceso de otras personas al rubro.

El mecanismo, detalla el diario, «no implica un ahorro para el consumidor, ya que su precio, aun en cantidades mayores, es similar proporcionalmente al de los envases de menos tamaño. Eso le permite a los fabricantes una mayor ganancia por unidad» y agiliza el tiempo de circulación del producto, garantizando el retorno más rápido para el fabricante. (El Mundo)

Aprobado aumento salarial de 60% para policías de Guárico

El Gobernador del estado Guárico Ramón Rodríguez Chacín anunció un incremento salarial de 60% para los policías de Guárico, partir del 1º de noviembre, “sueldos justos para vivir dignamente, como enseñó Hugo Chávez”.

La información la ofreció el Gobernador durante la emisión del programa número 12 de Chacín Informa, transmitido el sábado 14 de noviembre desde el Salón Hugo Chávez de la Ciudad Olímpica, en San Juan de los Morros, a través de Cantaguárico 91.3 y 95.7 y sus emisoras aliadas, reseña AVN.

“Ese aumento consta del 30% decretado a nivel nacional y otro 30% aprobado desde la gobernación porque sabemos la responsabilidad que reviste la labor del policía”, dijo. (El Mundo)

Aprobó Bs. 471.890.000 para obras en Higuerote e inauguró complejo cultural Pablo Rada en Curiepe

El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó este sábado a Curiepe, en el municipio Brión del estado Miranda, para inaugurar el complejo cultural Pablo Rada.

La construcción de la casa cultural se realizó con una inversión de 67,4 millones de bolívares y atenderá a más de 3.000 personas que habitan en la localidad mirandina.

El Jefe de Estado llegó acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores, así como por el Coordinador de Misión Transporte, Haiman El Troudi, y el dirigente socialista, Elías Jaua, con quienes más temprano realizó la inspección de la obra del Metro que comunicará las ciudades mirandinas de Guarenas y Guatire.

En medio de una manifestación cultural bailó junto al pueblo los tradicionales tambores de Curiepe, en la calle El Cristo, tras lo cual se detuvo para escuchar las solicitudes del poder popular.

Posteriormente el Jefe de Estado aprobó Bs. 98.000.000 para comenzar la segunda etapa del complejo cultural Maestro Pablo Rada, así como mejorar y embellecer las calles aledañas y fachadas, construcción de la plaza y áreas de estacionamiento que se deben culminar en tres meses.

De la misma manera aprobó Bs. 200.750.000 para la mejora, mantenimiento y rehabilitación integral del hospital general de Higuerote y el hospital Jesús Río de Cupira.

“Estoy aprobando para las mejoras de estos hospitales gracias al fondo del Seniat, a ese fondo especial yo le giro para invertir en escuelas y salud. Que todo el mundo este informado de donde vienen los recursos”, señaló.

Igualmente aprobó 173.140.000 para culminar el terminal de pasajeros “Almirante Brión de Higuerote” en rutas urbanas e interurbanas, el cual se espera tenga una vía de intersección con Curiepe para descongestionar el pueblo.

Finalmente anunció a los trabajadores del ministerio del Poder Popular para la Cultura la aprobación de los recursos económicos para la nivelación y aumento salarial de todos. (Noticias 24)

Venezuela y Belarús fortalecen alianzas estratégicas en materia de vivienda

Venezuela y Belarús acordaron este sábado profundizar la alianza estratégica en materia de construcción, lo que se sumará al desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

Para tales fines, este sábado una comitiva de Belarús, encabezada por el viceprimer ministro, Vladimir Semashko, y el titular del despacho para Hábitat y Vivienda de Venezuela, Manuel Quevedo, sostuvieron una reunión en Caracas.

«Estuvimos revisando las metas que nos corresponden para lograr la meta de un millón y la planificación del año que viene, y queremos seguir impulsando esta relación con Belarús», sostuvo Quevedo, refiere una nota de prensa del ente ministerial.

En la reunión de este sábado también estuvieron presentes por Belarús el embajador en Venezuela, Oleg Páferov; el ministro de Arquitectura y Construcción, Anatoly Chorny; y el director general de la empresa constructora JSV Belzarubezhstroy, Vital Bandaryk,

Por Venezuela, asistieron los viceministros de la cartera de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel Arismendi y Javier Torres Dávila, así como el embajador de Venezuela en Minsk, José Boggiano Pericchi, entre otros funcionarios, agrega el boletín de prensa. (El Mundo)

Cumplir con su deber de publicar las cifras de inflación, escasez de alimentos y demás estadísticas económicas o renunciar a sus cargos. Esta fue la exigencia que la organización Espacio Público formuló al directorio del Banco Central de Venezuela (BCV), en un comunicado en el cual la agrupación denunció que «la falta de información favorece la persistencia de un contexto de depreciación de la moneda nacional, inseguridad jurídica al máximo nivel e imposibilita cualquier iniciativa de reimpulso y/o crecimiento económico en el país».Tras recordar que en lo que va de 2015 el instituto emisor no ha difundido ninguna de las cifras que la Constitución de 1999 y su normativa le ordena realizar en los primeros diez días de cada mes, Espacio Público denunció: «La opacidad no solo contradice los fundamentos básicos del sistema democrático, en particular la trasparencia y rendición de cuentas de la actuación pública, como lo establece el artículo 141 de la Constitución, sino que dificulta gravemente el ejercicio de la actividad económica. La falta de información oficial solo reproduce una fuente de incertidumbre y empeora la toma de decisiones en los planos gubernamental y privado, según reconocen los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de Naciones Unidas, y las Normas Especiales para la Divulgación de Datos del Fondo Monetario Internacional, ambos documentos internacionales suscritos por Venezuela».La agrupación aseveró que la falta de información oficial viola los Derechos Humanos, porque existe «una relación directa entre el acceso a la información pública y las posibilidades de reclamar mejoras o correctivos sustanciales en otros ámbitos políticos».Espacio Público reclamó al Parlamento que en el supuesto de que el directorio del BCV persista en su actuación y no dimitan entonces sus integrantes sean removidos. «El procedimiento de remoción del Directorio del Banco Central constituye una vía política obligatoria, si se toma en cuenta que su actuación no es aislada, sino que reitera varios precedentes de abstención en la publicación de estadísticas. En el 2014 se registró el primer retraso importante en la publicación de cifras en los meses junio, julio y agosto, para terminar siendo publicadas en septiembre».Este pronunciamiento coincide con una manifestación que hoy distintas agrupaciones tenían previsto realizar a las puertas del instituto emisor, en la avenida Urdaneta de Caracas.

 

Lista de datos no publicados por el BCV

1. El BCV no ha publicado la inflación en lo que va de año.
2. El índice de escasez no se publica desde enero de 2014.
3. El comportamiento de la economía y la balanza de pagos tienen tres trimestres sin informarse.
4. Desde diciembre de 2013 no se dan los índices de precios de los productos controlados y no controlados, los precios de los productos agrícolas, los precios al mayor, los precios a la construcción y la inflación por estratos.
5. Los índices de ventas, volumen, valor y precios y producción física no se actualizan desde septiembre de 2013.
6. El instituto emisor ya lleva cuatro meses sin precisar el financiamiento del Banco Central a las empresas del Estado.
7. Desde junio de 2012 el BCV no publica el boletín mensual, que detalla los índices de precios y la gestión financiera del Gobierno central.

En razón de estos hechos y sus valoraciones, Espacio Público:

1.- Reitera la solicitud al directorio del BCV a que publique de modo inmediato los datos relativos a inflación, escasez y del conjunto de datos macroeconomicos que no publica.

2.- En el caso de mantengan la reiterada política restrictiva de información el Directorio del Banco Central de Venezuela debería renunciar o en su defecto, la activación del procedimiento para la remoción del mismo por parte de las autoridades correspondientes.

3-      Solicita al Presidente de la República un pronunciamiento público requiriendo la publicación de esta información, con indicadores técnicos imparciales, confiables, transparentes, claros y precisos, en caso de que el mecanismo anterior no prospere.