Los firmantes explican que en la legislación venezolana citada por Telefónica España S.A y su filial Movistar, las solicitudes de interceptación deben ser aprobadas por un juez para que sean válidas

 

 

Periodistas y organizaciones en defensa de la libertad de expresión enviaron una carta a José María Alvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica Movistar, en rechazo por la actuación de la empresa entre los años 2016 y 2021 al reconocer que interceptó las comunicaciones de más de un millón y medio de líneas de sus clientes en Venezuela.

Telefónica también admitió que entregó los metadatos asociados a las comunicaciones de 997.679 accesos y que bloqueó 27 URL en este período.

En la misiva, los firmantes explican que en la legislación venezolana citada por Telefónica España S.A y su filial Movistar, las solicitudes de interceptación deben ser aprobadas por un juez para que sean válidas.

Esta disposición presenta excepciones particulares, como el caso de urgencias y flagrancias, en las que el CICPC puede hacer el pedido.

Pero, destacan, aún en estos casos, debe notificarse al Ministerio Público y constar en el expediente.

«Dirigimos una expresa petición a su persona y a los responsables de las áreas corporativas relevantes para asuntos específicos relacionados con la privacidad y la libertad de expresión, para que nos informen sobre la debida diligencia efectuada para resguardar los derechos a la libertad de expresión y la privacidad en Venezuela, así como los fundamentos para dar respuestas a las solicitudes de las autoridades competentes, las razones para efectuar bloqueos y restricción de contenidos en Venezuela», se lee en el texto.

Representantes de medios de comunicación independientes y ONG pidieron que se les informe cómo ha sido el procedimiento que rige la colaboración con las autoridades competentes.

También, cuestionarom si la empresa evaluó el impacto que tendrían estas solicitudes en la privacidad y en la libertad de expresión en Venezuela.

 

*Puede leer también: Espionaje masivo de Movistar no está apegado al derecho a la privacidad

 

Actividades afectaron la libertad de expresión 

Las organizaciones indicaron en la misiva los casos más representativos en donde se afectó a la libertad de expresión por la actuación de le empresa.

1.- «Desde las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los propios medios independientes, hemos alertado de manera reiterada que estas restricciones de acceso han afectado la conexión a portales de noticias desde el servicio que presta Movistar, los cuales se han ejercido mayormente bajo la modalidad de bloqueos por DNS».

2.- Indican que, mediante la metodología del Observatorio de Intermitencias de Internet (OONI por sus siglas en inglés), esta organización también pudo confirmar que, en los últimos años, dicha teleoperadora ha censurado los portales de más de 40 medios de comunicación en el país.

3.- De acuerdo con las evidencias recabadas durante 2021, entre los medios más afectados por estos bloqueos selectivos que son ejercidos principalmente desde los servicios de internet, Cantv, Movistar y Digitel, se encuentran: VIVOplay, VPItv, NTN24, Noticia al Día, El Pitazo, Caraota Digital, Albertonews, Monitoreamos, Armando.Info, La Patilla, Efecto Cocuyo, Aporrea, 2001, Correo del Orinoco, Punto de Corte, Runrun.es, Crónica Uno, El Cooperante, El Universal, Globovisión, El Nacional, Correo del Caroní, La Mañana, Sumarium, Infobae, El Tiempo, EVTV, y las páginas de las organizaciones Insight Crime, Acceso a la Justicia y Mi Convive.

4.- Acotaron también que logró comprobar que el año pasado hubo incidentes de censura en los portales de 38 medios de comunicación y dos organizaciones de Derechos Humanos, lo que se tradujo en mayores bloqueos y menores informaciones para la ciudadanía en los entornos web.

Los defensores de la libertad de expresión resaltaron que el uso de la interceptación de las comunicaciones de los ciudadanos, de forma arbitraria y masiva, advierte riesgos importantes para el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales de los usuarios, pues constituye una violación de los estándares de Derechos Humanos.

*Puede leer la carta completa AQUÍ 

El gobierno ruso hizo lo propio y botó a dos funcionarios colombianos acreditados en Moscú

«El Gobierno nacional tomó la decisión de solicitar el retiro de dos funcionarios diplomáticos rusos acreditados en Colombia, tras la verificación de que estaban desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas», señaló la Cancillería en un comunicado.

Para el efecto, Bogotá siguió el procedimiento establecido en el Artículo 9 de dicho instrumento internacional, por lo que la decisión ha «sido respondida recíprocamente por el Gobierno de la Federación Rusa, al disponer a su vez el retiro de dos funcionarios diplomáticos colombianos acreditados en Moscú».

Pese a estas circunstancias, el propósito de Colombia, afirma la Cancillería, «es mantener el buen nivel que tradicionalmente han marcado las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con la Federación Rusa”.

Espionaje militar y económico ruso en Colombia

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, confirmó que las dos personas al servicio de la embajada rusa «abandonaron el país el pasado 8 de diciembre”.

Espinosa adujo que las razones que motivaron este abandono son ajenas a Migración Colombia y competen a «razones de Estado». Se trata de dos diplomáticos rusos identificados como Alexander Paristov, nacido el 12 de enero de 1989, y Alexander Belousov, nacido el 29 de enero de 1981. Los hombres llevaban más de dos años en Colombia.

Según el diario El Tiempo, «estas personas estaban desarrollando actividades de inteligencia”. La advertencia sobre las acciones ilegales que estarían haciendo llegó a través de la Dirección Nacional de Inteligencia. Los rusos estaban en un proceso de reclutamiento de fuentes que ya habían adelantado en Cali. Además de inteligencia militar, realizaban inteligencia económica y tenían interés en conocer información privilegiada sobre la explotación de recursos minerales.

La detención se dio en  la carretera entre la ciudad de Valledupar y el departamento de La Guajira

El Ejército de Colombia informó la detención de Gerardo José Rojas Castillo, militar venezolano que supuestamente entró a ese país para hacer espionaje al Ejército colombiano.

De acuerdo con una nota de EFE, presuntamente, la operación contra el venezolano oriundo de Carora, estado Lara, lleva más de un año.

La detención se dio en  la carretera entre la ciudad de Valledupar y el departamento de La Guajira y fue practicada por soldados de la Décima Brigada Blindada en coordinación con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migración Colombia.

«En el momento de su aprehensión esta persona tenía en su poder documentos que le acreditan como militar activo en el grado de sargento segundo», detalló el Ejército en un comunicado.

 

Con respecto al militar, lo arrestaron en un puesto de control instalado en un punto llamado La Ye de Corazones.

Las autoridades determinaron que el venezolano ingresó a Colombia en «calidad de refugiado». para espiar las unidades militares en el territorio nacional, especialmente en los departamentos de La Guajira y César, cuya capital es Valledupar.

Según la información, el detenido decía ser el dueño de un puesto de venta de jugos frente a instalaciones militares del Ejército «y posteriormente logró ingresar a una empresa de Transportes de Valledupar como vigilante de seguridad».

Presuntamente, con ese trabajo, «podía observar de forma permanente los movimientos externos del cantón militar de la Décima Brigada Blindada».

En tal sentido, ratificaron que Rojas tiene entrenamiento en artes militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Según el comunicado, el uniformado tiene en su haber cursos de cazador, de Fuerzas Especiales o Caribe, de paracaidista, de mando y conducción, y de infiltración.

Con información de EFE

El Gobierno venezolano anunció este lunes la detención de dos altos cargos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), acusados de espiar para Estados Unidos y entregar «información estratégica, sensible y de carácter confidencial» de la empresa.

A través de un comunicado de la comisión Alí Rodríguez Araque, instituida hace casi dos semanas por el presidente Nicolás Maduro para reformar la industria petrolera venezolana, se informó que los detenidos responden a los nombres de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes eran «gerentes de operaciones especiales y de operaciones de crudos», respectivamente.

«Ambos funcionarios son responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al Gobierno de Estados Unidos (…) para con ello agredir a nuestra industria petrolera a través de la imposición de unilaterales e ilegales sanciones», dice el texto.

De acuerdo con el comunicado, las detenciones se practicaron el pasado viernes 28 de febrero.

A los detenidos también se les acusa de suministrar «datos» de las operaciones en Venezuela de los socios comerciales de PDVSA.

La comisión calificó estos presuntos hechos como una «miserable traición», al tiempo que solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación que determine responsabilidades para que se aplique «todo el peso de la ley».

 

 

EL DIARIO ARGENTINO  Clarín reveló este miércoles documentación que explica cómo opera el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, creada durante el mandato de Hugo Chávez.

Los informes del organismo de inteligencia también demuestran cómo desde hace años vigilaban a los dirigentes opositores, a quienes geocalizaban mediante sus celulares. Antonio Ledezma, Leopoldo López o Julio Borges fueron algunas de las figuras investidas mediante dicho proceso. 

 

La autenticidad de los documentos del Sebin fue confirmada a El Clarín, por agentes de ese mismo servicio secreto.

Estos agentes, vestidos de civil, querían saber quién había filtrado los documentos que ahora se dan a conocer por primera vez. En aquella ocasión se mostró por televisión un documento interno oficial del Sebin por el cual se ordenaba detener a Lanata y a su equipo a la entrada de Venezuela.

El programa PPT cubrió las últimas elecciones presidenciales de Chávez. Su rival, el opositor Henrique Capriles, era seguido a toda hora por el Sebin, que recolectaba información y conocía de antemano cuál era su agenda personal y política.

Los agentes del Sebin jamás llegaron a saber de dónde se habían filtrado los papeles, a pesar de que intentaron de varios modos conocer la fuente de lo que creían entonces, era la filtración sólo de una sola, entre todas las órdenes que cumplían a diario.

En realidad, la documentación que había llegado a PPT y a Clarín, gracias a una fuente que jamás se revelará, era mucho más rica y más amplia. La totalidad de esos documentos internos y secretos del Sebin, que informan y dan cuenta de algunas de sus operaciones múltiples, se revela por primera vez en este informe.

”En estos tiempos de convulsión en Venezuela, el contenido de estas revelaciones se reactualiza”, informó el medio de comunicación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vea el informe completo en Clarín.

 

 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, VARIOS DE ESOS ATAQUES HAN SIDO SOBRE ESPIONAJE: robar información sensible o alterar la infraestructura crítica de la que dependen las naciones. Haciendo uso de técnicas sofisticadas y hazañas (vulnerabilidades de seguridad que no han sido anunciadas públicamente), son el resultado de considerables habilidades y recursos.

Con objetivos de carácter más político que comercial o criminal, la sospecha es que, debido a su búsqueda deliberada y persistente de objetivos alineados con los intereses nacionales, los ataques tienen patrocinadores estatales.

Esta es una tendencia preocupante. Los ciberataques pueden lanzarse con relativamente poco software, hardware y habilidades, pero pueden tener un impacto enorme en términos de costos e interrupciones. A medida que las redes globales crecen en términos de tráfico, velocidad y alcance, la situación sólo va a empeorar.

Un problema grave es la dificultad de atribuir con toda confianza un ataque particular a su nación de origen. La arquitectura técnica de Internet fue construida para proporcionar conectividad abierta.

Esto se complica por cómo los ataques de varias etapas, que son la mayoría de los ciberataques modernos, hacen casi imposible afirmar cualquier atribución confiable. Estas operaciones se configuran de manera que el atacante primero ponga en peligro el equipo de un tercero con el fin de usarlo como plataforma para lanzar un ataque al objetivo final.

Puede haber varias máquinas de este tipo, cada una utilizada para comprometer a otra, creando una compleja red de conexiones que oscurecen el origen del ataque. Esta cadena se puede mantener para permitir que los datos se extraigan del objetivo y se traigan de vuelta, encubierto, al atacante.

Se cree que algunas naciones, incluyendo Rusia, China e Israel, mantienen equipos de guerra cibernética y llevan a cabo ataques patrocinados por el Estado. Por ejemplo, la empresa de investigación de seguridad Mandiant identificó recientemente a un presunto equipo militar chino de guerra cibernética hasta la ubicación de su edificio. Esto llevó al gobierno de Estados Unidos a presentar cargos criminales por piratería contra cinco oficiales militares chinos nombrados.

La atribución de ciberataques sigue el principio de sofisticación, examinando el nivel de habilidades y recursos necesarios para llevar a cabo el ataque. El uso de exploits de día cero, por ejemplo, demuestra que se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la prueba de una vulnerabilidad desconocida contra la que el objetivo tendrá poca protección. Esto no es probable que sea algo que un hacker podría lograr.

Tal vez la mayor dificultad que plantea cualquier ataque cibernético de represalia es la geopolítica del día. Las alianzas políticas, el intercambio de inteligencia, las consideraciones jurídicas y éticas, y la sensibilidad potencial de las operaciones ofensivas, hacen que sea muy difícil para los estados nacionales lanzar tales operaciones. El resultado es que el tipo de acusaciones públicas de ataques cibernéticos que se ven en la prensa y que se pretenden como una herramienta de disuasión son casi totalmente inútiles, como se puede ver las frecuentes y fáciles negaciones de Rusia y China.

 

*Andres Q: Licenciado en Idiomas Modernos con competencias en áreas profesionales que requieran experticia en la Comunicación Interlingual e Intercultural. Docente en la enseñanza preuniversitaria; editor, redactor, organizador de eventos culturales; asistente manager en comunicación empresarial.

Sergei Skripal, durante una audiencia en el tribunal militar de Moscú en 2006 FOTO: EFE

 

El caso del ex espía ruso Sergei Skripal – odiado por los actuales servicios de inteligencia herederos de la KGB- y el envenenamiento de su hija Yulia, fueron ocasionados con un producto  neurotoxico denominado Novichok, que es una sustancia química mortal que aparentemente solo se produce en Rusia. La desconfianza del gobierno británico se evidenció  al responsabilizar a Rusia y expulsar a 23 de sus diplomáticos acreditados en Londres. El Presidente Putin ordenó de inmediato una medida similar al aplicar la reciprocidad y expulsar a su vez a 23 diplomáticos ingleses, lo que ha hecho que varios analistas políticos destaquen que se está dando inicio a una etapa de enfrentamientos similar a la Guerra Fría entre Este y Occidente, etapa que creíamos superada con la disolución de la URSS como consecuencia de los cambios producidos por la Glásnost y la Perestroika.

No es la primera vez que el escándalo del envenenamiento de ex espías se ha producido en suelo británico, porque ya en el 2005 hubo un episodio similar ocasionado por el asesinato del ex espía Alexander Livtinenko, que generó tensiones similares en aquel momento.

Pero la diferencia es que esta vez, el escándalo del ex espía Skripal se irradio a otros países aliados de Londres, quienes mostraron su solidaridad con la Primer Ministro May al adoptar medidas similares repitiendo en sus países la decisión de expulsar a diplomáticos, cuya suma supera a un centenar de diplomáticos eslavos producida en 22 países, entre los cuales el Gobierno del Presidente Trump está a la cabeza con la expulsión de 60 diplomáticos rusos.

Se trata sin dudas de la acción colectiva más fuerte que se hayan adoptado en el ámbito diplomático multilateral en toda la historia, y las consecuencias pueden ser graves porque el Kremlin acusa estas medidas como una provocación de occidente y niega su responsabilidad, además de amenazar con adoptar represalias. Estas medidas de patriotismo ruso al enfrentarse al mundo no le son totalmente adversas en su país al atraer simpatías nacionalistas para proyectar en la figura de Putin la grandeza de la Rusia de los Zares junto a la extensión de la Rusia Sovietica de la Hoz y el Martillo. Pero esta tentación de volver a ser una superpotencia, es grave porque genera un desequilibrio para la estabilidad planetaria y nos remonta a leyendas de envenenamientos anteriores contra los enemigos del Poder. Ello ya ocurrió con las desapariciones y purgas en la época de Stalin y también en la etapa pre-revolucionaria ¿Cómo olvidar que hace un poco más de un siglo, se produjo el envenenamiento del influyente Monge Grigori Rasputin, protegido por la Zarina pero odiado por la Corte? Su asesinato fue realizado con pasteles y vinos repletos de cianuro de potasio, pero ante la fortaleza del religioso Siberiano, tuvieron que adoptar otras medidas complementarias perpetradas por prominentes miembros de la Corte del Zar disparándole en la cabeza para luego deshacerse de su cuerpo lanzadolo a las frías aguas del Río Neva. Hoy la atención del mundo está puesta en esperar que el nuevo Rasputin logre sobrevivir y que estas medidas que atraviesan invisiblemente los Urales sea descartada y prohibida tal como obligan los Acuerdos Internacionales.

 

@milosalcalay

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió este lunes que radicará un proceso penal por presunto espionaje en Tumeremo, estado Bolívar, ante un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Caracas.

La ponencia del caso que involucra a 13 personas de nacionalidad venezolana y colombiana, la hizo el magistrado Maikel Moreno, presidente de la sala y del TSJ.

Esta causa penal fue inicialmente llevada por la Fiscalía Militar Cuadragésima Sexta del estado Bolívar contra los venezolanos: Luis Enrique Gámez Zamora, Aníbal José Salazar Cabezas, José Rafael Valdez Cevallos y Jesús Salvador González; y los colombianos Ignacio Ovidio Murillo Bedoya, Manuel Rogelio Mosquera Córdova, Gustavo Javier Manjares Pérez, Jaider Antonio Cachila Ramírez, Wiston Pérez Roa, Carlos Enrique Urrutia Mosquera, Carlos Andrés Quinto Aspirella, Deivid Montes Ramírez y Wilson Hernández Villada, por la presunta comisión del delito de espionaje, tipificado en los artículo 471 (numeral 1) y 472 del Código Orgánico de Justicia Militar.

«Según acta policial suscrita por funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Región de Contrainteligencia Militar Guayana, el 20 de mayo de 2016 se recibió información que indicaba la presencia de un grupo de personas de nacionalidad colombiana presuntamente vinculados al paramilitarismo, quienes pretendían trasladarse hasta la población de Tumeremo, municipio Sifontes (Edo. Bolívar), para realizar labores de inteligencia, mediante la infiltración en el área, obtener información referente a la presencia de la FANB en dicha localidad, en cuanto a personal, armamento, zonas de control, y operaciones militares, así como efectuar reconocimiento del área, con el fin de posicionarse y tomar control de las zonas mineras, pero luego de las coordinaciones respectivas fueron detenidos en flagrancia»,  señala la nota de prensa del TSJ.

La sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJ justifica la radicación al enmarcarla en los «supuestos de excepcionalidad» debido a los delitos graves que se cometieron y a la alarma que causaron en la colectividad, por lo que se consideró que el caso era «capaz de afectar el normal desenvolvimiento del proceso penal, comprometiendo los derechos y garantías de los cuales están revestidos los imputados».

Las minas del sur del estado Bolívar llevan años en poder de mafias organizadas que trafican el oro que de allí se extrae. Estos grupos mantienen el control de los yacimientos y también de las poblaciones aledañas, donde han sembrado el terror y el miedo. El caso más reciente y sonado de los últimos años fue la masacre de Tumeremo, ocurrida en marzo en 2016, donde 16 trabajadores del oro murieron a manos del hombre que tenía en su poder la mayoría de las minas de la zona: Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias El Topo. Aunque desde el gobierno regional intentó desmentirse la matanza, la acción de los medios de comunicación presentes en la zona pudo revelar lo que allí había sucedido.

Dos meses después de la tragedia, «El Topo» cayó durante una Operación de Liberación del Pueblo en la mina El Limón, que estaba bajo su control.