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Chavismo INC: Panamá es el hub del chavismo

Venezolanos inyectaron 2.811 millones de dólares en compañías de Panamá y seguían aumentando el número de residentes y refugiados. Mientras la mayoría lo elige como una salida para escapar del hambre, a otros los seduce la plataforma financiera, los proyectos inmobiliarios y los servicios especializados para mover dinero con facilidad. ¿Cómo el país terminó de convertirse en uno de los refugios favorito de los chavistas?

Por: Sol Lauría

Panamá podrá ser diminuto pero facilita el acceso al mundo financiero, garantiza secrecía y siempre fue seductor para gente con vocación de riesgo, poder o fortuna. Con restricciones cambiarias, una corrupción galopante y la economía al borde del colapso en su país, los chavistas no serían la excepción.

En la última década se convirtió en uno de los destinos favoritos para el refugio, la salida o la aventura de miles de venezolanos. Aunque no formó parte del proyecto político nacido en 2004 llamado ALBA, ahí llegaron, se movieron y pasaron miles de millones de dólares de venezolanos.

La investigación transnacional Chavismo INC. rastreó los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 20 años. En el capítulo reservado a Panamá se identificaron 242 sociedades anónimas con 380 relaciones que involucra a personas de interés en Venezuela, país desde donde se inyectaron 2.811 millones de dólares en el país centroamericano.

Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). La investigación muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos. 

Aquí los principales hallazgos:

* Entre 2012 y 2015, venezolanos inyectaron 427 millones de dólares en compañías de Panamá, según datos de la Contraloría General de la República. Por esos tiempos, la Superintendencia de Bancos dijo que Venezuela ocupaba el tercer lugar entre los países de origen de depósitos externos en el sistema bancario local —unos 1.400 millones de dólares en 2015, que ascendieron a 2.811 en 2019— y la cámara de la construcción aplaudía la participación de venezolanos en el boom inmobiliario. La abrumadora avalancha de la época la sintetizó el expresidente de México, Vicente Fox, cuando dijo: “El mejor ministro de Economía que ha tenido Panamá es Hugo Chávez”.

* De las sociedades anónimas identificadas en la investigación, ocho fueron señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) y otras tantas están bajo investigación judicial por cuestiones como lavado de dinero o sobornos. La plataforma offshore famosa por Panamá Papers fue aprovechada por familiares de pesos pesados del gobierno venezolano como Diego Salazar Carreño, testaferros como Samark López Bello y el clan familiar de la primera dama Cilia Flores de Maduro. 

* Los datos rastreados por Chavismo INC. muestran que en la gran mayoría de las volteretas del poder en Venezuela para quedarse con tajadas de dinero público, hubo una sociedad panameña. El exviceministro de energía Nervis Villalobos —requerido por la Justicia en varios países por supuesto soborno y lavado— aparece como directivo de Pomerol Investments Group S.A. y vinculado a varias más. La plataforma incluyó hasta al propio Hugo Chávez: en el pago de sobornos del Lava Jato, Odebrecht le depositó al publicista Joao Santana 35 millones de dólares en la sociedad panameña Shellbill Finance S.A. para desarrollar su propaganda electoral.

* Las camarillas del chavismo encontraron en Panamá especialistas para lavar miles de millones de dólares del Estado sin levantar sospechas, como los que ayudó a limpiar un banquero alemán en el trópico llamado Matthias Krull. En finales de 2014, en Panamá solo se hablaba de Lava Jato, el escándalo de corrupción que ponía en jaque a los presidentes de la región. Los banqueros seguían las noticias que los señalaban como intermediarios en el pago de sobornos de la gigante brasilera Odebrecht, pero a Krull no le quitaban el sueño: él era directivo del banco suizo Julius Baer y por eso gestionaba una cartera jugosa de personas vinculadas al chavismo y otros millonarios de Venezuela, con lo que reportaba al banco ganancias de varios millones anuales.

* Krull trazó un esquema similar al usado por Odebrecht, pero para otro patrón: el Conspirador 7. Los documentos de la causa en Estados Unidos no identificaron quién era pero lo describieron de forma tan precisa que medios internacionales publicaron que se trataba de Raúl Gorrín. El expediente señala que había 600 millones de dólares de Pdvsa para camuflar, así que Krull puso manos a la obra: fabricaron un acuerdo por el cual una empresa —Rantor Capital— le prestaba a Pdvsa 7.200 millones de bolívares y, seis días después, cedía los derechos de esa deuda a otra empresa —Eaton Global Services Limited—, que la cobró en dólares a tasa oficial: 600 millones de dólares, a pagar en una cuenta bancaria en Europa. La tramoya dejó más de 500 millones de dólares de ganancia, gracias al pago de sobornos y a la diferencia del dólar oficial y el del mercado. 

* Cinco meses después de iniciada la operación que se hizo famosa con el nombre Money Flight, la conspiración se había duplicado gracias al combustible que Pdvsa no paraba de inyectar: más 1.200 millones de dólares. Ahí Krull dibujó el esquema para convertir parte de ese dinero sucio en uno con apariencia de lícito. La operación muestra un patrón común en otros casos de corrupción de Venezuela analizados por Chavismo INC.: cada cacique a cargo de algún área del Estado —en este caso, Pdvsa—, disponía de miles de millones que terminaban repartidos en un grupo de funcionarios. Para mover y disponer de ese dinero, se asociaban a empresarios —como Conspirador 7— y testaferros con los que montaban la estafa. Al final, buscaban a los operadores financieros —Krull o El Delator— para que lavaran.

* Hubo testaferros como Mario Enrique Bonilla Valera, quien logró pasar de los videojuegos al suculento universo de los negocios de forma rápida y precoz a los 20 años. En la causa, Krull lo involucró con sus amigos “Los chamos”: los hijos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. “Los chamos” aparecen en la causa cuatro veces, la más contundente es en el “Resumen de la Operación 600” que muestra cómo se repartió la plata: 227 millones de euros para un boliburgués, 68 millones para Conspirador 7 y 159 millones para “Los chamos”.

* En 2015,  el clan familiar de Cilia Flores abrió 12 sociedades en Panamá. Habitante rotundo y reservado del poder, Carlos Erik Malpica Flores, el sobrino favorito de Cilia, tuvo los reflejos para no figurar en ninguna de esas estructuras jurídicas, pero su familia aún aparece: el padre en tres, la hermana y la tía en el resto. Once de las sociedades fueron disueltas a principios de 2016, tras la publicación de investigaciones periodísticas que los vinculaban. Malpica Flores fue sancionado por la Ofac y por el gobierno de Panamá.

* Samark López Bello no era un nombre que sonara mucho cuando se hablaba de política en poder venezolano. En 2012 tomó el control de la sociedad Yakima Trading Corp, con la que selló negocios con Pdvsa y a partir de 2013 empezó a aparecer en algunas publicaciones periodísticas por supuestos vínculos a actividades comerciales en Panamá, pero pasaba desapercibida su relación con el superministro y vicepresidente Tareck El Aissami. El 13 de febrero de 2017, Ofac lo señaló como el testaferro y blanqueador de El Aissami y saltó a la fama mundial. 

Aquí puede leer la historia completa sobre Panamá: el hub del chavismo.

Aquí puede leer todo el especial de Chavismo INC.

 

Chavismo INC: El clan de contratistas que refugió su fortuna en República Dominicana
Empresarios cercanos al chavismo, algunos prófugos de la justicia, aterrizaron en República Dominicana para dedicarse al millonario negocio inmobiliario en uno de los grandes polos del turismo caribeño, Punta Cana. Uno de ellos es la cara visible de un proyecto de 100 millones de dólares 

Por: Suhelis Tejero

Un clan de empresarios venezolanos, que en el pasado fueron privilegiados contratistas públicos durante las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se coló entre las tradicionales familias de República Dominicana que controlan el negocio turístico en ese país para impulsar un proyecto de 100 millones de dólares en uno de los destinos dorados del Caribe: Punta Cana.

La investigación transnacional Chavismo INC. rastreó los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 20 años. En el capítulo reservado a República Dominicana identificó 51 interacciones de personas de interés con personas, empresas o instituciones en República Dominicana. Algunas de ellas han sido investigadas por la justicia del país en casos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraudes.

Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). La investigación muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos.

Aquí los principales hallazgos:

* El proyecto turístico que impulsan los excontratistas ligados al chavismo en República Dominicana cuenta con una inversión de 100 millones de dólares para 150.000 metros cuadrados que incluyen espacios corporativos, residenciales, hoteleros, de locales nocturnos, restaurantes, tiendas, gasolinera, un lago artificial y hasta un delfinario. Ha sido bautizado con un nombre que procura agregar un matiz cosmopolita a una marca: Downtown Punta Cana. 

* Luis Francis Moreno, el excontratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se presentó en 2013 como la cara visible del grupo que desarrolla el proyecto turístico de Downtown Punta Cana. Incluso, flanqueó al presidente dominicano Danilo Medina en la ceremonia que dio inició a la construcción. Ese clan se fue formando con los años y reunió en varias propiedades y compañías dominicanas a un puñado de empresarios que durante años amasaron fortunas a través de contratos con la industria petrolera venezolana. 

* La aventura empresarial de Luis Francis Moreno en República Dominicana comenzó en 2010. Como un emprendimiento familiar, la compañía Construcciones y Minería Virgen de la Altagracia (Conmivial) fue el punto de partida de un recorrido exitoso en la isla. De acuerdo con reportes contables a los que tuvo acceso Chavismo INC., Conmivial prestó servicios como contratista para el Grupo Punta Cana a la que le proveyó materiales y construcciones viales para hoteles y aeropuertos. Entre sus clientes también estuvo la Constructora Norberto Odebrecht para una de las obras que se investiga en los tribunales dominicanos: la carretera Bávaro-Uvero Alto-Miches- Sabana de la Mar, unos 112 kilómetros de vía que costaron 370 millones de dólares, con un sobrecosto que se estima en 3%. 

* Junto a Francis Moreno están los hermanos Urbano Fermín, dueños de Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca). La poderosa contratista fue la empresa con la que Pdvsa firmaba contratos sin parar para el traslado de coque y azufre, para el manejo de sólidos y hasta para el alquiler de maquinarias pesadas y de carga de las operaciones en las empresas Petropiar y Petroanzoátegui, en la Faja Petrolífera del Orinoco. Los hermanos lograron contratos también con la Gobernación de Anzoátegui para la construcción de un mercado municipal en Puerto La Cruz en 2008 que, según reportes periodísticos, no fue concluido.

* Los hermanos Carlos Eduardo, Carlos Enrique y Carlos Esteban fueron acusados en 2017 por la fiscalía venezolana por haber cometido un presunto desfalco a través de los contratos que obtuvieron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la enorme reserva de crudo al oriente venezolano. Carlos Esteban está detenido desde septiembre de ese año en Venezuela, luego de que la fiscalía lo imputara por presuntos delitos de peculado doloso, asociación para delinquir, lavado de dinero y concierto de funcionario con contratista, a través de Cuferca. Sobre sus hermanos Carlos Eduardo y Carlos Esteban también pesan órdenes de detención desde entonces, pero eso no ha roto los lazos empresariales que mantienen con el Caribe dominicano.

Luis Eduardo y Luis Ramón Francis Villegas, hijos de Francis Moreno, y los hermanos Urbano Fermín registraron su primera empresa juntos en República Dominicana en febrero de 2015. Y son socios en varias más: los registros de propiedad revisados para esta investigación revelan empresas conjuntas enfocadas en las operaciones de construcción e inmobiliaria en la región este de la isla, que luego se han expandido a actividades de recreación y hasta a academias de fútbol. Entre los hermanos Francis y los Urbano Fermín hay registradas al menos 25 empresas en tierras dominicanas, sin contar con las sociedades que comparten en Panamá.

* República Dominicana no solo ha visto pasar a las familias Francis y a los Urbano Fermín. Otros más han aterrizado en la isla para hacer inversiones o compras que luego han sido cuestionadas, han terminado con sus negocios intervenidos, sus casas allanadas o, incluso, han sido investigados judicialmente. La lista incluye al empresario Samark López, el supuesto testaferro de Tareck El Aissami que enfrenta cargos criminales en Estados Unidos por violaciones a la Ley de Designación de Jefes Internacionales del Narcotráfico. Su vivienda, situada en el lujoso sector de Cap Cana, fue allanada por la policía dominicana a mediados de 2019, en medio de una investigación de la que nunca trascendieron detalles.

* Danilo Diazgranados, uno de los operadores financieros favoritos del chavismo, es otro de los venezolanos que se asentó en la isla. Vive desde hace una década en La Romana, en la región este de República Dominicana, donde en ocasiones aparece en las páginas de sociales de medios locales auspiciando proyectos con las comunidades de San Pedro de Macorís. La Cámara de Comercio de Santo Domingo registra una empresa a su nombre: Inversiones Halis, una compañía dedicada a la compra y venta de inmuebles.

* Otros de los visitantes ligados al chavismo en República Dominicana fueron la pareja compuesta por Adrián Velásquez, el exedecán del fallecido presidente Hugo Chávez, y la extesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén. En los Panama Papers aparecen con empresas registradas en paraísos fiscales y ligados a Diazgranados. Residieron en República Dominicana entre 2014 y 2017, cuando fijaron su nueva residencia en España. Al año siguiente fueron detenidos debido a una orden de captura internacional solicitada por Venezuela y por una investigación judicial paralela que siguen las autoridades españolas. En ambos casos se les acusa de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

Aquí puede leer la historia completa sobre República Dominicana: El clan de contratistas que refugió su fortuna en el Caribe. 

Aquí puede leer todo el especial de Chavismo INC.

Chavismo Inc., la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo
Las historias presentadas en esta página web se apoyaron en pesquisas oficiales de 21 naciones, y cuentan el trasegar y el destino de dineros logrados gracias a la cercanía con el poder, dejando empobrecida, con hambre y grandes deficiencias humanitarias a Venezuela

Desde un departamento en un ostentoso rascacielos de la “avenida de los millonarios” en Manhattan, Estados Unidos, casas de fantasía en la paradisíaca Marbella, en España; inversiones en exclusivos proyectos turísticos del Caribe como Punta Cana, República Dominicana; emprendimientos con presupuestos de ensueño en El Salvador; complejas tramas empresariales tejidas en Panamá, conectadas con abultadas cuentas bancarias en el mundo, hasta compañías en Argentina o Uruguay que casi sin capital saltaron de hacer negocios más que discretos a simplemente multimillonarios, sin contar la construcción fallida de una mega refinería petrolera en Nicaragua y la calculada compra de un gigante agroindustrial de Bolivia, todo, todo eso ha estado asociado a una fuente común: los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en los últimos 20 años.

De eso trata Chavismo INC., proyecto realizado por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas. La página web homónima es el resultado de una investigación colaborativa que evidencia un entramado de negocios, que abultó los bolsillos de unos pocos que ahora se establecen en diversos rincones del mundo, en una diáspora que da cuenta de la proyección internacional del caso venezolano, a través de una serie de reportajes que abarca diez países. La iniciativa se apoyó, entre otros documentos, en pesquisas oficiales realizadas por fiscalías, juzgados y parlamentos de 21 naciones, para contar el trasegar y el destino de dineros que, en algunas oportunidades, se lograron gracias a la cercanía con el poder, mediante acuerdos ventajosos, engañosos, fraudulentos, o que simplemente fueron fruto de sofisticados esquemas, que facilitaron se exprimiera un patrimonio, dejando empobrecida, con hambre y grandes deficiencias humanitarias, a la otrora próspera nación petrolera, que aún conserva las más grandes reservas de crudo en el mundo.

Al menos 86 investigaciones se han abierto fuera de Venezuela. En 52 de estos expedientes, se sigue la pista a más de 30 mil millones de dólares que estarían relacionados con operaciones de lavado de activos, de acuerdo con la información recopilada por Chavismo INC. Mientras, las instituciones controladas por el chavismo en Venezuela, desde hace dos décadas, apenas han hecho esfuerzos por recuperarlos e investigar las denuncias asociadas a cada centavo. En este contexto, la web presenta una base de datos abierta al público, producto de un ejercicio de rastreo de 5.000 personas y entidades que han estado relacionadas, directa o indirectamente, con fondos venezolanos. La búsqueda arrojó un inventario consolidado de 751 agentes de interés por sus conexiones con negocios de los gobiernos del chavismo. Contratistas con acceso al poder, ex altos funcionarios e intermediarios con contactos privilegiados han sido vinculados con más de 3.919 interacciones en sus entornos.

Chavismo INC. promete continuar sus publicaciones con el desarrollo de una interfase, bautizada como Corruptómetro, que pronto propondrá a los lectores un examen de las indagaciones de entidades nacionales, como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional, que identificará los montos comprometidos por la corrupción venezolana y hará un recorrido por casos emblemáticos.

Conoce las historias, consulta la base de datos, entérate de los casos y sus vinculaciones. Visita Chavismo INC

Detrás de las sanciones | El ojo de la comunidad internacional está en 92 funcionarios venezolanos
Tibisay Lucena, Maikel Moreno y Tarek William Saab, líderes de tres de los cinco poderes públicos en Venezuela, están sancionados por 40 países de todo el mundo
Además, 31 militares de alto rango, presidentes y ex presidentes de compañías estatales, han sido incorporados a las listas de restricciones

 

Luisana Solano | @LuisiSolano y María Paola Martínez | @Mpaolams

LA SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA de Venezuela ha llevado a Estados Unidos, Canadá, los países miembros de la Unión Europea y Panamá a tomar medidas que desde hace años no se veían en la región: sancionar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, la prohibición de negociar nueva deuda emitida por el Estado e incluso aplicar un embargo de armas.

En el caso de Estados Unidos, estas medidas se empezaron a tomar hace cuatro años y la lista asciende a 66 nombres. Todas sus acciones, incluso las sanciones a nueva deuda, están basadas en una Ley que aprobó el congreso llamada “Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014” (Ley de 2014 en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela).

Por su parte, Canadá comenzó con la aplicación de medidas restrictivas individuales en septiembre de 2017 y ya llevan 69 oficiales señalados. La cara más visible de estas políticas es la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, y se logran a través de la autorización de un “Special Economic Measures (Venezuela) Regulation” (Regulación de Medidas Económicas Especiales (Venezuela)”.

En el caso de la Unión Europea, son 18 los funcionarios venezolanos sancionados desde enero de 2018, cuando la coalición de países decidió sancionar individualmente a siete funcionarios venezolanos. La medida fue adoptada incluso por 10 países candidatos a la UE. Además, en noviembre de 2017 se aplicara además un embargo de armas, municiones, vehículos y equipos militares y paramilitares, incluyendo artefactos que pudiesen ser utilizados para reprimir o perseguir a la disidencia. 

Por su parte, Panamá sancionó a 56 funcionarios del gobierno en marzo de 2018 por considerarlos “de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

Estar en algunas de estas “listas negras” significa que la persona, y en algunos casos sus familiares y socios, no podrán tener relación con empresas o ciudadanos del país que imponga las sanciones. Además de que sus activos y bienes que estén en ese territorio son confiscados y sus visas son revocadas.

Algunas diferencias

En total son 92 los funcionarios venezolanos que han sido señalados por la comunidad internacional. Sin embargo, las distinciones entre las sanciones estadounidenses, canadienses, panameñas y europeas van más allá de los números.

Una de ellas es la manera de adoptar estas regulaciones. Estados Unidos ha estado designando funcionarios venezolanos desde 2015 y hasta el momento han agregado nombres en siete oportunidades. La primera fue durante la administración de Barack Obama en 2015. La siguiente se dio apenas un mes después de la toma de posesión de Donald Trump, en febrero de 2017. Este mismo año se agregaron más nombres en mayo, durante las protestas antigobierno en Venezuela; en julio, antes y después de la elección de la asamblea constituyente; en agosto, después de la juramentación de los constituyentistas y en noviembre, después de las elecciones a gobernadores. Los primeros días de enero del 2018 un nuevo lote estuvo enfocado en el sector militar.

Por su parte, Canadá se unió a las acciones internacionales en búsqueda de un cambio en Venezuela dos años después. Sin embargo, en un solo año ha sancionado en dos grandes lotes. En septiembre 2017, después de cuatro meses de protesta y la instalación de la anc, arrancó con los primeros 40 funcionarios, y luego en noviembre del mismo año, agregó otros 16.

En el caso de la Unión Europea, por tratarse de una comunidad de 28 países miembros, los protocolos y tiempos son más largos. Primero debió obtener la aprobación de todos los miembros que la integran, y luego decidió aplicar un embargo de armas. Meses después publicó una primera lista de funcionarios sancionados

Otro singularidad son los nombres. Tanto en la lista estadounidense como en la canadiense se encuentran los representantes del Poder Ejecutivo, con Nicolás Maduro y Tareck El-Aissami; el Poder Electoral, con su presidenta Tibisay Lucena y otras tres rectoras principales; el Poder Judicial, con su presidente Maikel Moreno y un grupo de magistrados; y el Poder Ciudadano con el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab.

El único poder que no ha sido incluido en ninguna lista es el Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional electa en 2015 con mayoría opositora.

En comparación a la lista canadiense, el listado estadounidense tiene 22 individuos distintos. Entre los nombres faltantes está el de Diosdado Cabello y su hermano Jesús David Cabellos, la presidenta de la constituyente Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, algunas ministros como Vladimir Padrino López y Luis Motta Dominguez;  e incluso el ex presidente de Pdvsa y ministro Rafael Ramírez, entre otros.

Por otro lado, la lista canadiense se diferencia de la estadounidense en 18 nombres. Algunos de los más resaltantes son el de Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, y los ministros Erika Farías y Elías Jaua.

Sin embargo, Estados, Canadá y la Unión Europea concuerdan en seis sancionados. Entre esas similitudes está el jefe de Gobierno del Distrito Capital, el general Antonio Benavides; el director del del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López: y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

A ellos se les une los ya mencionados miembros de poderes públicos: el fiscal general designado por la anc, Tarek William Saab; la presidenta del CNE, Tibisay Lucena y el presidente del TSJ, Maikel Moreno.

¿Quiénes son los sancionados por Estados Unidos?

El 9 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama sancionó a 7 venezolanos por ser responsables o corresponsables de violencia contra manifestantes y graves abusos contra derechos humanos de personas arrestadas o enjuiciadas por ejercer su derecho a manifestar. En esta oportunidad, Obama declaró una “emergencia nacional” con respecto a Venezuela por tales violaciones de derechos.

  • Antonio José Benavides Torres: Mayor General y comandante del Región Estratégica para la Defensa Integral (Redi) para la zona central; Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana.
  • Manuel Gregorio Bernal Martínez: General de Brigada, comandante de la 31st Brigada Armada del Ejército Bolivariano; Exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
  • Gustavo Enrique González López: Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN); Mayor General, presidente del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).
  • Katherine Nayarith Haringhton Padrón: Fiscal con competencia nacional del Ministerio Público.
  • Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); Ex comandante general de la Guardia Nacional de Venezuela.
  • Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana.
  • Miguel Alcides Vivas Landino: Mayor General; Inspector General de la FANB; Excomandante REDI de la zona andina. ​

El 13 de febrero de 2017 la nueva administración estadounidense a cargo del presidente Donald Trump sancionó al vicepresidente Tareck El Aissami por “tener un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos”. El Aissami no entra en la misma lista en la que están los funcionarios anteriormente mencionados, sino bajo la “Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras para Narcóticos”, también conocida como “lista Kingpin”. Este señalamiento, entre otras cosas, le prohíben al negociar y firmar tratados con personas que mantengan relaciones con EEUU.

Tres meses después, el 19 de mayo, durante las protestas contra el gobierno por la usurpación de los poderes de la Asamblea Nacional y la ruptura del hilo constitucional, Estados Unidos sancionó a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre ellos el presidente y siete magistrados de la Sala Constitucional, por “haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia”, entre otras razones.

  • Maikel José Moreno Pérez: Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Juan José Mendoza Jover: Segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala Constitucional.
  • Arcadio de Jesús Delgado Rosales: Vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Gladys Maria Gutierrez Alvarado: Magistrada y antigua presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán: Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Luis Fernando Damiani Bustillos: Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Lourdes Benicia Suárez Anderson: Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Calixto Antonio Ortega Ríos: Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El próximo lote de sanciones tuvo lugar el 26 de julio de 2017. En esta oportunidad, fueron 13 los funcionarios señalados. Entre las razones está el debilitamiento de la democracia con la amenaza de llevar a cabo una asamblea constituyente que viola la Constitución, la represión del gobierno y cuerpos de seguridad a los manifestantes y los hechos de corrupción de altos funcionarios en medio de una crisis humanitaria.

  1. Por impulsar activamente las elecciones de la asamblea constituyente, o de alguna manera socavar la democracia o los derechos humanos, OFAC sancionó a cuatro funcionarios:
  • Tibisay Lucena Ramírez: presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Maduro, y presidenta de la Junta Nacional Electoral de Venezuela.
  • Elías José Jaua Milano: presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, responsable de formar y operar el proceso de la ANC. También ministro de Educación, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, y ex-vicepresidente Ejecutivo de Venezuela.
  • Tarek William Saab Halabi: Defensor del Pueblo de Venezuela y presidente del Consejo Moral Republicano de Venezuela. Como “Defensor del Pueblo”, su papel es presumiblemente defender los derechos humanos en Venezuela.
  • María Iris Varela Rangel: integrante de la Comisión Presidencial de Venezuela para la Asamblea Nacional Constituyente y ex-ministra del Servicio Penitenciario.
  1. Por su responsabilidad en actos de violencia y represión a manifestantes, en una serie de protestas donde proliferaron detenciones arbitrarias, abusos físicos a detenidos, presuntos casos de tortura y demás violaciones a derechos humanos por parte de la GNB, PNB y demás cuerpos del estado, OFAC sancionó a cinco funcionarios:
  • Néstor Luis Reverol Torres: ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela. También ex-comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y ex-director de la Agencia Anti-Narcóticos de Venezuela.
  • Carlos Alfredo Pérez Ampueda: director nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela y ex-comandante de la Zona Carabobo de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.
  • Sergio José Rivero Marcano: comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y ex-comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral del Este de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
  • Jesús Rafael Suárez Chourio: comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex-comandante de la Región de Defensa Estratégica Integral Central de Venezuela de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Además, Suárez fue anteriormente líder de la Unidad de Protección y Seguridad del Presidente de Venezuela.
  • Franklin Horacio García Duque: ex-director de la Policía Nacional Bolivariana y ex-comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
  1. Por corrupción en dos entidades gubernamentales, Petróleos de Venezuela(PDVSA) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) –la primera apuntada por desaparecer US$ 11 mil millones entre 2004 y 2014 y la segunda por ser un motor de la corrupción ante el mercado negro que rodea al régimen oficial de tipos de cambio– fueron sancionados cuatro funcionarios:
  • Rocco Albisinni Serrano: presidente del CENCOEX.
  • Alejandro Antonio Fleming Cabrera: viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y ex-presidente del CENCOEX.
  • Simón Alejandro Zerpa Delgado: vicepresidente de finanzas de PDVSA y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), y presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela (FONDEN). Es el ex-viceministro de Inversiones para el Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela y ex-comisionado presidencial del Fondo Conjunto Chino-Venezolano.
  • Carlos Erik Malpica Flores: ex-tesorero Nacional y ex-vicepresidente de Finanzas de PDVSA.

El 30 de julio ocurrió la elección de la asamblea constituyente, la misma que gran parte de la comunidad internacional e instituciones democráticas de todo el mundo aconsejaron no realizar, y por la cual el gobierno estadounidense advirtió que, si llegaba a ser realizada, aumentaría las sanciones al oficialismo.

Según el gobierno, ese día participaron más de 8 millones de venezolanos. Pocos días después, la empresa encargada de los sistemas y la dotación de máquinas para votar en Venezuela, Smartmatic, aseguraron que las elecciones habían sido manipuladas y que esa no era la cifra real.

El día siguiente fue el mismo Nicolás Maduro el sancionado por el Departamento del Tesoro. “Por ilegítimamente usurpar el rol constitucional de la Asamblea Nacional electa democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario al pueblo venezolano. Así, representa una ruptura en el orden constitucional y democrático de Venezuela”, declaró Estados Unidos.

La imposición de la medida, entre otras cosas, le impide a Maduro firmar acuerdos y negocios con personas del país americano, lo que afecta directamente su rol como presidente. Además, se unió al club de “dictadores” de la lista OFAC: Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte; Bashar Al Assad, presidente de Siria y Robert Mugabe, anterior presidente de Zimbabue.

Las sanciones continuaron el 9 de agosto de 2017, cuatro días después de la juramentación de la ANC, esta vez, para incluir a seis individuos que jugaron roles significativos en la Comisión Presidencial para la Constituyente, en el Comando Constituyente Zamora 200 y como constituyentistas.

OFAC también aprovechó la oportunidad para incluir a dos funcionarios del gobierno de Maduro por apoyar a la ANC y por violación de derechos humanos, específicamente a rectora del ente electoral, Tania D’Amelio, y el comandante Bladimir Lugo, a quien se le señala de permitir ataques a la Asamblea Nacional.

  • Francisco José Ameliach Orta: miembro de la Comisión Presidencial para la ANC.  Constituyente por Valencia, edo. Carabobo. Antiguo gobernador de ese estado.
  • Adán Coromoto Chávez Frías: secretario de la Comisión Presidencial para la ANC. Constituyente por Barinas. Antiguo ministro de Cultura y gobernador de Barinas. Es hermano del fallecido Hugo Chávez.
  • Erika del Valle Farias Peña: encargada de la estructura y mecánica electoral del Comando Constituyente Zamora 200. Constituyente por Ezequiel Zamora, edo. Cojedes. Anterior ministra de Agricultura Urbana.
  • Carmen Teresa Meléndez Rivas: coordinadora del comando del Gobierno de Calle Constituyente para el Comando Constituyente Zamora 200. Constituyente por Iribarren, edo. Lara. Ex vicepresidenta sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz.
  • Ramón Darío Vivas Velasco: coordinador de movilización permanente del Comando Constituyente Zamora 200. Constituyente por Vargas, edo. Vargas. Ex diputado en la Asamblea Nacional.
  • Hermann Eduardo Escarrá Malavé: miembro de la Comisión Presidencial para la ANC. Constituyente por Zamora, edo. Miranda.
  • Tania D’Amelio Cardiet: rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
  • Bladimir Humberto Lugo Armas: comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo de la GNB.

Tres meses después, el 9 de noviembre, el Departamento del Tesoro sancionó a tres rectores del CNE por permitir modificaciones de último minuto a los centros electorales dispuestos para elecciones gubernamentales. También fueron sancionados dos miembros de la constituyente por exigir a los gobernadores opositores juramentarse ante ellos, lo cual contradice la legislación venezolana. A la lista también fueron añadidos tres funcionarios que permitieron la censura de medios de comunicación, así como dos funcionarios a cargo de programas de comida que se han visto envueltos en corrupción.

  • Sandra Oblitas Ruzza: vicepresidenta y rectora del CNE. Presidenta de la Comisión del Registro Civil y Electoral que mantiene el CNE.
  • Socorro Elizabeth Hernández de Hernández: rectora del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela
  • Carlos Enrique Quintero Cuevas: rector suplente del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela
  • Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso: segundo vicepresidente de la ANC y anteriormente primer vicepresidente de la ANC. Ex director general de Consultoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, ex diputado de la Asamblea Nacional
  • Julián Isaías Rodríguez Díaz: embajador venezolano en Italia y anteriormente segundo vicepresidente de la ANC.
  • Ernesto Emilio Villegas Poljak: Ministro de Cultura de Venezuela y ex Ministro de Comunicación e Información. Ocupó el cargo de presidente de Venezolana de Televisión (VTV), un canal de televisión estatal.
  • Jorge Elieser Márquez Monsalve: Ministro del Despacho de la Presidencia de Venezuela y ex director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una institución pública venezolana.
  • Manuel Ángel Fernández Meléndez: presidente de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y presidente de Movilnet, C.A., una subsidiaria de CANTV.
  • Carlos Alberto Osorio Zambrano: presidente del Órgano Superior de la Misión Transporte de Venezuela. Anteriormente Ministro del Despacho de la Presidencia, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Ministro de Alimentación.
  • Freddy Alirio Bernal Rosales: Ministro de Agricultura Urbana de Venezuela y dirige el Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos administrado por el gobierno de Venezuela. Bernal Rosales fue designado previamente por la OFAC como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico el 8 de septiembre de 2011, por actuar en nombre o en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las sanciones volvieron el 5 de enero de 2018 dirigidas a cuatro militares señalados por cometer corrupción y represión. Sobre estos efectivos el Departamento del Tesoro consideró que “han abandonado la misión profesional republicana de la institución militar la cual, en el marco de la Constitución de 1999, es ‘sin militancia política… está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna’”.

  • Rodolfo Clemente Marco Torres: gobernador del estado Aragua y director externo de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Fue ministro de Economía y Finanzas, presidente del Banco de Venezuela y ministro de Alimentación. Es un general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Marco Torres habría sido presuntamente vinculado con tramas de corrupción en la importación de alimentos, que son controlados por las fuerzas militares venezolanas.
  • Francisco José Rangel Gómez: exgobernador del estado Bolívar y miembro retirado del Ejército Nacional, con rango de general de División. Durante su gestión como gobernador, Rangel Gómez ha sido vinculado con actividades de corrupción, como el fortalecimiento de bandas armadas que operan en Bolívar y presiones a tribunales para que liberen a miembros de bandas que son detenidos. Rangel Gómez también ha sido vinculado con redes de militares presuntamente corruptas.
  • Fabio Enrique Zavarse Pabón: general de División de la Guardia Nacional Bolivariana, es comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital de la Fuerza Armada Nacional y estuvo además al frente de la Guardia Nacional Bolivariana en el Distrito Capital de Venezuela. Zavarse Pabón es presuntamente responsable de actos de represión perpetrados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra personas que se manifestaron en las calles de Venezuela.
  • Gerardo José Izquierdo Torres: mayor general del Ejército, es ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz y secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos. Presuntamente habría usado sus cargos para beneficiarse mediante corrupción a expensas del pueblo venezolano.

El lote de sanciones más reciente es el del lunes 9 de marzo, cuando el Departamento de Tesoro decide sancionar a cuatro oficialistas por la mala gestión económica y la corrupción “endémica que tienen sido las características definitorias del régimen de Maduro”, aseguran en la nota de prensa. En esta oportunidad especifican que “las acciones del gobierno venezolano han hecho que la moneda venezolana carezca de valor a través de la hiperinflación, convirtieron alimentos y medicinas en productos raros a través de controles de precios y desencadenaron una crisis humanitaria”.

  • Américo Alex Mata García, Director Suplente en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Como coordinador de la campaña de Maduro en 2013, es señalado de pedir y recibir pagos de la constructora brasileña Odebrecht. Presuntamente habría recibido 50 millones de dólares en nombre del gobierno venezolano, simultáneamente ofreciéndole contratos para futuras construcciones.
  • Willian Antonio Contreras, Superintendente Nacional de la SUNDDE y vicepresidente de Comercio Interno. Debido al continuo control de precios impuesto por la SUNDDE a desde supermercados hasta compañías multinacionales, los negocios han bajado su producción o han parado su operación. En cambio a  continuado  importando materia prima para ser incorporada a los productos que ellos han ordenado vender a un precio significativamente menor a los precios que originalmente se conseguían en los supermercados.
  • Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, Jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. En su rol dentro del Tesoro Nacional, Lepaje ha sido el encargado de supervisar procedimientos administrativos y la firma de documentos oficiales, incluyendo acuerdos financieros entre el Ministerio, el Banco Central de Venezuela, y entidades financieras nacionales o internacionales que funcionan como entidades auxiliares al Tesoro Nacional.
  • Carlos Alberto Rotondaro Cova, expresidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS). Como resultado del colapso económico bajo el régimen de Maduro, el país no compra suficiente medicina importada o produce suficiente medicamento. En parte, debido a la falta de vacunas y antibióticos, enfermedades ya controladas como la difteria o sarampión han regresado, mientras los venezolanos sufren enfermedades crónicas como cáncer o diabetes han tenido que abstenerse de seguir con su tratamiento.
Más de 20 mil venezolanos tramitaron permiso especial en Colombia en 24 horas

frontera colombia

Más de 22.000 venezolanos recibieron el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en Colombia en las primeras 24 horas de vigencia de este documento que busca regularizar la situación de 200.000 ciudadanos de ese país.

Los venezolanos “realizaron su trámite durante las primeras 24 horas de habilitado el servicio” y partir de ahora podrán realizar “diferentes actividades” por un periodo máximo de dos años, informó hoy Migración Colombia.

“Como Gobierno continuamos permanentemente buscando medidas que permitan flexibilizar la normatividad migratoria, mejorar la movilidad, sin descuidar la seguridad”, destacó el director general de Migración Colombia, Christian Krüger, citado en un comunicado.

Krüger añadió que este permiso, anunciado la semana pasada, “ha sido un voto de confianza” del Gobierno colombiano “hacia los ciudadanos venezolanos y como tal así ha sido recibido”.

El funcionario consideró que la cifra de permisos expedidos en las primeras 24 horas de vigencia del documento “muestra, claramente, la voluntad de los venezolanos de tener regularizada su situación migratoria”, respetando la normatividad colombiana.

El Permiso Especial de Permanencia (PEP) se entregará a los venezolanos que ingresaron al país hasta el 25 de julio, fecha en la que la canciller colombiana, María Ángela Holguín, firmó una resolución que entró en vigor tres días después.

El director de Migración explicó el pasado 28 de julio que el documento beneficiará a cerca de 150.000 venezolanos que ingresaron legalmente el país, pero han superado el tiempo permitido de permanencia, y otros a 60.000 cuyo visado de turismo no ha expirado.

El permiso le permitirá a los extranjeros trabajar, estudiar, así como acceder a otros beneficios, como la afiliación al sistema de salud.

Los interesados deberán haber ingresado con su pasaporte por un puesto de control migratorio habilitado, no tener antecedentes judiciales ni una medida de expulsión o deportación vigente.

El documento no reemplaza el pasaporte ni es válido para viajar.

Mañana designarán comisión especial para analizar elección de magistrados del TSJ

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El secretario de la Asamblea Nacional por el período 2016 – 2017, Roberto Marrero, publicó a través de su cuenta en la red social Twitter los puntos que se tratarán en el hemiciclo este martes 26 de enero de 2016.

Los diputados se reunirán a partir de las 2:00 pm para discutir un proyecto de Acuerdo en Homenaje a Rafael Caldera, debatirán sobre el problema del acceso a las medicinas y la crisis en el sistema de salud.

Además, se llevará a cabo una discusión acerca de la situación de la empresa agropecuaria y designarán una comisión especial que se encargue de estudiar y analizar la elección de magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, hecha el pasado 23 de diciembre.

 

Dedican programa especial a las perlitas de Chávez y Maduro

Semanalmente en el programa Efecto Naím de NTN24 hay una sección llamada “Genialidades Memorables”. Es el momento del programa en donde presentan a algún poderoso que haya hecho una gran tontería,  dicho una gran mentira o mostrado su hipocresía.

En la explicación sobre esta edición del programa señalan: «Todos los días buscamos en periódicos y todo tipo de fuentes de todos los rincones del mundo a personajes poderosos cuya conducta es realmente vergonzosa y de la cual nos burlamos. Así, hemos tenido a genios de Rusia a India, de China a México, pero semana tras semana, y mes tras mes, encontramos a un grupo de personas, un movimiento político, que realmente produce genios a granel: Se trata, nada más y nada menos que del ilustre gobierno de la República Bolivariana de Venezuela».
Más en www.efectonaim.com / @EfectoNaim
Oppenheimer presentará un especial sobre las conexiones y avances del chavismo en Europa

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En la actualidad, se observa el viraje hacia el modelo de izquierda de varios países europeos. En Grecia, por ejemplo, con el triunfo del partido Syriza, acaba de ser electo el primer gobierno de izquierda radical de Europa, encabezado por Alex Tsipras. Asimismo, en España el partido Podemos, también de izquierda, se está erigiendo como primera fuerza política en esa nación.

Para analizar este fenómeno, desde Madrid estará Casimiro García Abadillo, director del diario El Mundo de España, quien conversará con Andrés Oppenheimer sobre quiénes son los líderes del partido político Podemos, de qué se trata este proyecto y cuál es la posibilidad de que gane las elecciones en España, tomando en cuenta que su modelo está muy emparentado con los lineamientos ideológicos de la revolución bolivariana, proceso liderado en Venezuela por el fallecido Hugo Chávez.

También se presentará un análisis exclusivo sobre las razones que han conllevado a las crecientes simpatías que despierta la izquierda radical en el continente europeo, con la doctora María Lorca, profesora de Economía de la Universidad de Miami y experta en economía europea. Además, desde Londres, Oppenheimer conversará con Antonio Roldán Mones, economista y analista de España, Portugal y el grupo Eurasia. En el estudio estará Rosa Townsend, columnista de prestigiosos medios como el Nuevo Herald y El País de España, entre otros, quien añadirá al análisis elementos de actualidad periodística.