Las aseveraciones de que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez no pisó suelo español, no se sostienen. El diario español El Confidencial consultó con varios juristas para determinar si en efecto la número dos del gobierno de Nicolás Maduro violó las sanciones que le impuso la Unión Europea.
El ministro José Luis Ábalos ha declarado en todo momento que Rodríguez estaba «de tránsito». «Le recordé que no podía pisar suelo español», «ni hubo reunión ni pisó territorio español», aseguró en distintas declaraciones. Ante esto, jurista de España afirman que está equivocado, pues, a menudo, los Estados, incluido España, se amparan en la existencia de esa pretendida tierra de nadie —’terra nullius’, en términos jurídicos— para protegerse en la pretendida inmunidad que esta calificación otorga.
«En la actualidad, no existen ‘terra nullius’, es decir, espacios no sometidos a la soberanía de los Estados. El aeropuerto de Barajas no es un espacio internacionalizado sustraído de la soberanía española. Otra cosa es que no se hayan pasado los controles aduaneros o migratorios», precisa el experto, que destaca que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «han declarado que estas zonas se encuentran bajo la soberanía de los Estados», afirma el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos Francisco Jiménez.
Otro de los juristas consultados recuerda que el propio Tribunal Constitucional se refirió al asunto en 1996 en contestación a un demandante de asilo. En aquella ocasión, el Constitucional indicaba que la zona internacional del aeropuerto es territorio español. «Tanto el espacio aéreo como los aeropuertos están sometidos a la soberanía española, tal y como declaran los artículos 1, 3, 42 y 47 de la Ley sobre Navegación Aérea, de 1960, y los artículos 1, 2, 10 y 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago en 1944, y ratificado por España en 1969».
«El espacio aéreo situado sobre el territorio español y su mar territorial está sujeto a la soberanía del Estado español«, precisa el constitucionalista consultado por El Confidencial. Lo mismo sucede con el convenio de Chicago, en el que se deja al país en cuestión el cumplimiento de su legalidad «en lo relativo a entrada y salida de pasajeros o mercancías». Las normas de cada uno «deberán ser cumplidas durante la llegada, salida y estancia en dicho país», agrega.
Que Delcy Rodríguez sí pisara suelo español durante esa noche no implica que Bruselas vaya a entrar en el asunto. La Comisión Europea se mantiene de perfil y promete que así seguirá incluso si cambia otra vez la versión de los hechos: la política exterior, la aplicación y supervisión del cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea, corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros, en este caso, al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Las bases de las sanciones a la cúpula del régimen venezolano señalan que los incluidos en la lista, entre los que se encuentra la vicepresidenta Rodríguez, no pueden entrar en ningún país de la Unión, pero tampoco “transitar por él”. En la última versión que el Gobierno acepta, la líder venezolana se bajó del primer avión, recorrió con ayuda de la policía los cuatro kilómetros que separan la terminal ejecutiva de la T4 y subió a un vuelo comercial con destino a Doha (Qatar). Según fuentes conocedoras del aeropuerto, habría sido un recorrido similar al que realizan aquellos pasajeros que hacen escala en Barajas y no tienen visado para la UE. La particularidad, en este caso, es que ella llegó a la terminal ejecutiva, la de ‘jets’ privados, en la que no está previsto ese movimiento.
No existe un mecanismo europeo para la supervisión del cumplimiento de sanciones, y tampoco un foro a nivel comunitario en el que otros Estados miembros puedan pedir explicaciones. Lo más parecido es un grupo de intercambio de buenas prácticas entre las capitales. Las fuentes europeas insisten: esto es un tema que depende del Ministerio de Exteriores español, y no consideran una posibilidad que un Estado miembro que ha firmado voluntariamente unas sanciones decida, deliberadamente, incumplirlas.
Bruselas considera que no tiene potestad para entrar en el asunto en profundidad y prefiere dar carpetazo al asunto. Otros prefieren apuntar a otro trozo de la frase clave: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él”. “Adoptarán las medidas necesarias” es, para algunos en la capital comunitaria, la clave de la frase.
*Con información de El Confidencial
