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“QUEDA UN LARGO CAMINO por recorrer contra el apartheid político en Venezuela”, así lo expresó Rocío San Miguel, luego de participar en la audiencia pública realizada este martes 14 de febrero de 2017, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ella, junto a Magaly Chang y Thais Peña, pudieron ser escuchadas por jueces independientes e imparciales, después de 13 años de haber sido despedidas de la administración pública.

Chahg, Peña y San Miguel trabajaron en el Consejo Nacional de Fronteras hasta marzo de 2004, cuando fueron despedidas al aplicarles los efectos de la llamada “Lista Tascón”, por haber firmado solicitando el referéndum revocatorio presidencial del mandato, del entonces Presidente Hugo Chávez.

Las denunciantes llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “con la convicción de obtener justicia, verdad y reparación”, dijo San Miguel.

En un emotivo y desgarrador testimonio en la audiencia, San Miguel relató todos los obstáculos que debieron superar para poder documentar su caso y llegar a instancias internacionales, así como la estigmatización y represalias de las que han sido objeto durante estos años, los efectos en sus vidas y las de sus familiares y las amenazas de muerte que recibió.

En la audiencia, los jueces conocieron el relato de la discriminación política en Venezuela y como ésta se ha convertido en una política de Estado, contra quienes son considerados opositores, disidentes y críticos.  

Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), peticionaria también en este caso ante la Corte, señaló que el Estado venezolano es el primero, en el ámbito interamericano, que está siendo juzgado por discriminación política.

“Un Estado, que ha venido enarbolando la bandera de la inclusión, de pronto llegó a ser juzgado por un tribunal internacional por exclusión política”, dijo Bolívar. “Eso es lo que explica el empeño del Estado venezolano, en la audiencia, de disfrazar su responsabilidad”, acotó.

También resaltó que, durante la audiencia, los agentes estatales trataron de presentar el caso como estrictamente laboral, e intentaron responsabilizar a una asociación civil de la divulgación de los datos de los firmantes.

Bolívar explicó que lo que se reclama no es que hayan existido las firmas, sino el uso que el Estado les dio, el cual trajo como consecuencia que las personas que firmaron, 13 años después, “estén inhabilitadas para ejercer cargos públicos en Venezuela”.

En la audiencia también quedó demostrado, por parte de la defensa de las víctimas, que el caso San Miguel no fue un hecho aislado en Venezuela. “Tal como lo dijo también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se trata de una política de Estado, que afectó a una cantidad enorme e indeterminada de personas, no solamente en el 2004 sino hasta el presente”, concluyó Bolívar.

Durante la audiencia, las víctimas estuvieron representadas por los abogados Héctor Faúndez Ledesma, Jesús Ollarves Irazábal, Juan Carlos Gutiérrez, Alejandra Rodríguez y Marianna Romero, además, estuvieron acompañadas por Ligia Bolívar.

En representación del Estado venezolano estuvieron el agente Larry Devoe y el agente alterno Romer Pacheco.  

El caso San Miguel y otras Vs Venezuela, que se sigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entró en un plazo hasta el 15 de marzo de 2017, en el que las partes deben presentar los alegatos de fondo, para esperar finalmente la sentencia, la cual debería producirse a finales de 2017.

MÁS DE 300 CASOS DE DIFTERIA contabiliza el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) desde marzo del año pasado en que se conoció el primer caso de esta enfermedad reemergente.

Por esta razón y debido a la falta de información respecto a esta enfermedad la organización llevó ayer una solicitud al Ministerio Público para que las actividades de salud pública sean atendidas por las autoridades competentes e informen acerca de las mismas a la población.
«la difteria es una epidemia que no ha sido atendida correctamente. En el mes de marzo se va a cumplir un año de la identificación de esta epidemia. Está silenciada, pero no controlada. Hay muchas personas en situación de riesgo, no saben los factores que inciden en la enfermedad, no buscan la vacuna y no identifican precozmente los casos sospechosos», explica el doctor y ex ministro para la Salud, José Félix Oletta.

El galeno señala que en el país se necesitan entre cuatro y seis millones de dosis de vacunas para cubrir esta epidemia,  eso sin contar con el personal médico que también necesita ser vacunado.

«En el país no se ha realizado una campaña de salud pública para vacunar, ni para informar a la población lo que está sucediendo con respecto a esta enfermedad», acota Oletta.

Agrega que este silencio de las autoridades sanitarias es una violación al derecho a la salud y al de la vida, debido a que esta falta de información repercute en que la población no sabe reconocer la enfermedad, ni tampoco sus síntomas y las consecuencias de no ser tratada esta patología que afecta en su mayoría a niños.

Bolívar, Anzoátegui, Miranda y Monagas son los estados donde se presentan más casos de difteria. Asimismo  Oletta indica que otros 18 estados son sospechosos de tener casos, mientras que las entidades andinas, Zulia y Falcón no se contabilizan casos.

En el documento se le solicita al Ministerio Público: «Examinar los instrumentos oficiales a través de los cuales se han girado instrucciones sobre el manejo de la epidemia de difteria, inspeccionar los servicios de atención médica donde se ha prestado atención a los pacientes con difteria, ejercer ante las instancias competentes las acciones a que hubiere lugar con ocasión de la violación del derecho a la salud y a la vida a los pacientes identificados como casos probables y confirmados de difteria que dejaron de recibir tratamiento oportuno, así como Instar  a la

Defensoría del Pueblo para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo del derecho a la salud».

La difteria es una enfermedad transmitida por un bacteria. Es una infección aguda que se propaga a través de las gotas respiratorias, como las que producen los estornudos y la tos, de una persona infectada o de alguien que porte la bacteria pero que no tenga ningún síntoma.

La garganta y la nariz son los primeros que se infectan. Los síntomas suelen ser fiebre, dolor de garganta, ronquera, dolor al comer, tos seca, problemas respiratorios, coloración azul de la piel y secreciones nasales acuosas o con sangre.

Al sospechar de la enfermedad lo recomendable es acudir a un médico que determinará si lo que se tiene es difteria u otra enfermedad. En el examen de diagnóstico el especialista examinará el interior de la boca para ver si hay inflamación o una coloración negra en la misma que es síntoma de que hay difteria.

Julio Castro, médico infectólogo del Instituto de Medicina Tropical, señaló que “la difteria es un autogol en Venezuela” explícitamente por la manera irresponsable en que el gobierno ha enfrentado la epidemia de la enfermedad.

Repunta la varicela

El doctor Oletta señala que en cuanto a la varicela ha habido un repunte, pero no en la medida de 2015, por lo que los casos todavía no llegan, ni sobrepasan a los de ese año.

Apunta que el incremento de esta enfermedad, también conocida como lechina, se debe a que en el país no hay la vacuna para inmunizar contra esta patología, ni en el sector público y tampoco en el privado.

UNOS GRÁFICOS ELABORADOS POR EL OBSERVATORIO Venezolano de la Seguridad, adscrito al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, revelaron cifras de la incidencia delictiva en Caracas y en sus parroquias las seis primeras semanas de 2017.

Según el gráfico que muestra la posición de entidades por el delito de homicidio, desde el 1 enero hasta el 12 de febrero, en todo el país, se produjeron 2.094 homicidios. El estado Miranda encabeza la lista con la cifra más alta (396 asesinatos) y le siguen Aragua (217), Zulia (211), Bolívar (191) y Distrito Capital (182).

Los estados en los que hubo menos asesinatos son Vargas (9), Nueva Esparta (9) y Amazonas (9).

Específicamente en el caso de Distrito Capital, otro gráfico muestra que la parroquia con mayor incidencia delictiva fue Sucre, con un total de 465 hechos delictivos, entre los que destacan hurto (141 casos), lesiones personales (84), robo (65) y robo de vehículos (62). La parroquia con menos incidencia delictiva fue San José, con 41 hechos.

DE ACUERDO CON EL INFORME ANUAL del Observatorio Regional de Prensa de la Región Capital, 55% de los delitos reportados por la prensa durante 2016 correspondieron a los homicidios. A esta cifra le siguieron los robos, con 19% de los casos; otros delitos, con 16%; y lesiones, que representaron 10%.

Estos números se obtuvieron como resultado de la recopilación y análisis de la información reseñada en la prensa por parte del ORP Región Capital, unidad perteneciente al Observatorio Venezolano de Violencia de la misma región. El propósito de este monitoreo es ofrecer una data que permita mostrar las tendencias y caracterizar los sucesos violentos, en aras de proponer soluciones a este grave problema que se vive en la ciudad.

Las cifras presentadas recogen sucesos reseñados por la prensa en los cinco municipios que conforman el área Metropolitana de Caracas: Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo.

Uno de los aspectos más resaltantes es el tipo de arma utilizada para cometer el delito. De un total de 593 sucesos registrados de marzo a diciembre de 2016, 86,8% se cometieron con armas de fuego; es decir, 515 delitos. Es importante destacar que se trata de sucesos en los cuales, el tipo de arma empleada es informada en el artículo de prensa.

Otra cifra sobresaliente de los delitos registrados es el género de las víctimas. El informe anual del ORP Región Capital indica que 85% de las víctimas eran hombres. Esta proporción aumenta en el caso de los victimarios, de los cuales 92% pertenecen al sexo masculino.

Con relación al momento de ocurrencia de los sucesos, se observa que 71% acaecieron en días de semana, de los cuales un 35% ocurren durante el día, un 25% en la noche y 11% en la madrugada. Los fines de semana concentran 29% del total de ocurrencia de sucesos delictivos.

Durante 2016, se observó como los funcionarios de seguridad incrementaron su participación en los sucesos violentos, intensificando también los niveles de violencia en sus actuaciones.

Esta tendencia se confirma con los datos del informe anual del ORP, en el cual se percibe que 105 delitos fueron cometidos por funcionarios de organismos de seguridad, lo que representa poco más de un tercio del total registrado.

DE ACUERDO CON RECIENTES INFORMES de la UNESCO, Venezuela no cuenta aún con leyes ni políticas públicas que contemplen específicamente el acoso escolar por homofobia y transfobia. Además, un Informe de la Red LGBTI Venezuela de 2015, destaca que el ámbito de la educación no cuenta con una cátedra de educación sexual en ningún nivel educativo y los casos de abuso escolar no son documentados por las escuelas.

Además, docentes y autoridades no saben cómo abordar situaciones de acoso escolar por orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, existen recursos jurídicos que pueden ser tomados en consideración para la protección de derechos y la intervención en casos de discriminación.

Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, no hace referencias explícitas al respeto a la diversidad sexual, familiar o de identidades de género, sus artículos 19 y 20 destacan que “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos” y que “toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”.

Por su parte, el artículo 21, en sus dos incisos, prohíben específicamente toda forma de discriminación que tenga por objeto o por resultado “anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona” y asegura que “la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva”, adoptando “medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables”.

En el año 2008, el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sentencia 08-190 del Tribunal Supremo de Justicia (Sala Constitucional), extendió el principio de no discriminación por orientación sexual a toda la legislación vigente en Venezuela.

El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, también sostiene en su artículo 8 paragrafo e que el “Principio de no discriminación arbitraria en el empleo, por razones de género o preferencia sexual, condición social, raza, religión, ideología política, actividad sindical, o cualquiera otra fundada en criterios de relevancia incompatibles con el ordenamiento jurídico”.

Este martes, directivos de la Academia Nacional de Medicina en compañía del Observatorio Venezolano de la Salud planean entregar una carta a la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, para solicitar una investigación por la epidemia de difteria existente en el país.

LA GRAN MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA en Venezuela son jóvenes. De las 28.479 muertes violentas del año 2016,  21.643 personas tenían menos de 35 años de edad, es decir, un 76% del total de fallecidos, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Al celebrar este año el Día de la Juventud, los equipos de investigación de las universidades nacionales que integran el OVV señalan en un informe que «los jóvenes de Venezuela no están muriendo por la Independencia de la Patria, como ocurrió en esa Batalla de La Victoria el 12 de febrero de 1814, sino en las calles y el transporte público, no por las guerras sino por la violencia cotidiana, víctimas del delito y la desprotección. Cada semana en Venezuela mueren más jóvenes víctimas de la violencia que los que fallecieron en la batalla que hoy se conmemora».

En el año 2016 fallecieron 9.967 jóvenes menores de 21 años, como resultado de la violencia. Fueron 27 fallecidos cada día del año. De ellos, 854 tenían menos de 15 años, esto significa 2 menores de 15 años asesinados cada día, indica el OVV.

La mayoría de esos jóvenes que tuvieron una muerte sin gloria son hombres: cerca de 9 de cada 10 víctimas son varones, y aunque ha aumentado la proporción de las mujeres, todavía es muy amplia la diferencia.

El OVV alerta que también que esos hombres jóvenes son además pobres. Si bien la criminalidad afecta a todos los sectores sociales, son los habitantes de los sectores populares del país quienes más padecen las muertes violentas; en contextos de pobreza, la vida del joven está siendo regulada y sometida por el miedo, la injusticia y el abuso. Una gran cantidad de estos jóvenes son también padres que han dejado a sus hijos huérfanos.

Las dos grandes fuentes de integración de la juventud a la sociedad: la educación y el trabajo, se han visto debilitadas como mecanismos de esperanza en el futuro. Una parte importante de la juventud abandona el sistema escolar entre los 11 y los 15 años de edad, 2 de cada 5 jóvenes no asisten regularmente a un centro de educación, en el momento en que se necesitaría un mayor esfuerzo para que permanezcan estudiando, no sólo por los conocimientos y destrezas que adquirirán, sino por la integración social y normativa que les ofrecerá la escuela.

Y los jóvenes que salen del sistema escolar no logran integrarse al mercado de trabajo, no hay las oportunidades suficientes y las remuneraciones no resultan atractivas. El empleo formal ha sido destruido como un camino honorable y prometedor para la juventud. Esto nos coloca al frente de una importante cantidad de jóvenes, un 31%, que constituyen unos verdaderos “ni-ni”: ni trabajan ni estudian, y son, por lo tanto, el caldo de cultivo propicio para el reclutamiento criminal y para ser víctimas vulnerables de la violencia.

Los jóvenes, además de ser el sector más vulnerable a ser víctima de la violencia, también son los más propensos a delinquir y convertirse en potenciales victimarios. Según nuestros registros de monitoreo de prensa, un 72% de los victimarios tiene menos de 35 años, y casi la mitad de este grupo posee entre 20 y 24 años, representando el 32%.

El cambiante mundo contemporáneo ofrece muchos atractivos sociales y tecnológicos a la juventud, las aspiraciones para acceder a ellos y consumirlos se incrementan continuamente, pero el empobrecimiento generalizado en Venezuela hace que exista una brecha inmensa entre lo que se quiere y lo que se puede alcanzar. ¿Puede acaso un joven pensar que trabajando honestamente podrá alimentarse bien, pagarse sus estudios o comprarse una casa o un carro? Ante esos dilemas, aunque la mayoría de los jóvenes persiste en el estudio y el trabajo honrado, a unos los tienta ingresar al mundo del delito y a otros abandonar el país.

La acumulación de más de una década de muy altas tasas de homicidio está alterando la tradicional composición etaria y de sexo de la población. Al reducirse el número de hombres jóvenes se genera un impacto demográfico que afectará las condiciones del progreso y el desarrollo en el futuro del país.