ESTE DOMINGO MURIÓ UN PRESO por desnutrición en la Policía Municipal de Guaicaipuro, ubicada en Los Teques, estado Miranda.
Así lo reseñó en su página de internet, la ONG Una Ventana a la Libertad.
Fuentes extraoficiales informaron que el recluso era uno de los 13 que presentó desnutrición en Poliguaicaipuro y que la semana pasada participó en la huelga de hambre organizada para exigir traslados a centros penitenciarios.
De acuerdo con cifras extraoficiales, en Poliguaicaipuro hay aproximadamente 120 presos, entre mujeres, hombres y adolescentes en conflicto con la ley.
EL COORDINADOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN No Gubernamental Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma destacó que en el estado Zulia es preocupante la situación de hacinamiento carcelario.
«Son más de tres mil presos, procesados y no procesados, en comandos de seguridad pública y los retenes de Cabimas y Colón», sostuvo.
Nieto Palma informó que en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Colón y Cabimas, hay una población de 1.329 y 352, respectivamente. “Si nos detenemos en el de Cabimas, encontraremos un 800% de sobrepoblación, en el que influyen además otros factores como la falta de comedores para la alimentación, agua potable y falta de atención médica».
Para Nieto Palma, el régimen penitenciario, que comanda la ministra Iris Varela, fracasó. “Este Ministerio demostró que no está capacitado para llevar las riendas de las cárceles en Venezuela”. Hizo especial hincapié en el cierre de centros penales o retenes, mientras que la población penal crece sin frenos.
El coordinador considera un error el haber cerrado la Cárcel Nacional de Sabaneta en Maracaibo, clausurar el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite y tan solo inaugurar el Centro de Arrestos de Mujeres, Ana María Campos, en el municipio San Francisco, con capacidad tan solo de 92 presas.
“Es alarmante ver que se hace alarde de un mini centro de procesadas y no se tiene idea de cuándo podrán entregar la cárcel que prometieron para Zulia, que además la desvalijaron”.
Durante los cinco años de gestión de Varela, se prometió la entrega de 23 cárceles nacionales. “Pero ¿Donde están? Esos centros de penados ni se asoma la primera piedra para iniciar la construcción de la misma. Mientras que la delincuencia nos arropa la ministra y su personal juegan a mentir a la población”.
EL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, aseguró que al menos el 40% de la población penitenciaria en Venezuela se encuentra en riesgo crítico, pues no existe distinción entre los centros diseñados para internos penados o condenados, y los centros de detención preventiva.
“El infierno está en nuestros centros de reclusión y, a la luz del hacinamiento, la violencia y el hambre, el problema es una verdadera bomba de tiempo que ha sido ignorada durante muchos años por el Estado venezolano”, sentenció Prado.
El deterioro crónico de la infraestructura penitenciaria y la carencia de presupuesto para la construcción de nuevos recintos, atentan contra las condiciones mínimas para una vida adecuada, añadió el director del OVP. “El derrumbe del sistema penitenciario en Venezuela pasa por la falta de garantías al derecho a la vida, la salud, la alimentación, entre otros”.
A juicio de Prado, en el “mejor sistema penitenciario del mundo según las mentiras de la ministra Iris Varela”, los presos están armados hasta los dientes, mueren por desnutrición o tuberculosis, y en los casos más dantescos son asesinados y comidos por sus compañeros.
“Esta crisis penitenciaria afecta a más de 88 mil presos y la solución a esta grave problemática requiere de voluntad política para realizar un plan de descongestionamiento de los centros de detención y la adecuada asistencia para la reinserción de los presos en la sociedad”, señaló Prado.
Además, hizo énfasis en la necesidad de crear un plan penitenciario que garantice el cumplimiento de los mecanismos para la asistencia carcelaria, en virtud de garantizar los derechos establecidos en el artículo 272 de la Constitución, tales como el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, además de condiciones óptimas de salud integral.
Hacinamiento por las nubes
En el caso de Venezuela, la cifra más alta de hacinamiento es de 1.010%, mientras que la más baja es de 115%, detalló el director del OVP. “Todas las cárceles, incluyendo los centros de detención preventiva, están hacinadas. La mayoría de ellas están en situación crítica y el Estado no hace nada al respecto, evidentemente porque no le interesa, puesto que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones hemos emitido un sinfín de recomendaciones sin al menos una respuesta adecuada y positiva”.
Cabe destacar que las cárceles venezolanas tienen una capacidad instalada para 30 mil presos, lo que quiere decir que hay 25 mil reclusos que no tienen espacio, y hay un riesgo critico de más del 186%, y que se ven obligados a cancelar fuertes sumas de dinero conocidos como “La Causa, el obligaito o el condominio” a los pranes para no sucumbir antes el caos y la desidia.
El de los calabozos policiales es peor aún, aseveró Prado, en vista que allí conviven más de 33.00 detenidos en espera de juicio con un hacinamiento que sobrepasa el 660%, y que están bajo la custodia de policías formados para la seguridad ciudadana.
“Hay un principio que dice que los presos responden según la estructura donde estén recluidos y los actos de violencia grotescos son simplemente la respuesta de ellos. Como son tratados como animales, se comportan así; aunado a que no se les garantiza su integridad física”, señaló Prado, quien además puntualizó que las cárceles en Venezuela se han convertido en universidades del delito y degradación humana.
Finalmente, Prado recomendó la implementación de tres aspectos importantes para atacar la problemática carcelaria, tales como que la descentralización de las cárceles, la garantía de un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus Derechos Humanos, y la creación de instituciones indispensables para la asistencia post penitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno.
EL 17 DE ENERO fue la última ocasión en la que los parlamentarios de la bancada del Gran Polo Patriótico acudieron a las sesiones realizadas en la Asamblea Nacional.
Así se desprende de un comunicado emitido por la ONG, Transparencia Venezuela.
Los 55 diputados que conforman la fracción oficialista, no han participado en ninguna de las 15 comisiones permanentes de la AN en lo que va de año. Durante el periodo comprendido entre el 17 de enero y el 17 de febrero, el parlamento ha realizado 11 reuniones plenarias, una de ellas en la parroquia de Petare, el pasado 26 de enero.
Entre los debates y decisiones adoptadas por la Cámara que no contaron con la participación del chavismo destacan los debates realizados por la actual crisis agroalimentaria, el crecimiento de la desnutrición en la población venezolana. Tampoco hubo ningún pronunciamiento por la comisión especial creada por la Cámara para investigar las acusaciones de narcotráfico que señalan al Vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami.
Para el presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, Richard Blanco la ausencia de los diputados no favorece a nadie.
“Es lamentable que se sigan cometiendo estupideces, como la no asistencia a las convocatorias a la AN y a las Comisiones Permanentes por parte de los activistas del partido de gobierno”.
“Yo les hago un llamado a los diputados y diputadas oficialistas a que acaten la Constitución y que no sigan incumpliéndole a un pueblo, y que se incorporen a trabajar” indicó Blanco.
TRANSPARENCIA VENEZUELA IDENTIFICÓ que el Estado es propietario de 505 empresas de las cuales 353, que equivalen 70%, fueron creadas a partir del año 2001, fecha en la que Hugo Chávez era Presidente de la República.
Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela, indicó que al comparar el número de empresas que tiene el Estado con las que poseen otros países de la región, se encontró que Brasil con más de 210 millones de habitantes, casi 7 veces la población nacional, cuenta sólo con 130 compañías, lo que equivale a 25,7% de las venezolanas en manos del gobierno. Mientras que el Estado Argentino con más de 44 millones de habitantes posee 52, es decir apenas 10,3% de las empresas estatizadas.
Los hallazgos corresponden al “Proyecto Empresas Propiedad del Estado en Venezuela”, que lleva adelante Transparencia Venezuela y que se obtuvieron después de 8 meses de investigación y análisis de informes de la Contraloría General de la República, memoria y cuenta de los ministerios, Gacetas Oficiales, portales de los ministerios y medios digitales, señaló De Freitas.
Aunque no hay Transparencia en la información, la ONG, logró determinar la estructura accionaria de 83 compañías que representa 16%. De Freitas lamentó la escasa data porque está debe ser información pública y de libre consulta, en aras de la #Transparencia y de evitar la #Corrupción. Otra revelación importante fue el hecho de que 110 empresas son filiales de Petróleos de Venezuela, lo que representa 22% de las organizaciones creadas en los últimos 10 años.
Además, pudieron establecer la fecha de creación o expropiación del 84% de las empresas, siendo el período de mayor estatización entre el año 2006 y 2010, en el que el Estado se apoderó o fundó 185 empresas. Le siguió el lustro comprendido entre 2011 y 2016 con 128 compañías.
También determinaron el lugar de ubicación del 68% de las organizaciones, a cuáles ministerios están adscritas 99% de ellas y el sector económico al que pertenecen.
EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA SALUD, el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, la Fundación 5 al día, el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela y el Centro de Investigaciones Agro-Alimentarias de la Universidad de Los Andes en conjunto con varias organizaciones decidieron pronunciarse ante el más reciente informe publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), denominado “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre y la malnutrición. América Latina y el Caribe, 2016”, en virtud de la ausencia de información importante, real y verídica, sobre la situación alimentaria de Venezuela.
En el comunicado, donde se plantean una serie de preguntas y comentarios, se explica que el deterioro de la situación alimentaria, nutricional y de salud en Venezuela se ha profundizado durante el último trienio 2014-2016, cuando los indicadores de alimentación, nutrición y salud han exhibido cifras nunca antes vistas en Venezuela, con el surgimiento de fenómenos que expresan situaciones extremas de inseguridad alimentaria y hambre en toda la población, en especial en los grupos vulnerables.
Por ello llama la atención el hecho de que diversos aspectos relevantes para Venezuela quedan sin ser analizados en el informe que publica la FAO, el cual se nutre de los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, entidad que por ley le corresponde suministrar los datos oficiales a los organismos internacionales.
Desde el comienzo del Informe se señala que América Latina y el Caribe se adelantó al resto del mundo al establecer sus propias metas para la erradicación del hambre para el año 2025. Igualmente, que los países de la región adquirieron compromisos al aprobar el “Plan de aplicación integral sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño”, donde “se comprometieron a disminuir la desnutrición, el sobrepeso, la anemia y a aumentar la prevalencia de la lactancia materna antes del 2025”. La pregunta que surge frente a esto, es ¿cuál es el compromiso puntual e individual que adquirió Venezuela para cumplir con esta meta?
Además de omitir información, el informe de la FAO incluye cifras desactualizadas sobre Venezuela. En el caso de las tasas de mortalidad materna, en menores de 5 años y neonatal de Venezuela, estas solo aparecen representadas a través de gráficos. No fueron tomados en cuenta los datos oficiales de la propia Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), presentada en 2015 ante la Asamblea Nacional, que muestra cifras alarmantes en el aumento del porcentaje de mortalidad materna, que fue 5,5 veces más alto que el valor registrado en el año 2012.
Además, es importante resaltar que la tasa de mortalidad neonatal reportada en este informe de la FAO no coincide con los resultados presentados por el MPPS en su Memoria y Cuenta 2015, que muestran un exorbitante aumento 100 veces mayor al porcentaje de muertes neonatales/nacimientos vivos registrados con respecto a 2012.
Con respecto a la disponibilidad de alimentos entre 2014 y 2015, el Informe no ofrece ningún análisis ante la gran diferencia, por defecto, que presenta Venezuela respecto a otros países en la cifra de importación de alimentos. No debe olvidarse que tanto las importaciones como exportaciones de alimentos en Venezuela registraron una importante reducción, acompañada de la disminución de la producción nacional de alimentos.
Y en cuanto a la disponibilidad por grupos de alimentos correspondiente a las distintas regiones del mundo y de América Latina y el Caribe (expresadas en gramos/persona/día), en el Informe de la FAO llama la atención que la información incluida corresponde a los años 2009, 2010 y 2011, período en el cual la situación en Venezuela era completamente distinta.
Por otra parte, y en cuanto a la evolución de la desnutrición infantil crónica en países de la región, merece destacarse que hasta el año 2015 fue favorable. Los datos venezolanos corresponden al período 1990-2009, durante el cual se observó una reducción de esta prevalencia con un valor de 13,4% para 2009, pero preocupa además que Venezuela, en las condiciones de pobreza que se encuentra desde los últimos años, no reporte este dato desde 2009.
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Estos son solo algunos de los aspectos abordados en el comunicado emitido por las organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil que lo suscriben, y que al final representan argumentos para solicitarle a las agencias internacionales del Sistema de Naciones Unidas asumir como prioridad la protección de los derechos humanos y de la población civil, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como fue exhortado en 2013 por el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, al firmar la iniciativa denominada “Derechos Humanos Primer Lugar” (Human Rights Up Front).
No alertar acerca de la situación alimentaria y nutricional venezolana actual podría ser considerado como una violación al mandato “Derechos Humanos en Primer Lugar”, cuando el personal en terreno local de las agencias del Sistema de Naciones Unidas no reporta a sus respectivas sedes la verdadera situación de la población (en este caso, la venezolana), advierte el comunicado en respuesta al informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Sistemas alimentarios sostenibles para poner fin al hambre y la malnutrición. América Latina y el Caribe, 2016”, divulgado por la FAO en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, el 19 de enero de este año.
UN GRUPO DE ACADÉMICOS EN COMPAÑÍA de organizaciones de trabajadores presentaron este miércoles un anteproyecto de Ley de Libertad Sindical ante la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.
Para Jacqueline Richter, asesora académica del Instituto de Altos Estudios Sindicales, afirmó que esta legislación retomara el espíritu autónomo de este sector además de impulsar el diálogo social como espacio vital para la toma de decisiones.
Richter destacó que esta ley devuelve la autonomía al movimiento sindical, eliminando la palabra Consejo Nacional Electoral (CNE) como regidora de las elecciones de los trabajadores.
“El CNE se ha convertido más en una alcabala que un facilitador para la realización de sufragios, ahora volverán a ser los trabajadores quienes elegirán de forma libre sus comisiones electorales como lo rigen sus estatutos. Si voluntariamente quiere la asesoría está bien pero ya no será obligatorio que el Poder Electoral certifique el proceso”.
La corredactora de la Ley de Libertad Sindical informó que luego de ser presentada ante la Comisión de Desarrollo Social de la AN, esta será enviada a la Organización Internacional del Trabajo para que asesore acerca del contenido de la misma.
“Se tendría planteado que una misión de este organismo venga a Venezuela para ayudar a los actores sociales involucrado y así generar un espacio de encuentro. El parlamento debe impulsar un amplio debate donde sindicatos y organizaciones de empleadores participen de forma masiva”, dijo.
Recalcó que se tiene previsto la entrada en primera discusión de esta legislación en este mismo 2017, y desde la comisión redactora ya se han elaborado oficios para que el contenido de la ley sea enviado a todos los sindicatos y estructuras patronales. “Los diputados ya se han ofrecido a ir a las centrales sindicales y a Fedecámaras por ejemplo a explicar detalladamente los alcances del instrumento jurídico”.
