Expertos recomiendan reconstituir el equipo jurídico y comparecer ante la Corte de Justicia. En un año la República debe presentar sus alegatos ante esa instancia
Por: Reyes Theis/ @reyestheis
El escenario que durante varias décadas evitaron los diplomáticos venezolanos en torno al reclamo del territorio Esequibo, finalmente ocurrió.
Este 6 de abril –que coincidió con el jueves santo– se congregaron en su sede de La Haya, Países Bajos, los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para rechazar una solicitud preliminar de Venezuela, que intentaba echar por tierra la demanda guyanesa que apunta a que esa instancia evalúe la validez del Laudo Arbitral de 1899.
Ese Laudo estableció el límite entre estas dos repúblicas, aunque la parte venezolana lo considera nulo e írrito y asevera que lo despojó de aproximadamente 150.000 kilómetros cuadrados.
14 jueces dieron la razón al alegato guyanés y uno al venezolano. La medida significa que finalmente el caso Esequibo se dictaminará en esa Corte y que Venezuela tiene 12 meses para presentar sus alegatos y demostrar la nulidad de aquella decisión tomada en París.
El 21 de noviembre de 2022, Venezuela presentó la solicitud de objeción preliminar y sostuvo que debido a que el Laudo Arbitral fue producto de un fraude propiciado por el Reino Unido (Guyana era una colonia de esa nación), la representación británica debía formar parte del proceso. Si tenía éxito la estrategia jurídica, el caso podía arrancar desde cero.
En su sentencia de este jueves, la Corte recordó hitos históricos en la controversia en la que no hizo falta, ni Venezuela requirió, la presencia del Reino Unido. La Corte consideró que el Acuerdo de Ginebra (firmado en 1966 entre el Reino Unido, la Guayana Británica y Venezuela) “especifica roles particulares para Guyana y Venezuela, y no establece un rol para el Reino Unido en la elección o participación en los medios de solución de la disputa”
También, indicó que durante la implementación del mecanismo de buen oficiante, una figura que fue acogida por las partes para tratar de aproximar una solución al caso, “hubo acuerdo entre las partes que el Reino Unido no tenía ningún papel en el proceso de solución de diferencias”.
En vista de ello, la Corte rechazo el alegato venezolano, aunque dejó abiertas las puertas a pronunciarse “sobre determinadas conductas imputables al Reino Unido, que no pueden ser determinado en la actualidad” y que ello “no impediría que la Corte ejerciera su competencia, que es sobre la base de la aplicación del Acuerdo de Ginebra”.
Reacciones
A pesar que Venezuela introdujo esta solicitud infructuosa ante la Corte, en un comunicado leído este jueves por la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, señaló que la República “no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la mencionada controversia por cuanto excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo (de Ginebra)”.
No obstante, señaló que Venezuela “evaluará sus implicaciones de manera exhaustiva y adoptará todas las medidas a su disposición para la defensa de sus legítimos derechos e integridad territorial”.
La vicepresidenta anunció además que en los próximos días el presidente Nicolás Maduro convocará los sectores nacionales a un diálogo y anunciará las próximas acciones.
La decisión venezolana de no reconocer la vía judicial para la resolución de este caso abre las interrogantes si entonces la República no presentará sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia.
No obstante, expertos en la materia recomiendan que sí lo haga. El embajador retirado Víctor Rodríguez Cedeño, exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas , indica que el Gobierno tiene que comparecer y «enfrentar con seriedad y responsabilidad este reto», además de preparar una contra memoria con «historiadores, geógrafos, cartógrafos, juristas venezolanos que conocen bien el tema”.
Considera que es importante que el Gobierno reconozca la decisión de la Corte y que desconocer la sentencia que emane de esa Corte sería inútil, ya que Guyana tiene la posesión del territorio.
“Ya declarada la competencia (del Tribunal) y la admisibilidad, solo nos queda comparecer, y hacerlo bien, con unidad nacional, consenso, posiciones serias y responsables que tiene que tomar el Gobierno”, advierte.
Sostiene que para comprobar la nulidad del Laudo Arbitral de 1899, Venezuela debe demostrar que hubo una «componenda política» que desconsideró los argumentos jurídicos, así como preparar una buena defensa «que diga que reclamamos la titularidad”.
Por su parte, el embajador retirado Sadio Garavini, quien fuera jefe de la misión diplomática en Guyana y autor de libros sobre la materia, advierte de las consecuencias negativas de no comparecer ante la Corte y de desconocer las sentencias.
“La Corte va seguir y tomar una decisión desde el punto del derecho internacional público obligatoria. Después puedes decir que no la quieres respetar, pero la comunidad internacional, el Caricom, los No Alineados, la van reconocer”, advirtió.
Agregó además que luego que la Corte emita la sentencia hay que abordar la delimitación de áreas marinas y submarinas (el Laudo Arbitral solo se refiere a las fronteras terrestres), que posiblemente también recaiga en el mismo tribunal.
“Esto nos interesa mucho, cualquiera que sea la decisión sobre el Esequibo. Guyana ha trazado una línea arbitraria, que se mete en la proyección del estado Delta Amacuro y nos encierra en un triángulo con Trinidad, además en una zona llena de petróleo”, señala.
Tanto Garavini como Rodríguez Cedeño advierten que es necesario reconstituir los equipos jurídicos de Venezuela para las siguientes fases.
Historia de un fraude
El Laudo Arbitral de París es uno de los eventos más oscuros en la historia diplomática del país. Su origen se remite a finales del siglo XIX cuando ante los incesantes reclamos de Venezuela y el respaldo diplomático de los Estados Unidos por la invasión del territorio Esequibo por parte del Reino Unido, se firma el Tratado de Washington el 2 de febrero de 1897, donde se establecen unas reglas injustas y contrarias al derecho internacional para solucionar la controversia. Era Venezuela un país empobrecido, con inestabilidad política por guerras internas entre caudillos por obtener el poder. Al frente estaba la gran potencia mundial.
El Reino Unido negó la posibilidad de que Venezuela se defendiera por sí mismo. Entonces, le correspondió a EEUU la representación de la República. El Tribunal que debía dirimir el caso de acuerdo al Tratado de Washington estaba compuesto por dos especialistas ingleses, dos estadounidenses y uno ruso, quien tenía la última palabra.
De acuerdo con el libro, “La Venezolanidad del Esequibo”, de Oscar García Márquez, el 16 de marzo de 1898 Venezuela entregó a su representante en Washington su alegato en un sólido expediente que incluía 674 documentos tomados de fuentes holandesas, españolas, inglesas, venezolanas y diplomáticas de varios autores, así como un Atlas contentivo de 78 mapas, más otros 13.
El Tribunal sesionó en París entre junio y septiembre de 1899, entregando los 150.000 kilómetros al Reino Unido. El 3 de octubre de 1899, el agente venezolano en el Tribunal de Arbitraje, el venezolano José María Rojas, explicó lo ocurrido, según recogió el diplomático venezolano Marcos Falcón Briceño en su ponencia “Orígenes de la Reclamación de la Guayana Esequiba”.
Explica Rojas que la decisión del árbitro ruso era de darle todo el territorio al Reino Unido y qu,e ante la negativa de los árbitros de los EEUU, este propuso modificar la línea de la costa de modo que el Delta del Orinoco le correspondiera exclusivamente a Venezuela si ellos aceptaban el resto “a lo cual asintieron por deber de conciencia considerando, que, en vista de la gravedad del caso, habría sido peor consentir bajo protesta en el despojo del Orinoco”.
Un texto del Pbro, Hermann González Oropeza, con el título “Dos Aspectos del Reclamo Esequibo”, muestra algunas correspondencias que también evidencian la componenda.
Por ejemplo, un alto oficial del Colonial Office (Ministerio de Colonias británico), Charles Alexander Harris, señaló en una minuta de su mano que el Laudo «ciertamente no ha propiciado los principios del arbitraje internacional”.
“Si algo se nos impuso a todos en París es que uno no puede por el momento conseguir que un Tribunal actúe como una Corte de Derecho. El asunto fue una farsa”, añadió entonces.
Le tocará a Venezuela, si se mantiene en el juicio, demostrar que la decisión no fue conforme a derecho, sino a intereses particulares de terceros estados.
