La ONG señaló que «continúa la tendencia al alza» de principios activos para controlar enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes tipo II y la depresión o trastornos de seguridad
La escasez de medicamentos para tratar seis morbilidades de alta incidencia en Venezuela fue del 26,9 % en septiembre del 2023, según un boletín difundido este sábado por la ONG Convite.
Convite es una organización que hace un seguimiento a la disponibilidad y acceso a estos fármacos en Caracas y otras 16 ciudades de todo el país.
En agosto, según los datos de la ONG, la escasez general de medicinas fue de 26,3%.
«Septiembre de 2023 cierra con un indicador general de 26,9 % de escasez de medicamentos para las seis morbilidades a las que Convite le hace seguimiento: hipertensión, diabetes, convulsiones, depresión, diarreas e infecciones respiratorias agudas», detalló la ONG.
De acuerdo con el reporte, la diabetes, con 34,6 %, las infecciones respiratorias agudas, con 33 %, y convulsiones, con 32 %, se mantienen como las tres causas de morbilidad «con los más elevados índices de escasez de medicamentos».
Además, Convite aseguró que Caracas y San Fernando de Apure fueron las ciudades en las que se registró un abastecimiento de medicinas «comprometido», mientras que Maracaibo y San Carlos fueron las mejor abastecidas de estos seis fármacos en septiembre.
En cuanto a los precios, la ONG señaló que «continúa la tendencia al alza» de principios activos para controlar enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes tipo II y la depresión o trastornos de seguridad.
En Maracaibo, una persona con trastorno de ansiedad generalizada requiere al menos $10,98 o Bs. 378,04 para costear un tratamiento mensual prototipo
En su reporte del mes de septiembre la Fundación Rehabilitarte encontró que los psicofármacos escasearon en Maracaibo más del 60% en comparación con agosto
Recomiendan a las agencias que coordinan la respuesta humanitaria en Venezuela incluir a la salud mental en sus programas de asistencia
La Fundación Rehabilitarte presentó los resultados correspondientes a septiembre de su monitoreo de medicamentos psiquiátricos «En cuánto el récipe», que hace mensualmente en el estado Zulia. La investigación concluyó que una persona con trastorno de ansiedad generalizadarequiere al menos $10,98 o Bs. 378,04 para costear un tratamiento mensual prototipo (sertralina 100 mg y clonazepam 0,5 mg).
Esto equivale a casi tres sueldos mínimos -que se se sitúa en Bs. 130 desde marzo de 2022- para poder costear estos medicamentos.
«Cabe reiterar que dicha cifra se basa en un tratamiento prototipo, sin embargo, en la práctica cada caso se debe evaluar de manera individual», aclara la organización.
Destacan que el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por un estado de alerta constante y una preocupación persistentes y excesivas por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina.
«La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil de controlar y afecta las relaciones sociales, el desempeño laboral, académico y genera un malestar clínicamente significativo», alertan.
Escasez de psicofármacos
El reporte también encontró que los psicofármacos escasearon más del 60% en comparación con agosto
La Fundación Rehabilitarte determinó en su monitoreo de septiembre que los medicamentos psiquiátricos escasearon en promedio un 60,5% y que en dicho mes hubo una lista de 16 medicamentos que estuvieron totalmente escasos, entre los que se encuentran estimulantes con un 100%, anti-parkinsonianos con un 80,6% y los ansiolíticos (73,5%).
Salud, un derecho de difícil acceso
Por otro lado, durante agosto se registró un aumento promedio del 15% en el precio de los psicofármacos. Dicho porcentaje se basó en un monitoreo en 31 farmacias distribuidas en 11 parroquias de la capital zuliana.
Entre los fármacos, los anticonvulsivos lideraron este incremento con un 85%, seguidos de los ansiolíticos con un 35%, los antipsicóticos con un 33% y los moduladores del estado de ánimo con un 5%.
En contraparte, se determinó en septiembre que los sedantes disminuyeron su precio en un 49%.
Rehabilitarte destaca que el panorama actual de incremento en medio de una economía casi dolarizada «hace que la salud se convierta en un derecho de difícil acceso para los zulianos, tomando en cuenta que las instituciones públicas no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la demanda y la economía no propicia un escenario en el que las personas puedan acceder a la salud ni salud mental de manera adecuada».
Instan a atender la salud mental
La Fundación Rehabilitarte insta al Estado a dotar de recursos y potenciar las estructuras de atención en salud mental, para que quienes padezcan algún diagnóstico, entre ellos el trastorno de ansiedad generalizada, puedan contar con una alternativa digna.
De igual modo, recomiendan a las agencias que coordinan la respuesta humanitaria en Venezuela incluir a la salud mental en sus programas de asistencia.
«Cabe destacar que la salud mental es un derecho humano que debe estar al alcance de todas las personas», concluyen.
Tito López, presidente de Cifar, informó que, si bien se ha dado una mejoría económica registrada desde mediados de 2021, todavía representa una dificultad para la industria el debilitado poder adquisitivo de la población
La asociación civil Convite informó este viernes, 1 de septiembre, que la escasez de medicamentos de seis morbilidades en Venezuela cerró en julio de 2023 con un indicador de escasez general de 27,1 %.
De acuerdo con un boletín de la organización, estas cifras suponen un punto superior con respecto al mes de junio.
La diabetes (34,7%), convulsiones (32,9%) e infecciones respiratorias agudas (32,6%) se mantienen como las tres causas de morbilidad con los más elevados índices de escasez de medicamentos en julio.
Por su parte, San Fernando de Apure (53,2%) y AMC (38,4%) fueron las localidades que presentaron un abastecimiento de medicinas comprometido durante el mes de julio.
Vale destacar que, según la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), el mercado farmacéutico nacional creció un 4,86 % en los primeros seis meses del año respecto al mismo período de 2022.
Tito López, presidente de Cifar, informó que, si bien se ha dado una mejoría económica registrada desde mediados de 2021, todavía representa una dificultad para la industria el debilitado poder adquisitivo de la población.
«Lo que más se vende son analgésicos, antiinflamatorios, productos que son de precio bajo», señaló López.
Comportamiento del índice de precios de medicamentos esenciales
Convite monitoreó el comportamiento de los precios en Caracas, Mérida, San Fernando de Apure, Maracaibo, Barquisimeto, Maturín, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Porlamar, San Carlos, San Felipe, San Juan de los Morros, Tucupita, Valencia y Valera.
A continuación se presenta una tabla de los precios promedio que registraron, en julio 2023, los principios activos regularmente buscados en el mercado farmacéutico para controlar la hipertensión arterial, diabetes tipo II y depresión o trastornos de la personalidad.
El mes de febrero de 2023 cerró con un índice general de escasez de medicamentos de 28,9 % de acuerdo al monitoreo realizado por la Asociación Civil Convite a los principios activos que componen las canastas de fármacos esenciales para tratar las seis causas de morbilidad a las que hace seguimiento: convulsiones, infecciones respiratorias agudas, depresión, diabetes, hipertensión y diarreas.
Las tres morbilidades con mayor índice de escasez continúan siendo las convulsiones con 37,8 %, infecciones respiratorias agudas con 35,3 % y la depresión con un registro de 32,8 %. Le siguen la diabetes con 24,0 %, hipertensión 13,8 %, y diarrea 11,9 %.
En cuanto a las ciudades con un mayor desabastecimiento encabezan la lista el Área Metropolitana de Caracas que alcanza 61,9 %, San Fernando 55,0 %, Porlamar con 35,8 % y San Juan de Los Morros 33,9 %. Las localidades mejores abastecidas son San Carlos con 5,9 % de escasez y Puerto La Cruz con un registro de 17,3 %.
El monitoreo realizado por Convite abarca 16 ciudades: Área Metropolitana de Caracas, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Maracaibo, Maturín, Mérida, Puerto Ayacucho, Puerto La Cruz, Porlamar, San Carlos, San Felipe, San Fernando, San Juan de Los Morros, Tucupita, Valencia y Valera.
La mayor disponibilidad en los anaqueles no se traduce en accesibilidad debido a los costos que, en la mayoría de los casos, no pueden ser pagados por los afectados.
Cada vez más costosos
Continúa la tendencia al alza de los principios activos frecuentemente buscados en el mercado farmacéutico para controlar la hipertensión arterial, diabetes tipo II y depresión o trastornos de la personalidad. La Amlodipina de 5 mg pasó de 44,90 en enero a 55,45 bolívares en febrero; el Losartán Potásico de 50 mg en enero costaba 59,39 y en febrero se ubicó en 68,02 bolívares; la Glibenclamida de 5 mg pasó de 72,79 bolívares a 93,92; la Metformina de 850 mg subió de 83,79 a 106,10 bolívares y la Sertralina 50 mg dio un salto de 159,96 a 220,22 bolívares.
La muestra para monitorear el comportamiento de los precios estuvo conformada por establecimientos farmacéuticos ubicados en Caracas, Mérida, San Fernando de Apure, Maracaibo, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Porlamar, San Carlos, San Felipe, San Juan de los Morros, Tucupita, Valencia y Valera.
El Proyecto #MonitorDeSalud cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea en Venezuela y la colaboración de aliados en el interior del país: Kapé-Kapé, Defensa Activa, Funcamama, Mulier, Promedehum, Centro de Animación Juvenil, Fundación Váyalo y Crea País.
El boletín correspondiente a febrero incluye informaciones regionales en materia de salud:
Amazonas: malaria en el ambiente
Durante las primeras semanas de febrero se han detectado 89 casos de malaria en el municipio indígena Río Negro, y de acuerdo al gobernador del estado Amazonas, los mismos ya estaban siendo atendidos por personal sanitario y se ha mantenido la fumigación, tras un operativo en dos sectores de la localidad afectada, donde residen unas 3.000 personas.
El vector proviene de comunidades del río Casiquiare y los casos son «en su mayoría» de la comunidad indígena Yanomami». De acuerdo a la información o oficial, se tiene jada una «ruta de trabajo», de la cual no se dio mayor detalle, para afrontar el brote y abordar el «cerco epidemiológico» en el municipio.
Por otro lado, la ONG venezolana Fundaredes denunció en Twitter que esta situación se debe al «uso indiscriminado de mercurio en la explotación minera y la falta de políticas públicas efectivas por parte del Estado que garanticen el derecho a la salud».
La vocería de la organización denunció la ausencia de datos o oficiales para conocer la realidad epidemiológica del Arco Minero del Orinoco (AMO) y, por consiguiente, la cantidad de personas afectadas por diferentes patologías como paludismo, sarampión, difteria, dengue, entre otras afecciones. El AMO, cuyos límites fueron fijados en 2016 por el Gobierno, es una zona rica en oro y otros minerales en la que tienen presencia grupos criminales.
Bolívar: la amenaza del mercurio
La organización no gubernamental (ONG) Fundaredes advirtió sobre el impacto negativo que tiene sobre la salud la contaminación por mercurio, producto de la minería ilegal, debido a que puede provocar enfermedades en el sistema nervioso, reproductivo y digestivo. Además de provocar daños en la fauna y la ora.
“Una vez liberado el mercurio, ciertas bacterias pueden transformarlo en metilmercurio, acumulándose en peces y mariscos, lo que ha dejado terribles secuelas en el ambiente y la salud de las comunidades”, apuntó Proyecto Epa, de la organización, a través de su cuenta de Twitter el jueves 23 de febrero.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el mercurio es uno de los 10 productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública. Si bien, las personas siempre están expuestas al mercurio, debido a la presencia de este elemento en el aire, los suelos y el agua, una exposición a niveles elevados puede tener graves consecuencias en la salud como daños en el sistema nervioso y el cerebro de los bebés.
La ONG Clima 21 denunció en un informe presentado en noviembre de 2022 que la población pemón en Canaima, estado Bolívar, tiene en su organismo 35 % más del mercurio permitido por la OMS. Se estima que el contenido normal de mercurio en el organismo humano debería ser entre 1 y 13 mg.
Clima 21 aseguró que el consumo de agua contaminada afecta a 183 comunidades del pueblo pemón, entre los municipios Angostura, Piar, Sifontes y Gran Sabana del estado Bolívar. De acuerdo a sus investigaciones, al menos el 30 % de los indígenas pemones se dedica a la minería ilegal. Además, indicaron que 36 de los 118 pueblos indígenas practican abiertamente esta actividad.
Lara: niños sin tratamiento oncológico
Luego de la renuncia del único especialista en Hematoncología del Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga de Barquisimeto, al menos 18 niños y niñas diagnosticados con leucemia o alguna condición oncológica han dejado de recibir sus sesiones de quimioterapia, las cuales les corresponden cada 21 días.
La situación se ha vuelto complicada para los pacientes y sus familiares, hasta la fecha de publicación del reportaje no se había asignado un nuevo especialista a la unidad, poniendo en riesgo la salud de quienes acuden a este centro asistencial con cita agendada y de los 18 infantes que están hospitalizados. Madres y padres han realizado varias manifestaciones públicas para llamar la atención tanto de las autoridades gubernamentales del estado Lara como de la dirección del hospital, cuya representante no ha demostrado mayor interés.
Los familiares aseguraron que las autoridades de salud hicieron el intento de trasladar al grupo de 40 pacientes al Hospital del Seguro Social, pero posteriormente les dijeron que no podían recibirlos porque no tenían cupo y no se dan abasto para atenderlos. Muchos están desesperados porque son pocas las alternativas con las que cuentan para atender a sus hijos, los recursos son escasos y el traslado a una clínica privada es impensable.
LUIS FRANCISCO CABEZA, DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL CONVITE, indicó este miércoles que las ciudades del país con mayor índice de desabastecimiento de medicinas son Barquisimeto, Maracaibo y Caracas.
El director de Convite comentó que los medicamentos más ausentes son aquellos utilizados para tratamientos como la diabetes, la hipertensión y las infecciones respiratorias agudas.
“Es una situación bastante preocupante, ya que muchas personas se encuentran infartadas en colas en busca de su medicamento”, comentó Cabeza.
Cabeza detalló que un estudio realizado por Convite durante el mes de agosto reflejó que Caracas y Barquisimeto presentaron un desabastecimiento de 92% y 99% respectivamente.
Más de cinco mil pacientes, de 17 mil que sobreviven con diálisis, permanecen a la espera por un trasplante de riñón, al cumplirse un año de la suspensión del Programa de Trasplantes a través de la Fundación Venezolana de Donaciones de Órganos, Tejidos y Células, adjunto al Ministerio de Salud. Así lo reseña laverdad.com
La principal razón que llevó al cierre del programa: La falta de inmunosupresores. Es una responsabilidad del Instituto Venezolano del Seguro Social y los afectados deben administrárselos a diario de por vida, para evitar el rechazo del órgano.
Habría que abastecer de inmunosupresores para reactivar el programa. Pero, antes se debe salvar los órganos de los tres mil 500 pacientes trasplantados, informó Lucila Velutini, miembro de la junta directiva de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, ONG encargada del programa hasta 2014.
Hasta la fecha fallecieron ocho personas trasplantadas desde el pasado mes de noviembre, por esta escasez: José Herrera, Jesús Rondón, Ángel Sánchez, María Margarita Sánchez, Luz Marina Martínez, Marta Solórzano, Belkys Solórzano y Yamilexi Reyes, precisó Velutini.
El vía crucis de que quienes recibieron el órgano: Conseguir los inmunosupresores que desde hace meses el IVSS no suministra.
Carlisbeth Falcón, de 11 años, fue de las primeras beneficiarias en 2016, cuando Fundavene, luego de 10 meses paralizada, reactivó el programa. Desde entonces lucha por consumir los medicamentos correctamente a pesar de la desaparición del medicamento.
“A raíz de las protestas, algunas personas se ofrecieron ayudarnos a través de donaciones. Pero cuando se acaben los medicamentos, ¿qué haremos?”, se pregunta Carlos Falcón, padre de la joven.
La adolescente hace dos meses interrumpió el tratamiento por 48 horas. Las secuelas fueron: lesiones en el órgano, aseguraron sus médicos. Vómitos, diarrea y malestar son algunos de los síntomas que aún le persisten.
Más dificultades
Carlisbeth vive en Sanare, estado Lara, pero sus consultas médicas mensuales son en el Hospital J. M. de los Ríos. Para trasladarse a la capital del país, su familia debe reunir al menos seis millones de bolívares en efectivo para las diligencias en la ciudad.
Además, desde el pasado 5 de abril la oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de Salud en este centro, suspendió la ayuda que brindaba a los padres y enfermos del interior del país, en cuanta alimentación, hospedaje y pago de exámenes médicos.
“Cada paciente trasplantado debe realizarse una serie de exámenes para comprobar que el órgano está funcionando correctamente. Todo eso debemos pagarlo nosotros y es muy costoso. Es otro problema que se añade a esta triste historia. Pedimos a gritos auxilio”, expresó Falcón.
Francisco Valencia, director de Codevida, recordó, durante una entrevista a la agencia EFE, que los equipos de diálisis para pacientes menores de edad en el sector público se encuentran en el centro asistencial donde se reportaron muertes de dializados por infecciones intrahospitalarias.
“Es insensato pensar que un niño en diálisis no pueda tener la oportunidad de ser trasplantado (…) y lo que hacen estos niños es sufrir en esta unidad de diálisis J.M. de los Ríos que viven en una situación de alarma por las infecciones”, comentó.
La oposición que controla el Parlamento, así como los dirigentes de partidos reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática exigieron al Gobierno de Nicolás Maduro la apertura de un canal humanitario para que ingresen al país medicamentos y ayuda para los venezolanos que sufren de alguna enfermedad.
Concentración
Las organizaciones Coalición por la Defensa del Derecho a la Salud y a la Vida de las Personas en Venezuela (Codevida), Prepara Familia y Amigos Trasplantados de Venezuela anunciaron una concentración el próximo martes 5 de junio en la sede del Ministerio de Salud, a las 10.00 de la mañana en protesta porque el Programa de Trasplantes de órganos en el país tiene un año paralizado. La manifestación se hará la víspera del Día Mundial de las Personas Trasplantadas, que se celebra el 6 de junio.
Transplantados, seropositivos, pacientes oncológicos, diabéticos, hipertensos, entre otros, se congregaron en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes en Caracas para exigir al gobierno una solución a la escasez de medicamentos
Indira y Rafael (nombres ficticios) escuchaban con atención a una mujer gritar una frase lapidaria en la tarima de la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes: “Me quiero morir de vieja, carajo”. La pareja de amigos recién llegaba de Valencia para la actividad convocada por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) en procura de elevar la voz para visibilizar a los miles de pacientes crónicos que aguardan por medicamentos en Venezuela.
“Preferimos no dar nuestros nombres porque no queremos retaliaciones, somos gente humilde, solo deseamos que nos traten con dignidad”, dijo la mujer que padece VIH y desde agosto del año pasado no recibe los antiretrovirales para combatir el virus.
“Nosotros no tenemos para costearnos eso, dependemos de lo que nos den en el Seguro Social, es una situación desesperante. Yo particularmente temo que la enfermedad avance y muera”, confesó mientras aplaudía el discurso de otra paciente y se secaba las lágrimas.
A su lado estaba un compañero a quien conoció en los pasillos del Seguro Social de Valencia, también en la continua lucha por seguir viviendo. Ambos agitaban una pancarta en la que podía leerse “Sr. Ministro, necesitamos retrovirales ya…Carabobo”.
“Tengo 14 años con VIH y por primera vez estoy en esta situación: desde agosto del año pasado no hay medicinas y no nos dan respuesta, lo peor es que no sabemos cuánta gente más se está infectando porque ni siquiera hay reactivos para realizar los exámenes”.
Tanto Indira como Rafael hicieron un esfuerzo para estar en Caracas este jueves, sorteando la fatla de efectivo y de transporte viajaron en un colectivo por la Autopista Regional del Centro junto a otros enfermos crónicos. Ayer mismo se regresaban esperando que la iniciativa hubiese dado resultados y al menos llegado a los oídos del ministro de salud, Luis López, a quien decenas de pacientes escribieron mensajes simbólicos en cartulinas, demandando solución al grave problema de la salud.
El programa de medicamentos de alto costo, financiado por el Estado, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en teoría garantiza el tratamiento farmacológico a los venezolanos que padecen enfermedades difíciles de costear, amparado en el artículo 83 de la Constitución, el cual reza que “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”.
No es política, es la vida
Jesús Colmenares vino de Maracay con la esperanza de obtener alguna respuesta. “Soy transplantado de riñón desde 2014 y regularmente había tenido acceso al tratamiento, pero desde el año pasado y especialmente lo poco que ha avanzado este la situación es crítica, no tenemos los inmunosupresores y sin ellos corremos riesgo de morir. El gobierno tiene que entender que esto no se trata de tintes políticos, es la vida de la gente que está en juego”.
Marina Jiménez es otra transplantada de riñón, oriunda de Portuguesa, pero radicada en Caracas que no quiere perder el órgano que tanto le costó obtener, por ello ya tomó una decisión que considera podría extenderle la vida. “Me voy del país, no quiero morirme porque no conseguí un medicamento, tuve tres años esperando este riñón y si no me tomo los inmunosupresores el organismo puede rechazarlo…Mientras esté aquí voy a seguir protestando y apoyando a toda la gente que padece lo mismo”, sentenció Marina, quien desde mayo del año pasado ha tenido que rebajar las dosis. “Yo debo tomarme dos pastillas diarias y lo que hago ahora es que me tomo una interdiaria para rendirla”.
Marina decidió emigrar porque, entre otras cosas, en Venezuela es complicado mantener un trabajo siendo paciente crónico. “¿Qué jefe se va a calar que estés fuera una semana porque tienes que hacerte unos exámenes y no hay servicio en el laboratorio del hospital o estés buscando una medicina por todos lados?”.
Investigación y castigo a los culpables
Con apenas 28 años de edad, Vicente Mayorca tiene dos transplantes: uno de hígado en 1996 y otro de riñón en 2013. El comerciante y graduado en administración de aduanas llevaba una vida normal hasta hace año y medio cuando empezó a padecer una especie de Vía Crucis para adquirir las medicinas que ingiere desde hace décadas. “Las pastillas que uno toma son extremadamente caras, nadie que tenga un ingreso normal puede costearlas, solo el Estado está en la capacidad de hacerlo, pero desde hace rato nos dicen que no hay y que no saben cuándo van a llegar. Hasta hoy (jueves) tengo una de las medicinas y ni idea de qué voy a hacer”.
Mayorca considera necesaria la creación de un canal humanitario. “El primer transplante me lo hicieron en Italia y el segundo aquí en Caracas gracias a la embajada italiana, pero hoy en día me sería imposible y probablemente también a cualquier institución hacer algo de esa magnitud”.
Crismar Landaez vive con VIH desde hace 17 años y, aunque regularmente le costaba ubicar los retrovirales, afirma que 2017 fue una verdadera pesadilla. “Hay gente que se está muriendo de Sida pudiendo tratarse. El VIH ya es una enfermedad crónica y en otros países la gente lleva una vida normal; aquí, el Seguro Social lo que te da son excusas. Necesitamos con urgencia ser atendidos, porque nuestra vida está en riesgo”.
En 2015 a Larry Zambrano le transplantaron un riñón. Dice que el primer año luego de la operación el suministro de medicamentos transcurrió normal, pero después entró en una montaña rusa. “Ha ido de intermitente a inexistente, ya tengo tres meses sin tomar los inmunosupresores. Me hice un rechazo celular y corro riesgo de perder la intervención”.
Larry afirma que gracias a organizaciones como Acción Solidaria y Codevida ha podido paliar su situación, pero que esas instituciones ya encendieron las alarmas, porque en Venezuela la escasez es abrumadora. “Afuera un solo tratamiento cuesta como 700 dólares, he averiguado, pero yo no puedo costear eso”.
“Esta situación es inaguantable”, dijo el director de Codevida, Francisco Valencia. “Siete personas han fallecido por fallas renales en los últimos meses. Ya basta de tanta ineficacia, este gobierno que asistió a la llamada mesa de diálogo en República Dominicana nunca mostró interés por solucionar la crisis humanitaria de la salud, nos están aplicando una especie de muerte silenciosa”.
Por su parte, Feliciano Reyna, miembro de Acción Solidaria condenó las declaraciones de voceros del gobierno, como la presidenta de el asamblea nacional constituyente, Delcy Rodríguez, quien ha negado en reiteradas ocasiones que en Venezuela haya gente padeciendo por la falta de medicinas. “Ellos son los responsables de la muerte y el deterioro de los venezolanos”.
Valencia informó que un documento será enviado a la Asamblea Nacional y otro a instancias internacionales para que se abra una investigación y se determinen responsabilidades.
“Que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela en pleno siglo XXI”.
Emergencia humanitaria en el ámbito de la salud en Venezuela: Diagnóstico y soluciones
Detener el sufrimiento de la población venezolana ante la disminución de la calidad de vida, la caída del poder adquisitivo, la escasez de alimentos y medicinas; aunado a la crisis de los servicios de salud públicos y el avance de la pobreza, fueron los temas abordados a lo largo de la primera jornada convocada por Acción Solidaria, Amnistía Internacional Venezuela y otras organizaciones de la sociedad civil aliadas, con el fin de identificar nuevas acciones que permitan recuperar indicadores mínimos de disfrute del derecho a la salud.
El activista y defensor de los derechos humanos, Feliciano Reyna, inició el encuentro explicando que la actual emergencia humanitaria que sufre Venezuela tiene múltiples causas, pero que entre todas ellas destacan la militarización de los procesos de compra, almacenamiento y distribución de medicinas e insumos, la ineficacia en la distribución debido a los desvíos relacionados con la corrupción; la falta de estadísticas por parte de las autoridades; que impide la elaboración y ejecución de planes eficaces en materia sanitaria; y el debilitamiento de todas las instituciones, incluido el poder judicial.
“El personal de salud está sometido a vigilancia permanente y a represalias si informa sobre lo que está sucediendo en los servicios” manifestó Reyna. Sin embargo, aclaró que la dramática situación termina siendo del conocimiento público. Tiene un impacto tal que afecta de una u otra manera a todos los habitantes del país. Algunos datos que han visto la luz pública y son altamente preocupantes: “66% de incremento de muertes maternas y 30% de incremento de muertes en niños menores de 1 año, ya son motivos de alarma. «Venezuela, aun siendo país petrolero, retrocedió décadas. No hay excusas para eso.»
«El 13 de noviembre falleció una persona trasplantada por rechazo del órgano debido a la falta de inmunosupresores” agregó Reyna en referencia al caso de la señora Belkis Solórzano, que se hizo viral en redes sociales al haber grabado un video testimonial pocas horas antes de que su cuerpo colapsara definitivamente. Existen casos de personas con hemofilia que reciben apenas 3 de las 24 dosis que necesitan diariamente.
“3.550 personas trasplantadas, 77.000 personas con VIH-Sida, 4.990 con hemofilia, personas con esclerosis múltiple, párkinson, krohn, están sin medicinas total o parcialmente. Los tribunales nacionales no pueden resolver que es responsabilidad de las familias conseguir las medicinas con los actuales índices de pobreza. El Estado está en la obligación de movilizar los recursos disponibles de la cooperación internacional para mitigar los efectos de la falta de medicinas y alimentos” manifestó el activista.
El problema de la salud en Venezuela responde a las malas políticas de los últimos años
Jorge Díaz Polanco, del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), también recalcó el problema de la poca eficiencia en el gasto de salud debido a la descoordinación de las iniciativas de las autoridades en esta materia.
“En Venezuela no tenemos un sistema de salud sino una serie de establecimientos que brindan una atención médica no coordinada. Un sistema de salud debe trabajar articuladamente para atender las necesidades de la población” puntualizó el experto.“Se acentuó la desinstitucionalización y la privatización del sector salud. Casi el 70% de lo gastado en servicios de salud, sale del bolsillo de los usuarios. En los últimos años ha impulsado, lejos de lo que manda la Constitución, un sistema privado de salud. Ha privatizado el derecho” declaró Díaz Polanco.
«El índice de tuberculosis ha incrementado significativamente. No se publican cifras oficiales desde 2014. Se suman factores de hacinamiento y pobreza extrema. La caída en la importación de productos farmacéuticos ha sido abrupta y explica los actuales niveles de escasez. Casi el 80% de los servicios de emergencia en hospitales se encuentran paralizados”. afirmo el experto.
Una de las soluciones que plantea el Dr. Díaz Polanco tiene que ver con la descentralización “la descentralización es una estrategia. Las personas son las que resuelven los problemas” al tiempo que advierte que la emergencia humanitaria en Venezuela está teniendo repercusiones a nivel internacional: “El repunte de la malaria es evidencia del retroceso de la salud en Venezuela y ya comienza a ser un problema de preocupación internacional” afectando a Colombia y Brasil.
Perspectiva de género y pueblos indígenas
Magdymar León, Coordinadora de la Asociación Venezolana de Educación Sexual Alternativa (AVESA), detalló la manera como la actual emergencia humanitaria en Venezuela afecta especialmente a las mujeres de acuerdo al último informe de la organización “Mujeres al Límite”. “Ya no estamos en una crisis, estamos en una emergencia humanitaria que requiere de unas acciones que partan de un diagnóstico apropiado y enfoque de género” explicó León. “Si las mujeres no tenemos acceso a los métodos anticonceptivos se nos coarta desde el derecho a la educación hasta la participación política: en Venezuela el retroceso que hemos tenido en este ámbito es dramático. No es un problema moral, es de políticas públicas. De acuerdo a la Federación Farmacéutica, desde 2014 hay 90% de escasez de métodos anticonceptivos. Solo el 2% lo aporta el gobierno. Las mujeres están recurriendo a esterilizaciones quirúrgicas” afirmó León.
“Mientras globalmente las muertes de mujeres a consecuencia de complicaciones por el VIH disminuyen, en Venezuela aumentan debido al difícil acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y desabastecimiento de medicinas; se están practicando partos vaginales en mujeres con VIH-Sida, lo cual expone al neonato. También a falta de fórmulas lácteas, las mujeres con VIH-Sida se ven obligadas a amamantar a sus hijos lo que aumenta las probabilidades de transmisión al bebé”.
León denuncia que no existe ninguna política pública explícita para el abordaje, prevención y detección a tiempo del cáncer de mama. “El tipo de cáncer que más está afectando a las mujeres venezolanas” y, enfocándose en el tema de la alimentación y su relación con la salud, León afirmó que “las mujeres en Venezuela están dejando de comer para poder alimentar a otros miembros de la familia, mermando su salud. Específicamente, en el 56% de hogares se están sacrificando las abuelas. La alimentación de las niñas es sacrificada para mejorar la de los niños” manifestó la coordinadora de AVESA.
Aime Tillet, del Grupo de Estudios Antropológicos de la UCV, quien ha desarrollado un importante trabajo de campo en Amazonas, abordó el impacto de la emergencia en los pueblos indígenas venezolanos, afectados por la invisibilización en el sistema de salud en Venezuela no contempla la variable “etnia; así como las áreas de silencio” donde no se levantan estadísticas y que coinciden con las áreas del país donde habitan estas personas. Las pocas estadísticas disponibles revelarían una realidad demoledora: Mortalidad entre niños indígenas sería hasta 10 veces más alta que la de cualquier otro grupo, alcanzando casi un 40%.
“Los pueblos indígenas están sujetos a fuertes procesos de discriminación y vulneración de sus derechos. Las niñas indígenas tienen una expectativa de vida 40 años menor que una nacida en Caracas debido a la cólera y otras enfermedades que les afectan de manera desproporcionada. En lugares de Delta Amacuro la prevalencia del VIG supera el 30%, lo que los está diezmando. Son necesarios materiales informativos en los idiomas de los pueblos indígenas para combatir la expansión del virus” manifestó Tillet.
Sobre el impacto de la minería en los pueblos indígenas venezolanos, Tillet explica que la minería descontrolada y masiva ha facilitado los vehículos para enfermedades endémicas como el paludismo. “Venezuela está aportando más del 50% de los casos de Malaria en el continente. Junto a Haití son los dos únicos países en los que la enfermedad ha venido creciendo. Los peces del Río Caura, base de la alimentación de los indígenas tienen una concentración de mercurio de 1,8 mg/kg el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 0,5mg/kg”.
En el evento también participó Flor Pujol, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quien hizo un llamado a las autoridades a informarse y aplicar medidas que han tenido impactos positivos fuera de nuestras fronteras, por ejemplo las llevadas a cabo en el norte de Brasil donde se han logrado controlar distintos tipos de epidemias.
Próximos encuentros
El siguiente foro sobre la emergencia humanitaria en Venezuela se desarrollará el miércoles 15 de noviembre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en Foro XXI, en el Centro Letonia de La Castellana, en Caracas, donde se dilucidará sobre la emergencia alimentaria: malnutrición y factores de riesgo infantil, incidencia en la salud pública de la crisis alimentaria y situación general de la producción agroalimentaria.
El tercer y último foro tendrá lugar el lunes 20 de noviembre, también de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y en los mismos espacios, para aproximarse al drama de las migraciones a países vecinos desde Venezuela: diagnóstico y recomendaciones para la atención de población migrante en riesgo.
En ambos eventos, abiertos sin costo alguno al público general y medios de comunicación, estarán participando, además de la coalición Cívilis que engloba a más de 170 organizaciones de la sociedad civil, Fundación Bengoa, Acción Campesina-CESAP, el Observatorio Venezolano de la salud (OVS), el Grupo de Estudios Antropológicos (GEA), el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, Cáritas y la Universidad Central de Venezuela.
Para más información; organizaciones, instituciones y personas interesadas pueden escribir a info@aiven.org o llamar al (0212) 7931318.
