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DDHH olvidados | Yosmary Guerra, víctima del caos de 2018 en Mérida por la escasez de alimentos
Yosmary Katherine Guerra Viloria fue herida el 11 de enero de 2018, víctima de los saqueos por comida en Arapuey, estado Mérida. Su madre asegura que no estaba participando en el saqueo

 

@yeannalyfermin

 

Los años 2016, 2017 y 2018 permanecerán grabados en la memoria de todos los venezolanos por la aguda crisis económica caracterizada por una severa escasez de alimentos, medicinas, productos de aseo personal y la hiperinflación más alta del mundo.

La carencia de rubros básicos como arroz, harina de maíz, pasta, café, azúcar y aceite, cambiaron drásticamente la dieta y la contextura de muchos venezolanos que, según estimaciones de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), perdieron, en promedio, 11.4 kilos en 2017 por la escasez de alimentos.

La venta de comida programada por número de cédula y condicionada a dos artículos por persona no solo hizo mella en la salud física y psicológica del venezolano. Algunos ciudadanos perdieron la vida en protestas y saqueos que se producían en los establecimientos de venta de productos regulados. 

Arapuey salió a la calle

A pocos días de iniciar el  2018, en Arapuey, municipio Julio César Salas del estado Mérida, se desencadenaron una serie de protestas y saqueos en la región Panamericana para exigir la venta de alimentos. 

Alba Pacheco, comerciante y la principal distribuidora de alimentos en Arapuey, Buena Vista y Caja Seca; tenía varios locales de expendio de comida atendidos por su grupo familiar. A ella le llegaban las gandolas de comida para ser vendida al pueblo merideño con criterio de racionamiento.

En ese tiempo no había comida, tampoco lugares para escoger dónde comprarla y el 9 de enero de 2018 un grupo de jóvenes se apostaron en la región como medida de protesta para reclamar su derecho a la alimentación y exigir que se vendiera la comida que había llegado. 

“Ese 9 de enero la gente de Alba Pacheco le disparó a un guardia y a un muchacho que estaban frente al negocio. La gente, molesta por la acción, decidieron continuar con la protesta pero esta vez más enardecida, porque nadie se estaba metiendo con ella ni tenían intenciones de saquear”, comentó Ninoska Viloria, habitante de Arapuey.  

El 10 de enero la situación era la misma. La gente en las calles y frente a los locales de “Los Pacheco” exigiendo la venta de comida tenían paralizada la Zona Panamericana. Tan grande fue el alboroto que el mismo alcalde de Arapuey, Silvio Torres, se acercó hasta el local de Alba Pacheco para mediar en la situación y pedirle que vendiera la comida. 

La mujer negó tener comida acaparada y, en vista de que la gente seguía molesta, el alcalde le pidió que abriera la santamaría para demostrar que el local estaba vacío. Cuando Pacheco abrió la puerta, el local estaba repleto de alimentos. Quienes aguardaban afuera entraron y lo saquearon. 

“Le saquearon una parte porque la Guardia Nacional intervino y controló la situación”, precisó Viloria. 

Ese 10 de enero en la noche los manifestantes volvieron a aglomerarse en la Panamericana, protesta en la resultó herido mortalmente el adolescente José Gregorio Fonseca, de 17 años. Testigos comentaron que los disparos venían de los lados del negocio de Alba Pacheco. 

“Cuando la gente se enteró de que Fonseca había muerto, todo el pueblo de Arapuey arremetió y nuevamente se le metieron al negocio, saquearon lo que quedaba y además se metieron a su casa, que quedaba en la parte de arriba del local. Le robaron todo”, comentó Ninoska Viloria. 

Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en enero de 2018 se produjeron 141 saqueos o intentos de saqueos en 19 estados del país. 

El OVCS también informó que de las 12.715 protestas registradas, 1.257 tuvieron que ver con la crisis alimentaria, lo que representó un 10%.

Yosmary Guerra Viloria, víctima del 11 de enero

Según contó Viloria, el 11 de enero anunciaron por la radio que en el local de Geiser Fernández, quien también trabajaba con los Pacheco, iban a vender arroz regulado. La gente, en su desesperación por obtener dos kilos del cereal, comenzaron a hacer la cola, pero el comerciante insistía en que no tenía arroz.

“La gente comenzó a irse. En otro local, el negocio de los Núñez, sí estaban vendiendo arroz, pero no a precio regulado. El descontrol de la gente por la comida era fuerte, y en un momento, la esposa del vendedor agarró y rompió varios paquetes de arroz y los lanzó a la gente diciéndoles ‘muertos de hambre’.  En respuesta a ese acto, también saquearon ese negocio”, narró Viloria.

Ese mismo día, la gente enardecida se fue al negocio de la hermana de Alba Pacheco y también lo saquearon. 

“Yo estaba en ese momento en el negocio de Geiser, pero cuando vi todo ese alboroto, me fui a mi casa, pero no vi a mi hija Yosmary Guerra Viloria. De camino a la casa, la veo que pasa en la moto con un amigo y le grité que no se fuera para allá, pero ella no logró escucharme por la algarabía de la gente”, comentó Ninoska Viloria. 

Esa fue la última vez que vio a su hija. El sonido de fondo de la escena eran muchos disparos en las calles de atrás, “como si fueran  metralletas”, precisó la entrevistada, quien agregó que se trataba de pistoleros a bordo de tres camionetas propiedad de «los Pacheco» que venían disparando a todas las personas. 

“A los pocos minutos recibí la llamada de mi sobrina y me dijo que a Yosmary le habían dado un tiro y que la tenían en el ambulatorio. Tras luchar varios días por su vida, Yosmary falleció el 18 de enero por un paro cardiorrespiratorio que le produjo la herida de bala que se alojó en su tórax”, indicó Ninoska Viloria. 

Diversos medios informaron que entre el 10 y el 11 de enero en Arapuey fueron asesinados Arturo Lino Volcanes Guillén (73), Elizabeth Sierra (26), José Gregorio Fonseca (17) y Manuel Alberto Oria Márquez (23).

Según Ninoska Viloria, ese día, la gente de «los Pacheco» dispararon e hirieron aproximadamente a 50 personas. “Un señor que iba en la ambulancia murió, pero nunca supimos quién era, llevaba un tiro en la garganta. Otra señora que iba saliendo de una farmacia también murió, pero su familia no quiso denunciar por temor”. 

Ninoska describe a su hija como una mujer luchadora, ejemplar, trabajadora, buena hija, alegre y colaboradora. Comentó que al poco tiempo de graduarse como bachiller se fue a servir a la Marina y cuando regresó se puso a trabajar en una tasca de la familia hasta que sucedió lo que sucedió. “De Yosmary me quedó mi nieta. Una niña que ahora ya tiene 13 años”, dijo Viloria.

“Justicia” a medias

Ninoska Viloria detalló que luego de todo lo que pasó, Alba Pacheco se dedicó a buscar sus pertenencias y se metía en las casas, tumbaba las puertas, sacaba lo que era de ella y se llevaba encañonado al que fuera. 

Al año y medio fue detenida y el pasado 9 de marzo de 2022 fue condenada a 25 años de prisión. Sin embargo, aún quedan tres personas involucradas en estos hechos que aún están en libertad. 

“Aún estamos en fase de juicio, pero el que asesinó a mi hija aún sigue en libertad. Está huyendo. Los otros dos alegaron enfermedades y les dieron casa por cárcel”, dijo la madre de la víctima.

Para Ninoska Viloria no ha sido fácil hacer justicia. Todas las semanas tenía que viajar durante tres horas de Arapuey hasta El Vigía, en donde están los tribunales.

Confía en que “arriba hay un Dios que hace justicia” y manifiesta que sigue en la lucha para que el homicidio de su hija menor no quede impune. 

“Gracias a Dios nosotros y los familiares del señor Arturo seguimos en la lucha de arriba para abajo buscando justicia”, expresó. 

 

de alimentos

Desnutrición fue la condición con más casos luego del coronavirus de acuerdo con Acción Solidaria
Dijeron que eso refleja las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja sobre los venezolanos

 

Según un informe de Acción Solidaria, el principal motivo por el cual se mantiene un índice alto de desnutrición no es la escasez de alimentos, sino la imposibilidad de las personas para adquirirlos. Además, quienes presentan desnutrición tampoco tienen acceso a los medicamentos y suplementos necesarios para recuperar la salud.

Acción Solidaria publicó el informe «Salud en emergencia» por segundo año consecutivo, que muestra el monitoreo realizado durante el período enero-septiembre de 2021 sobre la vulneración del derecho a la salud en todos sus estándares.

Un dato que llama la atención, en el informe presentado este martes 20 de septiembre, es que «la desnutrición es la condición de salud con más registros entre mujeres, después de la COVID-19«; lo que representa un aumento porcentual con respecto al monitoreo realizado en 2020 y refleja que esta es la condición que más aqueja a la mujeres, seguidas de condiciones como VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y cáncer.

De acuerdo con los datos recabados por Acción Solidaria, que trabaja con reportes de medios de comunicación de alcance nacional y regional de la fuente de salud, en 2020 la desnutrición afectó a 8,9% y estas padecían de insuficiencia renal, patologías oncológicas y VIH; mientras que el año pasado, esta cifra creció a 9,4% de acuerdo con lo informado por los medios.

Desde Acción Solidaria explican que el hecho de que la desnutrición sea una de las condiciones de salud con más registros revela las graves consecuencias de la emergencia humanitaria compleja sobre los venezolanos; especialmente sobre las personas privadas de libertad, comunidades indígenas, mujeres y adultos mayores.

La contabilización de esta ONG da cuenta de que el año pasado los más afectados por la desnutrición fueron las personas privadas de libertad con 24 casos, las comunidades indígenas con 13, niños, niñas y adolescentes con 13 registros, cinco adultos mayores, dos migrantes y un caso de una persona con discapacidad.

También hubo 32 registros de desnutrición en menores de edad íntimamente relacionados con mujeres; lo que se explica por problemas entre embarazadas y que influyen desfavorablemente en la salud de los neonatos.

Durante el pasado año, las denuncias de servicios hospitalarios inoperativos, fallas por escasez de insumos, ausencia de medicinas, escaso personal de salud y fallas de servicios públicos fueron constantes en la mayoría de centros de salud públicos del país; afectando, principalmente, al personal de salud, niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con condiciones crónicas (especialmente con insuficiencia renal, desnutrición y VIH), quienes sufrieron un impacto desproporcionado.

Otro dato que resalta el informe de Acción Solidaria son las personas que se internan en los hospitales, que en 95% de los casos son mujeres, y pasan a ser invisibilizadas y se les vulneran sus derechos.

Otras enfermedades vinculadas a la desnutrición son la tuberculosis con 20 casos, las infecciones respiratorias agudas con ocho registros, VIH con siete y diabetes con cinco. También hubo un alto índice de registros de desnutrición vinculados a la COVID-19.

Comercialización ilegal de alimentos causó motín en penal de Tocuyito
Según denuncias de los familiares de presos del Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, el penal tiene más de 10 meses sin gas

@ElPitazotv

Familiares de reclusos del Centro de Formación Hombre Nuevo El Libertador, en Carabobo, conocido como la cárcel de Tocuyito, denunciaron que el recinto tiene cerca de 10 meses sin gas, los reclusos solo como una o dos veces al día por la escasez de alimentos y los custodios venden ilegalmente la comida en las instalaciones, hecho que según dijeron originó el motín el pasado 1° de enero.

Los familiares cerraron por algunos minutos la vía principal hacia el recinto para llamar la atención de las autoridades y pedir que se garantice la alimentación de los reclusos. “Tienen 10 meses sin gas, van a buscar leña cuando se acuerdan que los presos tienen hambre, tienen mucho tiempo sin gas y ya para ellos es normal. “Si no tienen comida, si no tienen gas entonces es que dejen pasar la comida, la cantidad que cada familia pueda llevar, pero no quieren dejar pasar ni comida cruda, ni preparada. Queremos que les den tres comidas, que nos dejen pasar lo que llevamos porque siempre ponen un pero para todo«, señaló un familiar.

El pasado viernes, familiares de presos  reportaron un motín. Los reclusos subieron a una de las azoteas del recinto y quemaron colchones para manifestar su descontento por las condiciones en las que permanecen en el lugar, donde dicen presentan fallas en el servicio de alimentación y registran casos severos de desnutrición.

 

Se conoció que luego de controlado el motín por funcionarios de la Guardia Nacional, los reos fueron trasladados a cárceles de Táchira, Mérida y Barinas.

 

Con información de El Pitazo

7 años después, Maduro continúa combatiendo la escasez con más escasez
Los planes implementados por Maduro para tratar de disimular la falta de bienes y servicios solo han servido para incrementar el control social
Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), para marzo de 2014 el índice de escasez de alimentos era de 29,5% 
Según Fefarven, en Venezuela 80% de los medicamentos escasean, y los pocos que se consiguen son muy costosos para que los venezolanos puedan adquirirlos 

@fefamaya

Para junio 2020 la inflación anual acumulada es de 409,18 %. Además de ello, según el Reporte Global sobre Crisis Alimentarias – 2020, en 2019 26,3 millones de venezolanos padecieron algún grado de inseguridad alimentaria. Del total, 9,3 millones la padeció en sus formas moderada y severa.

Una característica clave del mandato de Maduro ha sido la falta de alimentos, productos de primera necesidad y fallas constantes en los servicios públicos. Leche, café, pasta dental, desodorantes, agua, luz y gasolina son algunos de los tantos productos que han escaseado desde 2013. Hasta el dinero en efectivo se volvió escaso.

Para enfrentar la escasez sin contradecir sus preceptos ideológicos, Maduro ha utilizado diversas estrategias cuyos resultados han sido poco afortunados y solo han servido para mayor control social, sin traer un beneficio real a los ciudadanos. Por el contrario, muchas veces los remedios han sido peor que la enfermedad. 

Una caja para mitigar el hambre

Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), para marzo de 2014 el índice de escasez de alimentos era de 29,5%. 

De acuerdo la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), para finales de 2014, 11% de los venezolanos comían dos veces al día, o incluso menos. Además de ello, para el segundo año del gobierno de Nicolás Maduro, 80% de los venezolanos percibía que sus ingresos no eran suficientes para comprar alimentos. 

Leche, harina pan, azúcar, mantequilla, aceite, huevos, café, pollo y arroz son algunos de los alimentos que han escaseado durante el gobierno de Maduro.

Para combatir la falta de alimentos en los a anaqueles, el gobierno de Nicolás Maduro creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) el 3 de abril 2016. Los CLAP son cajas o bolsas que contienen alimentos de precio regulado. Organizaciones comunitarias junto con el Ministerio de Alimentación son los encargados de repartir la caja y/o bolsa CLAP casa por casa, en aquellas que estén en el registro de los jefes comunales u obtengan la caja a través del carnet de la patria.

Según la BBC, en junio de 2016 muchos productores de alimentos recibieron la instrucción por parte del gobierno de prohibir la venta de productos regulados para que estos pudieran ser comprados únicamente a través de los CLAP. 

Cuatro años después de su implementación, los CLAP cuentan con diversas dificultades y el hambre de los venezolanos no se ha mitigado. Transparencia Venezuela aseguró que numerosas familias se quejan por productos insuficientes y de dudosa calidad. La organización realizó un diagnóstico social sobre los CLAP en el que definió al proyecto de Nicolás Maduro a través de tres variables: “corrupción, entrega tardía y mala calidad de alimentos”. 

Luego de su visita a Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los CLAP no cubren las necesidades nutricionales de los venezolanos. 

Otro de los fallidos intentos del Estado de Nicolás Maduro fueron la venta de alimentos en mercados del gobierno como PDVAL y Mercal. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la inflación de los alimentos en Venezuela ha sido una de las más altas de América Latina, la cual para 2014 se ubicó en 91% cuando el promedio de la región fue de 13%.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas reportó que durante 2019 Venezuela tuvo la cuarta crisis alimentaria más severa del mundo.

El derecho a la salud se adquiere con un carnet

Venezuela enfrenta una crisis sanitaria no solo por la falta de materiales en hospitales  sino también por la alarmante escasez de medicamentos. 

A inicios de 2020, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, anunció que en Venezuela 80% de los medicamentos escasean, y los pocos que se consiguen son muy costosos para que los venezolanos puedan adquirirlos. 

Según el portal de noticias El Telégrafo, los enfermos solo encuentran uno y medio de cada 10 fármacos que puedan ser requeridos.

Para intentar combatir la escasez de medicinas, el gobierno de Nicolás Maduro creó el sistema de distribución de medicamentos “0800 Salud Ya” en octubre de 2017. Al llamar al número telefónico para utilizar el servicio y ser atendido por un operador, se debe indicar si posee un carnet de la patria. Además de ello, para solicitar cualquier medicamento se debe contar con un tratamiento médico asignado por un especialista. 

Por otra parte, está Farmapatria, una empresa creada por el gobierno de Maduro que tenía como función crear una red de farmacias en los espacios de Mercal y los abastos bicentenarios para vender los medicamentos a precios subsidiados.

Pero una cosa es el decreto y otra la percepción del ciudadano. Y no solamente se trata de las personas que no están inscritas en la Plataforma Patria. Miriam Torres informó a El Pitazo que el 2 de abril al solicitar una caja de Levodopa y Carbidopa a Farmapatria, recibió ambos medicamentos con fecha de vencimiento de julio de 2019.

Pagar con la huella

Debido a la hiperinflación, el valor del bolívar se ha devaluando cada vez más. Lo que quiere decir que a pesar de que haya más dinero circulando en las calles, este cada vez vale menos. 

Según cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), para 2018 solo 5% del total de dinero en circulación estaba representado en billetes y monedas.

Cifras del BCV muestran cómo el gobierno rompió la represa de la liquidez que ha inundado la economía provocando una crisis de efectivo y acelerando la hiperinflación mes tras mes.

De acuerdo al portal de noticias Prodavinci, adecuar las denominaciones y el número de piezas ofrecidas aliviaría la escasez de efectivo. Sin embargo, el problema subyacente es el alza descontrolada de precios. Si la inflación avanza, la pérdida de valor del bolívar neutraliza todo ajuste de billetes y monedas, aún más si la caída en la demanda de dinero propicia un abandono espontáneo de la moneda. No servirá de nada imprimir más billetes si nadie está dispuesto a aceptarlos.

Para combatir la carencia de efectivo, el Estado de Nicolás Maduro creó la plataforma del Banco de Venezuela, Biopago. Según el Banco de Venezuela, Biopago es un canal que permite realizar el pago de bienes y servicios a través de un sistema biometrico capta huella, sin necesidad de presentar algún instrumento de pago. Solo clientes del Banco de Venezuela, aquellos con tarjeta de alimentación Valeven o tarjeta de crédito de cualquier banco pueden utilizarlo. 

Los problemas de liquidez monetaria se han subsanado, no con bolívares sino con dólares que han resuelto la necesidad de intercambio de bienes y servicios. El sistema de biopago, sin embargo, parece que consigue en la crisis de gasolina un lugar de encuentro.

 

 

Hay carnet y chip pero falta la gasolina

Durante 2018, el estado Táchira afrontaba una crisis de escasez de gasolina por lo que para adquirir el combustible los ciudadanos debían comprarlo en pesos colombianos. Tal Cual Digital reseñó que la gasolina debía ser costeada en otra moneda  por el contrabando de combustible en la frontera colombiana, señalando que desde guardias nacionales hasta quienes vacían los tanques de los automóviles eran responsables del negocio. 

Desde 2018, los tachirenses debían realizar colas de hasta tres días para llenar los tanques de sus carros de gasolina. 

El 24 de septiembre de 2018, Nicolás Maduro anunció que en las estaciones de servicio con carnet de la patria de todo el país se instalaría un nuevo método de pago para la gasolina, el sistema biopago a través del carnet de la patria.

El sistema fue implementado solo en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Delta Amacuro, Táchira, Sucre y Zulia, ocho de 24 estados del país. El sistema no fue implementado sino hasta 2020, tras la escasez de gasolina durante la pandemia de covid-19, cuando el costo de la gasolina incrementó a $0,5 el litro. 

En 2012 el gobierno de Maduro intentó implementar las llamadas “Tarjetas de Administración de Gasolina” (TAG). Por decisión gubernamental del entonces gobernador de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, se comenzó a instalar una etiqueta en el vidrio delantero de los carros como requisito único para poder llenar los tanques de los vehículos con gasolina. 

Los dueños de los carros debían pagar 90 unidades tributarias para adquirir un nuevo chip en caso de que el anterior se extraviara o dañara. La crisis nunca se solucionó y con el paso del tiempo se veía agudizaba cada vez más

Luego de la llegada al país de la gasolina iraní, el 15 de junio de 2020, el actual gobernador de Zulia, Omar Prieto, anunció que el uso de la TAG sería eliminado una vez que el sistema de biopago fuese instalado. Ya algunas estaciones de servicio lo utilizan, pero en el interior del país las colas por gasolina se mantienen y los conductores a veces  deben perder más de un día para llenar el tanque. 

En momentos agudos de la crisis, se llegó a la proponer la idea absurda una rifa entre los conductores para ganarse el derecho a llenar sus tanques de combustible. “El Pico y Placa se mantiene, pero se sorteará el número de placa a ser atendido por estación de servicio”, anunció el gobernador de Portuguesa, Rafael Calles.

Calles dijo que el sorteo se realizaría a través de sus redes sociales en horas tempranas de la mañana para que los usuarios estuviesen al tanto qué día les corresponde hacer la cola de la gasolina. El gobernador aseguró que el objetivo es “evitar aglomeraciones en las estaciones de servicio y combatir el bachaqueo de combustible”.

Gas doméstico vía CLAP o cocina con leña

El gas doméstico es otro producto que se suma a la lista de precios regulados. Gas Comunal de Pdvsa, gas licuado de petróleo (GLP), pasó a ser distribuido a través de consejos comunales por medio de los CLAP. 

En julio de 2019, la gobernadora de Lara Carmen Meléndez anunció que dicha medida se aplicaría nivel nacional para evitar la corrupción y mejorar la distribución del gas doméstico. 

Meléndez indicó que la idea sería tomar los datos que manejaban los CLAP y luego depurar las listas para crear una base de datos propia para evitar que las zonas que no reciben CLAP no se vieran afectadas. «El objetivo es tener nuestros propios datos. Hay zonas que reciben el CLAP y tienen gas por tubería y ellos no entrarán en esta modalidad. Además hay que precisar qué tipo de bombonas tienen las personas si es la de 10 kilos, la de 18 o la de 43», dijo.

El gas doméstico sigue siendo un bien escaso y aun cuando la regulación fija su precio en 65 mil bolívares para la bombona de 10 kilos, Bs. 120 mil para la bombona de 18 kilos, Bs. 178 mil para la de 27 kilos y 286 mil 500 para la de 43 kilos, los venezolanos deben pagarlo hasta en dos millones de bolívares en el mercado negro. 

“Súper cisternas” para un país sediento 

Desde 2014, Venezuela afronta un grave problema de déficit del servicio de agua potable y su saneamiento. Un informe de Provea, publicado en noviembre de 2018, aseguró que el mismo es atribuido por el gobierno nacional a los períodos de sequía y los efectos del fenómeno de El Niño. Como consecuencia de esta situación, el gobierno de Maduro ha implementado severos racionamientos y restricciones del suministro de agua en gran parte del país. 

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) en el 2014, el 70,8% de la población tenía racionamiento de agua.

Según el especial “Vivir sin agua” de Prodavinci, al menos 9,78 millones de venezolanos vivieron bajo racionamiento formal de agua corriente entre 2016 y 2017. El suministro promedio fue de 48 horas de agua por tubería a la semana, es decir, 28,5% de abastecimiento pleno. 

Prodavinci analizó 57 planes de abastecimiento que publicaron 10 hidrológicas en 2016 y siete en 2017, confesión de que el Estado venezolano no suministra agua suficiente y continua para todos.

Además del racionamiento, en mayo 2020, el gobierno de Nicolás Maduro decidió adquirir 252 “súper cisternas” del gobierno de China y formar parte del Plan de Complementario Nacional de Abastecimiento de Agua. Según el Estado venezolano, el plan fue creado para para atender las áreas que se han visto afectadas mientras se repara “el acto de sabotaje cometido contra el Sistema Hídrico Nacional, específicamente en el Tuy II” pero lo cierto es que una súper cisterna apenas puede llevar el equivalente a tres segundos de agua bombeadas por tuberías.

Los camiones con agua que prometió el ministro Néstor Reverol tienen una capacidad de 30 mil litros. En condiciones normales, a Caracas entran por tuberías 11 mil litros de líquido por segundo. 

Luego del intento del gobierno de Maduro de combatir la escasez de al menos seis rubros a través de nueve estrategias fallidas, la carencia de productos sigue no solo existiendo, sino agravándose cada vez más en Venezuela.

 

#Hambrómetro: Canasta alimentaria triplicó su precio desde la reconversión monetaria

EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA subió su costo 95,9 % entre septiembre y octubre, es decir, casi dos veces más en apenas 30 días y casi cuatro veces más que el precio de agosto.

El incremento de la canasta alimentaria se grafica de manera exponencial desde agosto, cuando fue puesta en marcha la reconversión monetaria y se anunció un paquete de medidas para resolver la crisis entre las que estaba un aumento que llevó al salario mínimo de 30 a 1.800 bolívares soberanos.

A pesar de que en septiembre los trabajadores devengaron el nuevo salario, este solo alcanzó para adquirir 38 % de la canasta alimentaria, que ese mes se ubicó en Bs. S. 4.651. Para octubre, con un precio de Bs. S. 9.115, el salario mínimo solo permitió comprar 18 % de la canasta, de acuerdo a las cifras del Hambrómetro provistas por una firma de análisis privado.

De agosto a octubre, la canasta alimentaria registró un incremento de 185%, mientras que entre octubre de 2017 -cuando costaba Bs.F.9,3- y octubre de 2018 aumentó 97.910,87%.

Sin embargo, el aumento podría haber sido mayor de no ser por el control de precios que impone el gobierno a 25 de los 50 productos que conforman la canasta, aseguró la economista junior de Econométrica, Albani Granados.

“Durante septiembre se observó un endurecimiento de los controles de precios en esos rubros, lo que ha hecho que se queden rezagados con respecto a los precios internacionales”, señaló la investigadora y acotó que los controles pueden contener los precios y la inflación por un corto tiempo, pero “no durarán en el mediano plazo porque los controles de precio fracasan”.

Luego de que fallen las regulaciones, se puede esperar que la inflación de los rubros se agudice, dijo la economista.

Las cifras de Econométrica, presentadas en el Hambrómetro, señalan que aunque en agosto el índice de precios al consumidor (IPC) fue de 94,5%, en septiembre, bajo un nuevo salario, hubo una subida que alcanzó 255,8%, la más alta inflación mensual del año. Sin embargo, en octubre la cifra decreció a 101,7%.

La alta inflación de septiembre tuvo su raíz en el aumento de tarifas en el área de telecomunicaciones y educación, los grupos que reunieron la mayor inflación del mes que se lee como una inflación inorgánica, a diferencia de octubre, que aunque menor, representa un aumento considerable de la inflación.

La escasez de los productos de la canasta alimentaria también se agudizó especialmente en septiembre. Esta se mantiene por encima de 70% desde junio de este año, pero en el noveno mes llegó a estar en 79,8%, la más alta hasta el momento. En octubre bajó a 77,9%.

El pico observado en septiembre obedece a la implementación del control de precios del gobierno mencionado anteriormente. La firma económica privada citada por el Hambrómetro registró niveles de escasez entre 80 y 100 por ciento de los principales productos regulados de la canasta normativa, especialmente en las carnes, arroz, harina de maíz precocida, algunos granos, atún y sardinas enlatadas y frescas.

“No es negocio producir a esos precios, lo que hace que haya menos productos regulados ofertados”, dijo la economista.

6 de cada 10 venezolanos opinan que las cosas van mal en el país, según sondeo

CUATRO DE CADA DIEZ VENEZOLANOS (39,2%) consideran que la gestión de Nicolás Maduro es «mala», a pesar de los bonos y aumentos salariales. Así lo reveló el último sondeo de la Encuestadora Pronóstico, realizado entre el 11 y el 22 de octubre.

La encuesta también halló que seis de cada diez ciudadanos (61,5%) creen que Maduro y su gobierno son los «responsables de la crisis que atraviesa el país», que se evidencia, entre otros aspectos, en el ato costo de la vida, lo cual impide que los venezolanos tengan acceso a los bienes básicos para su alimentación.

De hecho, otro de los hallazgos del estudio es que solo tres de cada diez venezolanos (31,0%) comen tres veces al día y cinco de cada diez (53,0%) lo hacen dos veces. En general, seis de cada diez consultados (57,9%) dijeron que se alimentan peor que antes.

Precisamente, la escasez de alimentos es uno de los mayores problemas de la ciudadanía, pues afecta a tres de cada diez personas (34,2%). Sin embargo, antes que la falta de comida, es la inflación el principal problema de la gente: cuatro de cada diez ciudadanos (43,2%) se quejan de que el dinero no les alcanza.

En medio de este panorama, seis de cada diez encuestados (59,1%) opinan las cosas van «mal» en el país. No obstante, no tienen certeza de cuál es la salida a la crisis: tres de cada diez (35,1%) no saben o no contestaron, mientras que dos de cada diez (17,4%) piensan que la solución es la renuncia del presidente y apenas uno de cada diez (14,2%) ve que la salida es una posible intervención extranjera.

Venezolanos que viven la crisis humanitaria muestran su realidad en videos de 360 grados

 

 

Millones de venezolanos sufren diariamente las consecuencias de la crisis humanitaria en el país. Una realidad que lleva a muchos a tener que buscar comida en la basura, recolectar cartón para sobrevivir, o entrar a aguas negras para buscar pedazos de oro. Estas son algunas de las realidades que capturó en 360 grados el equipo de la ONG Redes Ayuda.

Con una cámara GoPro y la disposición de sensibilizar a las personas ajenas a la situación que atraviesa Venezuela, los miembros de la organización no gubernamental se acercaron a diferentes personas con la petición de que por unos momentos, compartieran su vida con el mundo. «Los hicimos en 360 grados para que la gente pueda entender la magnitud de la crisis que se esta viviendo», comentó el director de la ONG, Melanio Escobar.

De la idea resultaron 8 videos que están publicados en el canal de YouTube de Redes Ayuda. También fueron presentados en el Internet Freedom Festival realizado en la ciudad de Valencia, España, entre el 6 y 10 de marzo.

Al reproducirlos, el usuario puede deslizar la imagen hacia cualquier dirección para observar distintos ángulos de la grabación.

«Estas son personas sin rostro que nos la encontramos en todos lados todos los días. Nos acercamos a ellos para ver si podrían retratar la realidad que viven».

Escobar asegura que todas las personas que abordaron para el proyecto expresaron sentirse ofendidos por las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en que niega que exista una emergencia humanitaria en el país. «El Estado mantiene la pretensión de que la gente no come de la basura cuando la realidad es otra y aquí la presentamos».

Es la realidad que vive un joven de 23 años, que decide sacrificarse para poder alimentar a su esposa embarazada y a su hijo de 4 años.

“Tengo 23 años, un trabajo estable y una familia que mantener. Me esfuerzo para que mi hijo de 4 años y mi esposa embarazada puedan alimentarse. Como de la basura desde hace meses, me avergüenza, es indignante, nunca me imaginé tener que vivir esta situación. Revisar bolsas con desechos y comer desperdicios al salir del trabajo se ha convertido en mi rutina, lo hago por necesidad, nadie debería vivir así. Le digo a mi esposa que en el trabajo me alimentan, para que no sospeche sobre el sacrificio que debo hacer. Espero nunca sepan que hago esto.”

 

La violación del derecho al acceso a la alimentación fue uno de los temas que abordan los videos 360. Los supermercados que muestran el otro lado de la realidad venezolana fueron escogidos de distintas zonas de la ciudad y corresponden a distintas clases sociales –alta, media y baja–, pero todos comparten un mismo aspecto: sus anaqueles vacíos. Escobar explica que la escasez de alimentos no ha sido caracterizada por clase social, sino que es algo que viven todos los venezolanos, y sus videos lo comprueban.

Otro de los testimonios registrados en cámara es el de un minero del río Guaire, un «nuevo oficio» al que cada día recurren más personas en la capital venezolana para conseguir dinero. «Estas personas prefieren sumergirse en una cloaca para conseguir una pepita de oro a tener que trabajar en un empleo normal por un mes», indica Escobar, pues cada gramo de oro es valorado en casi cuatro millones de bolívares, un monto tres veces superior al salario mínimo.

El video, el único que no consta de formato 360 por motivos técnicos, muestra a un joven en la orilla del Guaire, el desagüe de desechos residuales más grande de Caracas.

“He conseguido de todo en el Guaire, una cosa más desagradable que otra. Unos días con más suerte que otros, hay semanas en las que no se gana nada. Me ha costado una que otra enfermedad pero me ayuda a llevar algo a mi familia, somos 12 en la casa”.

En el último minuto de la grabación, la suerte llega al joven en forma de un zarcillo de oro.

 

La presos políticos, y las malas condiciones en las que viven los presos venezolanos, ocupa otro de los videos que Redes Ayuda realizó durante un foro, en donde simularon una celda policial con medidas de «3 x 2 metros», donde normalmente un privado de libertad pasa sus días junto a 20 ó 30 apresados más. Las paredes de la celda llevan los nombres de más de 200 apresados injustamente.

«Una cara representa a cada preso, no solo los políticos, sino los presos comunes también. Es una muestra del hacinamiento que se vive en las cárceles».

Puedes ver todos los videos en la lista de reproducción que preparó Redes Ayuda en su canal de YouTube a través de este enlace.

CIDH exige al gobierno de Maduro aceptar ayuda humanitaria

Audiencia Venezuela CIDH en Bogotá

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió hoy al Gobierno de Venezuela que permita el ingreso de ayuda internacional humanitaria al país para superar la crisis humanitaria que vive esa nación.

“La CIDH no solo exhorta sino exige al Estado de Venezuela que acepte la ayuda humanitaria que se ofrece porque es claro que por las razones que fuera no puede atender su deber y garantía de protección de derechos fundamentales”, aseguró el relator de la Comisión para Venezuela, Francisco Eguiguren.

En la misma audiencia, algunos asistentes protestaron contra el gobierno de Maduro. Con carteles en los que se leían mensajes como “Gobernados por un grupo de delincuentes, basta ya” o “Ni un minuto más de opresión y dictadura, basta ya”, algunos asistentes se manifestaron en contra del Estado venezolano cuando su representante inició la intervención.

Asimismo, con otras pancartas una pareja pedía “no más persecuciones a líderes políticos” y aseguraban también que el “54 % de los niños podrían morir por desnutrición” en ese país.

En la primera audiencia sobre el país caribeño como parte del 167 período de sesiones de la CIDH, denominada “Empresas y derechos humanos en Venezuela”, la representante de la sociedad civil Lucrecia Hernández denunció hostigamientos a las ONG y violaciones a múltiples derechos por parte de empresas mixtas y privadas.

“En Venezuela se han comprobado prácticas de discriminación en colegios por el pago de las matrículas y se ejerce presión para el retiro del niño del centro educativo al no pagar, persiguen por motivos de religión, en el ámbito de salud hemos identificado prácticas de las empresas privadas para el ingreso a clínicas con una clave”, manifestó Hernández.

La representante afirmó que en el país caribeño “la Constitución señala que el Estado está obligado a sancionar e investigar los delitos cometidos por sus entidades y a indemnizar las violaciones de Derechos Humanos” y recordó que estos tienen la “responsabilidad primaria”.

Por su parte, el Estado venezolano, encabezado por el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, afirmó que desde el Gobierno se aplican controles contra las empresas privadas para velar por los derechos de la población.

Sin embargo, afirmó que se presentan retos ya que los empresarios sienten que con esto se vulneran sus derechos.

“Hay una medida cautelar dictada contra el principal empresario de distribución de alimentos y uno de los alegatos que hace es que es permanentemente supervisado por el Estado, esto se hace con el fin de garantizar los alimentos que elabora y distribuye”, comentó.

Por último, Lucrecia Hernández solicitó al Estado que “incluya en la Constitución las obligaciones de empresas privadas” para que se respeten y garanticen los Derechos Humanos e instó a la CIDH a desarrollar “elementos jurídicamente vinculantes”.

*Con información de EFE