Los planes implementados por Maduro para tratar de disimular la falta de bienes y servicios solo han servido para incrementar el control social
Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), para marzo de 2014 el índice de escasez de alimentos era de 29,5%
Según Fefarven, en Venezuela 80% de los medicamentos escasean, y los pocos que se consiguen son muy costosos para que los venezolanos puedan adquirirlos
@fefamaya
Para junio 2020 la inflación anual acumulada es de 409,18 %. Además de ello, según el Reporte Global sobre Crisis Alimentarias – 2020, en 2019 26,3 millones de venezolanos padecieron algún grado de inseguridad alimentaria. Del total, 9,3 millones la padeció en sus formas moderada y severa.
Una característica clave del mandato de Maduro ha sido la falta de alimentos, productos de primera necesidad y fallas constantes en los servicios públicos. Leche, café, pasta dental, desodorantes, agua, luz y gasolina son algunos de los tantos productos que han escaseado desde 2013. Hasta el dinero en efectivo se volvió escaso.
Para enfrentar la escasez sin contradecir sus preceptos ideológicos, Maduro ha utilizado diversas estrategias cuyos resultados han sido poco afortunados y solo han servido para mayor control social, sin traer un beneficio real a los ciudadanos. Por el contrario, muchas veces los remedios han sido peor que la enfermedad.
Una caja para mitigar el hambre
Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV), para marzo de 2014 el índice de escasez de alimentos era de 29,5%.
De acuerdo la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), para finales de 2014, 11% de los venezolanos comían dos veces al día, o incluso menos. Además de ello, para el segundo año del gobierno de Nicolás Maduro, 80% de los venezolanos percibía que sus ingresos no eran suficientes para comprar alimentos.
Leche, harina pan, azúcar, mantequilla, aceite, huevos, café, pollo y arroz son algunos de los alimentos que han escaseado durante el gobierno de Maduro.
Para combatir la falta de alimentos en los a anaqueles, el gobierno de Nicolás Maduro creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) el 3 de abril 2016. Los CLAP son cajas o bolsas que contienen alimentos de precio regulado. Organizaciones comunitarias junto con el Ministerio de Alimentación son los encargados de repartir la caja y/o bolsa CLAP casa por casa, en aquellas que estén en el registro de los jefes comunales u obtengan la caja a través del carnet de la patria.
Según la BBC, en junio de 2016 muchos productores de alimentos recibieron la instrucción por parte del gobierno de prohibir la venta de productos regulados para que estos pudieran ser comprados únicamente a través de los CLAP.
Cuatro años después de su implementación, los CLAP cuentan con diversas dificultades y el hambre de los venezolanos no se ha mitigado. Transparencia Venezuela aseguró que numerosas familias se quejan por productos insuficientes y de dudosa calidad. La organización realizó un diagnóstico social sobre los CLAP en el que definió al proyecto de Nicolás Maduro a través de tres variables: “corrupción, entrega tardía y mala calidad de alimentos”.
Luego de su visita a Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los CLAP no cubren las necesidades nutricionales de los venezolanos.
Otro de los fallidos intentos del Estado de Nicolás Maduro fueron la venta de alimentos en mercados del gobierno como PDVAL y Mercal.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la inflación de los alimentos en Venezuela ha sido una de las más altas de América Latina, la cual para 2014 se ubicó en 91% cuando el promedio de la región fue de 13%.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas reportó que durante 2019 Venezuela tuvo la cuarta crisis alimentaria más severa del mundo.
El derecho a la salud se adquiere con un carnet
Venezuela enfrenta una crisis sanitaria no solo por la falta de materiales en hospitales sino también por la alarmante escasez de medicamentos.
A inicios de 2020, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, anunció que en Venezuela 80% de los medicamentos escasean, y los pocos que se consiguen son muy costosos para que los venezolanos puedan adquirirlos.
Según el portal de noticias El Telégrafo, los enfermos solo encuentran uno y medio de cada 10 fármacos que puedan ser requeridos.
Para intentar combatir la escasez de medicinas, el gobierno de Nicolás Maduro creó el sistema de distribución de medicamentos “0800 Salud Ya” en octubre de 2017. Al llamar al número telefónico para utilizar el servicio y ser atendido por un operador, se debe indicar si posee un carnet de la patria. Además de ello, para solicitar cualquier medicamento se debe contar con un tratamiento médico asignado por un especialista.
Por otra parte, está Farmapatria, una empresa creada por el gobierno de Maduro que tenía como función crear una red de farmacias en los espacios de Mercal y los abastos bicentenarios para vender los medicamentos a precios subsidiados.
Pero una cosa es el decreto y otra la percepción del ciudadano. Y no solamente se trata de las personas que no están inscritas en la Plataforma Patria. Miriam Torres informó a El Pitazo que el 2 de abril al solicitar una caja de Levodopa y Carbidopa a Farmapatria, recibió ambos medicamentos con fecha de vencimiento de julio de 2019.
Pagar con la huella
Debido a la hiperinflación, el valor del bolívar se ha devaluando cada vez más. Lo que quiere decir que a pesar de que haya más dinero circulando en las calles, este cada vez vale menos.
Según cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), para 2018 solo 5% del total de dinero en circulación estaba representado en billetes y monedas.
Cifras del BCV muestran cómo el gobierno rompió la represa de la liquidez que ha inundado la economía provocando una crisis de efectivo y acelerando la hiperinflación mes tras mes.
De acuerdo al portal de noticias Prodavinci, adecuar las denominaciones y el número de piezas ofrecidas aliviaría la escasez de efectivo. Sin embargo, el problema subyacente es el alza descontrolada de precios. Si la inflación avanza, la pérdida de valor del bolívar neutraliza todo ajuste de billetes y monedas, aún más si la caída en la demanda de dinero propicia un abandono espontáneo de la moneda. No servirá de nada imprimir más billetes si nadie está dispuesto a aceptarlos.
Para combatir la carencia de efectivo, el Estado de Nicolás Maduro creó la plataforma del Banco de Venezuela, Biopago. Según el Banco de Venezuela, Biopago es un canal que permite realizar el pago de bienes y servicios a través de un sistema biometrico capta huella, sin necesidad de presentar algún instrumento de pago. Solo clientes del Banco de Venezuela, aquellos con tarjeta de alimentación Valeven o tarjeta de crédito de cualquier banco pueden utilizarlo.
Los problemas de liquidez monetaria se han subsanado, no con bolívares sino con dólares que han resuelto la necesidad de intercambio de bienes y servicios. El sistema de biopago, sin embargo, parece que consigue en la crisis de gasolina un lugar de encuentro.
Hay carnet y chip pero falta la gasolina
Durante 2018, el estado Táchira afrontaba una crisis de escasez de gasolina por lo que para adquirir el combustible los ciudadanos debían comprarlo en pesos colombianos. Tal Cual Digital reseñó que la gasolina debía ser costeada en otra moneda por el contrabando de combustible en la frontera colombiana, señalando que desde guardias nacionales hasta quienes vacían los tanques de los automóviles eran responsables del negocio.
Desde 2018, los tachirenses debían realizar colas de hasta tres días para llenar los tanques de sus carros de gasolina.
El 24 de septiembre de 2018, Nicolás Maduro anunció que en las estaciones de servicio con carnet de la patria de todo el país se instalaría un nuevo método de pago para la gasolina, el sistema biopago a través del carnet de la patria.
El sistema fue implementado solo en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Delta Amacuro, Táchira, Sucre y Zulia, ocho de 24 estados del país. El sistema no fue implementado sino hasta 2020, tras la escasez de gasolina durante la pandemia de covid-19, cuando el costo de la gasolina incrementó a $0,5 el litro.
En 2012 el gobierno de Maduro intentó implementar las llamadas “Tarjetas de Administración de Gasolina” (TAG). Por decisión gubernamental del entonces gobernador de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, se comenzó a instalar una etiqueta en el vidrio delantero de los carros como requisito único para poder llenar los tanques de los vehículos con gasolina.
Los dueños de los carros debían pagar 90 unidades tributarias para adquirir un nuevo chip en caso de que el anterior se extraviara o dañara. La crisis nunca se solucionó y con el paso del tiempo se veía agudizaba cada vez más
Luego de la llegada al país de la gasolina iraní, el 15 de junio de 2020, el actual gobernador de Zulia, Omar Prieto, anunció que el uso de la TAG sería eliminado una vez que el sistema de biopago fuese instalado. Ya algunas estaciones de servicio lo utilizan, pero en el interior del país las colas por gasolina se mantienen y los conductores a veces deben perder más de un día para llenar el tanque.
En momentos agudos de la crisis, se llegó a la proponer la idea absurda una rifa entre los conductores para ganarse el derecho a llenar sus tanques de combustible. “El Pico y Placa se mantiene, pero se sorteará el número de placa a ser atendido por estación de servicio”, anunció el gobernador de Portuguesa, Rafael Calles.
Calles dijo que el sorteo se realizaría a través de sus redes sociales en horas tempranas de la mañana para que los usuarios estuviesen al tanto qué día les corresponde hacer la cola de la gasolina. El gobernador aseguró que el objetivo es “evitar aglomeraciones en las estaciones de servicio y combatir el bachaqueo de combustible”.
Gas doméstico vía CLAP o cocina con leña
El gas doméstico es otro producto que se suma a la lista de precios regulados. Gas Comunal de Pdvsa, gas licuado de petróleo (GLP), pasó a ser distribuido a través de consejos comunales por medio de los CLAP.
En julio de 2019, la gobernadora de Lara Carmen Meléndez anunció que dicha medida se aplicaría nivel nacional para evitar la corrupción y mejorar la distribución del gas doméstico.
Meléndez indicó que la idea sería tomar los datos que manejaban los CLAP y luego depurar las listas para crear una base de datos propia para evitar que las zonas que no reciben CLAP no se vieran afectadas. «El objetivo es tener nuestros propios datos. Hay zonas que reciben el CLAP y tienen gas por tubería y ellos no entrarán en esta modalidad. Además hay que precisar qué tipo de bombonas tienen las personas si es la de 10 kilos, la de 18 o la de 43», dijo.
El gas doméstico sigue siendo un bien escaso y aun cuando la regulación fija su precio en 65 mil bolívares para la bombona de 10 kilos, Bs. 120 mil para la bombona de 18 kilos, Bs. 178 mil para la de 27 kilos y 286 mil 500 para la de 43 kilos, los venezolanos deben pagarlo hasta en dos millones de bolívares en el mercado negro.
“Súper cisternas” para un país sediento
Desde 2014, Venezuela afronta un grave problema de déficit del servicio de agua potable y su saneamiento. Un informe de Provea, publicado en noviembre de 2018, aseguró que el mismo es atribuido por el gobierno nacional a los períodos de sequía y los efectos del fenómeno de El Niño. Como consecuencia de esta situación, el gobierno de Maduro ha implementado severos racionamientos y restricciones del suministro de agua en gran parte del país.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) en el 2014, el 70,8% de la población tenía racionamiento de agua.
Según el especial “Vivir sin agua” de Prodavinci, al menos 9,78 millones de venezolanos vivieron bajo racionamiento formal de agua corriente entre 2016 y 2017. El suministro promedio fue de 48 horas de agua por tubería a la semana, es decir, 28,5% de abastecimiento pleno.
Prodavinci analizó 57 planes de abastecimiento que publicaron 10 hidrológicas en 2016 y siete en 2017, confesión de que el Estado venezolano no suministra agua suficiente y continua para todos.
Además del racionamiento, en mayo 2020, el gobierno de Nicolás Maduro decidió adquirir 252 “súper cisternas” del gobierno de China y formar parte del Plan de Complementario Nacional de Abastecimiento de Agua. Según el Estado venezolano, el plan fue creado para para atender las áreas que se han visto afectadas mientras se repara “el acto de sabotaje cometido contra el Sistema Hídrico Nacional, específicamente en el Tuy II” pero lo cierto es que una súper cisterna apenas puede llevar el equivalente a tres segundos de agua bombeadas por tuberías.
Los camiones con agua que prometió el ministro Néstor Reverol tienen una capacidad de 30 mil litros. En condiciones normales, a Caracas entran por tuberías 11 mil litros de líquido por segundo.
Luego del intento del gobierno de Maduro de combatir la escasez de al menos seis rubros a través de nueve estrategias fallidas, la carencia de productos sigue no solo existiendo, sino agravándose cada vez más en Venezuela.
