Las acciones judiciales por corrupción que ya habían sacudido a la opinión pública brasileña por escándalos conocidos como “lavajato” y “mensalao” llegaron a un clímax con las acusaciones del Juez Moro al Ex Presidente Lula da Silva, contra quien pesan serios indicios de culpabilidad por desvíos millonarios del erario nacional.
Tratando de ayudarlo, Dilma designó a su guía y predecesor en el cargo de Ministro de la Presidencia para evitar que se formalice el juicio, recibiendo el respaldo automático de Maduro, Castro, Evo, Ortega, Correa y demás soldados del Foro de Sao Paulo que nos recuerdan la película épica de Steven Spielberg “Salvando al Soldado Ryan”, en que siete militares reciben la orden de rescatar con vida al sobreviviente de los miembros de una familia en la que tres hermanos perecieron en el desembarco a Normandia durante la II Guerra Mundial.
Pero en el caso del Ex Presidente, no se trata de una solidaridad épica –como en la película- sino de una grosera complicidad destinada a obstruir la Justicia y esconder las profundas implicaciones de fondos irregulares no solo para enriquecer a la nueva clase de enchufados internacionales, sino para mantenerlos en el poder financiando costosas campañas de publicidad reeleccionista no solo en sus ambiciones sino también a los dirigentes de países aliados, que son denominados en el editorial un conocido periódico opositor nacional ” La Internacional de los Caraduras”
Salvar a Lula y pretender al mismo tiempo que vuelva al Poder dentro de algunos años, resulta una misión imposible al igual que resultó imposible mantener en la Presidencia a los hermanos Lugo, Zelaya, Kirschner, a quienes en una u otra forma se les aplicaron preceptos Constitucionales para terminar con sus desastrosas Presidencias, y que a pesar de sus errores, con el mayor desparpajo los aliados del ALBA acusaban que se trataba de “golpes de Estado” como repiten nuevamente de manera injustificada en el caso del sindicalista Paulista y de casos similares.
Estas acciones de solidaridad automática, lejos de ayudar al Gobierno del PT, lo que hacen es irradiar aun más el incendio, tal como se constata con la explosión de millones de brasileños que han tomado las calles de las principales ciudades para manifestar su indignación, además de que con esta actitud se le suman otros argumentos para alcanzar el “impeachment” del mandato de la Presidenta Rousseff.
Salvar a Lula se ha convertido también en una torpeza que pone fin al “Imperio Socialista del Siglo XXI” en la que se multiplican los electores disgustados que lograron evitar la reelección de Evo, o de Rafael Correa, y destapar los escándalos de corrupción, a lo que se suma en Venezuela un terremoto político que se acentúa con el desacato del Ejecutivo a la clara mayoría oposicionista parlamentaria con el triunfo del 6 de Diciembre, mientras se constata el distanciamiento de una Cuba, cada vez mas cómoda con sus nuevos socios de los Estados Unidos y de la Unión Europea.
A LO LARGO DE ESTOS 17 AÑOS de administración revolucionaria, Nelson Merente ha estado rodeado —como el recordado Hermano Coco, de Radio Rochela— de mucho dinero y de mujeres popularmente conocidas como «explotadas», con inmensos traseros y protuberantes senos.
El hombre que ha tenido la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los dos gobiernos el chavismo, desde el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, no solo ocupa su tiempo en contar dinero, sumar o restar, también acumula una serie de “escándalos” que por retruque o acción directa lo han tocado. Sus «aventuras» combinan un tridente que es un clásico en la historia de la humanidad: sexo, poder y dinero.
Aunque la vida privada de los personajes públicos genera curiosidad y morbo, la realidad es que se trata de su vida privada. Sin embargo, las dudas comienzan cuando las debilidades íntimas de un funcionario público dejan en evidencia que este no es capaz de resguardar ni siquiera sus «pequeños» tesoros personales, y además no duda en encubrir a presuntos delincuentes.
El robo no trascendió sino hasta la segunda semana de enero. Se dijo que se activó un operativo “privado” en Naiguatá con la policía de Vargas para dar con los delincuentes. Los buscaban allí, en el pueblo del que Merentes es oriundo, porque el “agraviado” sabía que los ladrones eran de esa localidad. Sin embargo, el presidente del BCV no denunció el robo ante las autoridades, porque de esa manera tendría que explicar el origen del dinero, y llevar a la cárcel a los parientes de la persona a la que se le vincula sentimentalmente.
Pero en suspenso quedaron las preguntas: ¿quién habría entregado la llave a los ladrones que entraron al sitio?, ¿cómo sabían que dentro de la vivienda conseguirían un jugoso botín? y ¿quiénes fueron los ladrones?
La respuesta a estas interrogantes la tenía una jovencita de 17 años de edad, que es de Naiguatá. A la menor de edad se le relaciona sentimentalmente con Merentes, de 61 años. La intención del funcionario de poner fin a la relación habría irritado no sólo a la adolescente sino también a sus padres, que tomaron la decisión de sacar algún provecho de este lazo. Por esa razón ingresaron al apartamento del “novio” de su hija. Con la llave que éste le había facilitado a la chica, tomaron una cantidad de dinero en divisas (superior a los 30 mil dólares) y joyas, que estaban guardadas en un sitio que la muchacha conocía.
La versión policial sobre el hecho no existe hasta ahora. Aunque Merentes guardó silencio, vecinos de Naiguatá hicieron público el incidente. Y los medios de comunicación se encargaron de reconstruir y difundir el caso. Las redes sociales hicieron el resto.
Corrupción estructurada
Nelson Merentes estuvo relacionado con uno de los mayores escándalos de corrupción en los años del chavismo: las notas estructuradas. Si bien no fue su creador (las introdujo Tobías Nóbrega, su predecesor en el Ministerio de Finanzas), durante su segunda etapa como titular de Finanzas oficializó estos instrumentos financieros para -en teoría- reducir la liquidez y estabilizar el precio del dólar paralelo. Pero en la práctica, se convirtió en una red fraudulenta que benefició a un grupo de banqueros, casas de bolsa, intermediarios y funcionarios públicos mediante la colocación especulativa de dineros públicos en bancos privados obteniendo ganancias por el diferencial cambiario, en detrimento del patrimonio público.
Entre 2004 y 2007, el entonces ministro Merentes decidió utilizar los recursos del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), creado originalmente para invertir en infraestructura y programas sociales, con el fin de adquirir notas estructuradas que tuvieron como base bonos de la deuda pública de Argentina, Ecuador y Venezuela.
Entre 2004 y 2008, las notas estructuradas (combo de bonos) movieron más de 10 mil millones de dólares sin supervisión. Mientras permitió ganancias de más de $1.500 a los operadores financieros implicó grandes pérdidas para Venezuela. Y nunca se logró equilibrar el dólar paralelo, fin principal de las notas estructuradas.
El negocio estaba en la adquisición de las notas estructuradas por parte de casas de bolsas y bancos escogidos discrecionalmente por el Ministerio de Finanzas, que eran pagadas en bolívares al cambio oficial para luego ser negociadas en el mercado internacional en divisas a precios del mercado negro. Las ganancias por el diferencial cambiario se repartían entre el gobierno que emitió las notas estructuradas y las entidades financieras que participaron en la transacción.
Antes de la intervención bancaria de 2009, en la que caen una serie de casas de bolsa y pequeños bancos que participaron en las notas estructuradas, Merentes -ya destituido- bajó su perfil político y se dedicó a hacer encuestas como director del Grupo de Investigación Social GIS XXI, hasta 2009 cuando Hugo Chávez lo designa presidente del Banco Central de Venezuela (BCV).
Hay una Barbie entre Merentes y Yonny Bolívar
En 2012 al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, se le relacionó con una actriz que comenzaba a ganar popularidad. Se trataba de una joven conocida por el apodo de la Barbie -como la delgada y rubia muñeca de Mattel- que hacía pequeños papeles en los dramáticos de Venevisión.
El periodista Manuel Isidro Molina llegó a publicaren su columna El Confesionario, del 9 de diciembre de 2012: “LA ‘BARBIE’ DEL BCV se acomodó con un nuevo apartamento en la urbanización La Castellana, de Caracas, “regalo” adquirido por su amantísimo por la bicoca de 3.000.000,00 de dólares (TRES MILLONES DE DÓLARES), lo que puede ser corroborado por la Fiscalía, la ONA y el CICPC, bajo la presunción de legitimación de capitales…LAS“CORRUMODELOS” son la versión venezolana de las ya famosas ”narcomodelos” que internacionalmente se tienen como parejas estables o eventuales de no menos mal famosos capos del narcotráfico”, aseguró el comunicador.
Los rumores sobre la supuesta relación sentimental entre el máximo jerarca del BCV y la actriz se multiplicaron y eran la comidilla en los pasillos del Venevisiòn, según relata una periodista de esa planta, que pidió no revelar su identidad.
Durante las protestas de 2014 es asesinada una joven intérprete de señas que trabajaba en Venevisión, que estaba embarazada: Adriana Urquiola. Ella no participaba en las manifestaciones, pero fue víctima de un disparo hecho por un supuesto simpatizante del chavismo, a quien le molestó la concentración contra el gobierno. Casi de inmediato se supo que el homicida era un hombre llamado Yonny Bolívar, con antecedentes por secuestro y vinculaciones con otros delitos. Sin embargo, logró huir.
Poco después, la periodista Maolis Castro de El Nacionalrealizó un reportaje en el que reveló que esa actriz conocida como la “Barbie”, a quien se le vinculó con Merentes, y llamada Myriam Abreu, tenía una relación de amistad con el asesino de Adriana Urquiola, quien estaba en fuga. Así lo había expresado la misma Abreu públicamente en su cuenta de twitter @BarbieAbreu.
“Abreu le dedicó a Yonny Bolívar dos mensajes en la red social el 21 de marzo de 2012: “Un feliz cumpleaños a uno de mis mejores amigos @the_lord_jedi tqm BFF”. Él le agradece la felicitación y ella vuelve a responderle: “Te re Adoro mejor amigo!!! «@the_lord_jedi: @BarbieAbreu gracias mi reina dios te bendiga y gracias por estar pendiente», dice el reportaje de El Nacional.
Yonny Bolívar utilizaba el usuario @The_lord_jedi y en su cuenta había fotografías en las que se exhibía abrazado con las actrices Susej Vera, Myriam Abreu (conocida como “La Barbie”), el expelotero Ugueth Urbina y Jimena Araya (Rosita), entre otras figuras. Se decía que Bolívar compartía sus amistades con Merentes.
La semana pasada Yonny Bolívar fue sentenciado a 17 años de prisión por el homicidio de Adriana Urquiola, luego de haber sido capturado en junio de 2015 en Colombia, donde se ocultó después de cometer el crimen. Estuvo preso por secuestro, se le señala de usurpación de identidad y de manejar redes de prostitución.
Millones sin fondo
Sobre Nelson Merentes existe una solicitud de separación de su cargo e inhabilitación política para someterse a un juicio penal. El 27 de junio de 2002, los diputados Andrés Velásquez, Elías Matta Wehbe, Enrique Márquez y Alejandro Armas, acudieron a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para presentar una solicitud de antejuicio de mérito contra el exministro de Finanzas Nelson Merentes, quien en ese momento ocupaba la cartera de Ciencia y Tecnología, por su presunta comisión del delito de malversación agravada de fondos públicos.
La solicitud ante el TSJ de 2002 no sólo incluía a Merentes sino también al propio presidente Hugo Chávez, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado doloso propio y malversación agravada de fondos públicos.
Merentes, quien en 2002 ya había ocupado tres cargos en el gabinete económico, fue señalado por desviar 2,3 mil millones de bolívares que debían ser destinados al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), creado en 1998 para contrarrestar riesgos de desequilibrio fiscal, cambiario y monetario ante las fluctuaciones del ingreso petrolero. Se trata de un instrumento de ahorro que ha permitido a países petroleros como Noruega y Arabia Saudita mantener su equilibrio económico.
Entre julio de 2001 y febrero de 2002, cuando Merentes ocupó por primera vez la cartera de Finanzas, se dejaron de realizar aportes trimestrales al FIEM por el orden de los 2,3 millones. En una interpelación de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el funcionario admitió el uso de esos recursos para pagar los sueldos y bonos navideños a los empleados de la administración pública debido al déficit presupuestario ocasionado por la baja de los precios del crudo. “Había que atender prioridades”, alegó en su momento, agregando que “no causó ningún daño patrimonial al país”. La Comisión declara responsabilidad administrativa de Merentes por violaciones a la Ley de Salvaguarda y Patrimonio Público.
Un mes después de la solicitud de antejuicio, Merentes se defendió de las acusaciones diciendo que la AN estaba en su derecho a realizar investigaciones que él respondería como funcionario público, pero quien tenía que fijar responsabilidades era la Fiscalía. “Tengo la conciencia tranquila porque en el momento que estuve en el cargo había un déficit presupuestario que atender”, dijo.
Finalmente, el 24 de septiembre de 2002 el juez Iván Rincón Urdaneta declaró inadmisible la tramitación del antejuicio de mérito contra Merentes y Chávez. En 2003, Merentes -quien ya era ministro de Ciencia y Tecnología, asume la presidencia del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).
El “apoyador” de Naiguatá
Merentes se crió en Naiguatá y por eso, desde que llegó al poder, se ha convertido en un benefactor de ese pueblo varguense. “No hay ningún Merentes que no tenga una raíz en Naiguatá”, declaró en octubre de 2013 durante una entrevista de personalidad que le hizo el periodista Eduardo Rodríguez en Venevisión. Hasta el lugar, afirmó, va todos los fines de semana y se hospeda en la casa familiar que está dividida en varios anexos.
El presidente del BCV pareciera no perderse ningún jolgorio popular de Naiguatá y por eso él mismo ha aparecido en videos en los que habla de manifestaciones folclóricas como los Diablos Danzantes y el Velorio de la Cruz de Mayo. A la Fiesta de San Juan, que se celebra cada 23 de junio, suele invitar a los corresponsales de prensa extranjeros a su casa. Le encanta tocar las maracas y participar en las fulías. “Toda parranda (a la) que uno pueda ir, sin olvidar la responsabilidad que uno tiene, hay que ir”, dijo también a Venevisión.
“Él no es un cultor, pero sí es un apoyador de las manifestaciones culturales, lo vemos en el San Juan, San Pedro, las Sardinas, él es naiguatareño”, comentó una mujer en uno de los audiovisuales en donde aparece Merentes, con gorra y maracas en mano.
Hasta allí, nada que denunciar. Pero el 13 de junio del año pasado, La Patilla publicó un comunicado, firmado por técnicos del Banco Central de Venezuela, quienes revelaron que el presidente de la entidad manejaba un “presupuesto paralelo de ayudas sociales con fines políticos”, lo que consideraban un “caldo de cultivo para la corrupción” que ya era endémica dentro de esta institución del Estado.
El zar y el magnate de la belleza
La relación entre Osmel Sousa, presidente de la Organización Miss Venezuela y Merentes ha tenido varios episodios. El primero se conoció el pasado 9 de agosto de 2015 cuando el periodista Manuel Isidro Molina publicó en su blog que el presidente del BCV había pagado a Souza para que su novia, Mariana Jiménez (coronada Miss Venezuela en 2014), se llevara la banda de Miss Universo en el certamen que se realizó el pasado diciembre, cosa que no sucedió. La negociación, que costaba 500.000 dólares de acuerdo con el columnista, se haría directamente con Donald Trump, el magnate estadounidense que para la fecha ya había vendido las acciones que tenía en el evento internacional.
Pero el escándalo con Merentes no quedó ahí. Días después, el 16 de agosto, el mismo periodista escribió que Souza y Merentes tenían “una relación muy especial”. La revelación del día fue que el líder de la Organización Miss Venezuela proveía de misses a la cabeza del BCV a cambio de dinero, y lo hacía a través de una red de prostitución en la que también participaban adinerados “viejos verdes” y “bolichicos”. De esta manera, Souza conseguía los patrocinantes de las jóvenes que participaban en el concurso de belleza más importante del país.
Ante la polémica, Souza respondió con un comunicado en el que rechazó las acusaciones. “En mis más de 40 años de trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza, en ningún momento he incurrido en prácticas deshonestas, ni que vayan en detrimento de sus participantes”, señaló, y recalcó que no conocía a ninguno de los “personajes” vinculados a las difamaciones que lo involucraban. Aseguró que emprendería acciones legales contra quienes hicieron los señalamientos sin presentar pruebas.
Asesores con pasaportes diplomáticos y antecedentes por narcotráfico
En mayo de 2015, un reportaje realizado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI)puso al descubierto una red de lavado de dinero que operaba entre Venezuela, Panamá y Andorra (entre 2005 y 2010), en la que estaban involucrados presuntos asesores del ministro de Finanzas, que para ese entonces era Nelson Merentes.
“La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, Norman Puerta Valera. El policía fue detenido en 2010 en el principado por lavado de dinero. Uno de estos funcionarios tenía condena vigente por tráfico de heroína”, dice el reportaje publicado por diversos medios nacionales e internacionales.
Las dos personas que tenían pasaportes diplomáticos que los identificaban como asesores del ministro de Finanzas eran: Tulio Hernández Fernández y Gabriel Gil Yanez. No se pudo precisar si efectivamente tenían alguna vinculación con el despacho que dirigía Merentes. Pero ambos ciudadanos estuvieron relacionados con delitos asociados al tráfico de drogas y lavado de dinero.
GUATEMALA (AP) — El presidente Otto Pérez Molina reconoció el lunes que el país atraviesa un momento de crisis tras los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado y ratificó que no renunciará al cargo.
«Es una situación delicada y compleja, como nunca se había visto en el país», dijo Pérez Molina sobre la situación que atraviesa Guatemala, tras las acusaciones de que él estaría involucrado en casos de corrupción.
«Yo tengo dos opciones una es renunciar y la otra someterme a la justicia, y es lo que voy a hacer», insistió el presidente.
En la conferencia de prensa que duró 55 minutos Pérez Molina se dedicó a defenderse de las acusaciones y afirmó en tres ocasiones que el país debe realizar las elecciones previstas para el domingo porque es la ruta para finalizar con las crisis y tener nuevas autoridades.
«Que el proceso eleccionario se lleve a cabo de la mejor forma posible y Guatemala pueda seguir adelante», dijo el presidente, quien fue cuestionado por periodistas si existía un compromiso con algún partido opositor para asegurar que se den elecciones a cambio de que en el Congreso el antejuicio en su contra no avance.
«No he negociado con nadie» dijo Pérez Molina.
El presidente dijo que su estadía en el gobierno hasta el término del mandato presidencial en diciembre y su negativa a renunciar al cargo no va a influir en la aplicación de justicia.
Para el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, que «lo más prudente (para el presidente) es renunciar y someterse a la justicia. El escenario es muy complicado. Se juega al cansancio de la gente y eso puede ser conflictivo. Ojalá no se salga de las manos».
Dijo en entrevista a The Associated Press que «ahora son los diputados quienes una responsabilidad histórica independientemente de su color político. Que voten, que nada entorpezca el proceso en el congreso y que ellos resuelvan de inmediato».
Los jefes de bloque de los partidos políticos en el Congreso acordaron programar para mañana martes un pleno ordinario a fin de discutir el antejuicio contra Pérez Molina.
El mandatario ha sido vinculado a una estructura que defraudó al fisco guatemalteco denominada «La Línea», que según investigaciones de la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, estaba integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.
Según las autoridades, Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, era el líder de la estructura, junto a Estuardo González el financista de la organización.
Baldetti, renunció a su cargo tras la denuncia de que estaba implicada. Aunque ha negado los cargos, el juez ordenó su arresto, la ligó al proceso y está en prisión a la espera de que se abra a juicio en noviembre.
La fiscalía encausó una investigación contra Pérez Molina por considerar que está vinculado al caso.
“Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo”
Esta frase pronunciada por el hoy fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en uno de sus extensos programas de ‘Aló Presidente’, fue una de las máximas que como un ‘boomerang’ se le devolvió al mandatario en sus últimos años de vida, cuando se comenzaron a revelar fotos de su entorno familiar y de algunos de sus funcionarios de confianza que justamente contradecían el postulado del creador de la ‘revolución del siglo XXI’.
El reciente video del hijo del presidente Nicolás Maduro, que tiene su mismo nombre, a quien le arrojan billetes durante un baile árabe en el matrimonio de un ciudadano sirio, ha causado rechazo justamente por que su padre dirige un país con inmensos problemas económicos agravados por la escasez.
Pero este es apenas uno de los ejemplos de videos o fotos en los que los hijos del ‘chavismo’ quedan en evidencia por mostrarse en privado como unos privilegiados del poder. A la lista hay que sumarle desde Elena Frías, la mamá del fallecido mandatario, hasta sus hijos, hermanos y sobrinos, que han sido captados disfrutando de lujos que van en contravía de lo que hablaba Hugo Chávez.
Muchos consideran que no se le puede prohibir a una persona que viaje o se divierta, sin embargo, lo que se cuestiona es que los familiares y funcionarios del ‘chavismo’ muestren una doble moral y ostenten bienes que no están al alcance del venezolano del común.
A continuación presentamos solo algunos ejemplos de esos casos en los que el chavismo muestra, desde adentro, la otra cara de la Venezuela en problemas económicos y sociales.
La hija menor
Imágenes como los de Rosinés, la hija más joven de Chávez, con un abanico hecho con un grueso fajo de dólares, o fotografiada con cantantes como Miley Cyrus o Justin Bieber o en almacenes y parques en Estados Unidos y Europa, mientras en el país dirigido por su padre racionaba la cantidad de divisas que se le otorgan a los viajeros al exterior, causaron molestia entre venezolanos que consideraban esas muestras de ostentación como un exabrupto en un país que comenzaba a mostrar dificultades económicas.
Sobrinos
Antonio, Adelis, Aníbal, Daniel y Cléver Chávez son apenas cinco de los sobrinos de Hugo Chávez que se han dejado ver en videos y fotos con todo tipo de lujos y hasta extravagancias como ropa, joyas, comida, destinos exóticos y hasta armas que desdicen de lo que viven el resto de los venezolanos acostumbrados a la austeridad de las políticas gubernamentales.
Funcionarios ricos
Los nombres de antiguos altos cargos y empresarios venezolanos figuran en el informe que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) española llevó a cabo sobre el Banco Madrid, filial del andorrano BPA y que fue profusamente publicado en España. En la lista aparecen, según diarios como ‘El Mundo’, el exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Gerardo Villalobos; el exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado; el antiguo viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón; el exdirector de Seguridad del régimen chavista, Carlos Luis Aguilera Borjas; el antiguo dirigente de la petrolera PDVSA Francisco Rafael Jiménez Villarroel y el empresario Omar Farías.
Una hija y un sobreprecio
María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez, fue involucrada en un escándalo de corrupción relacionado con la venta a sobreprecio de arroz al país caribeño, un caso en el que también apareció el ministro de Planificación argentino Julio De Vido y otras autoridades.
De acuerdo con el diario ‘Clarín’, “en los embarques de arroz dirigidos al país caribeño, la única beneficiada es una firma desconocida en el sector, que vende a precios muy inflados y cuyos dueños tienen trato directo con el ministro Julio De Vido, el embajador (en Venezuela) Carlos Cheppi y hasta con María Gabriela Chávez, hija del fallecido líder venezolano”.
Un avión, una niñera, un arma
Hace unos meses, el partido Acción Democrática acusó de corrupción al ministro de Comunas, Elías Jaua, por el supuesto uso indebido de un avión estatal, y también de ocultamiento de un arma de fuego. Según informó el diario ‘Folha de Sao Paulo’ con base en un reporte de la Policía Federal de Brasil, la niñera de la familia de Jaua fue detenida en el aeropuerto internacional de Sao Paulo por tráfico internacional de armas. La niñera portaba un revólver con munición en el interior de una maleta. Ante esto, la mujer dijo que pertenecía al ministro, de acuerdo con el diario.
Más pobres, más leales
El gobernador del estado Aragua, el chavista Tareck El Aissami, afirmó hace unas semanas que mientras los venezolanos son “más pobres”, son más leales al llamado proyecto revolucionario que propugnó el fallecido presidente Hugo Chávez. “Mientras uno más consigue pobreza hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez, mientras el pueblo es más pobre es más leal al proyecto revolucionario”, aseguró El Aissami al presidente, Nicolás Maduro, durante un acto de Gobierno en un poblado humilde de Aragua.
Maduro, por su parte, agregó al comentario de El Aissami que el líder nicaragüense Augusto César Sandino decía: “Los humildes son los que siempre llegan al final”.
PANAMA (AP) — La Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió el miércoles una denuncia por presunta corrupción contra el ex presidente Ricardo Martinelli y aprobó que sea investigado, medida que generó sorpresa en un país con una fuerte percepción de impunidad en los escándalos de los políticos.
Tras una sesión de más de cuatro horas, la corte en pleno aceptó de manera unánime la causa penal contra Martinelli y designó a uno de sus jueces como fiscal para que investigue al ex líder derechista en un caso de corrupción y peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional, una entidad social que manejaba cientos de millones de dólares.
Asimismo nombró a un juez de garantías y pidió al Tribunal Electoral se levante un fuero del que goza el ex gobernante por ser presidente de un partido político.
Martinelli negó las acusaciones en Guatemala, a donde viajó el miércoles a una sesión del Parlamento Centroamericano en calidad de diputado de ese órgano regional. En declaraciones a The Associated Press, dijo que es inocente de las acusaciones y que las enfrentaría siempre y cuando existan garantías legales para ello.
«Tomaré la decisión en un futuro, pero yo si no voy a ir a un juicio arreglado por el señor Varela… yo voy a ir a enfrentar porque no he hecho nada, y voy a dar la cara. No descarto nada porque en Panamá no hay leyes, no hay debido proceso, no hay justicia ni presunción de inocencia», afirmó, refiriéndose al presidente panameño Juan Carlos Varela.
Martinelli comentó que no regresaría inmediatamente a Panamá y que continuará una gira programada a Estados Unidos y Europa para denunciar persecución en su contra.
Hubo reacciones favorables a la medida judicial. Gremios de abogados independientes y de la sociedad civil habían convocado días antes a una marcha callejera para el jueves a fin de exigir castigo en los casos de corrupción pública denunciados.
«La decisión de la corte tiene un impacto muy importante porque la queja general de la población, no ahora, sino desde hace un par de gobiernos, es que hay mucha impunidad», señaló a The Associated Press el analista y fundador del diario panameño La Prensa, Roberto Eisenmann. «Eso creció en el gobierno de Martinelli por la corrupción exagerada».
El ex presidente recordó que él tiene inmunidad del fuero electoral en su país y como diputado ante el Parlacen, pero dijo que por la «persecución política» en su contra no descarta que se la retiren.
«Yo temo por mi vida y la de mi familia, porque ese señor cuando no logre su cometido me va a mandar a matar, a mí o a algún miembro de mi familia. Ustedes no conocen a ese monstruo como lo conozco yo», afirmó, refiriéndose a Varela.
El actual mandatario ha rechazado que esté detrás de un proceso contra su antecesor, del que fue su vicepresidente. Varela retiró a su partido de la alianza con Martinelli luego de su destitución como canciller en 2011 y desde ese momento se convirtió en su opositor.
La medida judicial se dio a raíz de una denuncia que Juan Jované, ex candidato presidencial independiente, presentó el 7 de enero contra Martinelli luego de que el ex director del Programa de Ayuda Nacional, Giacomo Tamburelli, involucrara al ex mandatario en el caso por presunto peculado y corrupción en la contratación para la compra de comida deshidratada destinada a las escuelas públicas. Se trata de un contrato por unos 45 millones de dólares.
Una fiscalía anticorrupción encausó a Tamburelli por peculado y corrupción, y ordenó su detención domiciliaria desde hace semanas. Él ha declarado que recibió órdenes del ex jefe de Estado para la firma del contrato.
Otro director del programa durante el gobierno de Martinelli, Rafael Guardia, lleva detenido tres meses por peculado y corrupción en otro caso que tiene que ver con la compra de arroz y otros granos con sobrecostos. Guardia, al que se le han confiscado al menos 18 millones de dólares, mansiones y un yate, confesó que actuó de manera irregular en ese caso e involucró a 12 personas, incluidos ex funcionarios y empresarios, afirmó su abogado Víctor Orobio la semana pasada.
Guardia ha involucrado en ese caso a Martinelli y a su entonces secretario Adolfo De Obarrio, quien está siendo investigado.
La fiscalía anticorrupción, a cargo del caso de Tamburelli, envió a la corte el 14 de enero el expediente en que se menciona a Martinelli.
Uno de los abogados del ex presidente acudió el miércoles ante la secretaría de la corte para exigir que se cumpla el debido proceso. Consideró que antes de tomar una decisión, el máximo tribunal panameño debe consultar al Parlamento Centroamericano, al argumentar que su cliente ostenta inmunidad por ser miembro de ese órgano regional.
Martinelli, un magnate de los supermercados que fue estrecho aliado de Washington, impulsó multimillonarias obras de infraestructura pública que colocaron a Panamá como el país de más rápido crecimiento económico en Latinoamérica en los últimos años. Sin embargo, su gestión se vio manchada por un torrente de denuncias de sobrecostos y pago de sobornos en dichas obras, así como de intentos por trastocar el equilibrio de poderes y espiar a sus opositores.
Su partido perdió en los comicios generales de mayo pasado.
MÉXICO (AP) — En momentos en que viaja Washington a reunirse esta semana con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Enrique Peña Nieto deja atrás un año que difícilmente había imaginado.
El presidente de México y su equipo comenzaron el año con la aprobación de una gran cantidad de reformas, desde la eliminación de los monopolios en telecomunicaciones hasta abrir el sector energético, lo que le ganó aplausos internacionales, como la portada de la revista Time, con una foto suya encima del titular en inglés «Saving Mexico».
Entonces recibió una seguidilla de tres golpes en tres escándalos: un grupo de soldados mató a 22 civiles en un dudoso «tiroteo»; el secuestro y presunto asesinato de 43 estudiantes normalistas a manos de funcionarios locales y la policía en componenda con un cartel del narcotráfico, y revelaciones de que Peña Nieto y su secretario de Hacienda vivían en mansiones lujosas construidas y financiadas por una empresa contratista favorita del gobierno.
Lo que se suponía que fuese «la hora de México», una nueva era de transparencia y reformas, en realidad se sintió como la misma y eterna situación de violencia y corrupción de siempre.
Decenas de miles de personas se han lanzado a las calles desde que los 43 estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre. Instituciones como la Iglesia católica y la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos se han pronunciado y un joven mexicano interrumpió la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz en Oslo, Noruega, para atraer la atención sobre la tragedia.
«Las protestas son una expresión de que la gente está harta de la impunidad e indignada con la complicidad entre algunas autoridades y los criminales», dijo recientemente Luis Raúl González, presidente de la Comisión, sentado cerca del presidente Peña Nieto.
Cuando Peña Nieto asumió la presidencia hace dos años, prometió que México vería un nuevo Partido Revolucionario Institucional, que había gobernado el país durante 71 años, con frecuencia mediante el uso de la fuerza y la corrupción. Tras perder la presidencia en 2000, el PRI trató de presentar una imagen de arrepentimiento y de que ahora haría las cosas de otra manera.
Desilusionados con 12 años de gobierno por parte de un partido de oposición, muchos electores mexicanos regresaron al PRI sobre la base de la teoría de que al menos sabía cómo gobernar.
Pero el supuesto «nuevo PRI» ha resultado ser un partido integrado por políticos más jóvenes que operan con el mismo guión de siempre. Aunque sus líderes recibieron aplausos por aprobar las reformas, no tuvieron respuesta cuando la violencia echó abajo su mensaje de crecimiento económico.
Enviaron a la policía a reprimir a los manifestantes y calificaron las protestas de un plan para «desestabilizar» el gobierno y socavar las reformas.
Peña Nieto dijo al país que era hora de «dejar atrás» el caso de los 43 estudiantes pocas semanas después de su secuestro y demoró un mes en reunirse con los familiares de las víctimas.
El gobierno ha tratado de explicar la mansión de 7 millones de dólares del presidente diciendo que pertenece a su esposa, la ex actriz de telenovelas Angélica Rivera, y dijo que Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, compró su casa antes de asumir el cargo, aunque era parte del equipo de transición de Peña Nieto.
Sin embargo, Peña Nieto enfrenta a un México muy cambiado en los años transcurridos desde que el PRI salió de la presidencia, cuando el país estaba en lo fundamental aislado, había pocos medios de comunicación que hicieran periodismo investigativo y no había ciudadanos preocupados armados con teléfonos celulares con cámaras, ni redes sociales.
Los mexicanos han reaccionado con irreverencia a la defensa esgrimida por Peña Nieto, que consideran arrogante y desvinculada de la realidad. Un letrero que llevaba un manifestante decía que no son las manifestaciones las que desestabilizan a México, sino «la corrupción de tu narcogobierno».
Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, reconoció al diario español El País que el gobierno no tenía un plan adecuado para hacer frente a la inseguridad porque no había comprendido las dimensiones del problema. Sin embargo, dijo que la respuesta eran las reformas económicas.
Peña Nieto mantuvo esa misma estrategia el domingo por la noche durante su mensaje de año nuevo en el que reconoció «un año difícil».
«Fue un año muy difícil para México, la violencia del crimen organizado nuevamente golpeó al país», dijo el mandatario, añadiendo que México «no puede seguir igual». Pero su respuesta es que 2015 será un año con facturas de gas, electricidad y teléfono más bajas gracias a las reformas.
La estrategia económica de Peña Nieto todavía no ha generado inversiones ni crecimiento, una de las principales razones por las que su índice de aprobación tocó recientemente el 38%, el más bajo de cualquier presidente mexicano desde la crisis del peso de hace 20 años. Los precios del petróleo se han desplomado justo cuando México abrió su sector energético a empresas extranjeras, y el empleo no ha aumentado.
La otrora favorable cobertura en los medios de prensa extranjeros se ha vuelto mordaz.
Al presionar a Videgaray en una entrevista, Michelle Caruso-Cabrera, corresponsal de CNBC, dijo: «si Barbara Bush viviera en una casa construida por Halliburton a su esposo le hubieran destituido en un juicio político».
Todos los niveles de gobierno han salido manchados y se ha determinado que alcaldes y policías estatales están confabulados con el crimen organizado, y los fiscales están más interesados en solucionar problemas políticos que delitos.
Las fuerzas armadas, que lideraron los esfuerzos antinarcóticos, han salido manchadas por acusaciones de que soldados mataron a tiros a sospechosos que ya se habían rendido. El Ejército informó inicialmente que había matado a 22 sospechosos de ser narcopandilleros en un fuerte tiroteo en junio, y fiscales estatales apoyaron rápidamente esa versión. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, finalmente comenzó a investigar tres meses después, cuando medios noticiosos encontraron testigos que contradijeron la versión oficial.
La imagen de los principales partidos políticos de México es negativa, lo que deja pocas opciones a los que están decepcionados con Peña Nieto. Las autoridades municipales implicadas en el ataque a los estudiantes y los funcionarios estatales que realizaron la fallida investigación inicial eran respaldados por el izquierdista Partido dela Revolución Democrática (PRD), que libra desde hace mucho una cruzada contra la corrupción del PRI.
En su discurso del domingo, Peña Nieto se comprometió a ser un mejor oyente y a «combatir la corrupción y la impunidad, y fortalecer la transparencia».
Pero, una vez más, lo hizo sin dar más detalles.
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El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, partió este domingo a una gira comercial de seis días a China y Australia dejando atrás a un país conmocionado y las enfurecidas protestas por la posible masacre de los 43 estudiantes desaparecidos.
«No atender un evento como éste sería actuar con irresponsabilidad», dijo Peña Nieto durante un mensaje a medios efectuado en Anchorage (Alaska, Estados Unidos), durante una escala de su viaje a China.
En Pekín, el presidente participará en la cumbre de APEC y después realizará una visita de Estado a China. Posteriormente asistirá a la cumbre del G20 en Brisbane (Australia).
«Quizá lo más fácil, lo más cómodo, hubiese sido dejar de atender este compromiso» pero estos son los foros más importantes y tendrán un impacto en «la economía de nuestro país y en la generación de empleos», argumentó.
Desde que asumió la presidencia en 2012, el mandatario ha tratado de que la atención nacional e internacional se enfoque en sus ambiciosas reformas económicas.
Pero la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur), tras ser brutalmente atacados por policías locales, devolvió a México al drama de la violencia que marcó a su predecesor Felipe Calderón.
Peña Nieto afronta la peor crisis de su presidencia y su partida ha sido duramente criticada tanto por opositores como por familiares y compañeros de los estudiantes.
El viaje «es una burla, demuestra su falta de calidad moral jugando con los sentimientos y la dignidad de 43 estudiantes», dijo este domingo a la agencia AFP Juan González, estudiante de la escuela para maestros rurales de la comunidad Ayotzinapa a la que pertenecen los desaparecidos.
Amnistía Internacional también reprochó al presidente que su viaje demuestra «poco interés en hacer frente a la grave situación de derechos humanos en México».
Peña Nieto sostiene que la violencia ha bajado desde que asumió el poder pero más de 100.000 personas han sido asesinadas o desaparecidas desde que Calderón lanzó en 2006 su combate militar contra los cárteles. La inmensa mayoría de esos crímenes están impunes.
Ataque al palacio
Horas antes del viaje, una nueva multitudinaria y pacífica manifestación acabó con el ataque de un pequeño grupo radical al emblemático Palacio Nacional, en el corazón de Ciudad de México.
Una veintena de manifestantes trataron de derribar con vallas metálicas la puerta principal de este edificio colonial e incluso consiguieron prenderle fuego brevemente a la entrada arrojándole cócteles molotov.
La manifestación, que terminó con 14 detenidos, fue antecedida por otra fuerte protesta frente a la sede de la gobernación del estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, donde estudiantes incendiaron una decena de vehículos.
«No se puede exigir justicia actuando con violencia», recalcó Peña Nieto, que reiteró su apoyo a las familias de los desaparecidos.
Las protestas ocurrieron el día después de que la Fiscalía anunciara que sicarios narcotraficantes han confesado que asesinaron a los estudiantes, quemaron sus cadáveres y arrojaron los restos a un río.
Las familias se niegan a creer que este haya sido el final del atroz crimen que ha estremecido a México y el mundo hasta que se lo confirmen con pruebas los peritos argentinos independientes de su confianza.
Los angustiados familiares permanecen recluidos en la escuela de Ayotzinapa, reconocida por su ideología socialista. El domingo recibieron la visita solidaria de personas que les prepararon comida así como de universitarios y activistas que les entregaron unos 180.000 pesos (u$s13.000) que recaudaron para ellos.
También les leyeron poemas y cartas redactadas por niños y les cantaron canciones. Algunos de los padres agradecieron el gesto entre lágrimas.
México vive una irritación sin precedentes recientes contra su clase política que ha alcanzado al presidente, contra quienes los manifestantes del palacio lanzaron gritos de «fuera» y «asesino».
El crimen de Iguala, que para Human Rights Watch es uno de los más graves de la historia reciente de América Latina, dejó al desnudo la profundidad de la infiltración del crimen organizado en autoridades mexicanas.
Los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados en la cercana Iguala por policías locales, que luego los entregaron a los sicarios del cártel Guerreros Unidos que supuestamente los masacraron.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora detenido, está acusado de trabajar para ese grupo criminal y de haber ordenado los ataques por temor a que los estudiantes sabotearan un evento público de su esposa, hermana de tres narcotraficantes.
Abarca ya estaba acusado de un asesinato cometido en 2013, pero ninguna autoridad actuó contra él.
El gobierno federal también ha sido duramente criticado por tardar más de una semana en asumir la investigación y, 44 días después de las desapariciones, no ofrecer pruebas concluyentes del paradero de los jóvenes.
