María Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, pide que el caso de su sobrino, detenido por los hechos del 11 de abril de 2002 no sea olvidado, aunque también sabe que detrás de la condena de los policías metropolitanos llegaron muchas otras

Hasta el 22 de octubre del 2021, los tres funcionarios de la PM estuvieron recluidos en la Cárcel Militar de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, hasta que en horas de la madrugada de ese día fueron trasladados a la cárcel Fénix, en el estado Lara

Maximiliano Toro, padre del inspector Héctor Rovaín, falleció a sus 83 años el 10 de septiembre del 2019, debido a un paro respiratorio. Toro estaba enfermo y su tratamiento se dificultó ante la escasez y el alto costo de medicinas para pacientes oncológicos. La madre del PM murió en 2013. Ninguno pudo volver a ver a su hijo en libertad

@Andrea_GP21

Ya han pasado 20 años desde que en abril del 2003 fueron detenidos nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana por los hechos de Puente Llaguno, ocurridos el 11 de abril de 2002. Aunque varios ya salieron de la cárcel, huyendo o con libertad otorgada, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar permanecen en prisión y sus familiares claman para que sean liberados.

La condena de los exfuncionarios fue la primera contra personas enjuiciadas de forma arbitraria por motivos políticos de la era chavista.

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Fue la jueza Maryorie Calderón quien sentenció a Rovaín, Molina y Bolívar a 30 años de prisión, como también lo hizo con los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lazaron Forero y el sargento Julio Rodríguez.

Desde 2011 esperan que se les otorguen medidas alternativas al cumplimiento de la pena, esto según lo señalado por quien fuere la titular del tribunal 1 de ejecución del estado Aragua, Ada Marina Armas. Esas medidas, a 20 años de la detención de los expolicías metropolitanos, no se han cumplido.

Una tragedia incipiente

El 11 de abril de 2002 se produjo un intento de golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez. 

Para ese día se convocó una marcha opositora que tendría como objetivo recorrer los alrededores de Parque del Este, acabando en PDVSA Chuao, pero terminó con los manifestantes dirigiéndose hacia el Palacio de Miraflores en cuyos alrededores estaban simpatizantes del oficialismo desde dos días antes. Los opositores se encontraron con chavistas en Puente Llaguno, donde se desató una ráfaga de disparos que terminó con 19 muertos y múltiples heridos.

El funcionario fue condenado a 30 años por homicidio calificado frustrado en complicidad correspectiva, lesiones personales graves y leves en complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego.

Esa misma condena se les aplicó al agente Erasmo Bolívar y al distinguido Luis Molina. En el caso de Bolívar, este se encontraba en una ambulancia de la PM socorriendo a los heridos hasta que tuvo que abandonar el vehículo en la Avenida Urdaneta tras verse sometido al tiroteo en Puente Llaguno. Su arma de reglamento nunca fue disparada.

Tampoco fue disparada la de Molina, pero eso no fue impedimento para recibir una condena por los hechos del 11 de abril de 2002, al igual que los otros funcionarios, por las muertes de Rudy Alfonso Urbano Duque y Erasmo Enrique Sánchez, dos de las 19 personas fallecidas ese día, ambos simpatizantes del chavismo y los únicos por los cuales hubo juicio.

Presos políticos en cárcel de presos comunes

Hasta el 22 de octubre del 2021, los tres funcionarios de la PM estuvieron recluidos en la Cárcel Militar de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda, hasta que en horas de la madrugada de ese día fueron trasladados a la cárcel Fénix, en el estado Lara.

“La vida de ellos corre peligro en cárceles comunes. ¿Hasta cuándo tanta maldad en su contra?. Les corresponde libertad tras 18 años y cinco meses presos”, denunció en ese momento Laura Pérez, esposa de Luis Molina.

Según cifras de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, este centro penitenciario está plagado de enfermedades y malos tratos. Incluso, según la ONG, en poco más de 14 meses fallecieron unos 30 reclusos.

Los padres de Héctor murieron sin poder ver a su hijo en libertad

Maximiliano Toro, padre del inspector Héctor Rovaín, falleció a sus 83 años el 10 de septiembre del 2019, debido a un paro respiratorio. Toro estaba enfermo y su tratamiento se dificultó ante la escasez y el alto costo de medicinas para pacientes oncológicos.

En la última entrevista que le realizaron a Toro, recordó además que su esposa, la madre de su hijo, murió el 7 de junio del 2013 “sin poder ver la libertad de su hijo”.

“Mi nieto, su único hijo, tenía apenas siete años cuando se produjo la sentencia. El sueño de todo padre Héctor no pudo cumplirlo: llevar a su hijo de la mano al preescolar, a la primaria, no pudo asistir a su graduación para verlo con toga y birrete”, declaró Toro en el año 2017.

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Beneficios procesales negados 

Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina debían gozar de los derechos procesales contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Con la mitad de la plena cumplida, el destacamento de trabajo permite a los reclusos salir a laborar y regresar al centro de detención cada noche. Sin embargo, este beneficio no ha sido otorgado.

En este régimen abierto, se envía al recluso a un centro de tratamiento comunitario, donde trabaja y pernocta de lunes a jueves; mientras que los días viernes, sábado y domingo duerme en su casa. Se otorga luego de cumplirse los dos tercios de la pena impuesta.

Asimismo, la libertad condicional establece medidas de presentación periódicas ante el tribunal y de ella se goza a partir de las tres cuartas partes de la pena. También, el confinamiento permite al detenido vivir a 120 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos.

Pero además, los tres policías metropolitanos están amparados por la Ley de Redención Judicial de la pena que otorga un día en prisión por cada dos días de estudio o trabajo. Ese tiempo redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de esta.

Familiares exigen que se cumplan medidas alternativas a la condena

María Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, pide que el caso de su sobrino no sea olvidado, aunque también sabe que detrás de la condena de los policías metropolitanos llegaron muchas otras.

“Hoy pido nuevamente su libertad, que los dejen volver a casa, y a la gente que no deje de recordar que ese fue el punto de partida de la existencia de presos políticos en esta etapa que le ha tocado vivir al país”, exigió la tía del funcionario que está condenado a 30 años de prisión.

Además, María Bolívar recordó que los tres funcionarios están alejados de sus familiares, quienes residen en los estados Miranda y La Guaira. Los funcionarios están presos en la Cárcel Fénix de Barquisimeto con muy pocas visitas permitidas y sin alimentos, pagando una condena por crímenes que, aseguran, no cometieron.

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La Coalición por los DDHH y la Democracia reclamó que en Venezuela «se persiguen y encarcelan ‘corruptos’ pero los presos políticos siguen siendo víctimas de la injusticia y retardo procesal»

Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina tienen casi 20 años en prisión. Son los policías metropolitanos detenidos por los sucesos del 11 de abril del 2002.

Al cumplirse 21 años del intento de Golpe de Estado contra Hugo Chávez, organizaciones no gubernamentales exigen su liberación.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló vía Twitter que los tres policías metropolitanos «fueron los primeros presos políticos de Venezuela».

Asimismo, la organización denunció que a los tres funcionarios se les niega una medida alternativa al cumplimiento de la pena.

«Salvar vidas y evitar algo peor fueron motivos para privarlos de libertad (…) Hoy son 295 presos políticos que exigen justicia y libertad», acotó la Coalición.

Por otra parte, criticaron que en Venezuela «se persiguen y encarcelan ‘corruptos’ pero los presos políticos siguen siendo víctimas de la injusticia y retardo procesal».

#11Abril Los Policías Metropolitanos Luis Molina, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín entre otros fueron los primeros #PresosPolíticos de Venezuela.

Han estado privados de libertad durante 20 años tras una injusta condena.

Se les niega medida alternativa al cumplimiento de la pena. pic.twitter.com/A9H1l4sjzp

— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) April 11, 2023

Por su parte, el dirigente opositor Juan Guaidó también señaló que Luis Molina, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y otros policías metropolitanos «fueron los primeros presos políticos del régimen».

«A los tres, la dictadura les secuestró 20 años de su vida en una cárcel, lejos de sus familiares», añadió Guaidó vía Twitter.

Luis Molina, Erasmo Bolívar, Héctor Rovain y otros policías metropolitanos fueron los primeros presos políticos del régimen. A ellos tres, la dictadura les secuestró 20 años de su vida en una cárcel, lejos de sus familias. Siempre presente la causa de su libertad, @LauraDeMolina1 https://t.co/PoeJ21xwWV

— Juan Guaidó (@jguaido) April 11, 2023

A finales del 2022, María Bolívar, tía del agente Erasmo Bolívar, reclamó que a ninguno de los tres se le comprobó su participación en dos de las 19 muertes ocurridas en Puente Llaguno, en Caracas.

«Exigimos que se cumpla la ley y les otorguen las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, a las que tienen derecho desde el año 2011″, añadió María Bolívar en declaraciones recopiladas por TalCual.

Los tres funcionarios pagaron la mayor parte de su condena en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. Desde el 22 de octubre de 2021 fueron trasladados al Centro Penitenciario Fénix, en Lara.

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Francisco Zambrano

@franzambranor

El inspector Héctor Rovaín, los cabos primeros Luis Enrique Molina y Arube Pérez, el subcomisario Marcos Hurtado, el sargento Julio Rodríguez, y el distinguido Erasmo Bolívar no olvidarán jamás lo que pasó un día como hoy hace 16 años en Puente Llaguno de la avenida Urdaneta en Caracas.

Se trató de unaUna masacre enlutó al pueblo venezolano. , Una marcha cuyo epicentro fue la sede de Pdvsa-Chuao, fue desviada al centro de Caracas y concluyó con el trágico resultado de 19 muertos y centenares de heridos.

Por la tragedia que devino en la separación momentánea del cargo del fallecido presidente Hugo Chávez fueron detenidos, enjuiciados y condenados seis funcionarios de la desaparecida Policía Metropolitana, además de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis.

Aprehendidos en 2003, los supuestos responsables de la masacre del 11A ya tienen 15 años privados de libertad.

El de los PM fue uno de los juicios más largos que se ha llevado a cabo en Venezuela., Comenzó en febrero de 2006 y concluyó el 3 de abril de 2009, cuando la jueza 4ta de Juicio del estado Aragua, Marjorie Calderón, dictó sentencia.

Los seis  funcionarios y los tres comisarios son considerados como los primeros presos políticos del régimen chavista.

A Rovaín lo condenaron a  30 años de prisión por los delitos de homicidio intencional calificado y lesiones graves y leves en complicidad correspectiva. “No he tocado a mi hijo desde la muerte de su mamá hace cuatro años, por mi enfermedad no he podido visitarlo, estoy ciego y sufro de la próstata”, declaró el padre de Rovaín el año pasado.

A Molina también lo condenaron a la pena máxima luego de 230 audiencias y 265 experticias del Cicpc. Familiares de Molina alegan que la sanción pena se basó en una fotografía que posteriormente fue incorporada al documental oficialista “Claves de una masacre”. Según el testimonio de allegados, Molina, quien pertenecía a la división motorizada de la PM está tras las rejas solo por recoger el armamento de un compañero minutos antes de producirse un tiroteo.

La esposa de Molina, Laura Pérez, dijo que este ya debería estar gozando de un beneficio procesal. Desde 2010 lo podrían haber favorecido con la redención de la pena por horas de trabajo y estudio o libertad condicional, según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Régimen Penitenciario. “Nada más se acuerdan de los presos políticos de 2014 para acá. Alí está Richard Peñalver pidiendo asilo en España y mi esposo preso por algo que probamos que es inocente”, dijo Pérez. “Tenemos dos hijas una de 17 y otra de 6 que prácticamente no han disfrutado de su papá. Ya basta de castigo, es absurdo someterlos a eso cuando el propio juez Eladio Aponte Aponte reconoció que habían vicios en el proceso”.

“Mi esposo está bastante desanimado porque nadie nos presta atención, nos sentimos desamparados;, la mayoría de los abogados que formaban parte de la defensa se fueron del país. Lla causa además está en Maracay y es un problema trasladarse para allá”, añadió.

A Arube Pérez, otro miembro del comando motorizado de la PM, lo detuvieron el 19 de abril de 2003 y le endosaron una condena de 17 años y 10 meses de prisión.

Según cálculos de la defensa, al cabo recluido en la cárcel de Ramo Verde le correspondía el beneficio de destacamento de trabajo en septiembre de 2007, el régimen abierto en marzo de 2009, la libertad condicional en marzo de 2015 y el confinamiento de la pena en junio de 2016. Nada de esto ha sucedido.

Similar cálculo corresponde al subcomisario Hurtado, condenado a 16 años y 8 meses de prisión. “Tiene casi tres años en la cárcel de gratis”, asomó recientemente María Pascatillo, cónyugue de Hurtado.

El agente Erasmo Bolívar, recluido en Ramo Verde y penado a 30 años de cárcel expuso en una carta abierta que el gobierno no solo se ha ensañado con los policías sino también con los familiares.

“Es importante escuchar lo que dicen nuestros familiares, porque ellos también son víctimas ¿Dónde está el sentimiento y la conciencia de alguien que sentencia a otra persona sabiendo que es inocente y que los culpables siguen libres en la calle?”, escribió.

El sargento Julio Rodríguez, condenado a 30 años de prisión, es el único que recibió casa por cárcel al igual que los comisarios Vivas, Forero y Simonovis.

A Rodríguez le fue otorgado el beneficio por su delicado estado de salud. “Sabemos que por razones humanitarias los comisarios Simonovis, Forero, Vivas y el sargento Rodríguez se encuentran detenidos en sus viviendas, pero eso no ha sido suficiente para reconocerles los beneficios procesales que corresponden a cada uno de estos ciudadanos”, declaró el diputado Edgar Zambrano al departamento de prensa de la Asamblea Nacional.

Hoy se cumplen dieciséis años del 11 de abril de 2002, y la justicia sigue ausente. No aparece, no está. Diecinueve personas fueron asesinadas ese día en Venezuela, en un patrón que luego y lamentablemente se repetiría muchas veces, por razones políticas. La intolerancia armada y asesina, amparada por el poder, destruyó en ese entonces diecinueve familias, diecinueve hogares,  que siguen esperando silentes y tristes por una justicia que no ha llegado y que no parece tener intenciones ni ganas de llegar. Lo mismo ha pasado con los que resultaron heridos, que tampoco han encontrado respuesta en la dama ciega. La impunidad sigue siendo, tras dieciséis años, reina y señora.

Revisando mis notas, encuentro que esto lo escribí hace años, y hoy no encuentro forma distinta o mejor de decirlo: “En aquel momento, en 2002, fueron 79 las investigaciones penales que se abrieron por las muertes y lesiones de ciudadanos venezolanos durante el 11A. En ninguna afloró la verdad. A los que dispararon contra policías y pueblo, o los absolvieron, concediéndoles además el dudoso mérito de ser “Héroes de la Revolución”, o ni siquiera los investigaron. A los que salvaron las vidas de muchos, poniendo su pecho entre las balas del oprobio y la ciudadanía, los condenaron a la pena máxima, sin tener, como pasa ahora con los que son investigados por “conspiradores” o “terroristas”, ni una prueba en la mano que lo justificara. Solo el mandato del ausente, una voz envalentonada en cadena nacional buscando consolidar mentiras, bastó y sobró para que la justicia fuera desterrada del estrado y fuera sacada de los tribunales por la puerta trasera. Ese día se fue, y aún no regresa”.

Seguimos igual. El Comisario Simonovis sigue preso, en su casa pero preso, y cinco policías metropolitanos, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Héctor Rovaín y Marco Hurtado siguen encarcelados pese a que hace ya muchos años que no deberían estar en prisión. Son todos inocentes, de eso no hay duda, un simple vistazo a sus expedientes lo demuestra, no son más que los que pagaron los platos que rompieron otros y los que le están sirviendo a unos pocos para mantener una “verdad oficial” sobre lo que ocurrió en abril de 2002 que al final no es más que una inmensa mentira. Incluso tomando en cuenta las injustas y altísimas penas que a todos les impusieron, ya hace rato que deberían estar libres, o que tienen derecho a fórmulas alternativas al cumplimiento de lo que quede de sus penas que los deberían haber sacado ya de la cárcel. Pero no, el gobierno no los libera. Hacerlo significaría, así sea por una única vez en ese caso (paradigma de persecución judicial artera e injusta) respetar las leyes, y eso no cabe en la cabeza de estos carceleros, a los que lo único que les interesa, en relación a los sucesos del 11A, es que la verdad y la ley permanezcan amordazadas y ausentes.

La CIDH, instancia ante la que se denunciaron, en su momento, las terribles violaciones a los DDHH que ocurrieron en esos días también ha permanecido callada. Del “Caso 11A”, allá en la sede del organismo internacional, no se habla. Aún esperamos que se decida la causa iniciada contra el Estado venezolano por al menos nueve de los asesinatos del 11 de abril de 2002. El procedimiento se admitió y se cumplieron todas sus fases, pero la decisión final jamás llegó.

Sé que tenemos hoy mucho en nuestras cabezas, entre nuestras manos y en nuestros corazones. Mucha ha agua ha corrido debajo de los puentes, especialmente debajo del Llaguno, y son muchos los temas que ahora nos ahogan y nos agobian, pero no podemos dejar que el olvido le haga el juego a la impunidad y a la injusticia. Al menos hoy, que se cumplen dieciséis años del aquel nefasto 11 de abril de 2002, recordemos no solo a los que fueron injustamente encarcelados solo para apuntalar la “versión oficial” de los hechos (ese cuento truculento que cada vez que se cuenta choca de nariz contra la verdad), sino también los nombres de los que ese día fueron asesinados: Erasmo Sánchez, Rudy Urbano Duque, Josefina Rengifo, César Matías Ochoa, Pedro Linares, Nelson Zambrano, Luis Alfonso Monsalve, Luis Alberto Caro, Jesús Espinoza Capote, Jesús Orlando Arellano, Orlando Rojas, Alexis Bordones, José Antonio Gamallo, Jhonnie Palencia, Víctor Reinoso, Juan David Querales, Jorge Tortoza, Ángel Figueroa y José Alexis González Revette.

Que sus nombres nos sigan doliendo hoy como nos dolieron ayer, que nos recuerden dónde, cuándo y cómo comenzó la pesadilla, y que en su memoria, así como en la de tantos que han sido arrancados de la vida en estos años por la intolerancia y por el odio, encontremos la fuerza que necesitamos para cambiar el rumbo y el destino de nuestra Venezuela. El olvido no es opción.

@HimiobSantome

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, recibió este martes a los familiares de los presos políticos para escuchar sus denuncias y tomar acciones concretas para lograr su libertad.

«Estamos aquí para escuchar la voz de todos nuestros hermanos que están presos por luchar por la democracia de nuestro país, para conocer la violación de los derechos humanos y tomar acciones concretas para lograr la libertad de todos los presos políticos», expresó Borges al iniciar la reunión privada que se realizó en el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo.

Acompañado de los diputados Delsa Solórzano, José Luis Cartaya; el secretario del Parlamento, José Ignacio Guédez, y la esposa del comisario Iván Simonovis, Bony de Simomovis, Borges explicó que el Parlamento, a través de la Comisión de Política Interior, impulsará leyes y acuerdos que permitan garantizar los Derechos Humanos y darle “mayor notoriedad y difusión” a la situación de los presos políticos.

“La Asamblea Nacional se abre no sólo por la lucha de los Derechos Humanos sino que también establece un plan de trabajo, de prioridad y de acciones concretas para poder seguir presionando por la libertad de nuestros hermanos que están presos por razones políticas en un país que debería ser de libertad, de justicia y de progreso, el país que vamos a lograr entre todos”, dijo.

Manifestó que la idea de que en Venezuela hayan presos políticos “debe atormentarnos para seguir dando la lucha por la justicia. “Los presos políticos simbolizan a un país sin democracia”.

“Que existan hoy presos políticos en Venezuela es algo que debe atormentar y alentarnos para la lucha”, expresó.

“En este momento de dificultades, estoy convencido que a esta Venezuela violenta, dividida, inhumana le queda poco tiempo y que entre todos vamos a abrirnos a esa Venezuela de paz, de unión, de encuentro, de progreso, de respeto a la dignidad y a los derechos humanos y por eso hoy la AN hace este encuentro  con los familiares de nuestros presos políticos para que sepan que nosotros no solo estamos con ellos sino  que vamos a seguir presionando dentro y fuera del país por la libertad de los presos políticos y la libertad de la familia venezolana”.

Durante la actividad, el presidente del Parlamento escuchó los testimonios de los familiares de los presos políticos. Entre ellos tomó la palabra la madre de Leopoldo López, Antonieta de López, quien les pidió a los diputados continuar denunciando en instancias internacionales la violación a los derechos humanos que ocurre en Venezuela. “Hay que trabajar de manera sistemática para lograr la libertad de los presos políticos”, dijo.

En representación de los Policías Metropolitanos del caso 11 de Abril de 2002, habló la tía de Erasmo Bolívar, Marisabel Bolívar, quien denunció que dos de los funcionarios ya cumplieron la pena de 14 años de prisión y los mantienen detenidos y que todos pueden optar al beneficio de la medida alternativa de libertad pero el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, con todos los requisitos cumplidos desde hace más de 5 años, “tiene los documentos engavetados”.

“Venezuela no será libre mientras haya presos políticos”, dijo Bolívar.

También estuvieron presentes los familiares de funcionarios militares, presos y condenados por el caso “Golpe Azul”, los cuales solicitaron a los diputados de la Asamblea Nacional “No olvidarlos porque están presos y condenados injustamente”.

Los familiares del diputado Gilber Caro y de su novia, Steicy Escalona, precisaron que desde hace más de un mes no les permiten la visita del parlamentario y aseguraron que él y Escalona “no están presos sino secuestrados”.

Al finalizar la reunión, el Comité de Familiares de Presos Políticos y los diputados de la Asamblea Nacional acordaron en primer lugar, elegir una representación de familiares y abogados que participen en todas las negociaciones que toquen el tema de los presos políticos; en segundo lugar, hacer sesiones formales de la plenaria en centros de reclusión, iniciando este 11 de abril en las adyacencias del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, “por las penas injustas”; en tercer lugar, unificar las listas de las organizaciones y por último, exhortar al Poder Judicial a cumplir con las normas de trato a los reclusos.

Borges indicó que en dos semanas se realizará la sesión en Ramo Verde y, además, invitó a los familiares de presos políticos a incorporarse en las reuniones de trabajo que realiza la Junta Directiva del Parlamento con las Organizaciones de Derechos Humanos “para darle fuerza a esta bandera de la libertad”.

En la jornada de trabajo, también estuvieron presentes por la Comisión de Política Interior, Teodoro Campos, de la subcomisión de Derechos Humanos; Juan Pablo Guanipa y Juan Miguel Matheus. Además, el jefe de la Bancada de la Unidad, Stalin González, y los parlamentarios José Gregorio Correa, Olivia Lozano y Jorge Millán.

Además de los representantes de las organizaciones Foro Penal, Alfredo Romero; Justicia Venezolana, Lilian Camejo; Fundepro, Jackeline Sandoval y el presidente del Comité de Familiares de Presos Políticos, Gustavo Sánchez Andara.