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CLAVES | Los derechos asociados a la salud sexual y reproductiva no están garantizados en Venezuela
El pasado 25 de enero se realizó en Ginebra la Sesión correspondiente al 3er Ciclo del EPU, en el que se evaluó la situación de Derechos Humanos en Venezuela
Organizaciones de la sociedad civil enviaron sus contribuciones presentadas en más de 170 informes y hojas informativas con exposición de casos y recomendaciones
La organización AVESA envió un documento en el que resume la problemática que enfrentan las mujeres venezolanas en sus derechos sexuales y reproductivos

 

Organizaciones venezolanas de derechos humanos enviaron 115 informes en los que se abordan 34 temas sobre sobre situaciones, problemáticas, abusos y violaciones a los derechos fundamentales en el país en el marco del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal de la ONU (EPU). 

116 países participaron y evaluaron al gobierno de Nicolás Maduro en materia de derechos humanos tales como protección a actores humanitarios, derechos políticos, población indígena, personas LGBTIQ.

Durante el EPU, quedó en evidencia la vulnerable situación de las mujeres en Venezuela, específicamente la concerniente a los derechos sexuales y reproductivos. 

En los informes presentados por las organizaciones se demostró que la mujeres, adolescentes y niñas venezolanas no cuentan con las condiciones necesarias para decidir de manera segura e informada sobre su sexualidad y reproducción, así como no tienen garantizado el acceso a servicios de manera oportuna y de calidad. 

La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), organización no gubernamental feminista, envió un documento en el que resume la problemática que enfrentan las mujeres venezolanas por el grave retroceso en la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Aumento de la mortalidad materna

La tasa de mortalidad materna ha aumentado de manera progresiva en Venezuela en los últimos años, a pesar de que en 2015 el Estado venezolano prometió intensificar los esfuerzos para reducirlos. 

Las embarazadas enfrentan condiciones no dignas ni adecuadas para la atención al parto. Problemas de infraestructura, dotación de equipos, medicinas, insumos, fallas en los servicios básicos y disminución en trabajadores de la salud afectan gravemente la capacidad de atención en las maternidades del país. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya reportaba en 2015 que la tasa de mortalidad materna era de 95 por cada 100 mil nacidos vivos registrados, un incremento considerable si se tiene en cuenta que en 1984 la cifra era de 50,3. 

Pero de acuerdo a los datos oficiales del último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, de 2015 a 2016 la mortalidad materna aumentó 65,79%, lo que representa una tasa entre 113,51 y 153,44 por cada 100 mil nacidos vivos registrados. 

Un estudio llevado a cabo en la Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, analizó los datos de la mortalidad materna registrados durante cinco años y reveló que en cuanto a la razón de muerte materna hubo un incremento de 100,27 para 2013 a 191,59 en 2018. 

Según datos suministrados por el Laboratorio de Desarrollo Humano, la hipertensión arterial es la primera causa de muerte materna en Venezuela. Seguida por las complicaciones durante el embarazo, las hemorragias graves y las infecciones. 

En el informe Mujeres al Límite de 2019 se identificó las hemorragias graves e infecciones a consecuencia de abortos inseguros como otra de la causas de la mortalidad materna. 

La llegada de la pandemia por la COVID-19 solo ha hecho empeorar las críticas condiciones en las que eran atendidas las mujeres embarazadas en centros de salud. En el informe presentado por AVESA se indica que debido a esto, ha habido una disminución de los servicios de salud sexual y reproductiva, así como de la asistencia de las mujeres embarazadas al control prenatal durante los primeros seis meses de la pandemia. Esto causado por el temor al contagio, a las restricciones en la movilidad para cumplir con los decretos de cuarentena y a problemas económicos para cubrir consultas, tratamientos o exámenes. 

Asimismo, destacan que 9 de cada 10 mujeres, adolescentes y niñas, entre los 15 y 59 años que viven en zonas populares de la región central, no han tenido acceso a la planificación de sus embarazos. 

En el top 3 en embarazo adolescente

Las cifras, oficiales y extraoficiales, que se han registrado en Venezuela sobre el embarazo adolescentes continúan siendo elevadas. De acuerdo al informe presentado por AVESA, no se cuenta con información sobre las capacitaciones que se habían prometido hacer desde el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (PRETA). 

Tampoco se tiene conocimiento de los resultados de la implementación de la educación integral de la sexualidad en modalidad virtual por la COVID 19, ni sobre los servicios de salud dirigidos a población adolescente.

Venezuela ocupa el tercer lugar más alto de América Latina y el Caribe en embarazo adolescente: 95 por cada 1.000 para jóvenes entre los 15 y 19 años, según el documento sobre el Estado de la Población Mundial (UNFPA), presentado en 2019. 

La tasa en el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de 15 y 19 años es de 37,9, de acuerdo a un estudio realizado por AVESA en 2020. Esta cifra está muy por debajo del promedio (74) registrado en la región. 

El nivel de información sobre métodos anticonceptivos es insuficiente o nulo para el 60% de las niñas y adolescentes de 10 a 14 años y para el 31% de las adolescentes de 15 a 19 es regular. 

Aspectos como el aumento en las brechas de género, incremento en las distintas formas de violencia sexual, deficiencias en programas de educación sexual y acceso a servicios abonan a que los números de embarazo en las jóvenes venezolanas sean altos. 

Sexo por supervivencia

El informe señaló que el sexo transaccional a cambio de alimentos es una práctica que ha aumentado en Venezuela en los últimos años. La situación fue referida por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en 2019. 

Debido al contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja, las mujeres, adolescentes y niñas se convierten en las más vulnerables a la explotación sexual comercial, trata y tráfico para fines sexuales. 

Estas formas de violencia sexual y esclavitud moderna ha sido registrado de forma significativa en el Arco Minero del Orinoco. 

Acceder a métodos anticonceptivos es difícil

Hace un par de años, Venezuela atravesó periodos de escasez prolongada en métodos anticonceptivos en instituciones públicas y hasta en los comercios. Y aunque ha habido un abastecimiento recientemente, ahora la dificultad está en los costos que los convierten en inalcanzables para un gran grupo de mujeres.  

El índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de cinco principales ciudades del país osciló entre 83,3% y 91,7% para el segundo semestre de 2018, según el informe Mujeres al Límite 2019. Los anticonceptivos orales y la anticoncepción de emergencia tuvieron una cifra de escasez de 85%

Datos del Monitoreo Mensual del Acceso a la Salud realizado en once ciudades del país de junio a diciembre señalaron una mejoría para el caso de los condones (20,13% de escasez), los anticonceptivos orales (49,18%) y la anticoncepción de emergencia en (50,8%). 

De acuerdo al informe, el índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias del resto de los métodos está por encima del 80%. 

Aunque hubo una mejoría en el abastecimiento de los métodos anticonceptivos en los últimos años, no necesariamente se traduce en un mayor acceso a ellos porque los costos son altos. 

49,8% es la tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres de 15 a 49 años del Distrito Capital y del estado Miranda. Esto quiere decir que menos de la mitad de las mujeres de estas edades usan métodos anticonceptivos. 

Defensores bajo riesgo

Las organizaciones han documentado casos de criminalización contra defensoras que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela, específicamente aquellos asociados a la despenalizacion del aborto. 

En octubre de 2020, la defensora y educadora Vannesa Rosales fue detenida de manera ilegal y arbitraria en el estado Mérida, luego de haber ayudado a una joven de 13 años a interrumpir un embarazo producto de una violación. 

Mientras al agresor de la niña se le otorgó libertad condicional y se encuentra prófugo, Rosales se tuvo que enfrentar a un proceso judicial lleno de irregularidades que se enmarca en el patrón de represión sistemática y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. 

Recomendaciones al Estado

Avesa hizo algunas recomendaciones al Estado para ser consideradas de cara al 2022, entre ellas están:

Generación de estadísticas confiables y de acceso público que permitan generar políticas públicas adecuadas.

Elaboración de planes, programas y proyectos con la debida asignación de recursos y con la participación de la sociedad civil. 

Cumplir con las recomendaciones realizadas por los comités CEDAW, PIDESC y de Derechos del Niño en cuanto a la flexibilización de la norma jurídica que penaliza el aborto, la creación de servicios para el acceso al aborto seguro y la atención post-aborto. 

Asegurar un entorno libre y propicio para la labor de las organizaciones de la sociedad civil y crear una estrategia para proteger a las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. 

Restablecer y aumentar la oferta de servicios de planificación familiar, control prenatal en los centros de salud, consultas para ITS y servicios especializados en violencia sexual. 

Distribución de métodos anticonceptivos gratuitos para incidir en la disminución de las necesidades insatisfechas de anticoncepción.

Implementar el Plan de Respuesta Humanitaria con perspectiva de género que permita detener el aumento de las brechas de género y las condiciones de vulnerabilidad extrema de las mujeres, adolescentes y niñas. 

Avanzar en la construcción de planes y programas para combatir la violencia sexual y las diversas formas de esclavitud moderna.

Desarrollar campañas de información sobre salud sexual y reproductiva y su impacto en la autonomía reproductiva de las mujeres.

Venezuela reprobada en derechos humanos
Los 112 informes de la sociedad civil y las 328 recomendaciones del EPU (ONU) confirman que Venezuela es un Estado forajido en materia de derechos humanos

 

@cnietopalma

Estimados lectores, al iniciar mis artículos de opinión en este 2022, quiero desearles un feliz año nuevo. Que en este año se cumplan todos sus deseos, tanto personales, como el que todos anhelamos para Venezuela: el regreso de la democracia.

Hoy quiero iniciar este año hablando del tercer ciclo del examen periódico universal al que fue sometido Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y donde se evaluó la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Según la página web del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso singular que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia.

Al ser una de las herramientas principales del Consejo, el EPU se concibió para asegurar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos humanos. El EPU es uno de los elementos clave del consejo que recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan. En la actualidad, no existe ningún otro mecanismo universal como este.”

Para el EPU, tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil envían sus informes donde expresan su criterio sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con sus respectivas recomendaciones. Según Civilis DDHH, en el marco del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela, las organizaciones venezolanas de derechos humanos enviaron 112 informes que abordan 34 temas sobre situaciones, problemáticas, abusos y violaciones a los derechos humanos en el país. El fin es brindar información actualizada y veraz a los Estados que deseen participar como evaluadores.

Según datos proporcionados por la misma organización, que ha hecho un trabajo admirable en el seguimiento del EPU, además de asesorar a las organizaciones no gubernamentales que allí participaron, el informe oficializa 328 recomendaciones de 115 países. Igualmente aumentaron de 96 a 116 el número de estados examinadores; así como aumentó de 276 a 328 el número de recomendaciones.

El primer EPU en que Venezuela participo fue el 7 de octubre del 2011, el segundo el 1 de noviembre del 2016 y ahora acabamos de concluir el tercer ciclo, en todos nos han reprobado.

Una clara muestra de la preocupación del mundo entero de la grave situación de violaciones a los derechos humanos que vivimos los venezolanos es que los resultados del tercer ciclo del EPU son aterradores. Expresan el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los 112 informes de la sociedad civil y las 328 recomendaciones lo confirman.

Tengo claro que el régimen no le hará caso a ninguna, como ha pasado en los 2 ciclos anteriores. Seguiremos siendo un país forajido en materia de derechos humanos.

*Director de Una Ventana a la Libertadcnietopalma@gmail.com | Instagram: @carlos_nieto_palma

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

ONG alzan la voz sobre crisis venezolana ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS en Venezuela y Ecuador ocupó parte de la agenda del primer día de actividad del 39° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inició este 10 de septiembre en Ginebra, Suiza.

Fueron ochenta y cuatro ONG de ambas naciones (treinta y dos de Ecuador y cincuenta y dos de Venezuela) las que tuvieron un derecho de palabra, que fue asumido por nuestro director Alí Daniels, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Eduardo Trujillo, quienes rebatieron el informe que sobre estas naciones presentó el ex-experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas.

El documento de De Zayas, consignado ante el Consejo de DD. HH. en diciembre pasado, niega en el caso venezolano la existencia de una emergencia humanitaria, contradiciendo los dieciocho pronunciamientos internacionales que se han dado entre julio de 2016 y agosto de 2018 para referirse a la crisis, y que incluyen dos informes del propio Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

Al asumir la vocería sobre las inconsistencias metodológicas en las que incurrió De Zayas durante su misión oficial para estudiar los programas de gobierno de ambos países, Daniels expresó la preocupación de las ONG que rubrican la declaración ante la opacidad y transparencia con la que se preparó y desarrolló la visita, así como de la información parcializada que se entregó durante y al final del recorrido.

Atendiendo a estas condiciones, el informe leído por el director de Acceso a la Justicia advierte que “cualquier valoración sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y Ecuador”, con base en la visita de De Zayas “debe considerar la ausenciade los necesarios requisitos en cuanto a tiempo, transparencia y equilibrio”.

En consistencia con lo planteado, Daniels destacó que la falta de equilibrio del documento del ex-experto, que llegó a manos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se muestra sin miramientos, pues de las casi quince páginas que lo conforman, doce fueron dedicadas al caso Venezuela, y apenas dos páginas y media a Ecuador. La discriminación incluso se trasluce en los seis párrafos de conclusiones, en las cuales apenas tres líneas se refieren a este último país.

Debido a lo ocurrido con el informe de De Zayas, las ONG alertaron al Consejo de DD. HH. de las Naciones Unidas, que “estaría en mejor posición para entender la situación crítica que enfrenta el país si el Estado permitiera las visitas solicitadas”.

Recordaron que en los últimos quince años –desde 2003– en al menos once procedimientos especiales se ha solicitado visitar Venezuela, mientras que con ocasión del Examen Periódico Universal (EPU), “veinticuatro países hicieron recomendaciones sobre la necesidad de abrir canales de diálogo con los procedimientos especiales y permitir visitas”, pero a la fecha ninguna de estas ha sido aceptada por el Estado venezolano.

Escrutinio al contenido

La intervención del director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello versó sobre las características de la crisis humanitaria que vive el país, y cómo el informe de De Zayas descarta la realidad que padecen millones de venezolanos.

Específicamente, Trujillo cuestionó como el ex-experto, sin haber concluido su recorrido por el territorio nacional, y mucho menos sin haber procesado la información recolectada, que abarcó la proporcionada por organizaciones independientes, adelantó opinión negando la emergencia, que ha sido avalada por organismos internacionales defensores de derechos humanos.

Precisó que el exsecretario General de la ONU, Ban Ki Moon, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como órganos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expuesto la gravedad de la situación en Venezuela, que se ha traducido en la violación sostenida y masiva de derechos humanos.

Pese a esto, advierte que el Estado venezolano en lugar de reconocer u ocuparse de la precariedad que sufre la población por la ausencia de acción gubernamental en la garantía de derechos básicos como seguridad, salud y alimentación, entre otros, está “haciendo uso instrumental de las declaraciones” de De Zayas “para pretender neutralizar las advertencias de la comunidad internacional”, y hacer caso omiso a “uno de los mayores éxodos de población en la región desde la creación del ACNUR en 1950”.

Ante esto, Trujillo informó que ochenta y cuatro ONG de Venezuela y Ecuador llaman al Consejo de Derechos Humanos a que evalúe realizar una visita de seguimiento a Venezuela que le permita al nuevo experto independiente, Livingstone Sewanyana, constatar de primera mano la realidad del país.

Lo dicho está en concordancia con el discurso pronunciado por el canciller Jorge Arreaza, quien durante su intervención ante el Consejo llamó a Sewanyana a tomar en cuenta el documento presentado por su antecesor, pues para el Gobierno venezolano sí es objetivo e imparcial, pues ni es selectivo en la información que presenta, ni sostiene una posición política determinada.

Nueva gestión

Al tiempo que el caso venezolano pudo ser expuesto, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, asistió a su primera ronda de sesiones del Consejo de DD. HH. de la ONU como alta comisionada.

Durante su exposición reconoció la gravedad de la situación venezolana, ya que junto a Nicaragua fue uno de los dos primeros países de los que mencionó graves violaciones a los derechos humanos.

En detalle, dijo que desde la publicación del último informe de la Oficina que ahora dirige ha recibido información sobre violaciones de los derechos socioeconómicos, civiles y políticos en ambas naciones; mientras que se eleva el número de personas que salen de estos territorios ante la precariedad de las condiciones de vida.

También refirió que el Gobierno venezolano no ha demostrado ser abierto para asumir medidas que atiendan las situaciones documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de los DD. HH. durante las protestas masivas de 2017.

Dinámica

El 39° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que inició este 10 de septiembre, continuará hasta el próximo 28 del mismo mes.

Se espera que la agenda abarque nuevos espacios de exposición y debate de Estados y sociedad civil organizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Al cierre de la actividad es probable que se emita algún tipo de pronunciamiento que busque orientar las acciones a futuro de los países donde los DD. HH. estén siendo violentados, para preservar su disfrute y defensa.

Con información de Acceso a la Justicia 

ONG venezolanas le plantan cara al golpe de Estado del TSJ
Por primera vez, asociaciones civiles venezolanas de distintos ámbitos se unen para exigir cambios en el alto Gobierno. Trascienden a sus propósitos originales asumiendo el rol de actores políticos. Analistas justificar su accionar  por el quiebre institucional. «El rescate de la Constitución es un objetivo unificador de la sociedad»

 

Lisseth Boon | @Boonbar

Gitanjali Wolfermann | @GitiW

MÁS DE CIEN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES con intereses tan disímiles como la defensa de derechos campesinos y ambientales, la provisión de medicamentos para pacientes con VIH, la libertad de expresión, los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT, firmaron el martes 4 de abril de 2017 un comunicado pidiendo la destitución del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, por no cumplir con su trabajo.

Tres días antes, también 51 organizaciones exigieron mediante un documento la renuncia de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el golpe de Estado que implicaron las sentencias 155 y 156, las cuales anularon la Inmunidad Parlamentaria y traspasaron todas las funciones de la Asamblea Nacional al TSJ y el Ejecutivo.

Rafael Uzcátegui, director de la organización de DD.HH. Provea, explica que el factor aglutinador del tipo de demandas es el debilitamiento de las instituciones. “Anteriormente, los planes operativos de muchas ONG solo tenían requerimientos en derechos sociales, pero las sucesivas rupturas del orden democrático las han llevado a incluir exigencias de orden político y civil”.

“Desde el 20 de octubre Venezuela entró en dictadura”, se lee en el banner que encabeza la cuenta de Twitter de Provea. “La suspensión de las elecciones fue cruzar una frontera, había que salir en defensa de la democracia pues solo en un contexto democrático se garantizan los derechos humanos”, argumenta Uzcátegui.

«Las ONG están haciendo lo que les corresponde: exigir respeto a la Constitución», considera la psicólogo social Colette Capriles. «Se trata de una acción política correcta porque busca la restitución de la Carta Magna, pacto base de la convivencia social».

Del coto social, al político

No siempre fue así. Tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas las organizaciones sociales tenían una presencia menos activa en la vida política nacional. Feliciano Reyna, activista de DDHH y director de la organización Acción Solidaria, argumenta que en períodos de fragilidades sociales en el país, por ejemplo, el incremento de la pobreza a finales de la década de los 80, las ONG abogaban principalmente por derechos sociales. De hecho, recuerda que eran conocidas como organizaciones de desarrollo social.

“Con el aumento de las detenciones masivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las restricciones a la libertad de expresión e información, las ONG empezaron a exigir el respeto a derechos civiles y políticos, ambos amparados por los derechos humanos”, dice Reyna, quien agrega que la defensa de la dignidad humana ha sido un cohesionador del trabajo de ONG de distintos ámbitos.

En el campo internacional también ha sido evidente el incremento en la presencia de ONG venezolanas en espacios como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos, ha trabajado durante los últimos 16 años en Ginebra -sede el organismo de la ONU-, y confirma que las ONG no solo han crecido en número, sino en nivel de profesionalización.

“Al inicio del gobierno de Chávez había poca presencia de ONG de Venezuela y el país no era un foco de atención privilegiado por tratarse de una nación en paz. Sin embargo, al concretarse la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013), las ONG venezolanas comenzaron a sentir que se quedaron sin espacios para elevar las denuncias y comenzaron a acudir al Consejo de DD.HH de la ONU de manera más consistente y sistemática. La explosión de la crisis venezolana produjo la reacción. Cuando una sociedad se ve acorralada busca una válvula de escape en la esfera internacional”, describe Muñoz Castro.

Comparar la actuación de las ONG venezolanas con la de otros países es difícil, admite el director de la RIDH. “Desde que Venezuela presentó su primer Examen Periódico Universal en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se convirtió en el espacio para denunciar las violaciones graves a los derechos humanos”, dice Muñoz Castro.

Desde la llegada del chavismo, las organizaciones de la sociedad civil -grupos de interés sectorial-  han tenido que asumir acciones de interés colectivo dentro de la dinámica política ante la debilidad de los partidos, observa Capriles. «En tiempos de la Coordinadora Democrática, por ejemplo, la debilidad de los partidos era tal que las organizaciones sin fines políticos tomaron el liderazgo más allá de sus objetivos específicos».

Capriles encuentra que en Venezuela, «la sociedad civil siempre ha sido muy díscola, al no comprometerse con la visión de la política, lo cual es lógico si se pretende ser una ONG y al mismo tiempo influir en la política». Aunque considera que la conducción en momentos de cambio o agitación política tiene que recaer en los políticos, la también profesora de la USB sostiene que la articulación entre las ONG y partidos es fundamental para la restitución del hilo constitucional. «El rescate de la Constitución es un objetivo unificador de la sociedad».

¿Actores políticos o partidistas?

Reyna argumenta que todos los ciudadanos son actores de la vida política del país: gremios, sindicatos, academias y organizaciones sociales. “Todos formamos parte de la vida política del país y nos ampara el artículo 132 de la Constitución, según el cual, toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.

“Cuando la vida democrática es débil, los gobiernos buscan la vía de la descalificación llamándonos actores políticos, pero el error está en confundirnos con actores partidistas, que son aquellos que aspiran al poder. Fijar posición política en defensa de la Constitución y las leyes es un deber de todos los ciudadanos. Se ha intentado criminalizar la participación ciudadana y eso es algo con lo que hay que seguir luchando a través de denuncias basadas en hechos, documentadas rigurosamente”, afirma el director de la ONG Acción Solidaria en VIH/Sida.

El director de la RIDH reconoce que el tema de la politización de las ONG es muy delicado. “Hay de todo y no se puede generalizar. Puede que haya una que otra ONG que tenga esa visión partidista, pero se reconocen por la información que presentan. Ahora, el tema es el siguiente, un gobierno podrá acusar a las ONG de pertenecer a un complot, pero la defensa de los derechos humanos es un tema político en el sentido más amplio de la palabra. Hablar de derechos humanos es hablar de la independencia de los poderes públicos, también de la libertad de expresión e información. Siempre hay elementos políticos mezclados con la defensa de los derechos humanos”.

Muñoz Castro sostiene que como las ONG exigen transparencia a los Estados y critican las acciones que violan la legislación nacional e internacional, el discurso de algunos gobiernos es decir que las ONG quieren tumbarlos, “pero se trata de un argumento falaz que esgrimen cuando no quieren dar vía libre a la crítica y las llaman “supuestas ONG”.

¿ONG enemigas del chavismo?

«El chavismo apunta que la declaración de las organizaciones está dirigida a darle un golpe a las autoridades para tomar el poder. Pero ese argumento se desmonta en el caso del Defensor del Pueblo y de los magistrados del TSJ porque no cumplieron sus funciones en la defensa a la Constitución y el pueblo. Hay una falla estructural del Defensor al avalar la sentencia del TSJ que viola la Carta Magna y también de los magistrados al dictarla y luego rectificarlas, porque la rectificación es admisión de culpabilidad», afirma Capriles.

Para la analista, la Constitución no tiene partido político. «Defenderla es deber de todo ciudadano. En este sentido, la posición de las ONG dirigida a restituir la Constitución refleja la de todos los actores de la sociedad, incluidos ciudadanos y partidos políticos», concluye.

La politización de la acción de las ONG es un riesgo que Uzcátegui asume: “La única polarización que es aceptable para una ONG es la de víctima y violador de derechos humanos. En 2002 denunciamos el Golpe de Estado y pedimos la aplicación de la Carta Democrática ante la OEA, ahora, también nos toca asumir frontalmente la defensa de la Constitución”. 

Etapa final del EPU, por Carlos Nieto Palma

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El día de ayer, 16 de marzo, en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU) realizo la tercera etapa del segundo Examen Periódico Universal (EPU). En esta ocasión, el Estado venezolano tuvo que dar respuesta definitiva sobre la adopción de las 274 recomendaciones emanadas de 102 países que participaron durante la Sesión de Evaluación de Venezuela, celebrada el pasado mes de noviembre en Ginebra.

El Examen Periódico Universal, establecido por la resolución 60/251 de la Asamblea General es un nuevo mecanismo de derechos humanos. Con este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada una de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas en cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos. El EPU es un mecanismo cooperativo que tiene por finalidad complementar y no duplicar la labor de los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos.

Aún y cuando al momento de escribir estas líneas no se había efectuado esta sesión, ya el informe del Estado venezolano sobre qué recomendaciones aceptaba, cuáles anotaba y las que fueron anotadas sin apoyo, fueron consignadas por el Estado venezolano, y el pasado 13 de marzo fue distribuida.

El Estado venezolano, de las 274 recomendaciones hechas por los países participantes en el EPU, aceptó 193 recomendaciones, 28 las anotó, es decir, no se comprometió a aceptarlas, y 53 fueron anotadas sin apoyo, que es lo mismo que las rechazó.

Jo Delia, defensor de derechos humanos y quien desde la organización Civilis ha hecho un excelente trabajo al seguimiento y divulgación del EPU desde su primer ciclo, en 2011, nos dio su apreciación sobre este segundo ciclo: «El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos complementario de otros exámenes en derechos humanos de las Naciones Unidas. En el EPU, los mismos Estados miembros evalúan a sus pares en el cumplimiento de obligaciones con los derechos humanos.

“Gracias a que Venezuela fue por primera vez examinada en el año 2011, el Estado venezolano se puso al día con informes de cumplimiento de tratados internacionales tras 12 años sin haberlo hecho, lo cual llevó a que el país fuese evaluado de forma exhaustiva 6 veces en diversos campos de derechos humanos entre los años 2013 y 2015. Después de estas evaluaciones, la realidad del país en esta materia está mucho más clara para la comunidad internacional, a pesar de la poca información pública a la que hay acceso y es la razón por la cual en el reciente segundo examen realizado el pasado noviembre de 2016, Venezuela haya recibido el doble de las recomendaciones que obtuvo la primera vez, en áreas donde se creía que no había demasiadas dificultades.

“La sociedad civil participa con pleno derecho en todos los exámenes que realiza el sistema de protección de las Naciones Unidas. En ocasión de este segundo EPU de Venezuela, 170 organizaciones no gubernamentales venezolanas tuvieron oportunidad de contribuir a la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela y el próximo 16 de marzo también ejercerán derecho de palabra acerca de sus resultados.

“El EPU funciona por ciclos continuos, lo cual significa que cada Estado es permanentemente objeto de seguimiento en la implementación de las recomendaciones que se le hayan hecho hasta el siguiente ciclo. Jamás se detiene, así como tampoco el trabajo de la sociedad civil en la exigencia de que cada una de las recomendaciones se cumpla”.

El Estado rechazó recomendaciones importantes para todos los venezolanos que fueron hechas por algunos países participantes en el EPU, como la libertad de los presos políticos, protección a los defensores de derechos humanos, mejorar las condiciones de las cárceles venezolanas, avanzar en el diálogo con todos los sectores, autonomía del Poder Judicial, permitir visita de representantes de la ONU y OEA y muchas otros, en algunos casos alegan intromisión o que recomendaciones hechas no ocurren en Venezuela.

Resulta interesante destacar que el Estado venezolano asumió como compromiso voluntario: “Implementar el nuevo régimen penitenciario en el cien por ciento de los establecimientos penitenciarios del país, a fin de lograr la reinserción social de los privados y privadas de libertad a través de métodos basados en principios de igualdad y justicia social”. No sé si este compromiso voluntario incluirá investigar y sancionar a los responsables por acción u omisión de las fosas comunes halladas en pasados días en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), aclarar qué hacía el pran Wilmito paseando en playa Parguito en Margarita, el banco que funciona en la cárcel de Tocuyito o el caos que se vive actualmente en los centros de detención preventiva del país.

El gran trabajo ahora es que la sociedad civil haga seguimiento a cada una de las recomendaciones efectuadas al Estado en el EPU para coadyuvar al respeto de los derechos humanos en el país.

 

@cnietopalma

El Nacional

 

Gobierno denunció en la ONU ser víctima de un bloqueo que busca dañar sus conquistas en DDHH

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La escasez de alimentos y medicinas que padecen los venezolanos es culpa de un bloqueo en el que participan bancos internacionales y grupos nacionales. Así lo denunció en el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas el Gobierno, el cual, no obstante, rechazó pedir cualquier tipo de ayuda exterior para superar este supuesto complot, por considerar que las ofertas que se le han hecho no tienen “ningún ánimo constructivo”.

“Enfrentamos una incesante guerra en nuestro país en el ámbito económico, que afecta el pleno disfrute de derechos básicos de la población. Tal bloqueo se produce mediante el acaparamiento y el sobreprecio de medicamentos y alimentos, el contrabando de extracción y las acciones de entidades financieras internacionales que obstaculizan transacciones internacionales del país para la adquisición de productos alimenticios y de salud”, afirmó la ministra para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela, al presentar este jueves la respuesta formal del Ejecutivo a las 274 recomendaciones que le formularon durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU).

Tal y como se esperaba, la funcionaria, en representación del Estado, no aceptó las sugerencias que países como Canadá le hicieron para aceptar la ayuda internacional que países y organismos internacionales han hecho para superar el desabastecimiento, alegando que en ellas “hay un trasfondo político y forman parte del constante asedio contra la democracia venezolana”.

Sigue leyendo esta nota de Juan Francisco Alonso en Crónica Uno

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Gobierno venezolano desestimó 81 recomendaciones del EPU

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El Estado Venezolano desestimó 81 recomendaciones del informe final del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, llevado a cabo en Ginebra.

En el segundo examen realizado en noviembre de 2016, el Estado venezolano recibió 274 recomendaciones de 102 países miembros de la ONU. De este total, aceptó 193 y tomó nota de 81 (42%), manifestando no estar en disposición de cumplir 53, que representan 65% del total de las anotadas.

En las 28 recomendaciones que el Estado desestimó como “anotadas” se encuentran ratificar los protocolos de denuncia en casos de tortura y violaciones a derechos del niño; garantizar el respeto a las libertades de expresión y asociación y un entorno propicio para la sociedad civil; poner fin a la prisión arbitraria y liberar a todos los presos políticos; respetar el debido proceso y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; garantizar derechos a personas transexuales, transgénero y parejas del mismo sexo; y aceptar la asistencia y la cooperación internacional para enfrentar la crisis del sector salud y la escasez de alimentos, ésta última por no tomar en cuenta la guerra económica, el asedio y la amenaza de “poderes fácticos y políticos–económicos de ciertas élites nacionales e internacionales”.

Conforme a los procedimientos del EPU se permite a los Estados hacer una excepción con algunas recomendaciones en las que sólo se tome nota, sin que esto signifique desentenderse de ellas. Manifestó no estar dispuesto a implementar un gran número de recomendaciones que están dentro de sus obligaciones

“La mayoría de estados que participaron en el EPU llamó la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales”, dijo Feliciano Reyna, quien habló en nombre de las 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana.

«Periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles; el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos;  el Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles», agregó Reyna.

Reyna señaló que las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas en Venezuela.

“Vivimos una emergencia humanitaria compleja, 82% de la población venezolana vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016, 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH, 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere”, acotó.

El Estado estuvo representado por la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela,  afirmó que en Venezuela «se respetan todos los derechos humanos y libertades, existe plena independencia y autonomía de los poderes públicos, se garantiza el derecho a referendo revocatorio y la recolección de manifestación de voluntades ciudadanas y se mantiene una sistemática cooperación con el sistema universal de derechos humanos, al que se transmite amplia información».

 

Dentro de las 53 recomendaciones que “no contaron con el apoyo” del Estado luego de su análisis por considerarlas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”, se encuentran:

1. Revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos,

2. Aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado,

3. Todas las relacionadas con reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la democracia y la participación política,

4.  Todas las referidas a la protección de los defensores de los derechos humanos,

5. Garantizar el cese de la persecución y violencia política,

6. Respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos,

7.  Poner fin a la Operación Liberación y Protección del Pueblo,

8. Garantizar los derechos a los colombianos afectados por el cierre de fronteras,

9. Reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad,

10. Asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles,

11. Eliminar la instrucción premilitar en las escuelas,

12. Ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.

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ONG exigieron a Venezuela respetar libertad de expresión al final del EPU

Delegación venezolanba EPU marzo 2018

Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, encabezó la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra

 

Maru Morales P.

Gitanjali Wolfermann

 

Este jueves cerró para Venezuela el segundo ciclo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La sesión se realizó en Ginebra y contó con la participación de los 47 miembros del Consejo, 14 ONG y la delegación oficial del gobierno de Nicolás Maduro. La sesión sirvió para que Venezuela confirmara cuáles de las 274 recomendaciones que recibió durante su segundo EPU, realizado en noviembre de 2016, serían aceptadas o anotadas por el país.

La misión gubernamental estuvo encabezada por la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, quien defendió enfáticamente la existencia de garantías para la libertad de expresión en el país.

“En Venezuela está prohibida toda restricción al libre ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, información, reunión y asociación pacifica y de conformidad con las leyes”, dijo este jueves ante el Consejo de DDHH.

Sin embargo, las cifras y los hechos contradicen tal afirmación de la ministra Varela. De acuerdo al registro del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, entre 2012 y 2015, hubo 2030 violaciones a la libertad de expresión. En 2016 se contabilizaron 763 violaciones a este derecho y en lo que va de 2017 se registran 86 denuncias. Por si fuera poco, la mayoría de las violaciones, son cometidas por el Poder Ejecutivo.

De hecho, las ONG y los países que abordaron el tema de libertad de expresión durante la sesión de cierre del EPU mostraron estar al tanto de esa información. Fue así como la representación de Estados Unidos señaló: “Realizamos un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para que los medios de comunicación independientes puedan informar”.

Más específicos fueron los planteamientos de Amnistía Internacional, Cívicus y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos.

AI señaló: “Muchos Estados hicieron recomendaciones para garantizar la libertad de expresión y garantizar un  ambiente de libertad social. Aunque Venezuela aceptó la mayoría de las recomendaciones sobre libertad de expresión, eventos recientes demuestran que en la práctica continúa siendo un desafío el ejercicio pleno de este derecho”.

El defensor de derechos humanos venezolano, Feliciano Reyna, también tomó la palabra en nombre de Civicus, ONG que consultó a 170 organizaciones venezolanas para presentar su informe ante el Consejo. “Las libertades de asociación, la manifestación pacífica y de expresión están seriamente restringidas en Venezuela. Periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y políticos son objeto de estigmatización y persecución”, señaló Reyna.

Por su parte, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos advirtió que Venezuela atraviesa una crisis en materia de derechos humanos y advirtió que ha habido un incremento de “ataques a la libertad de expresión y atentados contra el derecho de reunión pacífica”.

En respuesta, la ministra Varela señaló que el Estado decidió rechazar ciertas recomendaciones –algunas de ellas sobre libertad de expresión- por considerar que las mismas fueron “esgrimidas de manera politizada y sin ningún marco que las sustenten” Consideró el Estado que determinados planteamientos provenientes de otros gobiernos “fueron realizados de manera sesgada”, con “un trasfondo político y forman parte del constante asedio contra la democracia venezolana”.

 

Libertad de expresión y acceso a la información pública

 

«La libertad de expresión se encuentra entre las tres principales recomendaciones que hicieron los Estados durante el Examen Periódico Universal 2016 de Venezuela», apuntó Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), al finalizar la presentación de la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el jueves 16 de marzo de 2017.

 

 

 

Muñoz Castro argumentó que la preocupación de las ONG internacionales sobre el estado de la libertad de expresión en Venezuela,  «se desprende de informes presentados por la sociedad civil que denuncian un contexto restrictivo para el ejercicio de la libertad de prensa, expresión y opinión, que afecta a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general. Con espíritu de diálogo, invitamos al Estado a implementar las medidas necesarias para garantizar la libertad de opinión y expresión como una de las piedras angulares de toda democracia».

El director de la RIDH agregó que es necesario emprender acciones para garantizar el libre acceso a la información pública. «Periodistas y organizaciones solicitan la difusión de estadísticas oficiales y la posibilidad de consultar documentos públicos que generarán un mayor espacio de transparencia en el país. Por ejemplo, los indicadores de inflación de 2016, la actualización de las cifras de mortalidad y de epidemiología, y las Memorias y los informes de gestión del año 2016».

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