Empresas de Maletín

La Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) compró a una empresa registrada en Madeira, Portugal, sin experiencia en la comercialización de alimentos, 90.000 toneladas de trigo durum. La dirección que Inglewood, la compañía madeirense, declaró en el contrato con Corpovex no corresponde a sus oficinas

“Los miembros del régimen y sus aliados dirigen contratos gubernamentales a sus empresas asociadas para importar bienes y obtener la aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para que las empresas con domicilio en el extranjero participen en la actividad de importación. Tanto los importadores como los funcionarios del gobierno receptor suelen desviar una parte de la mercancía hacia el mercado negro, donde las ganancias son mayores”, advierte en un informe la Red para el Control de Crímenes Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El documento, publicado en septiembre de este año en la página web del FinCEN, advierte a entidades bancarias en jurisdicción estadounidense sobre las prácticas opacas y corruptas identificadas en transacciones ejecutadas por empresas de maletín en negociaciones directas con el Estado venezolano para la importación de alimentos y otros bienes básicos.

El informe de la FinCEN, publicado con el objetivo de alertar a las instituciones financieras sobre corrupción pública en Venezuela y los métodos que las figuras políticas pueden usar para mover y esconder la corrupción, advierte como señal de alarma a las “transacciones que involucran contratos del gobierno venezolano dirigidos a empresas que operan en una línea de negocios no relacionada”.

Inglewood Sociedade de Servicios Internacionais, LDA (Zona Franca de Madeira) en 2016 recibió USD 35.000.000 por la importación de 90.000 toneladas métricas de trigo durum, materia prima para la elaboración de la pasta alimenticia, de acuerdo con un contrato de esta empresa con la estatal Corpovex que revisó El Pitazo.

La razón social de Inglewood no comprende la comercialización de alimentos y la dirección que declaró en el contrato con la empresa estatal —avenida Veracruz de Las Mercedes— no es posible hallar sus oficinas o domicilio fiscal. Sin embargo, de acuerdo con la investigación realizada por El Pitazo, estos hechos no son la única irregularidad. Tanto a Inglewood, como a Corpovex, y la negociación entre ambas empresas las arropa un velo que esconde los detalles de una transacción que involucra a funcionarios y una empresa constituida offshore por venezolanos sin experiencia en la importación de trigo. El monto del contrato alcanzaría para abastecer la red de distribución de trigo para pasta alimenticia durante un mes y medio.

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El Fiscal designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó hoy sobre las últimas investigaciones y detenciones realizadas por el Ministerio Público referentes a los casos de Cadivi y a la corrupción en PDVSA.

 

Saab destacó que se allanaron 18 empresas por el caso Cadivi-Cencoex, de las cuales 13 no poseen domicilio fiscal, es decir, son “fantasmas”, específicamente las empresas Importadora Saideliz, Importadora  Ramcar, Rocaya Import, RR Import, Importadora Mi Gran Sacrificio, Servialimentos Lara, Importadora Buonital, Importadora Mercantil Cero, Importadora Gutiró, Importadoras Mía, Consispro, Empresas textiles Farvi y Droselin Port, según Saab.

Además, aseveró que el monto que recibieron todas estas empresas fue de 85 millones de dólares. “Todas repartidas entre 12 millones, 9 millones, etc hasta llegar a esta cifra”, sostuvo.

Resaltó que lograron allanar dos empresas con domicilio fiscal. “Azucarera Río Turbio C.A., representante legar Ricardo Peña contra quien se emitió orden de captura. Esta empresa recibió 156 millones de dólares entre 2014-2017. E Importaciones Constructora VJL C.A. donde se logró aprehender a su propietario José Baez, esta empresa recibió 3.2 millones de dólares”.

Corrupción en PDVSA Monagas

Saab informó también la aprehensión de cinco funcionarios de PDVSA Monagas por desvalijar más 600 vehículos pertenecientes a la petrolera y alteraban sus seriales. El grupo llevaba los vehículos a talleres y allí borraban seriales de piezas, incluidos motores, para venderlas, y los números eran trasladados a partes de carros robados, para que pudieran circular libremente.

Los implicados en el delito que se encuentran actualmente detenidos son: Warner Presilla, analista de control de calidad; Carlos Espinoza, supervisor de talleres externos; José Hernández, superintendente de mantenimiento mayor, Héctor Carpio, supervisor de mantenimiento de flota; y Carmen Fuentes, líder de administración de la flota liviana. Además, se encuentra prófugo Jesús Moreno, gerente de transporte de Morichal, uno de los campos petroleros investigados por el desvalijo de casi 600 vehículos. También investigan el campo de Punta de Mata, entre otros.

 

“Estos detenidos son de la división de Carabobo en Pdvsa. Se les imputó peculado culposo en grado de coautoría, cómplice simple en desvalijamiento y alteración de seriales”, añadió al tiempo que resaltó que por este caso no se descartan nuevas detenciones.

Más corrupción en la Faja Petrolífera

Tres empresas que tuvieron contratos con la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y están relacionadas a la empresa mixta PetroCedeño, fueron allanadas como parte de la investigación para determinar si sus contrataciones presentan sobreprecios.

“Una de las empresas es Cooperativa Servicios de Oriente que tuvo un contrato por 5.4 millones de dólares. Sus propietarios son Eduardo Enrique Celis García, Vicente Enrique Sánchez, Alejandra Caraballo y están fuera del país específicamente a Estados Unidos”, dijo en rueda de prensa desde la sede del MP.

Otra de las empresas es SumiServi 2021 C.A., la cual posee un contrato por 18,8 millones de dólares. Durante el allanamiento fueron recabados documentos para verificar si hubo sobreprecio. Su propietario, Juan Carlos Díaz, no se encuentra en el país.

La tercera compañía es Servicios de Construcción y Mantenimiento Romara C.A, que según Saab, recibió 2.3 millones de dólares. “Hasta ahora la investigación arrojó que la referida empresa posee una dirección falsa”, por lo que se solicitó orden de aprehensión contra Marialba Machado, presidenta de empresas Romara C.A., quien también es esposa del presidente de SumiServi 2021.

“Todas estas personas están prófugas de la justicia y se les solicitará alerta roja a Interpol para que sean enviados a Venezuela”, finalizó.

 

*Con información de Tal Cual

 

 

“¡Queremos comida!” “¡Tenemos hambre! Estas son solo algunas frases que resuenan entre la multitud y el hambre”. Según una nota en Efecto Cocuyo. “Los hechos aislados por reclamar alimentos frente a la escasez que atraviesan los comercios se han vuelto cada vez más comunes entre los titulares. Solo en 21 días de mayo, Efecto Cocuyo contabilizó al menos 46 saqueos en diferentes ciudades del país, de acuerdo con los eventos publicados en medios de comunicación regionales y nacionales.”

Llevando agua a este molino, El Nacional hoy en su gran titular nos dice: “Bolsas de comida no resuelven la escasez y la malnutrición. Además los consumidores denuncian que los CLAP discriminan políticamente. Para la venta de comida casa por casa, que comenzó hace mes y medio, el gobierno ha designado 18,5 millardos de bolívares. Sin embargo, el programa que coordina el dirigente del PSUV Freddy Bernal no satisface las necesidades de abastecimiento de la población en términos de cantidad y calidad”.

Esto de las bolsas de comida fue una estrategia que impulsó el gobierno siguiendo la iniciativa de García Carneiro, en Vargas, como una manera de paliar la escasez. Pero como bien apunta Elizabeth Fuentes, en Konzapata: “La repartición de comida por los CLAP ni gana votos ni acaba con las colas. La repartición de bolsitas de comida no significa que los beneficiados vayan a cambiar su percepción del desastre que llevan sufriendo por años. A excepción del poeta chavista Iván Padilla Bravo, que compara la estrategia con la que utilizaron los vietnamitas para derrotar al imperialismo yanqui.”

En este desastre de nuestra economía, aparece el Vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez Abad, con unas declaraciones que uno no sabe si calificar de extremadamente ingenuas o extremadamente cínicas. El 2001 lo reseña: “El segundo semestre será “menos peor”. Notitarde, en Valencia: “En el segundo semestre del año bajará la inflación (…) La perspectiva inflacionaria para fin de año estaba ubicada en 900%, pero esa posibilidad se redujo y considera que a partir del segundo semestre se evidenciará un claro descenso en la inflación.”

Pérez Abad, ¿qué significa bajar de 900%? ¿Usted se da cuenta de la barbaridad? Pero allí no termina lo insólito de sus declaraciones. Últimas Noticias: “Se acabaron las empresas de maletín”. Pero no es que combatieron a las empresas de maletín, no es que pusieron presos a los delincuentes que llevaron adelante las empresas de maletín, es que, sencillamente, se acabó todo. No solo acabaron las de maletín, acabaron con todas las empresas. Erradicado, pues, dice triunfante, el desvío de divisas. Y advierte que Polar manipula la producción con fines políticos. No dejó, para estar en buenas con su jefe Maduro, de darle un escardillazo a Polar. Y, para no desentonar con el discurso oficialista, a Pérez Abad también le dio tiempo en el fin de semana de ocuparse de la guerra. En un tuit de El Periódico de Monagas leemos: “Abad supervisa Ejercicio de Acción Integral e Independencia II en Monagas. Y le vemos manipulando con gesto fiero un fusil, al lado de una señora, entrada en kilos, con un gorro supuestamente militar pero más bien parecido a los que usaba Pomponio, que aprieta los labios porque como que se le trancó el fusil. En todo caso allí hay varios combatientes, unos más gordos que otros, unos con uniforme verde oliva otros y con franelita, pero todo esto forma parte de los ejercicios militares del fin de semana.

Ejercicios militares que, según publicó Javier Ignacio Mayorca citando al General Gonzalo García Ordoñez, costaron 20 millones 600 mil dólares. ¡Hay que verle la cara en estos momentos de precariedad a una cifra como esa! Se publicaron fotos, tanto o aun más ridículas que la descrita, donde milicianos, como si fueran muchachitos jugando, a falta de fusiles se tiraban al piso con palos emulando armas. Y entre estos milicianos corrió en la redes la foto de ese individuo Ricardo Sánchez, más delgado, quizá para saltar con más facilidad las talanqueras. Así, pues, se defenderá la patria.

En el tuit de Rocío San Miguel se destaca: “El Comandante Zodi_Monagas 52, General de División Elías Antonio Moreno señala como objetivo (de los ejercicios) detectar “actividades contrarrevolucionarias.” Es decir, todo este parapeto es para combatirlo a usted, estimado lector, y a todo aquel que no esté con el gobierno. Aquello de prepararnos para la invasión del imperio, de los marines, etc., era puro cuento. En realidad el objetivo es otro. Y allí es donde viene a tono la mención de la nota que trae hoy El Nacional en primera página: “Generales chavistas ejecutarán el Estado de Excepción en zonas estratégicas. Carlos Alberto Martínez Stapuliones estuvo al frente del cierre de la frontera con Colombia y fue trasladado a la capital. Y según Carlos Guyón Celis, quien fue su tutor en la Academia Militar, “O sigue a Maduro y masacra al pueblo, o ayuda a sacarlo”. “La promoción de Diosdado Cabello está en el poder”, dice el antetítulo.

Para rematar, mientras 18,5 millardos de bolívares se van en las bolsitas de comida y en contraste 20 millones 600 mil dólares se gastan en los ejercicios militares, el señor Maduro no aprende: durante el fin de semana se fue a Jamaica a reforzar el plan de Petrocaribe, con lo cual sigue intacta la regaladera de petróleo.

 

@cmrondon

El Nacional