empresa privada

«Claro que apostamos al capital privado pero, lo he dicho en diferentes espacios, en Venezuela no se puede construir una nueva economía sin observar el emprendimiento familiar que está naciendo y la organización que hay en los barrios, que también tiene su organización económica, y la empresa privada», expresó el diputado

Venezuela apostará por el capital y la empresa privada como uno de los pilares de desarrollo económico, afirmó este viernes el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, al explicar el proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que promueve en el Parlamento.

«Claro que apostamos al capital privado pero, lo he dicho en diferentes espacios, en Venezuela no se puede construir una nueva economía sin observar el emprendimiento familiar que está naciendo y la organización que hay en los barrios, que también tiene su organización económica, y la empresa privada», subrayó Maduro Guerra en una entrevista con Efe.

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El objetivo del proyecto de ley de las ZEE, que ya pasó el primer trámite en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), es el de atraer la inversión extranjera, además de convertirse en «una alternativa estratégica de inversión», y sortear la presión de las sanciones internacionales impuestas sobre Venezuela.

El modelo es de las ZEE de China, por eso Maduro Guerra cita a Deng Xiaoping, considerado como el arquitecto de las reformas económicas en el gigante asiático, al decir que «no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones».

El principal impulsor de la ley junto a su padre explicó que están «discutiendo unos incentivos fiscales» para los territorios que se declaren ZEE que incluyen la «reducción de impuestos, periodos de gracia para que se desarrolle lo que se vaya a instalar ahí», así como «facilidades de exportación e importación».

«Hemos sido asediados, bloqueados, tenemos un problema económico, pero queremos acelerar esta recuperación y estoy seguro de que esta ley lo va a hacer», subrayó.

Eso sí, rechazó las críticas acerca de que puede damnificar los derechos laborales o afectar al medio ambiente, puesto que no se modificarán las leyes que rigen esos dos ámbitos.

«Se ha querido levantar un ruido, lo desmiento de una vez, no estamos tocando la Ley del Trabajo ni derogando. No se va a tocar el tema laboral», asegura.

Respuesta a la opacidad

Al ser preguntado acerca de la opacidad que critican muchos economistas en el gasto público, y las implicaciones que puede tener en el proyecto de las ZEE, Maduro Guerra aseguró que el proyecto de ley «ya esta publicado» y su «debate es público».

Además, subrayó que han «diseñado un mecanismo de control» previo para las ZEE, pero aclaró que «la facultad de control posterior la tiene la Contraloría, la AN y el pueblo venezolano a través de las leyes».

«Hemos diseñado que la designación de la ZEE sea facultad exclusiva del presidente decretarla, pero que vaya a revisión en la AN para su aprobación; si la AN tiene alguna duda se remite al Ejecutivo (…) el Ejecutivo debe hacer alguna corrección y se devuelve a la AN», subraya el diputado de un Parlamento que hoy cuenta con un 92 % de los asientos ocupados por chavistas.

Por eso, añade, se generará un «blindaje jurídico de control previo y el control posterior».

Acerca de la paradoja de introducir unas ZEE con un planteamiento capitalista dentro del modelo que defienden como socialista, Maduro Guerra aseguró que lo importante es el uso que se da a cada proyecto.

«Yo podría decirte que un iPhone es capitalista (…) por poner un ejemplo muy pedagógico, pero desde ese iPhone escribo artículos de opinión del socialismo, mando fotos a las redes y grabo vídeos desde el socialismo. Es para qué tú lo usas, para qué vas a usar el instrumento que el capitalismo ideó pero que lo puedes adaptar al socialismo», asegura.

Frente a esa situación hizo hincapié en que el objetivo es «elevar el estado de bienestar social, socialista que ha sido golpeado».

Errores del chavismo en el gobierno

La ley se plantea, en parte, por las sanciones internacionales a Venezuela, que el Gobierno de Maduro considera responsables de la situación que se vive en el país, pero, al ser preguntado si el chavismo gobernante ha tenido fallos en materia económica, reconoció que «los seres humanos cometen errores».

«El Gobierno lo llevan seres humanos, los seres humanos cometemos errores, claro que hay errores», aseguró.

Entre ellos, destacó que la empresa estatal petrolífera Pdvsa tuviera como presidente durante una década a Rafael Ramírez, un hombre que «luego salió corrupto, ladrón y traidor».

Ramírez, antiguo hombre fuerte del chavismo, fue presidente de la compañía de 2004 a 2014 y actualmente está perseguido por la Justicia venezolana que le acusa de «peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir)».

No obstante, Maduro Guerra niega que haya faltado dureza en la lucha contra la corrupción, puesto que «han salido ministros presos, han salido diputados, alcaldes, gobernadores» y reconoce que podrían «revisar» esa situación pero concluye que incluso «al mejor cazador un día se le escapa una libere».

«Seguramente algo ha faltado», finaliza.

@luisoliveros13 

Para el primer trimestre del año 2013, el sector privado venezolano representaba el 57 % del total del PIB. Para el mismo período, pero del año 2019 (el BCV no ha actualizado las cifras desde ese trimestre), el peso del sector privado en la economía había descendido al 47 %. Cuando comparamos el tamaño de la economía venezolana entre esos trimestres, vemos cómo el PIB se contrajo en un 58 %, pero mientras el PIB público lo hacía en un 36 %, el PIB privado se redujo en un 67% (2/3 del total).

Pero también hay que decirlo: la sociedad venezolana no la apoyó cuando desde esos gobiernos iniciaron las confiscaciones, expropiaciones, controles, amenazas y señalamientos de ser responsables de una “guerra económica” en contra de la población.

Todavía está fresca en la memoria la alegría de muchos cuando se nacionalizaron empresas de servicios públicos (cobraban muy caro, ahora tenemos costosos servicios públicos de muy baja calidad), las cementeras, las azucareras, Agroisleña (abusaba en su posición de dominio, por eso había que hacerla pública, aunque eso con el tiempo afectó de manera importante la agroindustria en el país). Las famosas expropiaciones en el centro de Caracas, empresas de servicios petroleros, etc.

Para recuperar la colapsada economía venezolana es necesario revertir buena parte de la situación actual, creando poderosos incentivos para que el sector privado crezca, invierta y con esto contribuya a generar crecimiento económico sostenible (aumenten los puestos de trabajo y los salarios).  

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Uno puede entender que buena parte de la sociedad venezolana se sienta molesta por la disminución en su calidad de vida. Que protesten en redes sociales ante unos precios que les son inalcanzables para acceder a servicios que en otras oportunidades eran fáciles de pagar. Pero luego de ser testigos de los enormes efectos dañinos que genera la intromisión gubernamental en el sector privado, ¿no se ha aprendido la lección?

Es alarmante observar cómo se utiliza el mismo discurso oficial socialista (especulador, usurero, exigir su estructura de costos, imponer margen de ganancia, etc.) para atacar a la empresa privada nacional y obligarla a bajar de precios.

Resulta todo un desafío explicarles a algunos que no existe eso llamado precio justo. Que la formación de precios en Venezuela es (y debe ser) muy diferente a la de España, Colombia o Estados Unidos. Hay una manía por creer que los precios deben ser iguales en todo el mundo, como si desarrollar una actividad económica en Venezuela fuera igual de sencilla, que hacerla en cualquier otro país del mundo con instituciones serias, con acceso al financiamiento bancario, con reglas del juego claras, con paquetes de ayuda financiera ante los embates de la covid-19, sin hiperinflación, etc.

Que los servicios públicos no tienen por qué ser regalados. Que una empresa privada no tiene obligación de estar mostrándole su estructura de costos o sus márgenes de ganancia. Y que al final si usted no puede pagar por un bien o servicio, tan sencillo como que puede buscar sustitutos pero no creerse con el derecho a presionar para que el precio se ajuste a su bolsillo. Una economía de mercado no es imponerle tu voluntad al mercado.

Si Directv hubiera estado ganando mucho dinero, nunca se hubiera ido del país, pero entre las presiones por las sanciones y el $1-$2 que cobraba por cada suscriptor, la salida fue fácil.

La lección es clara, no culpemos al privado de la crisis, tampoco nos debemos comportar como lo que tanto daño le ha hecho al país.

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Por: Moisés Medina y Manuel Parejo

La concepción teórica del Estado moderno se basa en garantizar los derechos naturales de los individuos: el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Lamentablemente, las instituciones en Venezuela, principalmente el gobierno central, han fallado estrepitosamente en la garantía de dichos derechos. En particular, la seguridad ciudadana y el resguardo a la vida vista como un bien público, para el caso venezolano, es provisto de forma ineficiente, ubicando a la ciudad de Caracas como una de las más inseguras del mundo. No obstante, estas debilidades no solo han venido impactando negativamente a la cotidianidad del ciudadano venezolano, sino también a la empresa privada y su normal desenvolvimiento en sus dinámicas económicas.

La inseguridad también afecta a los comerciantes…

Según cifras del Monitor de Víctimas, tan solo en el Área Metropolitana de Caracas, desde el mes de mayo de 2017 hasta septiembre de 2019, se contabilizaron al menos 3.139 ciudadanos que fueron víctimas de la delincuencia. De este total, 321 mantenían una actividad económica que le permitía generar empleo a otros venezolanos. Es decir, en poco más de dos años, al menos 321 comerciantes y empresarios perdieron la vida a manos de la violencia criminal, esta cifra corresponde al 10,25% de las víctimas totales de la ciudad capital. En resumen, en promedio, 11 comerciantes pierden la vida mensualmente en Caracas.

Desmenuzando un poco más esta cifra, al menos 161 homicidios corresponden a móviles como: robo, secuestros, sicariato y balas perdidas producto de enfrentamientos; por lo que la criminalidad civil es responsable del 50% de las muertes violentas contra el gremio empresarial. Pero el dato alarmante es que en el restante 50% (160 homicidios), según las cifras del Monitor Víctimas, al menos 105 fueron asesinados por cuerpos de seguridad del Estado por medio de ejecuciones extrajudiciales, resistencia a la autoridad o violencia política. En ese sentido, el Estado venezolano no solo es ineficiente en su rol como proveedor de la seguridad ciudadana, sino que se convierte en un actor violento contra los comerciantes y empresarios, evidenciando la falla sistemática y crisis institucional que atraviesa el país.

La violencia y su impacto en la estructura de costos de las empresas

La inseguridad afecta a las empresas, en primer lugar, a través de sus estructuras de costos, pues en un contexto de alta inseguridad como el que se vive en Caracas y en todo el país, las empresas y comercios se ven obligados a tomar medidas para protegerse; por ejemplo, realizar cambios de cerraduras, candados y puertas, la instalación de cámaras, vigilancia privada, contratación de pólizas de seguros, etc. Por otro lado, frente a la amenaza directa a la vida, en muchos casos se ven obligadas a contratar escoltas o seguridad privada, lo cual impacta en los costos operativos de la organización y en definitiva en su competitividad. Asimismo, las pérdidas ocasionadas por la delincuencia, los robos y saqueos a las empresas, daños a las instalaciones, las erogaciones ocasionadas por la atención médica y/o psicológica de las víctimas, pérdidas de tiempo laboral, entre otras, son también factores que generan costos extraordinarios a la actividad económica privada. En definitiva, la inseguridad no solo afecta a la empresa privada “ex ante”, sino que también lo hace “ex post” del suceso. 

La violencia como reductor del PIB

Si analizamos desde un punto de vista macroeconómico esta situación, según la últimas cifras disponibles, publicadas en el sitio web del Banco Central de Venezuela, tenemos que, para el primer trimestre de 2017, la contribución del sector privado al Producto Interno Bruto (PIB) era del 50,6% mientras que, para el primer trimestre de 2019 el Sector Privado solo aportó el 44,8% del total del PIB; esta disminución de casi 6 puntos porcentuales en la incidencia de la actividad privada sucede, adicionalmente, en un contexto donde para el mismo periodo (I – 2017 / I – 2019), el PIB total cayó al menos 40%. 

De acuerdo a las cifras del Monitor de Víctimas, tan solo en Caracas para 2018, se registraron 1.353 homicidios en todo el año y en lo que va de 2019 hasta el mes de septiembre, se tienen 691 casos registrados. Aun cuando, no es tan sencillo cuantificar el impacto de la inseguridad ciudadana sobre la actividad económica privada, en un contexto de opacidad estadística y poca claridad institucional, cabe preguntarnos: si bien actualmente no existen condiciones económicas y jurídicas, ni mucho menos el resguardo a la propiedad privada, que establezcan un marco macroeconómico atractivo para la inversión y para la producción, ¿Cuál pudiera ser el rol de la empresa privada en la seguridad ciudadana?, ¿Cómo se trazan las agendas de cooperación público-privadas en estos temas?.

La iniciativa civil y privada en programas de prevención de la violencia

En sociedades que sufren altos niveles de violencia y conflictividad social, las fallas del Estado en la provisión de bienes y/o servicios públicos –en específico, la seguridad ciudadana y el derecho a la vida- surgen, cada vez con más frecuencia, la coordinación de proyectos y agendas de trabajo que involucran la participación ciudadana y la inversión del sector privado, en programas referentes a la prevención del delito y la atención de las comunidades y grupos etarios más vulnerables. 

La iniciativa Vamos Convive –perteneciente a Caracas Mi Convive- es un proyecto de prevención de violencia que se enfoca en el acompañamiento social y psicológico a jóvenes que se encuentran en entornos de alta vulnerabilidad y, por ende, en situación de riesgo.  En consecuencia, busca por medio de un empleo, expandir sus horizontes y brindarles un ambiente diferente que los transforme como individuos para así evitar que caigan en la delincuencia o futuros azotes de sus comunidades. Además, no solo les provee un ingreso fijo, sino que también les permite comprender el valor del trabajo, del esfuerzo personal, del aprendizaje y la satisfacción de los logros. Estos empleos son posibles gracias a las alianzas con diferentes empresas venezolanas decididas a brindar una oportunidad y colaborar de manera concreta con la prevención del delito.

En Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios desarrolla iniciativas como la Fundación ANDI y el Centro de Estudios Sociales y Laborales (CESLA) con incidencia en áreas afectadas por la violencia, generando oportunidades de empleos, formación y sensibilizando a la población sobre el rol de la empresa privada en el desarrollo del país. Otro ejemplo, ocurre en México, donde líderes empresarios del estado de Chihuahua, establecieron el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), una iniciativa sin fines de lucro para fomentar la participación ciudadana en temas de seguridad pública. Para ello cuenta con dos Asociaciones Civiles que son Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. y Fundación Ficosec A.C. Ellos han logrado invertir en fondos para la educación primaria de los hijos de los funcionarios policiales, equipamiento para los organismos de seguridad, planes de seguros de cobertura de salud y atención médica, entre otros.

De igual manera, los Bonos de Impacto Social (SIBs, por sus siglas en inglés), constituyen otro instrumento de inversión para mejorar el impacto de programas de prevención y rehabilitación social, apoyando iniciativas en la región que buscan disminuir la reincidencia entre los jóvenes, al mejorar las oportunidades de empleo y educación en Chile y Colombia principalmente. Con un modelo de pago por resultados, busca comprometer al gobierno, el sector privado y las organizaciones sociales en el desarrollo de alternativas innovadoras y efectivas para enfrentar los desafíos sociales.

La decisión final

Cuando la empresa privada se encuentra ante una situación de alta vulnerabilidad por los hechos delictivos, se enfrenta a tres decisiones excluyentes entre sí: (1) Rendirse: esto implica resignarse y cerrar las puertas de la empresa porque es inaguantable la situación; (2) Esperar: esto es, seguir siendo víctima de la delincuencia y la criminalidad hasta que esta, por acciones del gobierno, sea combatida eficientemente y el problema se resuelva, o (3) Participar: tomando acciones efectivas para formar parte de la solución, para mejorar su entorno y seguir generando progreso en el país.

Precisamente, la última alternativa descrita, es una invitación abierta a las empresas privadas que hacen vida en todo el territorio nacional, a creer en las soluciones intersectoriales, en la participación empresarial en el desarrollo de comunidades y actividades económicas de alto impacto social que, al final del proceso, se traducen en mayores beneficios económicos y un crecimiento de la empresa.

MEDIO

SOCIALISMO PURO:

Se llama Alejandro Álvarez, es el líder sindical que desde una de las instalaciones de nuestras industrias básicas en Matanzas, estado Bolívar, llena las redes sociales venezolanas, amenazando a los ineptos burócratas rojitos con  trabajar solo hasta las 12 del día, pues sus compañeros “pasan hambre”. Alejandro Álvarez es el mismo que apoyó en el 2009 a Hugo Chávez para que el gobierno del difunto tomara y estatizara una de las más eficientes plantas productora de “palanquillas” que tenía nuestro país. La planta que ahora no le puede dar de comer a ninguno de sus trabajadores, tenía en ese año una capacidad de producción de mineral superior a las 470 mil toneladas anuales, llegando inclusive a producir para exportar, generando dólares a Venezuela. Alejandro Álvarez hoy vive en carne propia las medicinas de socialismo, del comunismo, del chavismo trasnochado que como obsoleto modelo político quiere igualar a todos por debajo, a ese nivel en el cual todos nos sentimos empobrecidos y sin dignidad. Cuando en el 2009 Hugo Chávez se vanagloriaba por televisión de lo que hacía con la iniciativa privada y las empresas básicas de Guayana. Esta planta, Casima, tenía una nómina de cerca de 200 empleados, todos con su estabilidad garantizada, con esquemas de seguros, alimentación y transporte que les permitía regresar seguros a casa de sus familiares al final de cada turno. Hoy no tienen siquiera para comer. La planta, además de endeudada y mal mantenida, sin capacidad de generarle un solo dólar a Venezuela. Esta planta, obvio querido lector, está actualmente presidida por un militar como otras decenas de empresas “rojas rojitas”. Recuerdo en 2006 cuando Chávez propuso “el premio Nobel en publicidad para Rafael Ramírez  por la frase «Pdvsa es roja, rojita». Retroceso masivo …

A través de su publicación en Gaceta Oficial nro. 41005, con fecha del viernes 7 de octubre, quedó establecido que “las empresas públicas o privadas dedicadas a la producción de insumos o bienes agroalimentarios, de higiene personal, y aseo del hogar, están obligadas a vender 50 % de su producción a los entes públicos, según los requerimientos de determinadas regionales del país”.

La resolución señala que la medida tiene como objeto regular los mecanismos y términos de venta a empresas de un determinado porcentaje del total de producción a los fines de estabilizar el abastecimiento oportuno a los CLAP.

Quedan sometidos a esta aplicación: Unidades productivas, sociedades mercantiles, ingenios, factorías, industrias, granjas, plantas productoras, procesadoras y mataderos industriales; así como establecimientos importadores, distribuidores, o de venta al mayor o al detal.

Quienes se nieguen, retarden o incumplan con la colocación del porcentaje de rubros serán sancionados con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria.

Lea la Gaceta completa AQUÍ

Una funcionaria del gobierno venezolano calificó de ilegal la decisión de la empresa estadounidense Kimberly Clark de suspender sus operaciones en el país y anunció que las autoridades trabajan para reactivar la planta.

La decisión de Kimberly Clark de paralizar indefinidamente las operaciones fue rechazada por la viceministra del Ministerio del Proceso Social del Trabajo, Leninna Galindo.

Galindo dijo, en declaraciones difundidas el domingo por la estatal Agencia Venezolana de Noticias, que los organismos del Estado acompañarán a los 971 empleados de la empresa y trabajan en la reactivación de la planta ubicada en el estado centro costero de Aragua.

Kimberly Clark anunció el sábado en un comunicado la suspensión indefinida de sus operaciones debido a la «inhabilidad para comprar materia prima» y la «carencia de divisas y el rápido aumento de la inflación».

La empresa indicó que de cambiar las condiciones económicas evaluará las opciones para operar en Venezuela.

Kimberly Clark es la última de una serie de multinacionales extranjeras como Bridgestone, General Mills, Ford Motor y Procter & Gamble que han reducido o abandonado sus inversiones en Venezuela.

Venezuela enfrenta una compleja crisis dominada por una desbordada inflación de tres dígitos, severos problemas de desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos y una fuerte recesión que podría agravarse este año por el deterioro de los precios del petróleo, que aporta 96% de los ingresos que recibe el país por exportaciones.

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV-, Freddy Bernal, aseguró que la política económica del gobierno comienza a dar frutos. “Los 15 motores conforman una alianza estratégica entre sector público y privado”.

En entrevista a Carlos Croes en Televen, admitió que las expropiaciones fracasaron. “En el pasado tomamos algunas medidas como expropiación de algunas empresas que, lamentablemente, o no las hicimos productivas o incluso fracasaron en nuestras manos, asumiendo esa responsabilidad nos hemos sentado con el empresariado y hemos conformado empresas mixtas, 60 del estado y 40 privadas”.

Explicó que han sellado acuerdos con algunos de los propietarios de las empresas expropiadas y, en las empresas, cuyos dueños se fueron del país, hemos alcanzado alianzas con otros empresarios para activarlas. “El empresariado ha asumido su responsabilidad al igual que el Estado”.

El también jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, desmintió que el ejecutivo ataque al sector privado. “El Estado protegerá a las clases más vulnerables y el empresariado privado se encargue de abastecer las cadenas de abastecimiento de la clase media, por eso se ha autorizado a que comiencen a importar con sus propios dólares”.

Para concluir, cuestionó al presidente de empresas Polar, Lorenzo Mendoza, al considerar que debía utilizar sus propias divisas para invertir en el país. “Si el señor Lorenzo Mendoza ha tenido más de 40 años con una empresa exitosa en la distribución de alimentos. Yo me pregunto porque Mendoza no invirtió en el país para sembrar, importar semillas, para montar laboratorios, porque tiene que importar todo del extranjeros, porque se dedicó solo a la distribución y se acostumbro a que el Estrado le daba todo”.