El diputado José Gregorio Correa, entregó este miércoles a la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, el proyecto de Reforma de la Ley de Telecomunicaciones para su primera discusión.
Correa aseguró que el objetivo de la Ley «es buscar el beneficio para los medios audiovisuales». Informó, además, que la situación de las concesiones «que es una situación jurídica inestable, una entelequia, no le da garantía a los medios de comunicación y obliga a que se autocensure», lo planteará en el Parlamento del Sur (Mercosur).
«La reforma permitirá a todos los usuarios tener una ley que garantice la información oportuna, adecuada y veraz en el momento en que ocurra la noticia y que cada una de las emisoras tenga su concesión con un estado de seguridad jurídica que es lo que no ocurre en la actualidad», dijo.
El presidente de la Comisión de Medios, Tomás Guanipa, presidió el debate que se realizó en el salón Francisco de Miranda del Parlamento Nacional. Allí sostuvo que debe haber un «reconocimiento unánime» de la crisis en las emisoras. «Si se parte de ese reconocimiento, el dialogo tendrá sentido», dijo.
Por su parte, la diputada Gaby Arellano, planteó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), «no puede seguir integrada por cinco miembros que designe directamente el Presidente de la República, sino que sea un órgano colegiado, donde la Asamblea tenga la potestad, con el trabajo de las Academias y de las Cámaras y de los entes respectivos, designar a esa cinco personas y que el Ejecutivo pueda designar a dos personas más».
La idea es «tener un cuerpo colegiado de siete personas que realmente actúe como vigilante y garante de la estabilidad de los medios de comunicación, del acceso a la información y de los ciudadanos y que este órgano colegiado, tenga la oportunidad de tener un presidente rotativo que sea anual, no sea discrecional y que no tenga tendencia partidista».
200 emisoras esperan renovación
Enza Carbone, presidenta de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, manifestó que uno de los problemas principales que atraviesa la industria de la radio es la renovación de las concesiones que, aseguró, implica «un problema tremendo», no solo para la industria sino también para el Estado venezolano porque «nos da una inseguridad jurídica a todo nivel, empezando por las inversiones. Nadie puede invertir estando en un limbo jurídico».
«Hay 200 emisoras afiliadas a la Cámara que están en espera de la renovación de las concesiones. Hace más o menos dos años se renovó un grupo de emisoras pero por un periodo de dos años, lo que implica que están vencidas nuevamente».
Aseguró que la Cámara de la Radiodifusión ha tenido conversaciones con el Ejecutivo Nacional, donde expresaron su preocupación por la situación y, además, «hemos introducidos los documentos que nos han solicitado y los que establece la Ley; sin embargo estamos a la espera de respuesta».
Denunció que en la actualidad hay «1.500 emisoras piratas o clandestinas» en todo el país que «han creado una anarquía en el espectro».
«Estas emisoras clandestinas no es que sólo afecta a las personas que ejercemos la actividad de la radiodifusión, sino que afecta a la colectividad entera, son invasores del espectro, crean anarquía». Además, «están creando un problema social porque no pagan impuesto y como técnicamente están inexistente, simplemente no tienen ningún tipo de control y dicen lo que quieren, violentando los principios de la comunicación y afectando la actividad económica».
Indicó que la Industria de la Radio para la adquisición de equipos «nunca se les ha otorgado divisas». «Hemos subsistido por nuestro trabajo y nuestra mística». Asimismo, sostuvo que la crisis que atraviesa el país «también afecta la radio por el tema de los anunciantes, por el tema de los proveedores. Cada día la publicidad es menor».
«Esperamos que las soluciones lleguen por el bienestar de la radio en Venezuela, por el bienestar de una actividad económica que tiene muchísimos años».
Afrontar los hechos
Eliú Ramos, vicepresidente de Gestión de la Cámara de la Radiodifusión, dijo que los empresarios «requieren de un mínimo de garantías jurídicas», entre ellas «la renovación de las concesiones» para seguir invirtiendo en el país y «poder sostener la actividad que ampara a unos ocho mil trabajadores y beneficia a 30 millones de oyentes».
Recordó que el cierre de 34 emisoras de radio por parte del Gobierno «marcaron un antes y un después de la actividad en el país» y aseveró que pese a toda la situación, el interés de los empresarios «más que de confrontar es afrontar los hechos de cara al futuro de la radiodifusión».
Destacó la importancia del diálogo y reiteró el compromiso de la Radiodifusión privada «para la paz, para el encuentro, para el entendimiento. Es una hora crucial para el país y cierto, tenemos problemas puntuales de fácil resolución que nos permite avanzar para que la sociedad se siga encontrando con más participación, en más democracia y más respeto por la libertad de expresión».
A la reunión también asistieron el presidente de las Empresas CNB, Nelson Belfort; Oswaldo Quintana, representante de Radio Caracas Radio y Alejandro Fuenmayor, presidente de la Cámara de Radio.
