Dentro de las medidas de control migratorio está la restricción de pasos de migrantes por aeropuertos según su nacionalidad y la reducción de la estadía turística en Panamá
«Nos gustaría que si entran 3.000 personas, deportar a 3.000, pero eso es imposible», declaró la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá sobre las deportaciones
Panamá anunció el 8 de septiembre tres medidas para enfrentar la crisis migratoria en la selva del Darién, frontera con Colombia: aumentar las deportaciones, reducir la estadía turística en el país y mover los puntos de control y ayuda humanitaria a los que llegan los viajeros. La intención que argumenta el gobierno centroamericano es «ordenar» el impacto en las pequeñas comunidades del flujo de migrantes que se mueve hacia Norteamérica y llegó a cifras récord en agosto del 2023.
La reubicación de los centros de apoyo humanitario entrará en vigor «a partir de este anuncio», dijo la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine. «Es la protección a los pueblos de acogida, pues vamos a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades de Bajo Chiquito y de Canaán Membrillo a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad», agregó.
Enfatiza que se van a «construir al lado de estos lugares de acogida espacios donde podamos integrar y tener contenidos a los migrantes, (para) que no afecten el diario vivir de todas las personas de las comunidades» de los primeros pueblos que llegan los migrantes tras atravesar la selva.
Al mismo tiempo, Cozaine advirtió que se reforzarán «las deportaciones y las expulsiones de los ciudadanos «irregulares» que tengan antecedentes penales, a través de contrataciones de vuelos chárter».
Desde abril hasta la fecha, Panamá ha deportado 452 personas frente a los más de 350.000 migrantes que han cruzado la selva del Darién.
«Nos gustaría que si entran 3.000 personas, deportar a 3.000, pero eso es imposible», declaró Gozaine.
Los funcionarios de migración podrán percatarse de las personas con antecedentes penales al tomar los datos biométricos en las estaciones migratorias del Darién, una medida que Panamá ya implementa junto con ofrecer asistencia médica y alimentaria. Toda la operación gubernamental ha costado casi 70 millones de dólares, según datos oficiales.
Deportaciones en aeropuertos
Según la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, los aeropuertos están siendo utilizados por grupos criminales para movilizar a los migrantes, encareciendo el precio de este traslado al evitar la selva del Darién.
«Vamos a ajustar las medidas operativas en los puestos de control formales para todas aquellas personas que, según los perfilamientos de seguridad, utilicen los aeropuertos y esos puestos formales para mantenerse de manera ilegal en el país», detalló.
Esto abarca «reducir el periodo de turismo de 90 días a 15 días», y si se sobrepasan ese lapso «deberán pagar multas».
Gozaine apuntó que esta medida «no es para todas las personas ni para todas las nacionalidades», solo para aquellas que encajen en el perfil tras entrevistas de las autoridades del aeropuerto, entre ellas la venezolana.
Desde el primero de enero y hasta el 7 de septiembre al menos 350.841 migrantes llegaron a las estaciones migratorias del Darién en su camino hacia Norteamérica. La mayoría son venezolanos, seguido de ecuatorianos y haitianos, según la información oficial.
Estas cifras históricas superan al total de viajeros que cruzaron esa jungla plagada de vulneraciones a los derechos humanos y riesgos mortales en 2022 (248.000), y deja muy atrás los 133.000 de 2021.
«Estamos a un límite de nuestras capacidades», dijo este viernes el ministro panameño de Seguridad, Juan Manuel Pino, volvió a quejarse de que los países del sur del continente «no le han prestado la debida atención» a esta crisis.
Panamá y Costa Rica, tras reunirse la semana pasada, decidieron unirse «en una sola voz» y abogar por una «mejor administración» de los flujos migratorios, una visión que choca con la de libre tránsito que tiene Colombia, como han señalado funcionarios de los dos países centroamericanos.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo el jueves que, para solucionar la crisis humanitaria en la ruta migratoria por el Darién, hay que «desbloquear económicamente a Venezuela».
El secretario de Relaciones Exteriores de México aseveró que el 11 de mayo 942 migrantes fueron repatriados: 909 de Venezuela; 17 de Cuba; 15 de Guatemala y una de Haití
El ministro de Seguridad Pública de Panamá informó que el flujo de migrantes que «viene en aumento»
Con información de EFE
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó este viernes, 12 de mayo, que el país centroamericano no aceptará el retorno de más de mil migrantes al día que sean expulsados de Estados Unidos debido a la culminación del Título 42 del Código de EE.UU. sobre la estadía y migración irregular norteamericana.
«México les ha hecho saber que no podrían en ningún caso recibir a más de 1.000 personas al día, no podríamos, no tendríamos la capacidad, ni lo aceptaríamos», dijo Ebrard durante una rueda de prensa reseñada por la agencia EFE. «Eso estaba vigente, no de ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar más de ese número porque no podríamos».
El funcionario mexicano dijo que su país se opone a estas normas de endurecimiento de políticas migratorias por parte de Estados Unidos, pero dijo que respetaban su aplicación. Al finalizar el Título 42, el jueves 11 de mayo, más de 26 mil personas se encontraban en la frontera entre México y Estados Unidos.
Ebrard señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a todas sus oficinas no otorgar más Formatos Múltiples Migratorios, ni otro documento que autorice el tránsito por el país.
El secretario de Relaciones Exteriores de México aseveró que el 11 de mayo 942 migrantes fueron repatriados: 909 de Venezuela; 17 de Cuba; 15 de Guatemala y una de Haití.
La llegada del Título 8
Tras el fin del Título 42 en la legislación estadounidense se impondrá un nuevo reglamento: el Título 8. La medida que dejará de estar vigente tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.
Por su parte, el Título 8, que pertenece al Código de Estados Unidos y que entrará en vigencia desde el 12 de mayo de 2023, permite que los migrantes sean detenidos hasta ser deportados a sus países, en caso de que no puedan establecer una base legal para permanecer en territorio estadounidense.
Distintas ONG internacionales mostraron su preocupación ante el nuevo código migratorio en EE.UU., porque crearía mayores restricciones y repatriaciones a migrantes que escapan de países donde sus Derechos Humanos no son garantizados de por sí.
En breve iniciamos nuestra charla. ¿Qué es el Título 42 del Código de EEUU y cómo afectará su suspensión a los futuros migrantes? Estas y otras preguntas explicadas por los expertos @AriMSawyer y @TMattiaceHRW HOY 9:30am (Los Angeles) 12:30pm (NY) ➡️ https://t.co/HOsP3eGtd7
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, durante un recorrido por el Tapón del Darién este 12 de mayo, aseveró que el flujo de migrantes que «viene en aumento» por la selva centroamericana. Recordó que el año pasado Panamá recibió en sus estaciones migratorias a casi 250.000 personas en movilidad, una cifra inédita y que se podría duplicar este año si se mantiene el ritmo de llegadas.
El desguace demográfico de Venezuela no tiene precedentes en América Latina, ni siquiera se le asemeja ninguna otra tragedia poblacional en el continente
Anidarse fuera del país era un hecho bastante extraño entre los venezolanos, apenas registrado como un recuerdo personal o una anécdota que no pasaba de la esfera familiar o grupal.
La fabulosa renta petrolera aseguraba las condiciones para fijar la población en el territorio nacional y atraer emigrantes de muchas partes del mundo. Después de la II Guerra Mundial Venezuela acogió a casi un millón de europeos, principalmente españoles, portugueses e italianos.
A partir de los años sesenta recibió más de dos millones de latinoamericanos y caribeños, medio millón de musulmanes e igual número de chinos.
La emigración no era una opción para los venezolanos. Irse era un acto prácticamente impensable, reservado para el exilio político, una oportunidad de mejoría imposible de rechazar u otras excepciones.
«Allá no teníamos que comer»
Ir al destierro es una decisión compleja, de las más difíciles en la vida. Para quienes dan ese paso motu proprio encierra un deshojar la margarita sobre múltiples factores, no así para quienes son empujados por la crisis como única alternativa. Pero todos aterrizan siempre en una aventura que reverbera en las personas y su grupo familiar.
El componente afectivo que entraña es tal vez el más poderoso obstáculo a vencer para tomar la determinación o verse obligado a irse a echar raíces fuera del país de origen. En los ruegos y consultas que produce la salida se pone lo que resta del ánimo espiritual. Apartarse de los suyos y de su entorno no es una determinación sencilla, ni libre de carga emocional de alta incidencia.
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Emigrar despierta el natural miedo a enfrentarse a lo desconocido. A no saber cuán firme es el nuevo terreno a pisar, a andar por vericuetos desconocidos. Es una resolución que oscila las perspectivas de vida. Altera todas sus líneas y trazos. En un trágico testimonio de 2019, múltiples veces repetido con algunas variantes, se relata: «Viajé con muchas ilusiones. Por mi profesión pensé que iba a poder trabajar y ayudar a mi familia. Todas esas ilusiones, con el tiempo se fueron derrumbando. Salí con una maleta llena de ilusiones y llegué con una bolsa llena de desilusiones».
“Si uno supiera lo que iba a enfrentar, tal vez no hubiera salido”, han dicho algunas personas; pero luego, al mirar al horizonte, afirman que no regresarían a su país de origen a pesar de los retos que deben enfrentar con los procesos de regularización e integración en su nuevo destino. “Allá no teníamos que comer, acá por lo menos tenemos las tres comidas; con 5 dólares podemos comprar algo para comer”, informa ACNUR.
La dimensión de la tragedia
La propaganda oficial de la dictadura sobre supuestos retornos masivos de migrantes no puede ocultar la dimensión de la tragedia. Borrar su impacto es un objetivo inalcanzable ni siquiera con su grosera hegemonía comunicacional.
La crisis que ha hecho jirones a Venezuela desatando una emergencia humanitaria compleja, ha desgajado del territorio nacional alrededor de 7 millones de venezolanos, según los números referidos por OEA.
Por su parte, ACNUR informa de «5,9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo». Define a los refugiados como «una persona que no puede retornar a su país de origen debido a un temor fundado de persecución o graves indiscriminadas amenazas contra la vida, la integridad física o la libertad”. Y a los migrantes como «todos los casos en los cuales la decisión de migrar es tomada libremente por la persona en cuestión por razones de ‘conveniencia personal’, sin la intervención de factores coercitivos externos».
Pero seis o siete millones de venezolanos emigrantes, un poco más un poco menos, son cifras descomunales, que se agigantan cuando descubrimos que rondan un quinto o un cuarto de la población total del país.
Proporción que podría alcanzar niveles más dramáticos si, como todo indica, no se producen los cambios políticos y económicos esperados que mejoren las condiciones de vida de la población.
Cualquiera sea su estatus jurídico, es un drama que cobra ribetes particularmente trágicos para quienes debieron irse en las siguientes circunstancias: «Esa noche el pueblo fue atacado por tanquetas de la Guardia Nacional, hubo un pequeño enfrentamiento en el puente, con gases lacrimógenos, disparando sin saber a dónde, salieron afectados muchos niños por los gases. En la madruga me llamaron y me dijeron que tenía que salir del municipio con mi familia. Salimos como si fuéramos delincuentes, recogimos lo más que pudimos y hasta dejamos la casa abierta, por los nervios», según registro de ACNUR en 2019.
O peor aún, como el dolorosísimo caso de los 32 náufragos de Guiria, que en diciembre de 2020 encontraron la muerte ahogados al hundirse en el mar la endeble embarcación que los trasladaba en un desesperado viaje por mar hacia Trinidad. Un familiar de las víctimas en pleno duelo por sus pérdidas dijo al diario El País de España: “Acá en Güiria la cosa está fea y todo el mundo está buscando cómo irse. No tenemos ni gas para cocinar y todo es diez veces más caro acá. Como todos tenemos familia en Trinidad, ellos se iban a pasar las Navidades allá con una hermana. Mis dos sobrinos iban ahí y uno de ellos se iba a quedar, porque acá no hay nada que hacer”.
La convicción más precisa, para quien toma la decisión del destierro como parte de una oleada de gentes de un país abatido por una crisis global, es la de pensar que en su tierra ya no hay futuro. Por lo que solo afuera podrá encontrarlo: «Dejamos todo en Venezuela. No tenemos un lugar donde vivir o dormir y no tenemos nada para comer”, dice Nayebis Carolina Figuera, una venezolana de 34 años que huyó al vecino Brasil, reseñada por ACNUR.
La desesperación es tan grande que en el juicio personal de cada quien se redobla la voluntad de correr cualquier riesgo, bien los peligros de las travesías a pie. Ana, venezolana en Ecuador, reveló a ACNUR que caminó «por 11 días y tuvimos que dormir a la intemperie. Nos fuimos porque nos amenazaron con matarnos. Mi hermano fue asesinado… casi me matan también”. Gerardo, padre venezolano en Perú, narró que le había llevado «más de siete días llegar a Perú. No teníamos nada que comer al final. Tratamos de ahorrar todo para nuestro hijo, pero también pasó más de 24 horas sin comer un bocado. Solo tiene tres años».
Otro entrevistado por el organismo internacional dijo que «Debido a la pandemia aquí en Lima, Perú, (la situación) ha sido muy compleja porque se nos ha puesto difícil por el tema de la cuarentena. Yo siendo padre de familia tuve que tomar la decisión de salir de Lima porque no hay trabajo y tomé la decisión de irme caminado desde Lima hasta la frontera de Ecuador pidiendo cola en mulas. (…) En el camino conocimos padres con sus bebés de meses hasta niños pequeños de 2 años y 3 años caminando, también».
Los horrores del desprecio xenófobo han derivado hasta en abuso sexual: «Hubo momentos que uno no quisiera recordar jamás. Se aprovechaban de nuestra situación. En una ocasión, en un lugar de Colombia donde hace demasiado frío, le pedimos a un “gandolero” que nos sacara de ahí (…) Me tuve que arrodillar para que me sacara de ese lugar porque el frío me iba a matar. Y el señor sí nos dio la cola, pero igual se aprovechó de la situación; me puso a hacer cosas que no se pueden contar», recoge en 2019 una publicación de ACNUR 2019.
La xenofobia ha alcanzado grados impensables de agresión y violencia contra migrantes venezolanos. Recientemente en Chile les fueron quemadas sus carpas donde se refugiaban. La violencia ha sido estimulada incluso por los dirigentes políticos. Abundan los casos en Perú, Colombia y muchos otros países.
La gigantesca herida de la diáspora
Los venezolanos huyen de una tragedia que parece no tener fin, al menos en el corto o mediano plazo; abrigando la esperanza de encontrar condiciones para aliviar sus penurias y contribuir con la de quienes dejan atrás.
Ese desgarramiento humano del territorio nacional se hace más desconsolador al saber que el 90 % (seis millones) se han ido entre 2017 y 2021 (EN 5 AÑOS).
En su ensayo La gran migración Hans Magnus Enzensberger, notable ensayista alemán, recuerda que «entre 1851 y 1901 (en 50 AÑOS) emigraron alrededor del 71 % de los irlandeses», aproximadamente 6 de 8,5 millones.
La comparación revela la magnitud de la diáspora venezolana. Es un dato doloroso que dibuja la herida inmensa y profunda que ha dejado sobre la nación. Y la amenaza de que aumente el desplazamiento de los refugiados entumece el alma nacional.
El desguace demográfico de Venezuela no tiene precedentes en América Latina. Ninguna otra tragedia poblacional en el continente durante los dos últimos siglos ni siquiera se le asemeja.
En proporción, la diáspora criolla supera incluso el drama de Haití, calculada por ONU en cerca del quinto de la población, próxima a los dos millones de personas forzadas a dejar su tierra después del devastador terremoto de enero de 2010; más del doble del tiempo en que ha ocurrido la venezolana.
La diáspora de doce millones de mexicanos, aunque más numerosa, ronda solo el 10 % de la población total del país azteca. Y su ocurrencia se ha espaciado por cinco o seis décadas.
La nicaragüense anda en un 10 % de su población. Y los cerca de seis millones de colombianos que viven fueran de su país anda en un 12 % de su población. En el ámbito mundial, la tragedia venezolana se acerca a la de Siria, con la diferencia de que la diáspora en ese país es producto de una guerra.
Una nación de parias que no se deja
La dimensión de la catástrofe se aprecia con mayor nitidez cuando advertimos que el número de emigrantes es la misma cantidad de habitantes que tenía el país en 1958, cuando los venezolanos se dieron la democracia como forma de gobierno.
Siete millones de venezolanos es una cifra difícil, inmanejable, que estalla en conflictos de toda índole. Son los visitantes inesperados que se vuelven un factor del juego político en los países donde llegan.
La indefinición de su estatus jurídico es terreno abonado para que en torno a ellos se tejan intereses y despierten sentimientos encontrados de afirmación y negación, aceptación y rechazo, uso y abuso, solidaridad y xenofobia, sinceridad y manipulación.
En su mayoría, andan en condición de parias o como desplazados excluidos de las ventajas que gozan los nacionales del país en donde se encuentran. En una condición de ciudadanos de segunda o simplemente como ilegales.
El drama de la mayoría de los emigrantes venezolanos es ese capitis deminutio que enfrentan día a día, en la calle, en los puestos de trabajo, ante las instituciones nacionales; en la xenofobia que los agrede y trata con desprecio. Sin que ello disminuya su afán de luchar personal o colectivamente por mejorar su situación.
La voluntad de salir adelante
Pero no todo es trágico. Allende las fronteras nacionales hay una Venezuela que late por el mundo cuyo papel será determinante en el futuro de la nación.
La diáspora venezolana tiene también una potencialidad que se expresa en triunfos individuales y colectivos en el arte, la ciencia, el deporte y en muchas cosas más con mayor o menor intensidad de acuerdo a los sitios en las que se ubica.
La aprobación del TPS en Estados Unidos, con una comunidad de más de medio millón de venezolanos, ha dado mayor estabilidad que repercutirá en un mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida y en su aporte a ese país. Una eventual aprobación de la Ley de Inmigración, ofrecida por la vicepresidenta Kamala Harris, reforzaría con creces esa tendencia.
La conciencia de su elevado número le ha dado fortaleza que deviene en organización y en movilización. El manejo de las redes sociales y las ONG ha ayudado mucho en esos cometidos y en su mayor dinamismo. Por lo demás, no es un mero dato que la gran mayoría de los venezolanos tiene además experiencia en la lucha política contra la dictadura.
El alto nivel educativo promedio es, con mucho, superior al de otras comunidades de inmigrantes e incluso al de los nacionales. Dice ENCOVI que el 56 % de los migrantes es bachiller y el 32 % tiene educación superior. Un 39 % habría cursado algún año de educación universitaria o había completado estudios a ese nivel.
Ventaja a la que se suma su juventud. Según la encuesta ENJUVE (UCAB), el “51 % de quienes dejaron el país en los últimos cinco años son jóvenes de 15 a 29 años y 90 % si se considera el tramo de 15 a 49 años». Son «jóvenes en edades activas, cuya principal razón de emigrar es la necesidad de buscar empleo en otro país (86 %)».
Los avances en la condición jurídica de los venezolanos serán, sin duda, una fuente para mayores éxitos. Mientras tanto, el denuedo y la voluntad de salir adelante es el mejor signo de la Venezuela que crece afuera, siempre pensando y ayudando en y a la que sigue adentro.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
El episodio número 133 del Podcast 3 en 1 contiene esta segunda semana del mes de septiembre dos reportajes que tienen que ver con la realidad migratoria del venezolano y otro con las irregularidades que genera la emergencia humanitaria compleja
En Runrunes destaca el reportajeInformarse es clave para migrar sin caer en redes de estafa. De acuerdo a un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andres Bello las mujeres y los niños son las personas mas propensas a sufrir de explotación sexual y laboral fuera de nuestras fronteras.
A casi una década del documental llamado Caracas Ciudad de Despedidas, donde la frase pronunciada por un estudiante universitario “Me iría demasiado” se hizo viral, nos llega este reportaje donde inmigrantes y descendientes de extranjeros exponen sus razones por las cuales siguen en Venezuela pese a las dificultades.
Miembros de la iglesia católica y de ONG denunciaron que efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana les impidieron llevar ayuda humanitaria a los afectados por las lluvias en el estado andino.
A juicio de la presidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional (AN), diputada Mariela Magallanes (Unidad / Aragua), el éxodo masivo de venezolanos aumentará en los próximos meses de no generarse un cambio en la política económica venezolana, ante la crisis humanitaria y la hiperinflación que vive el país.
Así lo señaló durante el foro la “Situación de la Familia como consecuencia de la Migración” realizado en el salón Francisco de Miranda, del edificio José María Vargas, esquina de Pajaritos, el cual contó con la participación de destacados ponentes como Henkel García, de Econométrica; Carlos Trapani, coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y Claudia Vargas, de la Universidad Simón Bolívar.
Magallanes aseguró que 44 % de las personas que emigraron dejaron una carga social en Venezuela, 17% deja hijos, 38% a padres y 11% a los abuelos.
Las razones, según la encuesta por la cual abandonan el país, son con miras a buscar una mejor calidad de vida ante la merma del poder adquisitivo y la escalada inflacionaria. Estos datos son cifras oficiales provenientes del Registro Internacional de Venezolanos en el Exterior (RIVE) de la AN, el cual coincide con los datos resultantes de las ONG,s ante la falta de información del Estado venezolano.
A juicio de la parlamentaria Magallanes, estas cifras permiten observar que se está al frente de un “Estado que impide la reunificación familiar y contribuye al desmembramiento de la familia. En el último año, 48% ha dejado el país y el pico más alto han sido estos primeros meses del 2018 y va en aumento”, aseveró.
Consideró la legisladora aragüeña que el RIVE como herramienta permite la visualización del problema y contar con cifras para la estimación de una proyección de la oleada migratoria por venir.
“Nosotros no pretendemos que esos 4 millones de venezolanos que se encuentran en el exterior se inscriban en el RIVE, pero agradecemos a estos que confíen en la institucionalidad de la AN por cuanto esto va en apoyo a ellos, sobre todo en la familia que se queda y seguir denunciando la inestabilidad y la situación de crisis humanitaria que vive el país y así generar propuestas para que los venezolanos que se marcharon regresen y que la familia se pueda unificar”, subrayó.
Por su parte Claudia Vargas, de la Universidad Simón Bolívar, consideró que la familia venezolana está huyendo al no contar y satisfacer sus necesidades mínimas requeridas, proyectando, según cifras que maneja, una merma de más de 3 millones 500 mil venezolanos que se fueron al exterior por el fenómeno hiperinflacionario y la oscuridad política que actualmente vive Venezuela.
“El problema se ha venido agravando, ha venido creciendo. Y eso, pues, ustedes saben que es debido a esta terrible crisis que vive el país”, señaló.
Reiteró que la crisis en Venezuela se manifiesta en la escasez de alimentos, medicinas e hiperinflación. Esta situación ha obligado a cientos de miles de ciudadanos venezolanos a migrar a otros países para alcanzar un futuro mejor.
El éxodo masivo de venezolanos se ha convertido en los últimos meses en una emergencia humanitaria que afecta a varios países de la región. Este desplazamiento ha sido registrado en las oficinas de migraciones de países como Colombia, Ecuador, Panamá, Brasil y Perú. Además, sus gobiernos han tomado medidas para tratar este éxodo en la región, dijo.
En este contexto, Henkel García, de Econométrica, se mostró pesimista sobre las perspectivas del país ante la crisis y consideró que una mejor manera de entender la reducción significativa del poder adquisitivo que sufren los salarios de los venezolanos es comprender el proceso hiperinflacionario que atraviesa el país que se agudiza con las acciones del gobierno en dicha materia.
Para García Venezuela necesita una gran reforma económica, “si el gobierno no toma una medida económica de peso la situación de agravará”, apuntó.
La crisis humanitaria en Venezuela y su impacto en la región genera más alarma que un posible incumplimiento del pago de la deuda soberana, cuyos efectos estarían “contenidos”, advirtieron el FMI economistas y autoridades.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera el “marcado aumento” de la diáspora venezolana como un efecto negativo mayor para sus vecinos que un eventual default, en tanto Venezuela “continúa inmersa en una grave crisis económica, humanitaria y política sin solución a la vista“.
“Los efectos de un posible incumplimiento del pago de la deuda soberana por parte de Venezuela estarían contenidos porque las carteras de los inversionistas ya han incorporado este riesgo”, indicó el FMI en su último informe de perspectivas económicas en las Américas.
“En cambio, el principal riesgo para la región está relacionado con la crisis humanitaria y la consiguiente migración de ciudadanos venezolanos a países vecinos“, en particular a Colombia y Brasil, apuntó.
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, subrayó “las presiones sobre las finanzas públicas que esto supone en términos de demanda de ciertos servicios” en los países limítrofes.
“Los refugiados de Venezuela son un desafortunado efecto secundario de la crisis, que es extremamente severa”, dijo por su parte su adjunto Robert Rennhack.
Sin efecto dominó
El Estado venezolano y su petrolera PDVSA deben pagar unos 3.800 millones de dólares en vencimientos de deuda en octubre y noviembre, pero analistas desestiman un efecto dominó en la región.
“Una cesación de pagos puede perjudicar a acreedores privados, pero la economía mundial no colapsará por culpa de Venezuela“, dijo a la AFP un especialista del mercado de bonos bajo condición de anonimato.
“Por otro lado, existe un problema real de refugiados y fuga de población, que probablemente sea más importante”, agregó.
Ludovic Subran, economista jefe de la aseguradora Euler Hermes, coincidió.
“El peligro de que la crisis venezolana se extienda a otros países es bastante bajo”, dijo, al considerar improbable que un default venezolano provoque una crisis que golpee a otros países emergentes, fuertemente endeudados en los últimos años en los mercados internacionales aprovechando tasas de interés muy bajas.
“El tema hoy es más humanitario que económico”, afirmó Subran. “Para Colombia, por ejemplo, es una gran carga”, agregó.
El FMI reconoció que esta realidad es “un desafío” para el gobierno de Juan Manuel Santos. “Eso es algo con lo que el gobierno tiene que lidiar y está causando muchos problemas”, señaló Rennhack.
Colombia, que estima en unos 300.000 los venezolanos asentados en el país en los últimos meses, ha hecho ajustes presupuestales para atender esta realidad, otorgando atención en salud y acceso a educación.
“Implosión”
“Colombia tiene una actitud solidaria, como Venezuela la tuvo en el pasado, pero obviamente si esto escala puede generar grandes dificultades económicas“, dijo a la AFP el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
“La solución al problema de Venezuela, tiene que ser rápido, con medidas económicas que permitan reversar esa tendencia de deterioro tan fuerte”, urgió. “Si no lo hace, lo que viene es una implosión acompañada de unos flujos migratorios muy fuertes que van a generar un problema en la región”.
Colombia, Brasil, Argentina, México, Panamá, Paraguay y varios países centroamericanos expresaron su preocupación por la situación en Venezuela el miércoles en una reunión de ministros con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.
“El consenso es que el manejo económico venezolano ha sido totalmente equivocado”, dijo Cárdenas.
“No es un tema ideólogico, no es un tema de izquierda o derecha, es un tema de haber roto con principios fundamentales, como la sostenibilidad fiscal, el control a la emisión monetaria, el manejo flexible del tipo de cambio”, explicó.
La agencia de calificación financiera SP Global Ratings rebajó en julio la nota de la deuda de Venezuela de CCC a CCC- y advirtió del riesgo de default en los siguientes seis meses por el agravamiento de la crisis política y financiera.
Un mes después, la agencia calificadora Fitch estimó que el riesgo de incumplimiento había aumentado tras las nuevas sanciones financieras de Estados Unidos, que a fines de agosto tomó medidas para complicar la emisión de deuda pública venezolana y restringir la repartición de dividendos en el exterior.
Venezuela ya no es solo esa porción de tierra entre Colombia, Brasil, Guyana y el Caribe. Venezuela es España. Venezuela es, también, Estados Unidos o México. Si los países son sus habitantes y de Venezuela ya se han ido tantos, ¿dónde está Venezuela? «En todo el mundo. Los venezolanos se han expandido tanto que están construyendo una nueva geografía. Una geografía que no se ve en el mapa tradicional», reflexiona el sociólogo Tomás Páez, coordinador de La voz de la diáspora venezolana (Catarata, 2015).
El primer informe global sobre este fenómeno migratorio, elaborado por el Observatorio de la Voz de la Diáspora Venezolana con cifras de los institutos de estadística de los países de acogida, concluye que más de dos millones de ciudadanos han dejado Venezuela en los últimos 18 años, desde la llegada del chavismo al poder. La mayoría se ha marchado a Estados Unidos (entre 400.000 y 450.000) y España (300.000). El éxodo empezó en el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y se ha acelerado, en distintas oleadas migratorias, al calor de la crisis. «El ritmo de crecimiento de la emigración es tan rápido que es casi imposible mantener los datos actualizados», matiza Páez. «Pero la gente lo puede percibir en el metro o en la calle: no hay lugar donde no escuches el acento venezolano».
La diáspora se ve empujada, principalmente, por los altísimos niveles de inseguridad —28.479 muertes violentas en 2016, según el Observatorio Venezolano de Violencia— y el cada vez más grave deterioro económico —con una inflación del 720%, según la proyección del FMI para 2017—. Lo confirma el estudio, pero también lo dice cualquier venezolano al que se le pregunte. Páez resume las razones del exilio: «En el cuestionario que hicimos en más de 40 países preguntamos por qué se iban; decían, por ejemplo, que la única nevera que estaba llena en Venezuela era la de la morgue o que preferían despedir a sus hijos en el aeropuerto y no en el cementerio».
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski alertó este viernes en la ONU sobre el peligro de una emigración masiva de venezolanos hacia otros países de la región debido a la severa crisis que atraviesa ese país.
Kuczynski será el primer presidente latinoamericano en reunirse con el nuevo mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca esta tarde, y dijo que en la agenda hay “temas candentes” como la situación en Venezuela.
“Venezuela no quiere interferencias, eso es natural, pero también hay un peligro de una emigración masiva hacia Colombia, hacia Curaçao y otros países de América Latina, puede haber graves problemas de salud, entonces tenemos que estar dispuestos un grupo de países a ayudar. No a interferir, pero a ayudar”, dijo Kuczynski a periodistas de agencias internacionales en la sede de Naciones Unidas, tras reunirse con el secretario general Antonio Guterres.
Kuczynski ha abogado por la creación de un grupo internacional de países en apoyo de la población venezolana, agobiada por falta de alimentos y medicinas.
Trump, que asumió el gobierno hace poco más de un mes, ya hizo un llamado a liberar al dirigente opositor venezolano Leopoldo López, y el Departamento del Tesoro impuso sanciones al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, acusado por narcotráfico.
Tanto Trump como Kuczynski han recibido recientemente a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López.
