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elecciones regionales 2017

CNE migró por violencia centros electorales que nunca registraron protestas

#15Nov_

Foto: Rayner Peña R.

 

Johanna Osorio

 Grisha Susej Vera

El Pitazo

 

En la quinta transversal de la cuarta avenida de Los Palos Grandes no se registraron hechos de violencia durante la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el 30 de julio. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) migró a los votantes del Colegio Schönthal —ubicado en esta zona y uno de los más grandes de Chacao— a la sede de la Unefa en Chuao, que en sus adyacencias (los alrededores de Cubo Negro) ocurrieron acciones de represión durante las protestas antigubernamentales de este año. Al final de la jornada, sólo se registraron 3.051 votos, de 7.444 posibles. Dos máquinas dañadas y mesas instaladas en el tercer piso, que dificultaban la participación en el proceso de personas con discapacidad y ancianos, fueron las denuncias más recurrentes.

La reubicación de centros electorales se oficializó en dos fechas: un primer lote de 75 recintos el 29 de septiembre (según registros de la Mesa de la Unidad), y otro de 201, el 13 de octubre, según reseñó el Poder Electoral en su sitio web. Dos días antes, la medida había sido anunciada por Tania D’Amelio, rectora principal del ente, a través de su cuenta de Twitter: “El CNE reubicó 119 centros de votación donde se produjeron hechos de violencia, hostigamiento y sabotaje cuando las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente”, precisó. No obstante, y pese a las discrepancias entre el boletín oficial y la portavoz, la organización Súmate contabilizó 273 sitios, en 17 estados: 70 por problemas de infraestructura y 203 por violencia.

Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda y Táchira fueron los estados afectados por la segunda medida, argumentada en el asesinato de 15 ciudadanos en el marco de los comicios del 30 de julio. Sin embargo, de este listado sólo Mérida, Táchira y Lara registraron homicidios ese fin de semana; cuatro en las cercanías de centros electorales. En contraste, Sucre y Zulia, donde ocurrieron dos asesinatos durante las protestas contra la ANC, no fueron incluidos en las reubicaciones por violencia (sí por infraestructura).

Las inconsistencias continúan. Los electores que debían sufragar en el Liceo Mario Briceño Iragorry, del municipio Iribarren del estado Lara, fueron reubicados en la Escuela Nacional Bolivariana Bararida, en la avenida Libertador, de la zona este de Barquisimeto. No obstante, precisamente en la avenida Libertador fue asesinado Luis Zambrano, el 30 de julio. Esta reubicación contradice los parámetros bajo los cuales el CNE migró 203 (de 273) recintos en el país.

“Si esa fuese realmente la razón (violencia), se ha debido proceder a reubicar a esos electores en otros centros de votación desde que se diseñó la infraestructura electoral”, explica Luis Lander, presidente del Observatorio Electoral Venezolano, para quien la migración de centros obedeció a propósitos partidistas. Comenta que coincide con lo que en Latinoamérica se ha denominado como “ratón loco”, una estrategia política que tiene como fin desorientar al elector. “Estas reubicaciones cambian las condiciones y desmotivan el voto. Estimulan la abstención”.

Salvador Martí, profesor e investigador de Ciencia Política de la Universitat de Girona (Cataluña, España), explica en un artículo publicado en la revista Santiago a qué se debe el nombre: “Se le llama ratón loco porque el elector se comporta como tal, camina de casilla en casilla, busca su nombre en varias listas nominales para poder votar, y al no localizarlo, lo más probable es que se desespere y ya no vote”. El autor señala que esta práctica dificulta la localidad en los centros que tienden a ser de oposición, y que fue una estrategia utilizada por el presidente nicaragüense Daniel Ortega para cometer fraude electoral, específicamente en las elecciones de 2012.

 

 

El estadístico venezolano Félix Seijas Rodríguez coincide con Luis Lander, y sostiene que las medidas fueron planificadas. “El gobierno ya venía trabajando el ánimo de los opositores. Primero, mermaron el ánimo dándole al voto connotaciones negativas, haciéndoles creer que no serviría de nada sufragar. Luego, dos días antes, hacen este cambio de centros, y terminan de acentuar el disgusto”, asevera. Plantea, además, que el proceder del CNE fue incongruente. “Si cambias a los electores a otros centros y lo justificas diciendo que así evitas posible actos violentos, estás diciendo que el Plan República no puede entonces garantizar la seguridad en los centros de votación”, interpreta.

Nélida Sánchez, coordinadora nacional de contraloría ciudadana de la organización Súmate, coincide. “Si bien es cierto que ocurrieron hechos violentos en el espacio de la Constituyente, posterior a esa elección no se han suscitado inconvenientes. El CNE con ese argumento incluso pone en tela de juicio la capacidad por parte de CEOFAN de garantizar la seguridad al electorado”, sentencia.

Obstáculos restaron votos a la MUD

Reinaldo no votó el 15 de octubre. Su centro electoral en Guarenas, el colegio San Nicolás de Bari, fue reubicado en la escuela rural Zenobia Vergara de Chiquito, a cinco kilómetros de distancia. La mañana de las regionales, colectivos armados amedrentaron con robos y disparos al aire a los votantes que se trasladaban a este destino. La abstención en el centro migrado —el más grande del municipio— fue de 61%.

Mariela, su hermana, y su mamá, de 86 años, tampoco sufragaron. El centro de votación en el colegio Juan Pablo II, de La California Sur, donde están inscritos desde hace varios años, fue desplazado a la escuela José Mercedes Santeliz —que recibió a votantes de dos centros— en el barrio Campo Rico. Mariela relata que el autobús habilitado por la MUD trasladaba a los electores hasta la entrada del sector, en la avenida Francisco de Miranda. Ahí, debían subir en Jeep hasta la última parada de la comunidad, y ascender por escaleras hasta el recinto educativo. Ante la imposibilidad de llevar a su madre, decidieron quedarse en casa. La abstención en el Juan Pablo II fue de 62%.

Tras la reubicación de centros electorales, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, aseguró que la medida no afectaría el proceso, pues los centros sólo representaban 1,5% de los recintos habilitados para la elección. No obstante, una investigación de El Pitazo precisó que en Miranda —estado adjudicado al PSUV— el índice de abstención en centros desplazados incidió en el total de abstención de la entidad y favoreció al candidato oficialista, dado que en los centros seleccionados por el CNE, para ser afectados por la medida, dominaba tradicionalmente el voto opositor.

Como Reinaldo, Mariela y su familia, 122.217 electores del estado Miranda, cuyos centros fueron reubicados, no ejercieron su derecho. Representan 14% de la abstención total en la entidad, donde la diferencia entre el gobernador electo oficialista Héctor Rodríguez y el candidato opositor Carlos Ocariz fue de 86.388 votos. Ocariz impugnó, el 26 de octubre, estos resultados ante el CNE por irregularidades y lo que considera delitos electorales. Aseguró que llevará su denuncia a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea y a la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Para determinar la incidencia de la reubicación de centros electorales en el índice de abstención, la Unidad de Investigación de El Pitazo construyó una base de datos, con información sobre las 273 sedes migradas, registradas por la organización Súmate. En esta tabla se identificó el tipo de zona (residencial, popular, rural o barrio) y de reubicación (violencia o infraestructura) de los recintos, para verificar la existencia de un patrón de migración; se compararon los resultados entre las regionales de 2012 y 2017 para fijar la tendencia política histórica de los 273 centros, y se cotejó el número de mesas y la abstención de ambos comicios para conocer la variación. Se señalaron también irregularidades externas que pudieron perjudicar el proceso durante la jornada electoral del 15 de octubre.

El contraste de la data arrojó que en los recintos reubicados del estado Miranda (51) la abstención alcanzó 53,35%; es decir, sólo 106.864 electores, de 229.081 posibles, ejercieron su derecho al voto, afectando de forma considerable la abstención total de la entidad, de 858.859 votantes. En las regionales de 2012, la abstención en los mismos centros alcanzó 39,22%, 14 puntos porcentuales por debajo de la abstención del 15 de octubre.

De estos centros, 65% estaban ubicados en zonas residenciales, y 36% fueron reubicados en barriadas o zonas rurales, de complicado acceso. Dos corresponsales de El Pitazo, en el estado Miranda, reportaron, además, situaciones de violencia y fallas de logística en los municipios Los Salias y Plaza.

Aunque en la data de El Pitazo no se visualiza cuántos de estos 122.217 electores no sufragaron por voluntad propia y cuántos deseaban votar pero vieron obstaculizado su voto, sí puede corroborarse la tendencia política histórica de la entidad. En 2012, en los 51 centros reubicados, los resultados fueron favorables para la MUD, que se adjudicó 90% de lo votos. En 2017, la tendencia se repitió, esta vez con 86%.

La afirmación coincide con los estudios de Ratio UCAB, empresa de análisis y estrategia de la Universidad Católica Andrés Bello, que proyectaba que la gobernación de la entidad sería ganada por Carlos Ocariz, con 60% de los votos.

No obstante, el desplazamiento de centros no sólo influyó en las gobernaciones perdidas por el partido opositor. En Mérida —uno de los cinco estados adjudicados a la MUD— donde 211.973 electores no sufragaron, la abstención de los centros reubicados, que sumó 51.585 votos, representó 24% de la abstención de la entidad, que fue además la que sumó más reubicaciones (60).

 

Abstención mecánica es motivo de nulidad

Determinar si el índice de abstención de los estados con centros reubicados fue consciente o producto de las situaciones descritas en este reportaje (amedrentamiento, distancia entre centro origen y centro destino, acceso complicado a nuevos recintos) requiere de un complejo estudio de campo, afirma el estadístico Félix Seijas Rodríguez. No obstante, señala que, efectivamente, un porcentaje de este factor podría ser consecuencia de los obstáculos durante el proceso electoral. Define esta variable como “abstención mecánica”, y asegura que su comprobación sería motivo de nulidad y repetición de los comicios.

“La abstención mecánica es la provocada por factores ajenos al elector. Si alguien quería sufragar, y por las reubicaciones, máquinas dañadas, intimidación… no logró hacerlo, esta persona pasa a formar parte de este índice”, explica el especialista. “Si se prueba que esta cifra pudo haber cambiado el resultado, el CNE debe declarar nula la elección y repetirla”.

Su planteamiento es validado por el artículo 215 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales(Lopre), en sus apartados 2 y 3; y el artículo 222:

Artículo 215. La elección será nula: 1. Cuando se realice sin previa convocatoria del Consejo Nacional Electoral. 2. Cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia, en la formación del Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el resultado de la elección de que se trate. 3. Cuando el Consejo Nacional Electoral o el órgano judicial electoral correspondiente determine que en la elección realizada no se ha preservado o se hace imposible determinar la voluntad general de los electores y las electoras.

Artículo 222. Declarada la nulidad de la elección de un cargo electo nominalmente, deberá convocarse a nueva elección.

Seijas acota que, si bien, cuantificar los casos de abstención mecánica es un proceso difícil, el elector tiene la posibilidad de introducir un reclamo ante el CNE, si este fuese su caso. “En teoría, cualquier ciudadano puede y debe ser escuchado. Si alguien siente que se le impidió su derecho al voto, puede reclamar”.

Luis Lander explica que, a pesar de las trabas, el descontento con la gestión de Nicolás Maduro provocó que el porcentaje de votantes fuese alto. “La abstención no fue dramáticamente alta. Cumplió con el promedio de las elecciones de este tipo, aunque la condiciones no fueron normales. Esto se debió a que la motivación de los electores, en estos comicios, no era concretamente elegir a su gobernadores, sino manifestar su apoyo o no al gobierno”.

 

Reubicaciones incumplen con Ley de Procesos Electorales

“Se violó el carácter personalísimo del voto”, advierte Nélida Sánchez, también jubilada del CNE tras 27 años de servicio. La especialista explica que después de que se ha publicado el registro electoral, donde se especifica el centro y la mesa de cada elector, no deben existir cambios, con la única salvedad de alguna emergencia (un desastre natural, por ejemplo).

Su planteamiento se corrobora en el Artículo 32 del Reglamento de Procesos Electorales:

El Registro Electoral Definitivo a los efectos de un proceso electoral convocado deberá ser aprobado por el Consejo Nacional Electoral, el cual ordenará su publicación en el Portal Oficial de Internet del Consejo Nacional Electoral. Una vez aprobado el Registro Electoral Definitivo, no podrá ser modificado.

Según el cronograma del CNE para la Regionales 2017, la aprobación del Registro Electoral Definitivo y su publicación debía concretarse el 12 de septiembre. Pero, la migración de los primeros centros de votación se registró dos semanas después.

Las reubicaciones no sólo se hicieron fuera del tiempo legal tampoco cumplieron con el protocolo, en los recintos desplazados por infraestructura, indica Sánchez. En estos casos, las fallas de los centros (estructurales, por remodelación, reparación, falta de electricidad…) debieron identificarse oportunamente durante la evaluación de catastro, para incluir los cambios de sede en el Registro Electoral Definitivo. La especialista aclara que este tipo de migraciones no son nuevas, pero su aplicación en otros procesos había cumplido con los requerimientos y lapsos, para evitar obstaculizar el derecho al voto.

Sánchez agrega que, si no se logra habilitar el centro en el que el elector se ha inscrito, la reubicación debe hacerse en el centro más cercano. “Dónde votar es una decisión del elector, cada quien puede escoger al momento de inscribirse el centro que más le guste o le convenga”, destaca.

No obstante, la migración del centro de la Medicatura Rural Paloma de Chamberry, del municipio Uracoa en Monagas, al centro Hugo Chávez Frías, ubicado en un caserío en Boca de Guara, a 15 kilómetros, ejemplifica que el CNE procedió de forma contraria.

La reubicación incorrecta y extemporánea de recintos de votación no fue la única irregularidad durante las elecciones regionales. Súmate y OEV denunciaron al menos 18 irregularidades previas a los comicios: retraso en el cronograma electoral y fecha de las elecciones, exclusión de los cargos de legisladores de los Consejos Legislativos Estadales, retraso en la publicación del registro electoral definitivo, una jornada de inscripción insuficiente e ineficaz, exclusión de 17.000 personas del registro electoral y el impedimento para sustituir candidatos, destacan en la lista.

Asimismo, la MUD denunció, días después de las elecciones, siete irregularidades en el proceso: mesas dañadas o que no se instalaron, migración de centros de votación, votos nulos producto de la no sustitución de candidatos, chantaje y coacción a los trabajadores públicos con el carnet de la patria, electores con votos múltiples, prórrogas irregulares y obstáculos a las auditorías ciudadanas .

“No puede ser que el CNE actúe sin equidad, sin transparencia y sin igualdad de condiciones hacia el electorado”, expresa Sánchez. “El CNE tiene la responsabilidad de garantizarle a los electores el ejercicio del derecho al sufragio. Cuando no informa de manera oportuna, y lo hace prácticamente a oscuras, se está cercenando el derecho a la participación y, por ende, también se atropellan los derechos humanos”.

 

Llamados exprés a elecciones son otra manipulación del CNE
En comparación con las elecciones presidenciales de 2006, que fueron planificadas en ocho meses, este año el CNE solo tuvo 34 días para preparar los comicios regionales de octubre de 2017

 

@mpaolams

LOS TIEMPOS ELECTORALES HAN VENIDO CAMBIANDO desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. En los últimos cuatro meses, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó dos elecciones que fueron anunciadas con menos de 60 días de antelación, a diferencia de pasados comicios que llegaron a ser anunciados un año antes.

“Los lapsos no se pueden atropellar por más que yo lo desee” dijo Tibisay Lucena, presidenta del CNE desde el 2006, en agosto del año pasado. Sin embargo, la continuada reducción de los tiempos electorales prueban lo contrario.

Como “manipulación institucional” define el politólogo Edgard Gutiérrez esta estrategia del CNE de anunciar la convocatoria oficial poco tiempo antes de la elección, una variable que se une a la larga lista de irregularidades que han plagado los últimos procesos electorales venezolanos. «El fraude es continuado y es desde el día en que se convoca una elección a discreción», apuntó. 

El experto considera que la poca información sobre las elecciones dada por el Poder Electoral a la oposición, y a la población en general, juega a favor del gobierno de Nicolás Maduro. “Si no sabes cuando es una elección, no te puedes preparar bien … Te lo dice Maduro: él dijo la fecha de la elección antes que Tibisay. Si yo sé cuando es la elección antes de que mi adversario, es una ventaja”.

Esta irregularidad –una de las más importantes para Gutiérrez– tuvo un efecto negativo en las regionales para la oposición, desde las elecciones primarias que no pudieron tener mejor competitividad, ser más abiertas y tener una campaña más prolongada, hasta los impedimentos en la sustitución de candidatos y las campañas electorales e informativas sobre el voto.

“Cuando Chávez era candidato y (los chavistas) eran mayoría, no había mayor problema. Antes convenía hacer elecciones, ahora no. Ahora conviene hacerlas en condiciones muy distintas”, refiere el experto.

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Gutiérrez asegura que esto empezó a suceder desde las elecciones parlamentarias de 2015, que fueron pospuestas por cinco meses, «coincidencialmente cuando el chavismo dejó de ser mayoría electoral».

La manipulación continuó con la postergación de las elecciones regionales pautadas para 2016 –cuya fecha se filtró por funcionarios gubernamentales antes de ser oficialmente anunciada– y se hizo completamente visible con la votación de la Constituyente, explicó. 

Gutiérrez realizó un gráfico a partir de la información oficial del ente electoral para visualizar la diferencia a que hace referencia.

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Cronología de tiempos a conveniencia

En 2006, 2008 y 2010 se realizaron tres elecciones –presidenciales, regionales y parlamentarias respectivamente– que fueron anunciadas entre 6 y 8 meses previos a la votación.

La siguiente votación, la presidencial del 2012 donde se midieron el fallecido presidente Hugo Chávez con el líder opositor Henrique Capriles, destacó como el proceso anunciado con mayor antelación, de acuerdo a la gráfica del politólogo. En ese entonces, pasaron 390 días –más de un año– entre la convocatoria y las votaciones.

Durante el 2012 ocurrió otro proceso electoral, el de las elecciones a gobernadores de 2012 que fueron anunciadas 262 días –aproximadamente 8 meses– antes de que se llevaran a cabo el 16 de diciembre.

Los comicios que siguieron no estaban en los planes del Poder Electoral por deberse a la muerte del presidente Chávez el 5 de marzo de 2013. El CNE llamó a elecciones cuatro días después del fallecimiento, y se llevaron a cabo el domingo 14 de abril, 36 días luego de su convocatoria. Hasta 2016, estas fueron las elecciones con menos tiempo de planificación de los últimos 10 años.

Sin embargo, el CNE estaba preparado para realizar elecciones el 14 de abril, pues era la fecha de las municipales que correspondían para 2013. La votación fue pospuesta para el 8 de diciembre, anunció Lucena el 30 de mayo, aproximadamente 6 meses –191 días– antes de la fecha.

El proceso en que fueron electos los diputados a la Asamblea Nacional en 2015 permitió ver el descenso entre el tiempo de convocatoria y el de realización que desde el 2013 empezó a acortarse. Para las parlamentarias, el CNE no anunció con los 8 meses de antelación promedio, sino con 5 meses –167 días–, y postergó la fecha que de inicio estaba planteada para el primer semestre del año.

En el camino electoral venezolano, las irregularidades empezaron a sentirse con los tropiezos ante las regionales, que de acuerdo con la Constitución debían realizarse en el transcurso del 2016, pero que el CNE los aplazó hasta el año siguiente y convocó una vez realizada las votaciones de la asamblea nacional constituyente.

Tanto la constituyente como las regionales y las venideras elecciones municipales, pautadas para el 10 de diciembre, no cuentan con más de dos meses entre su anuncio y la fecha en que se llevarán a cabo, menos de un cuarto del tiempo con que gozaron otras elecciones.

«Las elecciones ya están mal. No hay tinta, las fechas no se dicen. El sistema electoral es una cosa que da risa. Ellos dicen que se hacen las auditorias, pero ¿se hacen bien?», se pregunta Gutiérrez.

El proceso electoral en que solo participaron candidatos del oficialismo para los puestos en la asamblea constituyente ocurrió el domingo 30 de julio. El CNE anunció los comicios 67 días antes. Las regionales sucedieron dos meses y medio después, el 15 de octubre, pero la convocatoria oficial fue anunciada apenas 34 días antes de la elección. Y la fecha de las votaciones municipales –que llevan ocho meses de retraso– apenas fue develada esta semana, para ser realizada en menos de 38 días, específicamente el 10 de diciembre.

La sumatoria de las irregularidades electorales han llevado a los venezolanos a no creer en el sistema electoral. El politólogo afirma que 3 de cada 4 venezolanos considera que las elecciones en el país son fraudulentas.

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Guanipa consignó denuncias del proceso electoral del Zulia ante el CNE

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El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, consignó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) denuncias registradas antes y durante el proceso de elecciones regionales en el estado Zulia el pasado 15 de octubre.

Guanipa indicó que a pesar de que el CNE es el que prepara y avala la “intención de fraude”, es importante que esta instancia tenga constancia de las irregularidades.

“Cuando vean esto, lo que harán es reírse y dirán que esto lo hicieron ellos, pero es importante que lo tengan porque tenemos que rescatar la posibilidad de que a través del voto salgamos del drama que está viviendo Venezuela”, expresó.

Algunos de los casos consignados indica que todos los coordinadores de los centros de votación del país son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los que fueron elegidos miembros de mesa aleatoriamente, tuvieron problemas para acreditarse y cuando llegaron a sus centros, tuvieron conflictos con militantes oficialistas, según dijo el dirigente en las afueras de la sede de esta instancia electoral, en Caracas.

Igualmente, manifestó que denunciará estas irregularidades en los organismos nacionales e internacionales para que se respete la voluntad del pueblo zuliano.

Defensa y rescate del voto

Guanipa anunció que dentro de la oposición se iniciará una cruzada en defensa y rescate del voto, por lo tanto, no participarán en las elecciones municipales para poder ejercer mecanismos de presión que logren las condiciones necesarias para ir a las elecciones presidenciales.

Además, detalló que en el Zulia se creó un nuevo frente llamado “Venezuela es Primero” conformado por Primero Justicia, Voluntad Popular y Causa R que luchará por el rescate del voto.

“Si algo tiene que hacer la Unidad es resetearse y preguntarnos quien reconoce o no la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”, aseveró.

En vista de la rapidez con la que se han convocado a las elecciones regionales y municipales, Guanipa opinó que deben realizarse elecciones primarias dentro de la oposición para elegir el candidato presidencial unitario.

“Debemos estar preparados ante un nuevo llamado a elecciones”, agregó.

En referencia a la postulación a gobernador del Zulia del dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rosales, destacó que la decisión es incomprensible. “Hasta cuándo vamos a estar pensando en cosas pequeñas cuando lo importante es Venezuela”, finalizó.

Velásquez: CNE admitió recurso de impugnación de resultados en Bolívar

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El excandidato opositor a la Gobernación en el estado Bolívar, Andrés Velásquez, informó este jueves a través de su cuenta en twitter, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió el recurso de impugnación que realizó debido a las irregularidades en los comicios regionales en el estado Bolívar.

«CNE admitió recurso de impugnación que presenté por alteración de resultados en Bolívar», expresó.

Los interesados ahora tienen cinco días para presentar prueba y alegatos que consideren pertinentes.

Velásquez denunció varios hechos de irregularidades en la entidad posteriores a los comicios regionales del pasado 15 de octubre y aseguró tras una firma poseer las actas que lo dan como victorioso en las pasadas elecciones a gobernadores.

Guanipa apelará a la presión internacional para lograr condiciones electorales

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El integrante de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, consideró este martes necesario “hacer un gran trabajo para lograr reivindicar el voto” luego del comportamiento del Consejo Nacional Electoral el pasado 15 de octubre durante las elecciones regionales.

“Hemos decidido no participar en municipales para ejercer la presión internacional para que se logren las condiciones para poder participar en un proceso electoral”, afirmó el gobernador electo en el Zulia y cuya vacante declaró el Consejo Legislativo del estado, lo que llevó a la juramentación de una mandataria regional encargada.

Para Guanipa la oposición debe prepararse para los comicios presidenciales y que sea respetada la voluntad de los venezolanos. “La decisión que tomamos de no participar es extrema. Y supone el compromiso de prepararnos para la elección presidencial y de exigir condiciones en que se respete el voto popular”.

 

Juan Pablo Guanipa sobre despojo en el Zulia: “Es un golpe de estado a la libertad”

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El gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, calificó la medida tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), como “un golpe de Estado a la Democracia, un golpe de Estado a la Libertad”, luego de que este, impusiera la repetición del proceso electoral en la región.

Denunció en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio que esta medida es ilegal por cuanto los estados son autónomos y según la Constitución los gobernadores electos deben ser juramentados ante el Consejo Legislativo. “En ninguna parte de la Constitución nacional, en ninguna parte de la Constitución del Estado Zulia, aparece que un gobernador electo debe viajar a Caracas a juramentarse ante nadie”, sentenció.

Aseguró que desde el desarrollo de la campaña electoral, Primero Justicia en el Zulia dejó claro que no iban a aceptar arrodillarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

 

Imponer condiciones a gobernadores para asumir cargos es un desacato a voluntad de los electores

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Que los candidatos ganadores no puedan ocupar sus cargos porque se les impongan condiciones para ser reconocidos, no establecidas en ley alguna nacional o estadal, o que se despojen de atribuciones o recursos los cargos públicos que han de desempeñar, constituye un desacato de la decisión de los electores.

Así lo expresó la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación, por medio de un comunicado, a propósito de las advertencias por el propio presidente de la República, a los candidatos electos en los comicios del pasado 15 de octubre, de no permitirles ocupar sus cargos si no se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Esta medida podría afectar a los gobernadores de Táchira, Mérida, Zulia, Nueva Esparta y Anzoátegui, donde la elección favoreció a los candidatos de la oposición, quienes no han aceptado someterse a dicho mandato.

El documento destaca que la norma vigente, específicamente el artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, establece que los mandatarios regionales electos deben juramentarse ante las respectivas Asambleas Legislativas Estadales.

Por otro lado, el texto denuncia que también se estaría violando la voluntad de los electores al intervenir las policías estadales de los cinco estados arriba mencionados, como ha procedido a practicar el poder ejecutivo, y con el trasladado de funciones y recursos de la gobernación al gobierno central, como ya sucedió en el caso de Táchira.

“Esta medida, aplicada sólo a los Gobernadores electos no afines al partido de gobierno, limitaría la capacidad de las autoridades electas de enfrentar los graves problemas de seguridad ciudadana que afectan a la población de los estados en donde deberán ejercer sus funciones de gobierno”, agrega el escrito.

Adicionalmente, la Red afirma que en un proceso electoral verdaderamente democrático se debe contar no sólo con votaciones competitivas y libres, estimuladas y protegidas por las autoridades electorales, sino que es además imperioso que se respeten los resultados que expresan la voluntad popular.

De acuerdo a la Red, estos hechos se suman a una serie de irregularidades ocurridas antes y durante el proceso electoral, entre las cuales se encuentran la inhabilitación de candidatos; la descalificación de la MUD para presentar candidatos en siete estados; el impedimento a los partidos de sustituir candidatos postulados; las reubicaciones precipitadas e ilegales de centros de votación; el voto bajo coacción; la compra de votos; el amedrentamiento de electores y las irregularidades posteriores a la elección arriba señaladas.

La Red subraya que, un caso que merece particular atención es el que origina el reclamo del candidato a la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velásquez, quien ha denunciado la alteración de votos registrados en las actas de varias mesas de ese estado, en perjuicio de su candidatura.

A este respecto, bastaría una recta revisión comparativa entre lo contenido en las actas y la información transmitida al CNE, para despejar las dudas sobre quién es el ganador de la contienda. Siendo esto así, cualquier obstrucción a la realización plena y transparente de este procedimiento arrojará cuestionamientos razonables sobre la legitimidad de quien sea proclamado Gobernador de esa entidad.

A propósito de la elección en el estado Bolívar el documento destaca que éste es uno de los casos en que se manifiesta de manera patente el efecto pernicioso de haber mantenido en la boleta de votación los nombres de personas que se habían retirado de la contienda electoral. En este estado 3.787 electores emitieron su voto por Francisco Sucre, quien fuera candidato de los partidos AD, PJ y PA en las elecciones primarias de la oposición, los cuales solicitaron la sustitución de Sucre por Andrés Velásquez, lo que las autoridades del CNE negaron a hacer, basados en una acomodaticia decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inocultable sesgo político.

De haberse cumplido con lo que establece el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los votos obtenidos por Francisco Sucre tendrían que ser sumados al candidato Andrés Velásquez, lo que le habría otorgado el triunfo en la elección. De manera que con la decisión del CNE se consumó una flagrante violación de la voluntad de los electores.

“Lo anterior nos lleva a afirmar que la elección de gobernadores efectuada el 15 de Octubre estuvo signada por un conjunto de manipulaciones, violatorias de las normas establecidas, que hacen pensar que hubo un deliberado propósito de alterar los resultados de la elección en favor de los candidatos del partido de gobierno”, agrega el documento.

“Solo la intervención de jueces imparciales y de reconocida trayectoria, permitiría restablecer la confianza ciudadana en los procesos electorales en el país, menoscabada por las actuaciones de las autoridades electorales, mediante la realización de una auditoría general del proceso electoral que establezca la verdad sobre lo sucedido y dé bases para que se hagan las correcciones pertinentes”, finaliza el comunicado.

 

*Con información de Nota de Prensa

Descontento, irregularidades y emigración frenaron el voto de los jóvenes el 15-O

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Paola Martínez / @mpaolams

“¿Dónde están los chamos? No han venido a votar” preguntó con preocupación una testigo de mesa en el Colegio Merici de El Hatillo, horas antes del cierre de los centros electorales el domingo 15 de octubre.

En los comicios regionales celebrados en Venezuela participaron más de 10 millones de electores, pero la presencia de jóvenes votantes pasó desapercibida, al contrario de pasadas elecciones. “A pesar de la presencia de jóvenes en los centros, las personas mayores nos superaban. No nos adueñamos del proceso”, opina Gabriel Valdez, presidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la Universidad Simón Bolívar.

Las irregularidades que plagaron el proceso del domingo se sumaron al descontento que invade a parte de la juventud venezolana por el panorama político nacional e infundieron desconfianza en el camino electoral. Los niveles de participación de la oposición en estas elecciones, en la que obtuvo casi 5 millones de votos, regresaron a sus antiguos estándares tras haber obtenido 8 millones de firmas en la Consulta Popular del 16 de julio.

“Venimos de un escenario de calle en que muchos esperaban cambios, y luego sucedió la constituyente”, contó a Runrun.es la presidenta de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens. La dirigente de 25 años considera que los jóvenes se están desinteresando de la política luego de los cuatro meses de protestas antigubernamentales en que murieron más de 150 personas.

“Los jóvenes fuimos protagonistas de un proceso de manifestaciones que nos dejó un gran luto: heridos, presos, fallecidos. El ánimo actual no estaba para un clima electoral. Esa nube negra que algunos tenemos encima después de la ANC, que sin duda es el objetivo del gobierno, nos desmoralizó”, agregó Valdez.

Para la coordinadora nacional de Voto Joven, Luisana Sobero, el cese de las protestas en que participó gran parte del movimiento estudiantil y el repentino llamado a elecciones por la oposición sin contar con las condiciones necesarias, como el cambio de las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), afectó la participación juvenil del domingo 15.

“Fue difícil aceptar que íbamos a un espacio electoral. Desde el movimiento dejamos en claro que debían haber condiciones, pero de no darse igual teníamos que estar ahí. No se podían regalar las elecciones”, afirmó Requesens.

La decisión de ir a votar, para Valdez, fue la correcta. “Las injusticias que conocemos se fueron sumando con otras nuevas. Sin embargo, llamamos a votar. Lo hicimos en asambleas de vecinos, en redes sociales; lo hicimos para recuperar la democracia en el país”.

A pesar de que el movimiento estudiantil estuvo presente el 15 de octubre en los centros de votación en Caracas, careció de la fuerza del estudiantado que en comicios anteriores los ha caracterizado. La abstención también afectó la estrategia de la operación remate por parte de los jóvenes, que en esta ocasión no se llevó a cabo, pues todos los que estaban dispuestos a votar ya lo habían hecho más temprano.

 

Los votos que migraron con los jóvenes

Valdez considera que la migración fue otro factor que restó votos jóvenes en las elecciones. Cada uno de los estudiantes de la universidad conoce al menos una persona que se ha ido del país, comenta. “Todas las semanas tenemos reuniones para decirle adiós  a alguien. Desde el 30 de julio las despedidas han aumentado”.

El dirigente de la Unimet, Samuel Díaz, también relaciona los bajos niveles de participación en Miranda con la migración, específicamente en los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo, los cuales demostraron una afluencia de votos menor a la usual en pasadas elecciones. En las regionales de 2012, la participación de los tres municipios se ubicó en promedio en 58%, pero para las del 2017 fue de 47%.

Aproximadamente 2.400.000 venezolanos habrían dejado el país para 2016, señala la coordinadora de Voto Joven citando el estudio del Departamento de Migración de la USB. Entre 60% y 70% de ese número corresponde a jóvenes.

Otro impedimento del voto para muchos jóvenes que en el año han cumplido la mayoría de edad fue su inscripción en el Registro Electoral. La apertura del registro para las votaciones de gobernadores solo se realizó por una semana en julio, del 6 al 15. Díaz indica que los cortos periodos en que no estuvo abierto, además de la poca divulgación del proceso, ha entorpecido la posibilidad de que estudiantes, a pesar de tener la edad requerida para votar, no pudieran hacerlo.

 

Seguir adelante

“La juventud es más irreverente y más sentimental. Se deja llevar más por las emociones y hay que ver cómo se maneja eso. No es fácil”, admite Requesens ante la pregunta de cómo continuar con la lucha por la democracia tras la derrota de la oposición. “La preocupación es hacia los jóvenes. Como se les vuelve a levantar el ánimo. Eso debe ser un trabajo en conjunto, con una estrategia y una organización. A pesar de los resultados negativos, hay que continuar”.

“Lo importante es seguir con la cabeza en alto”, dice el dirigente de la Unimet. Seguir haciendo el trabajo de bases, de hormiguita, y empoderar a la gente es la ruta que no se debe perder, considera.

Las decisiones ante un posible nuevo proceso electoral deben ser tomadas por todos, explica Valdez, no solo por los factores políticos. “Es una lección para todos, incluida la dirigencia estudiantil. No solo hace falta votar, sino involucrarse en todos los procesos”.