ERAN LAS 2:00 DE LA TARDE DEL VIERNES 25 DE ENERO. Cristian Alejandro Ramos, de 17 años, jugaba en su computadora Canaima, esperaba a su tío para trabajar en el piso del cuarto que construían juntos, en el mismo terreno donde está la casa de su madre, ubicada en el sector El Bosque de El Tocuyo, municipio Morán del estado Lara.
A Ramos lo acusan desde el gobierno municipal, de haber intentado quemar la casa de Gisela Rodríguez, la alcaldesa de El Tocuyo, junto a los hermanos José Alfredo (24 años) y a Anderson Torres Cortez (17 años), durante las protestas del 23 de enero en la noche que se presentaron en varios puntos de la ciudad morandina, señalamiento que desmienten sus familiares y vecinos.
“A Cristian lo sacaron de su cuarto, su mamá gritaba y él también. Lo llevaron a la casa de los hermanos [Torres Cortez]. Allí los torturaron y los mataron. Eran demasiados funcionarios, nos apuntaban por las ventanas y nos mandaban a encerrarnos en los cuartos. Fue una especie de toque de queda que impusieron mientras los mataban”, cuenta una de las vecinas del sector.
En el terreno de los Torres Cortez hay dos casas, en “la de abajo” como ellos la describen, era donde estaban los hermanos cuando llegaron los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), con pasamontañas, armados y apuntando a todas las personas que veían en su camino.
“Ellos acaban de hacer el porche de la casa… lo hicieron para que los velaran ahí”, dijo entre lágrimas la viuda de José Alfredo y madre de un niño de cuatro años.
La mamá de Cristian escuchaba que los muchachos gritaban, pero no podía salir porque los funcionarios que tenían la zona rodeada se lo impedían y le decían: “Vete para allá vieja chismosa … en vez de estar pendiente de los choros cuando están robando …”.
Vecinos aterrorizados
En la comunidad El Bosque, todos sus habitantes querían hablar al mismo tiempo, cada uno relataba lo que vivió, lo que conocían de los tres jóvenes asesinados y sobre el miedo que ahora tienen por lo que ocurrió.
“Igualmente vamos a denunciar todo esto, porque no podemos esperar que se repita una masacre”, declararon.
Los habitantes de la comunidad tienen temor por la vida de sus hijos, porque han observado durante el día y la noche a patrullas de la policía y a funcionarios del Faes rondando las calles de tierra de esta humilde barriada.
“Esta vez fueron a ellos -señalando a los familiares de los asesinados- pero mañana podría ser en contra de nuestros hijos. Ahora hay que tenerle más miedo a ellos que a los malandros”, dijo un vecino que relataba lo que vivió esa tarde.
La tarde del suceso mandaron a desalojar a quienes vivían en un perímetro aproximado de 30 metros a la redonda de la casa de los hermanos Torres Cortez. A las personas que caminaban por las calles las devolvían y no las dejaban pasar.
Durante nueve horas, los habitantes de El Bosque sufrieron porque no sabían a quiénes habían matado ni a cuántos.
Casi a las 11:00 de la noche los vecinos pudieron volver a sus casas y saber qué había pasado. En el caso de las personas que los funcionarios mantuvieron encerradas desde las 2:00 de la tarde, sin agua y sin alimentos, en cuartos calientes, al fin pudieron salir.
Resistencia a la autoridad
En la reseña del cuerpo policial donde detallan el hecho donde murieron los tres jóvenes de El Bosque, se lee que hubo resistencia a la autoridad y posterior enfrentamiento con los funcionarios del Faes y del Cicpc que los acompañaban. Se indica que incautaron dos escopetas y un escopetín.
“Eso es mentira. Esos muchachos no eran ningunos azotes como han intentado hacer creer, que muestren esos supuestos antecedentes por homicidio y droga, no existen… muestren también el vídeo donde supuestamente estaban protestando alrededor de la casa de la alcaldesa, que lo muestren”, expresaban los vecinos con indignación.
Los habitantes de la zona señalaron a los funcionarios del Cicpc apodados “El Bomba” y “El Nariz”, como los funcionarios que guiaron a los del Faes hasta la casa de los Torres Cortez.
Dos pensaban en emigrar
Cristian Alejandro, próximo a graduarse de bachiller, tenía el cabello rojizo, por eso le decían “el ruso”. Le había dicho a su familia que quería emigrar a Perú, para trabajar y ayudarlos a todos. Mientras tanto, terminaba de construir una pieza en el terreno donde vive su madre.
“Cada platica que agarraba cuando iba a la finca a trabajar con el papá o limpiando solares, la invertía para su cuarto, ese día íbamos a echar el piso. Él tenía visión de futuro, le gustaba ser ordenado y yo puedo dar fe que el 23 en la noche estaba con nosotros y se acostó a dormir como a las 11:00”, relata uno de los tíos quien exigió a las autoridades que mostraran los antecedentes del niño.
José Alfredo, el mayor de los tres, había ido con su mamá al banco ese día, más temprano, porque estaba juntando efectivo para irse a trabajar a Colombia, debido a que la situación económica no era favorable para la familia Torres Cortez.
Ninguno de los dos pudo cumplir su meta de emigrar para ayudar a sus familias.
“Esto no es posible, no puede ser que porque seamos humildes nos tengan pisoteados. El vandalismo está de lado del gobierno. Esto duele, yo no estoy defendiendo a ningunos delincuentes ¿por qué el gobierno más bien nos le dio una oportunidad de trabajo, una beca de estudios y los apartaban de la pobreza en vez de perseguirlos como criminales?”, dijo entre sollozos otro tío de los jóvenes.
Alcaldía les regala una bolsa Clap
El sábado, un día después de la masacre, dos funcionarios de la alcaldía fueron a las casas de los familiares de Ramos y de los hermanos Torres Cortez, para entregarles unas bolsas de comida Clap y a preguntarles si necesitaban dinero para el pago de los entierros.
Ambas familias rechazaron lo que consideraban un soborno.
“Ellos creen que la vida de nuestros hijos vale una bolsa de comida. Lo que queremos es justicia”, insistieron.
Un representante del consejo comunal rechazó lo que consideró actos vandálicos de los funcionarios del Faes y del Cicpc, quienes después de los asesinatos robaron la bombona, comida, las pilas de las computadoras Canaima y unos zapatos rotos del hermano menor, según su mamá, los únicos que tenía para salir.
“Si cometieron un delito tenían el derecho a tener un abogado, la presencia de un fiscal y lo más importante: el derecho a la vida”, acentúo con sus palabras.
