En medio de un enfrentamiento durante la mañana de este viernes 8 de diciembre murió Valmore Antonio Seija, de 26 años, alias “el guariqueño”.
El hecho se registró a las 11:20 am en la calle 3 del sector Meneven de El Tigre, al sur de Anzoátegui, cuando una comisión de la división de investigación del Centro de Coordinación Policial (CCP) realizaba labores de patrullaje por la zona, y fueron atacados a tiros por Seija.
El supervisor jefe José Romero, director de la institución policial, señaló que la comisión repelió el ataque, por lo que se produjo una persecución en caliente, luego que “el guariqueño” emprendió la huida.
Romero destacó que el hombre ingresó en una vivienda y resultó herido. Posteriormente fue llevado a la emergencia del hospital Guevara Rojas de El Tigre, donde murió a los pocos minutos de su ingreso.
El jefe policial aseguró que Seija era integrante de la banda “El Picure”, que opera en estado Guárico. Precisó que al verificar sus datos en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) arrojó dos registros policiales; uno por porte ilícito de arma de fuego de fecha 17/05/2014, y otro por la subdelegación de Zaraza del estado Guárico, por homicidio calificado, de fecha 10/01/2016.
Romero destacó que en el sitio del enfrentamiento funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científica Penales y Criminalística (Cicpc) subdelegación El Tigre incautaron una pistola marca Tanfoglio, color negro, calibre 9 mm, con seis cartuchos percutidos y cuatro sin percutir. El arma presenta una solicitud por el delito de robo genérico, por el Cicpc El Tigre, de fecha 05/05/2016.
Vecinos del sector Meneven señalaron que Seija no pertenecía a esa zona. Acotaron que escucharon varias detonaciones en la vivienda donde presume que estaba escondido.
Se conoció que “el guariqueño” estaba relacionado a varios delitos ocurridos en Guárico, como secuestro, extorsión y homicidio.
El 2016 terminó. Por ello echamos para atrás y te presentamos la lista de las notas y temas más leídos por los Runruneros.
Según nuestros lectores, el año estuvo marcado por la muerte de tres criminales: “El Picure”, líder de las bandas delictivas que azotan los llanos centrales venezolanos; “El Conejo”, “pran” de la cárcel de San Antonio, Nueva Esparta; y “El Topo”, cabecilla de las organizaciones que controlaban los campamentos mineros al sur del estado Bolívar.
Otro tema que marcó 2016 y robó titulares durante todo el año fue el juicio a los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. A un año de su detención y después de 5 horas de deliberación, el jurado de una corte de Nueva York los declaró culpables por conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos.
El año no estaría completo sin también un poco de humor, escándalos de altos funcionarios y testimonios de quienes deciden emigrar.
Que el 2017 no comience sin tú también haberte enterado de lo más visto en Runrun.es
Comenzando por la posición 10, está el trabajo de Lorena Meléndez donde toca el tema de cómo después de días de la muerte de José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”, uno de los criminales más buscados del país, todavía había muchos detalles por aclarar, lo que ayuda a la impunidad, y analiza el comportamiento de las autoridades y ciudadanía en general ante el tratamiento de la muerte de este tipo de personas.
Esta nota también habla de otro líder criminal, pero en esta oportunidad, de Teófilo Rodríguez Cazorla, alias “El Conejo”, quien a pesar de estar en libertad al momento de su muerte, era considerado el pran de la cárcel de San Antonio, en la isla de Margarita. El trabajo detalla cómo fue acumulando poder y privilegios durante su reclusión, como era él quien controlaba y daba las órdenes, todo bajo la mirada complaciente de las autoridades, entre ellas Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Después de la masacre de Tumeremo, en el estado Bolívar, donde desaparecieron al menos 21 mineros, el nombre de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El Topo”, empezó a sonar en todo el país. En el texto, Germán Dam Vargas detalla cómo “El Topo” no era desconocido en las poblaciones mineras del sur del estado Bolívar, cómo logró su ascenso al poder y al hombre detrás del mito que se empezó a formar en el 2009, cuando tomó el liderazgo de la banda. Este perfil fue parte de la cobertura que quedó entre los tres finalistas del premio Gabriel García Márquez 2016.
Desde el momento de la captura, pasando por los interrogatorios, hasta llegar al juicio y veredicto, muchos nombres salieron del caso por narcotráfico en contra de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. En este trabajo, se detallan los nombres de funcionarios, polícias, políticos y otros personajes, que estarían relacionados y habrían ayudado a Campos Flores y Flores de Freitas.
Panamá es sin duda un país que pasa por la mente de los venezolanos que deciden o quieren emigrar. Este trabajo pasa por el testimonios de aquellos que decidieron dejar todo atrás y no todo ha sido color de rosa. Incluso, presenta una infografía con los costos de la vida en Panamá. Desde la comida, pasando por servicios y vivienda.
En esta oportunidad, el trabajo pasa por casos un tanto turbulentos, la mayoría de las veces, asociados a hechos delictivos, en los que ha sido involucrada Jimena Araya, conocida popularmente como “Rosita”. Entre los hechos están la fuga de Héctor Guerrero Flores, alias “el Niño Guerrero”; el asesinato de Luidig Ochoa, apodado “Cara e’ muerto”; y su militancia en el partido Podemos.
En esta nota, Lorena Meléndez relata, con fotos, videos y testimonios, cómo Runrunes llegó hasta el lugar donde ocurrió la masacre de Tumeremo, en el estado Bolívar, donde aún quedaban rastros de sangre, ropa de las víctimas y conchas de proyectiles. Esta también fue parte de la cobertura que quedó entre los finalistas del premio Gabriel García Márquez 2016.
Llegando ya al final del conteo, vuelven a salir los sobrinos Flores y en este caso, el escrito detalla cómo las declaraciones y pruebas reveladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el proceso que se le siguió a los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, sí confirman una serie de señalamientos y denuncias que vinculan a funcionarios del gobierno de Venezuela con tráfico de drogas. Entre las afirmaciones con las que trabaja el texto está la existencia de la ruta de la droga por Honduras, el enriquecimiento de la familia presidencial y la posible venta de droga para financiar campaña electoral.
Como no podía terminar el año sin humor y Runrun.es sacó en video la reacción de nada más y nada menos que el führer Adolf Hitler ante la juramentación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora el pasado 5 de enero.
Llegamos al final del conteo y tiene como protagonista al presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes. Durante sus años en la administración pública, no se ha escapado de los escándalos y en esta oportunidad hacemos el recuento de los siete que marcaron los últimos años.
Sin duda, la muerte de «El picure», la de una transexual, los ejercicios militares y el Decreto de Estado de excepción y Emergencia Económica dieron de qué hablar entre los Runrunes.
Esta semana me contactó un antiguo compañero de trabajo. Estaba preocupado pues un familiar muy cercano acababa de recibir una llamada en la que un sujeto que se identificaba como el comandante Martín Figueredo le decía que ciertas personas habían pagado cuatro millones de bolívares para matarlo; que a tal efecto él y su grupo lo vigilaban desde hace tres semanas y que por lo tanto conocían toda su rutina. Pero que durante ese tiempo entendieron que se trababa de “una persona de bien”, y que iban a darle una oportunidad para mantenerse con vida, siempre y cuando pagara un millón de bolívares.
El sujeto que llamaba aseguraba ser un operador de la banda comandada por José Tovar Colina, el mismísimo Picure muerto en El Sombrero durante un enfrentamiento con comandos de la Guardia Nacional, el martes 3 de mayo.
La víctima de esta extorsión se dejó llevar por los nervios y no pensó en pequeños detalles tales como que el líder de la banda que supuestamente iba a matarla había fallecido hace más de quince días. Le dijeron que la habían visto en su trabajo, y que en ese momento estaban vigilándola desde una camioneta. Como el local donde trabajaba el receptor de la llamada estaba en una urbanización del municipio Baruta, cualquier camioneta que pasara frente al inmueble podría ser el de los supuestos espías.
El primer consejo al ex compañero de labores fue que su familiar intentase mantener la calma, y que en lo posible dejara un rastro documental de las próximas comunicaciones por teléfono. En la actualidad existen aplicaciones gratuitas que se pueden instalar en estos aparatos para grabar las llamadas. Son muy útiles.
También le sugerí que hiciera algunas preguntas de control, para determinar si los extorsionadores efectivamente conocían la intimidad de la víctima, o si por el contrario se trataba de presos en algún internado o retén cercano que estaban “trabajando” sobre la base de datos colectados a través de las redes sociales. Lo que era lo más probable.
La conversación terminó con el consejo habitual: denunciar, en especial ante la policía judicial o la Guardia Nacional. Lo que a la víctima le inspire más confianza.
Una hora después, el antiguo compañero de labores llamó nuevamente para ponerme al tanto de lo que sucedía. Su familiar había pagado una alta suma, creyendo que con eso compraría un poco de tranquilidad.
Apenas se dieron cuenta de que habían ganado, los hampones renovaron sus amenazas.
La extorsión telefónica es el delito de moda. En una semana los cuerpos especializados de Cicpc y la GN han recibido denuncias en las que los supuestos hampones pertenecen a los más variados grupos. En Guarenas, por ejemplo, los comerciantes comenzaron a recibir llamadas en nombre de la banda Juvenal, que como la de Tovar Colina opera en Guárico y Aragua, no en Miranda. Pero eso no importa. Sólo interesa que el nombre suene, que sea popular. En Caracas comenzaron a extorsionar en nombre del líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana.
Los centros desde los que emana la extorsión telefónica varían con el tiempo. En 2013 un informe de la Guardia Nacional indicaba que penales como los de San Felipe (Yaracuy) y Santa Ana (Táchira) eran importantes puntos de origen de la extorsión en el occidente del país. En otra oportunidad, el exdirector de Cicpc comisario Miguel Dao me comentó que el internado judicial de Tocorón (Aragua) también era lugar de operación para los profesionales de la amenaza.
Anteriormente, los extorsionadores exigían que los pagos se hicieran en efectivo. Lo cual implicaba que contaban con grupos de apoyo en el exterior de las cárceles para colectar el dinero y llevárselos. También podían pedir la compra de tarjetas telefónicas hasta determinados montos, y luego solicitar que les mandaran los códigos correspondientes para hacerlas efectivas en sus aparatos, y así continuar con el ciclo extorsivo.
Pero últimamente han cambiado. Ahora los amenazadores de oficio piden que les hagan transferencias bancarias a las cuentas de terceras personas. Esto parece absurdo. Nada más rastreable que los fondos enviados por medios electrónicos. Al respecto un ex jefe de Antiextorsión y Secuestros del Cicpc me comentó que generalmente las cuentas que reciben los fondos son abiertas con identidades falsas o incluso pueden pertenecer a personas a las que han coaccionar para que no denuncien la recepción de estos fondos. Algo así como “cómplices obligados”.
Los extorsionadores, además, parten de la base de que las víctimas no acudirán a los cuerpos policiales, y que si lo hacen éstos desecharán la denuncia pues resulta muy complicado y peligroso llegar hasta un aparato celular oculto en un pabellón en el interior de una prisión. Sólo mediante una requisa general y sorpresiva es posible incautar estos aparatos.
Aunque la gran mayoría de los extorsionadores no cumple con sus amenazas, hay una ínfima fracción que sí está en capacidad de hacerlo. En oriente, por ejemplo, la GN detectó que una megabanda tiene una red de extorsión telefónica. Las llamadas supuestamente son hechas desde el penal de Puente Ayala, pero la estructura para cumplir las amenazas está en las calles de los estados Sucre y Anzoátegui.
Recientemente la Asamblea Nacional aprobó una ley para regular las comunicaciones y el uso de internet desde los centros de detención. Según el abogado Luis Izquiel, quien asesoró a los proyectistas, esta norma plantea la utilización de tecnologías que “tumban” las señales de telefonía celular, a través de las cuales corren precisamente estas extorsiones.
Para la ministra de Servicio Penitenciario Maria Iris Varela esta ley no era necesaria, toda vez que en diciembre de 2015 entró en vigencia el Código Orgánico Penitenciario que regula, entre otras cosas, las comunicaciones desde y hacia los penales.
Lo cierto es que cinco meses después de la entrada en vigencia del referido código no se han aplicado medidas y la extorsión telefónica ha cobrado auge. Ya lo tenía en el interior del país. Ahora llegó a Caracas. Quizá esto era lo que hacía falta para que las instancias decisorias se interesen en el asunto.
Breves
* La División contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial plantea iniciar una línea de investigación en torno a los propietarios de las 540 aeronaves que fueron expropiadas por el Gobierno a propósito de la operación Cielo Soberano, llevada a cabo a finales de 2015. Los funcionarios intentarán determinar qué uso le dieron a estos aparatos, y específicamente determinarán si transportaron algún tipo de droga ilegal. Las aeronaves fueron declaradas en abandono cuando sus dueños no aportaron la documentación requerida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), y actualmente se deterioran en distintos aeropuertos del país. El Gobierno analizó una propuesta de utilizar estos vehículos como activos de una nueva empresa estatal, destinada a la formación de pilotos y mecánicos especializados. Pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. El temor en medios aeronáuticos es que esta iniciativa de CICPC sea aprovechada por agentes inescrupulosos para presionar indebidamente a los dueños de los aparatos.
* La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) maneja un proyecto para constituirse en única formadora y proveedora de funcionarios para los cuerpos de policía preventiva, tanto municipales como regionales (ya lo hace con PoliNacional). Informaciones recibidas en policías del Distrito Metropolitano indican que estos cuerpos deberán elevar al instituto educativo dependiente del MRI sus peticiones para la formación de nuevos oficiales, y que la Unes decidirá si puede cumplir con estas exigencias. De igual forma, se plantea que por cada agente egresado de la Unes los cuerpos municipales y regionales deberán pagar sumas superiores al medio millón de bolívares. Los cursos de formación durarán dos años. En la actualidad, los cuerpos de seguridad tienen serios problemas para preservar a los oficiales más novatos en sus filas. La baja remuneración, el elevado riesgo inherente al trabajo y la posibilidad de migrar a empresas privadas de seguridad para obtener mejores ingresos se unen para configurar un auténtico deslave de talentos. El déficit de uniformados en el Area Metropolitana supera el 60%. Si a eso se suma que cada agente nuevo costará más de medio millón de bolívares a las alcaldías o gobernaciones, el plan resultaría inviable desde el punto de vista financiero. Las academias de policía que actualmente operan en el país quedarían para los planes de “formación contínua” de los uniformados que ya están en sus filas.
* El lunes 16 de mayo aproximadamente a las 8 pm tres cazas F16 venezolanos en formación conocida como “dragón” (triangular) atacaron una aeronave presumiblemente de uso civil, aún sin identificar. Fuentes de la Aviación indicaron que la operación se llevó a cabo sobre costas venezolanas a 10 millas al norte de Puerto Gutiérrez, estado Falcón. El incidente fue confirmado el jueves por el titular de Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino, cuando afirmó que había sido “inutilizada” una aeronave en vuelo sospechoso frente a las referidas costas. Hasta ahora no se han encontrado los restos del aparato. Tampoco se ha establecido su identificación o la de sus tripulantes. Lo extraño es que luego del derribamiento de la nave no se aplicó ningún protocolo de búsqueda y salvamento de sus tripulantes. El Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR) no fue notificado. Se desconoce si este fue el mismo incidente aludido por el presidente Nicolás Maduro el martes, cuando se refirió a un supuesto “avión espía” estadounidense.
* Los resultados de la “segunda fase” de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) han sido magros, por lo menos en lo que respecta a la disminución de la criminalidad en el Distrito Capital. Tal parece que las bandas de la Cota 905, el Cementerio y El Valle-Coche estaban en su mayoría advertidas con suficiente antelación de la movilización militar y policial que comenzó el martes 17 de mayo, y se desplazaron hacia la periferia de la urbe. Durante las 72 horas que duró el despliegue fueron reportados tres secuestros. En uno de ellos, por ejemplo, los captores se movilizaron con la víctima entre la carretera vieja a La Guaira y la Panamericana. En otro caso, los plagiarios capturaron en Catia La Mar a un agente de la Policía del municipio Vargas, para ese momento franco de servicio, y lo llevaron a la capital por la autopista, poco antes de que comenzara el despliegue de los militares en esta vía. Cuando les avisaron que la OLP comenzaba optaron por abandonar al funcionario en el sector Marlboro de la carretera vieja a La Guaira. Allí la gente se negó a prestarle auxilio, pues no sabían si era una víctima o un antisocial. Tuvo que caminar hasta una estación policial, desde la que pidieron un vehículo para trasladarlo y hacer la denuncia correspondiente. Cuando se dio por finalizada la operación, el viernes 20, el hampa siguió sus ataques con la misma frecuencia.
* Héctor González se define a sí mismo como “chamán”. Según su propio testimonio desarrolla un proyecto de “medicinas ancestrales” en las comunidades indígenas de Amazonas. Dijo contar con la “colaboración y aprobación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas”. González encabeza las ceremonias en las que grupos de personas previamente estudiadas acuden a playas de Chichirivichi (Falcón) para consumir el alucinógeno yopo con intenciones curativas. A propósito de la última entrega de este blog, González escribió una carta de 10 páginas en la que ensalza el atributo “sanador” de esta droga. En su criterio la sustancia es “una herramienta de poder para internarnos en lo más profundo de nuestra psique de manera visual (…) bajo un estado modificado de conciencia, es decir un estado de meditación”. Anunció que para el mes de mayo está previsto el inicio de una “gira nacional” acompañado por otro chamán de origen piaroa. El acto también será en la referida playa falconiana. Divulga sus iniciativas a través de diversas páginas y cuentas en redes sociales. La foto que acompaña esta nota fue enviada por el propio remitente.
Quince días después del suceso, el gobierno ha mantenido su hermetismo ante los detalles del operativo en el que cayó José Antonio Tovar Colina, alias «El Picure», y el ciudadano común tampoco se hace preguntas al respecto. En una Venezuela violenta, donde lo que cuenta es la muerte de uno de los criminales más buscados del país, cremar de manera ilegal sus restos tampoco interesó. El silencio, de ambas partes, sólo contribuye a la impunidad
@loremelendez
CUANDO “EL PICURE”, EL LÍDER DE LA BANDA que azotaba a punta de extorsión, secuestro y homicidios a los llanos centrales venezolanos, cayó durante un presunto enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del Estado, la novedad llegó rápidamente a las redes sociales. Las fotos del resultado de la refriega aparecieron publicadas pocas horas después. Con los ojos entrecerrados y con varios impactos de bala del cuello para abajo, se veía el cuerpo de José Antonio Tovar Colina, un hombre que había sembrado terror sólo con ser mencionado.
Pero la imagen que más impacto y comentarios generó no fue la del cadáver solitario. Hubo un par en las que, al lado del delincuente inerte, posaron los funcionarios a quienes se habría enfrentado (Ver foto). “El Picure” se convirtió en un monumento al triunfo junto al que varios quisieron lucir.
Esta no es la primera vez que ocurre tal fenómeno. Ya con Pablo Escobar, los soldados que lo persiguieron hicieron lo mismo en los noventa. Ese comportamiento también se ha visto en el lado contrario: los delincuentes suelen posar en grabaciones o fotos con los despojos de sus víctimas.
Para el criminólogo Freddy Crespo, el comportamiento de los uniformados que se fotografiaron con el cuerpo de Tovar Colina es «una aberración» y guarda estrecha vinculación con los niveles de violencia que se toleran en el país. La práctica, continúa, «lleva un simbolismo que parte de los grupos delictivos, que es el de presentar al cadáver del vencido como un trofeo».
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El análisis del especialista se apoya en «la normalización de la violencia que el ciudadano vive» en Venezuela, la cual lo induce a aplaudir tales prácticas. “Es producto del ‘me robaron’, o el ‘no puedo disfrutar lo que tengo’, o el ‘tengo que vivir encerrado’. Todo eso que genera tensión y frustración y eso se tiene que expulsar de alguna manera”. El respaldo a la muerte es, entonces, una forma de exigir mano dura contra los criminales. Al final, sostiene el especialista, preocupa que esta liberación de tensiones -canalizada hoy día a través de linchamientos- además de verse justa, como ahora, se vea como algo necesario.
Tal concepción contribuiría a que los hechos y las reacciones frente a la muerte y la delincuencia se alejen del Estado de derecho. «En un Estado normal no hay porque alegrarse porque murió, sino porque lo capturan», explica.
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Luis Godoy, comisario y ex jefe de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), apunta que el gesto de los funcionarios va de la mano con la decadencia de la sociedad.
“Celebrar la muerte de un ser humano, así este haya sido ‘El Picure’, me parece muy grave. El selfie de los guardias nacionales revela la mala instrucción que tienen, pero también preocupa que estas fotos se vuelvan virales por su cantidad de retuits. Lo más lógico sería sancionar a los funcionarios”, sentencia Godoy.
Señales en las cenizas
Aunque la versión oficial indica que “El Picure” murió en un enfrentamiento, los testigos de lo sucedido aseguran que lo acorralaron en el gallinero de una casa del barrio donde estaba residenciado: Concha e’ Mango, en Guárico.
Sin embargo, los signos de una ejecución no se notaron en las imágenes que circularon. A Tovar Colina no le dispararon en la cabeza, ni en la espalda. Todos los impactos de bala los tenía del cuello para abajo, sobre todo en el tronco, la zona de mayor amplitud del cuerpo humano, que es donde suelen hacerse los tiros a distancia.
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«Es difícil determinarlo por una fotografía, pero por la capacidad de tiro, estimo que fueron disparos de una 9 milímetros. La distancia, si es mediana o próxima, la determinan los halos de pólvora y en este caso no se ven. Parecieran disparos limpios, a larga distancia», explica Godoy. «Eso no significa que estos disparos hayan sido hechos en legítima defensa. Eso debió determinarlo el Cicpc, el único organismo capacitado para ello», acota.
Para Crespo, todos estos elementos sugieren que las circunstancias en las que quedó el cuerpo del delincuente fueron muy bien pensadas. «Se respaldó muy bien. Todo ello parece justificar que hubo un enfrentamiento», agrega.
El criminólogo también señala que en las fotos se vió una herida en la parte izquierda del pecho (Ver foto) que extrañamente pudo haber sido hecha de lejos debido al tamaño de la entrada. «El orificio es muy grande (…) Hay balas expansivas que penetran a más de cinco metros, pero difícilmente dejan un disparo de este tipo», resalta.
Otra de las heridas llamó la atención: la de la mano izquierda de “El Picure” (Ver foto). En varias imágenes, la muñeca pareció estar totalmente destrozada. Godoy aclara la duda. Según él, fue un disparo de una 9 milímetros que le fracturó los dos huesos: cúbito y radio (Ver foto).
Pero determinar cómo sucedieron los hechos por medio de un estudio forense ya no será posible: el cadáver fue cremado sin que sus familiares pudiesen verlo. La orden provino del Presidente de la República, dijeron a los medios los parientes que reclamaban el cuerpo, y no fue autorizada por sus deudos como lo estipula la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios, normativa que también establece que no pueden cremarse los restos que estén sometidos a investigaciones penales.
El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel rechaza la ilegalidad de la acción, aunque entiende que hay una razón implícita para eliminar los restos del criminal. «Pienso que quisieron evitar una exaltación de la figura del delincuente. «El Picure» era una especie de Robin Hood porque parte de su botín era utilizado para hacer actividades en la zona que beneficiaban a las personas, o para ayudar a una gente en una situación de necesidad. Si, por ejemplo, robaba un camión de zapatos, él repartía los zapatos dentro de la comunidad», asevera. Con la cremación, añade, quedó eliminada la posibilidad de un funeral concurrido que alterara el orden público, tal como sucedió en enero con la muerte de «El Conejo», pran del Internado Judicial de Margarita.
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A pesar del argumento, la cremación preocupa porque genera un precedente aliado de la impunidad. Un artículo publicado en la web de la Ong Provea esgrime la gravedad de la falta.
“En el futuro, (esta decisión) podría abrir las puertas a que actuaciones policiales que vulneren el derecho a la vida, puedan ser encubiertas mediante la destrucción de evidencias. De esta forma, ejecuciones policiales pudieran quedar impunes al obstaculizar el ejercicio de la investigación penal por parte del Ministerio Público y al negar a las víctimas y sus familiares el derecho a la justicia y la verdad, impidiéndoles el ejercicio de acciones legales para determinar las verdaderas causas de la muerte en situaciones donde existan elementos que permitan suponer la existencia de abusos contra los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha dicho que el derecho a conocer la verdad se encuentra estrechamente vinculado con el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes”, dice la nota.
Aunque las autopsias de ley siempre deben hacerse en el lugar más cercano al sitio donde cayó el cuerpo, los restos de «El Picure» fueron trasladados a Caracas. Los expertos coinciden en que tal acción se llevó a cabo para minimizar el conflicto en El Sombrero. Traer el cuerpo a la capital significó evitar que el resto de la banda emprendiera acciones en contra de los funcionarios que participaron en el enfrentamiento o de quienes protegían el cadáver.
«En Caracas, el Cicpc y las fuerzas policiales tienen mayor capacidad de respuesta en caso de algún movimiento. No debe haber ningún pensamiento malsano por esto, yo hubiese hecho lo mismo: lo traslado a donde pueda resguardarlo», confirma Godoy.
Silencio oficial
La muerte de «El Picure» se ha mantenido bajo un velo de hermetismo desde el Gobierno. Escasas han sido las declaraciones oficiales al respecto. Sólo las voces del gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, y la del ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, se escucharon vía telefónica en Venezolana de Televisión horas después de aquel enfrentamiento. El segundo aseguró que en poco tiempo ofrecería todos los detalles del operativo que había comenzado el sábado y que, la tarde de ese martes, había concluido.
Fuerzas de Acciones Especiales GNB cercaron a miembros de banda con fines paramilitares «El Picure», en el estado Guárico.
Pero la promesa no se cumplió y el ministro no contó nada. Las historias se han conocido a través de los hallazgos de los reporteros, de las declaraciones de los familiares que exigían la entrega del cuerpo, de los vecinos de El Sombrero que dieron a conocer que en la casa donde cayó Tovar Colina, murieron dos inocentes que residían en ella: Rafael «Negro Chevecha» Fernández y su sobrino, Stalin Fernández.
Izquiel indica que durante el operativo hubo más bajas que jamás se comentaron por vía oficial. «No sólo murió ‘El Picure’. Días antes cayó el hermano y también mataron al suegro y a dos cuñados. Las autoridades deberían dar explicaciones de cómo ocurrieron esos procedimientos», resalta.
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El criminólogo Freddy Crespo piensa que hay tres razones de peso por las cuales, desde el gobierno, no se ha hecho ruido con la muerte del líder criminal como sí ha ocurrido en otras ocasiones (jornadas de la OLP, por ejemplo). Una de estas es el miedo asociado con la reacción de las bandas aliadas de «El Picure», ya que las fuerzas policiales podrían pensar que en cualquier momento habrá una respuesta más fuerte contra ellas. La segunda es que el silencio se ha usado de una manera conveniente ante las supuestas relaciones que políticos y funcionarios de seguridad de la zona tenían con el delincuente.
El tercer argumento es que al ministro «le da igual» lo sucedido. No se preocupa por dar detalles, ni tampoco por explicar o reprender públicamente a quiénes se hicieron los selfies o a quienes difundieron las fotos y videos del cadáver.
A nadie le importa
El mismo día de la muerte de «El Picure» se mostró una imagen con el arsenal que el delincuente tenía: seis granadas, cuatro fusiles y tres pistolas. Para los especialistas, no es extraño que Tovar Colina haya tenido estas armas cuando murió. El poder de fuego de su banda se había demostrado con hechos y fotos.
Los familiares de Tovar Colina aseguraron en la Medicatura Forense de Bello Monte, en Caracas, que el delincuente no portaba esas armas al momento de su caída. De lo contrario, no lo hubiesen podido acorralar. En El Sombrero, los vecinos relataron que el AR-15 con el que se defendía «El Picure» de la persecución policial se había quedado sin balas. Fue así como pudieron llegar hasta él.
«Hay que ver la diferencia entre saber si tenía estas armas y la posibilidad de que lo hayan matado en legítima defensa. No creo que estas armas sean puestas, porque la policía no tiene la capacidad de fuego de estos delincuentes. Hay que averiguar de dónde salieron, cuál es el camino que han seguido. Lo más importante es saber hasta dónde va esta muerte. Por las armas de fuego incautadas esperamos que, como ciudadanos, lleguen hasta quien se las vendió, que nos expliquen cómo esa banda tiene estos poderes (…) Alguien tiene que decirnos quiénes están detrás de este poco de armas», comenta Godoy.
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Pero, nuevamente, estos detalles están fuera del alcance de los ciudadanos y no hay demandas para que salgan a la luz. Las circunstancias en las que murió «El Picure» —saber si fue acorralado, si se quedó sin balas, si estaba respaldado por un arsenal, si cayó en un enfrentamiento o fue víctima de una ejecución— no se conocen con precisión porque no tienen una versión oficial. El país tampoco la pide.
«Estamos en una sociedad que tiene la violencia asumida y en este tipo de hechos a nadie le importa si el procedimiento se hizo de conformidad con la ley. Murió el delincuente más temido del país. Si hubo irregularidades, a nadie le interesa, porque los venezolanos están cansados de los delitos. Importan los resultados y este resultado es la muerte de ‘El Picure'», dice Izquiel.
La semana pasada el país recibió la noticia de la muerte de dos de los delincuentes más buscados en el país y que dirigían dos de las principales megabandas criminales que existen en Venezuela. El primero, José Antonio Tovar Colina, conocido como “el Picure”, fue dado de baja luego de un enfrentamiento con efectivos policiales en el barrio Concha de Mango en El Sombrero, estado Guárico, y quien dirigía una que operaba en los estados Guárico, Aragua y Miranda. El otro delincuente muerto fue José Andrés Ulloa Sánchez, alías el Topo, él y su banda controlaban yacimientos en el sur del estado Bolívar, donde 90% de la población vive de la minería y desde el año 2009 controlaba la zona, fue además el responsable de la muerte de 18 mineros recientemente en la ciudad de Tumeremo en el estado Bolívar.
Ambos personajes, líderes de 2 grandes megabandas, forman parte de estos grupos delincuenciales que se han establecido en el país en los últimos años y que en su mayoría están compuestas de más de 80 personas con un gran arsenal de armamentos, en su mayoría de guerra, con el que no sufren ningún temor a enfrentarse a los cuerpos de seguridad venezolanos y cometer infinidades de delitos entre los que encontramos: secuestros, extorsiones, robos, tráfico de drogas, sicariatos etc.
La estructura de estas megabandas es muy similar a las que se ven en las cárceles venezolanas, donde los pranes y su grupo cercano mantienen el control absoluto de los recintos penitenciarios. Esta organización muy bien constituida, con una cadena de mando que es respetada por sus integrantes, probablemente se debe a que muchos de los líderes de estas megabandas vienen de la cárcel y desde ahí han tomado esta forma de organización carcelaria y de la cual fueron sus líderes para aplicarla en la calle a los grupos delincuenciales que ellos dirigen, aunado a que en muchos casos trabajan en conjunto con los pranes carcelarios.
Muchos expertos en el tema consideran que las megabandas, a diferencia de los grupos delincuenciales anteriores que no tendrían más de 10 miembros, fueron tomadas de las maras centroamericanas que mantienen el control de la actividad delictiva en esos países.
El abogado y criminalista Fermín Mármol dice que existen ocho bloques criminales que agobian el país:
1) Bandas y megabandas criminales. 2) Colectivos armados y violentos, “que son los paramilitares urbanos”. 3) Frente Bolivariano de Liberación (FBL) y sus distintas divisiones, “que serían los paramilitares rurales”. 4) El “pranato carcelario” o “la República de los pranes”. 5) Seudosindicatos de la construcción y los seudosindicatos mineros. 6) Incidencia de extranjeros en Venezuela: FARC, ELN, paramilitares, garimpeiros y disidentes de cualquiera de estos grupos. 7) Holding de la corrupción. 8) Holding del tráfico ilegal de drogas y legitimación de capitales. De acuerdo con el abogado “todos los días 100.000 personas salen a las calles a cometer un delito, ya sean violentos (secuestro, robo, homicidio), o delitos de astucia (estafa, fraudes, apropiaciones indebidas, corrupción)”.
A todos estos grupos, en los que según Mármol García estaría agrupada la delincuencia en el país, me atrevería a agregar uno más que, aun y cuando podría agruparse en el “holding de la corrupción”, por el grave daño que están causando actualmente a toda la población venezolana, merecen ser estudiados aparte; me refiero a los grupos que trafican con los alimentos y que popularmente conocemos como bachaqueros.
Para la organización Paz Activa y su director general, Luis Cedeño: “Las Fuerzas Armadas se han conseguido con pequeñas milicias muy bien organizadas y con un poder de fuego que representan un contrapeso a las fuerzas regulares, cuentan con recursos humanos y financieros para mantener unidades operativas de alta movilidad y flexibilidad en su desempeño que las hacen polivalentes en los diversos escenarios en que operan; desde un secuestro, hasta un asalto a una comisaría o punto de control militar con gran eficacia”.
La firma británica Jane’s Information Group publicó recientemente, un informe sobre la situación de violencia criminal que se ha propagado en Venezuela en los últimos años, con el surgimiento de megabandas criminales (+ de 50 miembros) que retan de manera directa al poder del Estado en muchas regiones de Venezuela. En este informe señala: “Las malas condiciones socioeconómicas y una respuesta débil del gobierno han permitido el fortalecimiento de las bandas nacionales, lo que plantea un desafío directo a la autoridad del Estado en muchas áreas. Esta es la consecuencia de una política fallida de tolerancia hacia las bandas criminales la cual les permite la oportunidad de aumentar su tamaño, su red y capacidades. En particular, esto plantea una amenaza masiva a las fuerzas de seguridad (que han sido objeto de robos para despojarlos de sus armas o de venganza) y seguridad privada (empresas de protección y diplomáticos), que no podrían soportar un ataque sorpresa por una banda fuertemente armada de 150 personas, con fusiles de asalto y granadas. Ello es muy difícil de resistir”. Para esta organización “la situación continuará deteriorándose durante el año ya que las autoridades gubernamentales no están abordando el origen de la delincuencia y la violencia, que incluye la desigualdad de ingresos, instituciones débiles, la corrupción generalizada, la falta de capacidad de aplicación de la ley, la falta de coordinación entre los niveles nacional, regional y las policías municipales e, incluso, la participación del equipo de gobierno y los funcionarios militares como apoyo logístico a las operaciones de tráfico de drogas de los países andinos a Estados Unidos y Europa a través de América Central y el Caribe”.
Sin dudas, el problema de las megabandas es otro de los muchos que enfrentamos los venezolanos y donde el tema de la seguridad ciudadana, según encuestas realizadas, ocupa el segundo lugar entre las preocupaciones más grandes que tenemos. Esto no se va a resolver con la muerte del “Picure” o “el Topo” donde en esas bandas se ha concebido una estructura organizacional que no hay dudas que garantizará la continuidad de las mismas, sino con políticas acertadas en seguridad ciudadana por parte del Poder Ejecutivo. No hay que olvidar que en los últimos 17 años se han diseñado 23 planes de seguridad y que todos han fracasado, incluyendo el último llamado Operación de Liberación al Pueblo (OLP), muy cuestionado por sus constantes violaciones de los derechos humanos.
Los venezolanos y todos los que aquí habitamos estamos urgidos de vivir seguros, y el Estado está en la obligación de garantizarlo, es nuestro derecho. ¿Cuánto tiempo más esperaremos para esto?
Carlos Luis Revete, «Coqui» es uno de los 10 criminales más buscados en Caracas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por estar presuntamente involucrado en los delitos de homicidio, robo de vehículo, extorsión, secuestro y venta de droga, de acuerdo con información extraoficial de la policía judicial a la que Runrun.es tuvo acceso
CARLOS LUIS REVETE, CONOCIDO COMO «COQUI», no solo es uno de los 10 hombres más buscados en Caracas por la policía judicial, también era el objetivo de la primera Operación Liberación del Pueblo (OLP) que se realizó en el país el 13 de julio de 2015 en la Cota 905, zona que el delincuente utiliza como centro de operaciones para cometer sus delitos libremente. Este sector popular es denominado por delincuentes como «zona de paz», luego que bandas de allí, junto con grupos de El Cementerio y El Valle se sumaran al pacto de no agresión en el primer trimestre del año pasado, para impedir el paso de funcionarios policiales y militares.
La lista de los 10 criminales más buscados por el Cicpc en Caracas fue actualizada en abril de 2016. En el documento estaba incluído el temido delincuente José Antonio Tovar Colina, «El Picure», muerto en un procedimiento de la Guardia Nacional Bolivariana y la policía judicial el 3 de mayo en el estado Guárico. La información policial confirma que el delincuente de 27 años de edad no sólo controlaba el crimen organizado en su estado natal y en Aragua, sino también en Distrito Capital. Las autoridades lo buscaban por sus conexiones con bandas delictivas de La Vega y la Cota 905.
El primer delincuente que sale reseñado en la lista del Cicpc es Jhosep Steven Rojas Lucero, de 28 años de edad, por estar presuntamente implicado en los delitos de homicidio y robo. Es conocido como «Chucho» y, según la información extraoficial, lidera la banda que tiene el nombre de su apodo.
A continuación Runrun.es presenta la lista de los 10 delincuentes más buscados por el Cicpc.
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El viernes pasado (6 de mayo) se disiparon las dudas sobre el propósito que tendría el traslado compulsivo del cadáver de José Tovar Colina, alias Picure, hacia el cementerio de El Junquito. Los restos humanos de quien hasta esa semana fue “el más buscado” por las autoridades del país fueron entregados a sus familiares vueltos cenizas, en un pequeño cofre.
Este procedimiento fue a todas luces irregular. El artículo 28 de la Ley para la Regulación y el Control de la Prestación de Servicios Funerarios y Cementerios, vigente desde el 18 de febrero de 2014 recoge un viejo principio que ya era aplicado en el país, según el cual no se podrá cremar ningún cadáver “sometido a un proceso de investigación penal o científica”. La razón es que si surge alguna duda sobre la causa o las circunstancias en las que se produjo la muerte del líder de la banda conocida como Tren del Llano habría que volver a revisar sus restos, previa autorización de exhumación emitida por un juez. Hablamos desde luego de muertes violentas, no de aquellas que según la documentación disponible se hayan producido por razones de origen natural, tales como enfermedades o complicaciones por vejez.
Esto lo sabe bien la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha promovido y ejecutado a través de un grupo especial de su despacho la exhumación de los cadáveres de guerrilleros y activistas políticos de izquierda fallecidos en refriegas con policías y militares, a pesar de que ya eran casos con sentencia definitivamente firme.
La investigación del Ministerio Público sobre las supuestas “desapariciones, torturas y muertes entre 1958 y 1998” pudo hacerse debido a que las autoridades durante ese lapso no cremaron los correspondientes cadáveres.
El único caso reciente de una muerte violenta en la que se autorizó la transformación de los restos humanos en cenizas fue el de los hermanos Faddoul Diab, asesinados luego de 40 días en cautiverio. Un episodio escandaloso. ¿Qué pasaría si el día de mañana surge alguna nueva evidencia o incluso un adelanto tecnológico que posibilite aclarar alguna duda sobre las circunstancias o la causa real de la muerte de estos jóvenes? Desde luego que todo quedará en el plano de las especulaciones, pues no habrá restos humanos sobre los que se pueda trabajar.
Cuando se trasladaba el jueves en la tarde el cadáver de Tovar Colina hacia El Junquito en medio de fuertes medidas de seguridad y contra la voluntad de los deudos surgió en la morgue de Bello Monte la información, nunca desmentida, de que todo esto se hacía por mandato del presidente Nicolás Maduro.
Se le llama “orden ejecutiva”.
Todo esto hace recordar el tratamiento que las autoridades de otro país dieron a otro de “los más buscados”: Osama bin Laden. Los paralelismos son varios:
*No siempre fueron odiados por sus verdugos. Bin Laden fue un instrumento de los estadounidenses en su guerra contra la extinta Unión Soviética en Afganistán. En virtud de eso obtuvo armas y recursos financieros. Tovar Colina, antes y durante su liderazgo sobre la banda surgida en Concha de Mango, tuvo relaciones con las autoridades locales y nacionales que aún no ha sido posible reconstruir en su totalidad. Fue tropa de operaciones especiales de la Armada y luego entrenó con cuerpos policiales de Guárico. Evidencia clara es la foto que acompaña este trabajo, cedida por una fuente castrense.
A sus 27 años de edad se veía a sí mismo tan apoyado por el poder en su medio habitual que perdió la perspectiva sobre lo que podía y no debía hacer. Una de las cosas que definitivamente entraban en la segunda categoría era matar funcionarios del Estado. En el caso de su banda fueron por lo menos once.
Aún con ese prontuario, el comandante del Tren del Llano se dio el lujo de reunirse con el viceministro de Política Interior del MRI, José Vicente Rangel Avalos. Luego él diría en una entrevista que negociaban una entrega. Pero esto nunca ocurrió.
Antes, el propio gobernador de la región donde él se movía como pez en el agua, Ramón Rodríguez Chacín (un capitán de navío retirado que como Picure formó parte de las fuerzas especiales de la Armada), dijo en noviembre de 2014 que él mismo lideraría las labores de búsqueda y captura del delincuente luego de una masacre de once sujetos en una finca. El Picure siguió paseándose por su pueblo como si nada.
*Muerte y desaparición. Osama bin Laden y Tovar fueron ultimados en operaciones militares. Algún miembro del Seal Team 6 que llevaron a cabo la cacería en el primer caso han declarado que había una orden presidencial de matar al líder de Al Qaeda. La dudosa legalidad de este mandato se oculta bajo el paraguas del resultado concreto de la acción contra un ser objeto del desprecio mundial, en el marco de la “guerra contra el terrorismo”. Así se acalla momentáneamente el debate sobre lo ajustado a las normas de la decisión del mandatario Barack Obama.
En Venezuela, el líder del Tren del Llano se transformó en una especie de ícono de la delincuencia. Aún cuando él estuviese tranquilo en El Sombrero, los cuerpos policiales lo veían en la Cota 905 o en La Vega, lo asociaban con bandas en proceso de fortalecimiento en los Valles del Tuy e incluso le atribuían la supuesta oferta de $500 por cada agente de CICPC asesinado, como si fuese un Pablo Escobar criollo al que le sobran los recursos. Todas estas informaciones corrían como rumores, pero nunca fueron constatadas con rigor. Tovar Colina y su banda mataban, efectivamente, pero lo hacían por cuenta propia, en muchos casos para saldar deudas con miembros de otras bandas como la de Juvenal Bravo que les disputaban el territorio en Guárico, o efectivos policiales o militares que no cumplían los acuerdos o que vulneraban sus intereses.
Las redes tejidas por Tovar Colina en su entorno más próximo fueron hasta último momento capaces de detectar los movimientos policiales o militares para capturarlo. Un general activo y director de Seguridad del gobierno de Guárico fue destituido por apoyar al antisocial. Desde 2014 la Guardia Nacional recomendó al Gobierno que cualquier operación para neutralizar el líder de la banda tenía que ser ejecutada por una comisión enviada desde Caracas en medio del mayor sigilo. Hasta los propios GN de la zona tenían que ser mantenidos al margen de tales acciones.
Cuando al Picure lo mataron, los militares venezolanos le dieron el tratamiento de un trofeo. Esto también pasó tras las muertes del líder de Al Qaeda y de Pablo Escobar, jefe máximo del cartel de Medellín.
Luego vino la orden presidencial de desaparecer el cadáver. Al de bin Laden supuestamente lo lanzaron desde un helicóptero en aguas del mar Arábigo. Una acción controversial, justificada con la intención de evitar que los restos del terrorista se convirtieran en un tótem objeto de adoración por sus seguidores. Maduro no ha justificado su determinación de cremar al antisocial. Pero está claro que luego de este autoproclamado éxito en la lucha anticrimen han cobrado fuerza los discursos oficialistas para desviar la atención sobre el verdadero origen del Tren del Llano.
*El problema de fondo continúa. Esta lista de parecidos entre el tratamiento a los casos de bin Laden y Tovar Colina podría alargarse. Pero aquí solamente se referirá uno más. Las muertes manu militari de los líderes de Al Qaeda y del Tren del Llano para nada solucionarán los problemas de fondo que se pretende afrontar. El árabe fue sucedido en el liderazgo de la organización terrorista por el médico egipcio Ayman al Zawahiri, quien ya era su lugarteniente. Además, nuevas estructuras han surgido de Al Qaeda y superado sus ejecutoria si se toma en cuenta el número de muertes y el logro de control sobre vastas porciones de territorio en países como Siria e Irak.
En Venezuela, es probable que el Tren del Llano resurja o se funda con otro grupo. Pero en términos generales el problema de lasmegabandas continuará y posiblemente se agravará. Las condiciones de nula institucionalidad en el país unidas al vasto campo de oportunidades para lucro económico, planteadas para estas organizaciones como consecuencia de las restricciones en los mercados y sobre múltiples aspectos de la vida nacional, hacen tierra fértil para el crecimiento de la delincuencia organizada en el país.
Breves
*¿Bandas que vigilan con drones? Los vehículos aéreos no tripulados y manejados a control remoto han adquirido múltiples usos durante los últimos años, en parte porque la competencia los ha hecho más baratos. En Venezuela han comenzado a llegar importados de China a precios que van desde 120.000 bolívares hasta casi 170.000 bolívares. Durante el asueto de Semana Santa fueron utilizados para vigilar ciertas carreteras de alta circulación, de acuerdo con un anuncio del titular del MRI. Ahora, el sacerdote jesuita Alejandro Moreno revela que las bandas del sector El 70 de El Valle también están usándolos para vigilar sus predios. El religioso y trabajador social no reveló la fuente de este dato divulgado durante una intervención en un foro organizado este sábado 7 de mayo por la organización Espacio Abierto. Dijo que la organización comandada por alias Lucifer ya los posee. Se presume que sea para detectar cualquier intento de capturarlo por parte de los cuerpos de seguridad, que lo han colocado entre sus objetivos prioritarios luego de la matanza de agentes de CICPC en la subdelegación El Valle. Los drones ya han sido vehículo en México para el paso de drogas sobre la frontera con EEUU, e igualmente para introducirlas en recintos penitenciarios.
*El 22 de abril, el Ministerio Público informó sobre la imputación contra los fiscales 38 nacional y su suplente Edgar Angulo Betancourt y Richard Daal, respectivamente, porque al parecer le exigieron a un detenido el pago de 800.000 dólares para no retardar el juicio que se le sigue. La información no detalla de cuál juicio se trataba, aunque sí señala que las pesquisas por esta extorsión fueron iniciadas el día 5 del mismo mes, luego de que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) procesara la denuncia correspondiente. Los fiscales fueron aprehendidos durante el asueto del 19 de abril cuando se hacían de la suma, en un procedimiento vigilado por los agentes militares. Por esta averiguación también está detenido el agente de la Dgcim Jackson González. Edgar Angulo manejó durante las primeras semanas la pesquisa sobre el asesinato del cacique Sabino Romero. También el expediente sobre el homicidio del secretario general de Acción Democrática en Guárico Luis Díaz. En los últimos meses se ocupaba además de la acusación por una supuesta rebelión contra el general de división retirado Edgar Bolívar, exjefe de Operaciones de la Guardia Nacional.
*El ataque contra el Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática JesúsTorrealba pareciera ser parte de una nueva escalada de violencia física contra dirigentes de la oposición en todo el país, simultánea al desarrollo del proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El último caso que podría incorporarse a esta lista es el de Germán Mavare, activista de Un Nuevo Tiempo en el estado Lara. Un sujeto se le acercó y luego de propinarle un tiro en la cabeza huyó sin robarle ninguna pertenencia. Malavé murió en el acto. Todo indica que el interés del atacante se limitaba a la eliminación física del político. Se evalúa si esto ocurría por la reciente denuncia interpuesta por la víctima contra un grupo de antisociales, o si era consecuencia de su oposición al régimen. El mismo día en que ocurrió este crimen (jueves 5 de mayo) la dirección de la policía judicial ordenó a todas sus delegaciones estatales hacen un censo de los ataques contra dirigentes políticos. Previamente, el 29 de abril, un grupo de activistas agredió al diputado a la Asamblea Nacional José Trujillo mientras hacía una visita al Hospital Central de Maracay.
Yopo playero
*El yopo es una leguminosa (Anadenanthera) con efecto alucinógeno. Los aborígenes yanomamis la consumen desde tiempos inmemoriales en territorios que actualmente pertenecen a Venezuela y Colombia. En este último país, por cierto, hay una población (Yopal) que debe su nombre a esta droga de origen vegetal. Ahora bien, durante los últimos meses un grupo se ha dedicado a comercializarla con el pretexto de la realización de ceremonias de “medicina ancestral” en las playas de Chichirivichi. Los promotores aseguran que el consumo del yopo activa el “tercer ojo”, y que durante el ritual sucederán encuentros con “seres de luz”, en medio de un “maravilloso despertar”. Lo cierto es que la participación en estas sesiones playeras no está abierta a todo el público. La última conocida se llevaría a cabo el 23 de abril, y sólo podrían estar allí quienes hayan reservado con tiempo. Los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público guardan silencio al respecto.
*La Guardia Nacional elaboró un informe de inteligencia sobre el creciente número de protestas en Barinas. La tierra de la que surgieron el finado presidente Hugo Chávez y su familia está siendo el escenario frecuente de expresiones de descontento social. El documento describe veinte acciones de calle entre el 15 de febrero y el 30 de abril, algunas incluso con bloqueo de vías y quema de cauchos, lo que parecía inconcebible hasta hace un par de años. Según el reporte, las causas de las manifestaciones eran inicialmente por las carencias de servicios básicos como agua y luz, así como por la escasez de alimentos. Pero en los últimos días de abril tuvieron como tema central la activación del proceso revocatorio contra el presidente Maduro. Como principal organizador de tales actos fue identificado el diputado Wilmer Azuaje, el mismo activista que estuvo secuestrado durante tres días junto a su hermano en 2013.
