Representantes del condominio, conocido como “Los Verdes”, argumentan que el hombre murió de un infarto, pero en la autopsia se determinó que tuvo una hemorragia por un traumatismo craneoencefálico
@jheilyncermeno
Eran casi las 9:00 de la mañana del pasado sábado, 21 de mayo de 2022, cuando Katherin Yánez recibió una llamada que le cambió la vida. Su padre, Alfredo Alexander Nova, de 47 años de edad, había fallecido.
Desde la morgue de Bello Monte, Yánez relató que en principio solo le dijeron que su papá sufrió un ataque al corazón, mientras hacía sus labores en el conjunto residencial “El Paraíso”, conocido como “Los Verdes”, del municipio Libertador de Caracas.
El cuerpo de Nova fue levantado por comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), dentro del complejo de viviendas.
La muchacha dijo que al llegar al lugar donde falleció su papá, uno de los representantes de la junta de condominio le comentó que él estaba, supuestamente, bajo los efectos del alcohol y de estupefacientes.
Según le explicó el hombre, Nova se tocaba el pecho, decía que le faltaba el aire y que ninguno de sus compañeros lo pudo ayudar.
Murió por hemorragia
Yánez, sin embargo, denunció que su padre fue “atacado a palazos” y que no sufrió “ningún infarto”, como dijeron desde un principio.
“Mi padre jamás tuvo problemas de drogas y mucho menos se embriagaba en su trabajo”, enfatizó la joven.
Precisó que las pruebas toxicológicas dieron negativo para alcohol y drogas. “Si las pruebas salieron negativas, ¿cómo van a argumentar que estaba borracho y drogado?”, se extrañó.
La causa de muerte de Alfredo Nava, según el acta forense, fue una hemorragia por un traumatismo craneoencefálico. Katherin insistió en que a su papá lo golpearon con un palo, porque, además, tuvo pérdida de masa encefálica.
La denuncia de este hecho está bajo las pesquisas de la policía científica, con el móvil de “muerte por determinar”.
Yánez señaló que no dejará que “el homicidio” de su padre quede impune. “Hoy vamos a enterrar a mi papá, pero mañana acudiré de nuevo al Cicpc, para hacerle seguimiento a las investigaciones. Que se revisen las cámaras de seguridad y que caiga quien tenga que caer”, acotó.
Alfredo Alexander Nava tenía dos hijos, Katherin, de 29, y otro joven de 23. Estaba residenciado en el sector La Jota, en la parte alta de La Vega, y tenía tres meses trabajando como vigilante en el complejo residencial.
El dato
Por lo menos 7 % de los casos registrados en la base de datos de Monitor de Víctimas corresponden a muertes por determinar. De acuerdo con estas cifras, dicho reporte corresponde al área metropolitana en sus distintos municipios y parroquias.
Las balas perdidas son un síntoma letal de la realidad a la que es sometida la ciudadanía: los enfrentamientos entre bandas, las armas en manos de delincuentes y las inexistentes políticas de seguridad
Bala perdida: “Aquella bala disparada intencionalmente, que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego.”
Deisy Rivas, de 55 años de edad, es una de las treinta y dos víctimas de balas perdidas en lo que va de 2021. Fue el viernes 19 de marzo, cuando cocinaba en su casa ubicada en El Paraíso. Su esposo la llamó para advertirle sobre el tiroteo que estaba ocurriendo en la Cota 905 y que fuese precavida, pero no pasaría mucho para que una bala impactara su hígado, colon y páncreas. Como pudo, se arrastró por el pasillo y pidió ayuda a sus vecinos, quienes la trasladaron al Hospital Pérez Carreño donde horas más tarde perdió la vida.
Cientos de habitantes del área metropolitana de Caracas han sido víctimas de una violencia silenciosa, como consecuencia de un problema estructural de violencia que hace ruidos estruendosos en toda la ciudad. Según Monitor de Víctimas, las balas perdidas han cobrado la vida de al menos 162 habitantes en la ciudad capital en los últimos 4 años. Ninguno de ellos estuvo ligado al conflicto donde se originó la detonación que acabó con sus vidas.
De esta manera, de acuerdo a los registros de Monitor de Víctimas, hasta la fecha 2018 destaca como el año con la mayor cantidad de víctimas por balas perdidas, concentrando el 30,2 % de la incidencia total de estos sucesos. Sin embargo, luego de experimentar caídas importantes durante el año 2019 y 2020, las víctimas por balas perdidas comenzaron a registrar un aumento significativo durante 2021.
Hasta el mes de octubre de este año se incrementaron en 128,6 % los decesos por balas perdidas respecto al volumen registrado el año anterior.
De 14 víctimas en 2020, en 2021 se registran 32 muertes violentas por estos hechos; muertes consideradas por las partes en pugna como “daños colaterales”, pero que significan una descomposición gradual de los núcleos familiares en la ciudad. Y aumentan la sensación de inseguridad en los caraqueños, ya que “nadie está a salvo”.
Particularmente, los municipios Libertador y Sucre han vivido durante el año 2021 el embate −continuado de años pasados− de las bandas y megabandas; así como también la implementación de operativos policiales que buscan enfrentar a dichos grupos criminales. Dos dinámicas que han dejado un saldo de 32 víctimas colaterales en lo que va de año.
Las balas que se adentran en los hogares de las víctimas no distinguen entre involucrado o indiferente, inocente o culpable. En específico, de acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas, el 50 % de los casos de balas perdidas se concentran en las parroquias El Paraíso y La Vega; ambas rodean la Cota 905, un sector popular de la ciudad de Caracas donde operan megabandas organizadas.
El mes de julio merece un análisis particular en esta cronología. Durante este período se registró uno de los hechos violentos más trascendentales de la ciudad en los últimos años, lo que muchos medios de comunicación reseñaron como el “Tiroteo en la Cota 905”. Según cifras de Monitor de Víctimas, 7 parroquias fueron afectadas de forma directa por los sucesos: El Valle, El Paraíso, La Vega, San Juan, Santa Rosalía, Coche y San Pedro.
También en esas zonas, a raíz de los enfrentamientos, se desplegó el Operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro, que en teoría buscó el cese de los enfrentamientos, pero en la práctica cobró la vida de personas inocentes sin ningún tipo de afinidad o afiliación con la banda.
Por esta razón, julio de 2021 destaca, según los registros del observatorio, como el mes más violento de 2021. Y también como el período más violento registrado en los últimos 30 meses en la ciudad. No se registraba una cantidad tan alta de víctimas desde enero de 2019.
Se puede observar, de igual manera, que en este mismo mes se registró el mayor volumen de víctimas por balas perdidas: 10 caraqueños perdieron la vida por esta circunstancia durante los hechos ocurridos en la Cota 905. De acuerdo a las cifras de Monitor de Víctimas, no se registraban tantas víctimas desde el mes de mayo de 2017, lo cual evidencia los daños colaterales de los sucesos en la Cota 905 durante ese mismo período.
Síntoma de una dinámica cada vez más violenta
Vemos entonces cómo las balas perdidas suelen ser consecuencia de encuentros entre bandas y cuerpos policiales, siendo las parroquias aledañas a las zonas de conflicto las más afectadas por los mismos.
En otras ciudades de la región, como Cali (Colombia), las cifras de muertes por balas perdidas se incrementan cuando hay partidos de fútbol o fiestas patronales. En Venezuela las cifras de balas perdidas también ocurren en eventos particulares, pero son recurrentes durante todo el año.
Esta situación deja una estela de miedo e incertidumbre en una gran cantidad de personas en la ciudad, cobrando la vida de caraqueños inocentes, muchas veces en sus propias casas.
Sin una política de seguridad efectiva para el combate de la violencia y los grupos irregulares en la ciudad, la situación continuará.
Las balas perdidas son un síntoma letal de la realidad a la que es sometida la ciudadanía: los enfrentamientos entre bandas, la gran cantidad de armas en manos de delincuentes y las inexistentes políticas de seguridad por parte del gobierno nacional. Los “síntomas” también se lloran. Lo inesperado de los sucesos suponen un trauma emocional y social profundo en las poblaciones que viven de forma directa e indirecta estos sucesos.
En los últimos meses uno se ha convertido en un espectador, al menos auditivo, de los diferentes armamentos que utilizan las bandas, que lejos de ser el simples disparos de revólver, son de armamento de guerra
Desde hace unos cuantos años vivo en la zona de El Paraíso en Caracas. Realmente siempre ha sido un sitio tranquilo, con los problemas de delincuencia, agua y otros servicios públicos como se vive en todo el país y afecta a todos los que vivimos en Venezuela.
Desde hace un tiempo para acá, la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados los vecinos de El Paraíso, La Paz, Montalbán y otras zonas cercanas, se ha visto afectada por los enfrentamientos de las bandas delictivas que hacen vida en zonas aledañas, como la Cota 905 y más recientemente La Vega, que nos han obligado a vivir entre disparos de armas de fuego de todo tipo a toda hora.
Aun y cuando confieso que soy un completo desconocedor del tema de armamentos, en los últimos meses uno se ha convertido en un espectador, al menos auditivo, de los diferentes armamentos que se utilizan; estos están muy lejos de ser simples disparos de revólver, suenan más bien como de armamento de guerra, cuyo uso solo está permitido a las Fuerzas Armadas Nacionales.
Estos enfrentamientos han convertido, al menos las cercanías de mi casa, en una zona de guerra. Vive uno un estado de zozobra general.
Los disparos, explosiones y la incertidumbre de todos va en aumento cada día; los disparos no cesan ni de noche, ni de día, lo que genera un gran temor a los que habitamos en la zona.
Aunado a esto, no hay información oficial de lo que sucede y las medidas que se están tomando para darle solución a esta situación las desconocemos. Nuestro único medio de comunicación son ahora las redes sociales que nos mantienen informados de lo que pasa.
La situación general ha empeorado de una manera importante en estos últimos días y los enfrentamientos, según las informaciones que uno medio tiene, llegan hasta la parroquia El Valle y El Cementerio, así como los disparos llegan a la zona de Quinta Crespo y San Agustín, una guerra en el suroeste de Caracas.
Algunas personas muertas y varias heridas es el saldo que reportan algunos medios de comunicación de los enfrentamientos ocurridos los días miércoles 7 y jueves 8 en la zona, además de balas de armas de fuego que entran a diferentes apartamentos ubicados en las cercanías de los enfrentamientos, que mantienen en estado de alarma a todos los que estamos cerca de la zona y en absoluto resguardo, no sea que una bala perdida nos alcance.
Igualmente es alarmante el silencio absoluto de las autoridades respecto a lo que está pasando. Ante esto es bueno recordarles que, según lo establecido en la Constitución nacional, los representantes del Estado están obligados a garantizar la seguridad de todos, tal como lo establece el artículo 55 que señala: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
Los habitantes en las cercanías donde ocurren estos enfrentamientos, entre los que me incluyo, exigimos a la vicepresidenta de Seguridad Ciudadana y ministra de Interiores, Justicia y Paz, almiranta Carmen Meléndez, informe sobre lo que está pasando y las medidas que los diferentes organismos de seguridad ciudadana realizan para que vuelva la paz a nuestros sectores.
La seguridad ciudadana es un derecho humano y es obligación del Estado garantizárselas a los ciudadanos. Ya basta de vivir entre balas, en el medio de una guerra que mantiene a gran parte de la población caraqueña en completo estado de indefensión.
Reportes en Twitter afirman que el tiroteo en la zona se mantiene desde ayer. Vehículos blindados de la GNB, Faes y la PNB se encuentran apostados en zonas cercanas de La Vega y El Paraíso
Este jueves, 8 de julio, la ministra de Interior Justicia y Paz, Carmen Melendez, anunció el despliegue de un nuevo operativo de «protección y resguardo» en las parroquias La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan y El Valle, esto después del tiroteo registrado la tarde del miércoles en la Cota 905.
Meléndez señaló que este despliegue de seguridad contempla el control del tránsito en las vías aledañas a estas parroquias, por lo que se solicita a la población evitar la circulación vehicular y peatonal.
Explicó que los organismos de seguridad del Estado siguen desplegados en las zonas vulneradas «por estos criminales y no descansarán hasta rescatar el control absoluto».
Cerrados los accesos al municipio Libertador
Luego del tiroteo registrado el día de ayer en la Cota 905 y que se extendió hasta la mañana de este jueves, habitantes de El Paraíso reportaron a través de Twitter que los accesos al municipio Libertador permanecen bloqueados.
El Servicio de Información Pública informó a través de su cuenta en Twitter que se mantiene cerrado el paso hacia Puente Hierro, la salida de Montalbán hasta la autopista, el acceso a La Paz y hacia el Puente Los Leones.
La cuenta en la referida red social de Traffic Caracas, informó que desde las 8:00 a.m. se mantienen cerrados los accesos a la autopista de los túneles (autopista Norte -Sur) por el Distribuidor La Araña y también cerrado el acceso a San Agustín del Norte por la autopista Francisco Fajardo.
📍Cerrado tránsito en Puente Hierro 📍Cerrada salida de Montalbán hasta la autopista 📍Cerrado acceso en La Paz y puente Los Leones 📍Despliegue policial en la redoma La India y entrada de La Vega pic.twitter.com/CfTh6IXTJ0
— Servicio de Información Pública (@infopublicave) July 8, 2021
Vía – @lexmar1 : #8july Cerrado el acceso hacia El Paraíso, por el lado de la Plaza Madariaga. Continúan los enfrentamientos de la banda del KOKI con funcionarios policiales. Tomar previsiones. 07:15am
#8Jul ⚠️ #Caracas 8:48 AM Cerrados los accesos a la autopista de los túneles (autopista Norte -Sur) por el Distrib La Araña. También cerrado el acceso a San Agustín del Norte por la autopista Francisco Fajardo. Continúa la balacera en la Cota 905 y La Vega. ✍️@SegoviaBastidaspic.twitter.com/pRzRokW6ga
Caracas Bajo Ataque!!! #Cerrado paso de Quinta Crespo hacia El Paraiso. Por cierto son 9,20 am y no para el tiroteo en la Cota 905, El cementerio, Quinta Crespo, La Vega, El Paraíso. pic.twitter.com/y8eU6or3LH
— El Noticiero Venezuela (@elnoticierovzla) July 8, 2021
Las últimas balaceras protagonizadas por supuestos miembros de la megabanda que opera en la Cota 905, al suroeste de Caracas, demuestran cómo uno de los grupos de crimen organizado más peligrosos de Venezuela ha fortalecido su poder y el control territorial durante el confinamiento por COVID-19
@ronnarisquez
Paralizar el suroeste de Caracas, cerrar la principal autopista de la ciudad, tomar las adyacencias de importantes dependencias militares y policiales, disparar armas de alto calibre contra vehículos blindados de la PNB, apoderarse del club social de la policía, robar la moto de un médico desvalido, y luego devolvérsela –en un gesto de aparente bondad– con la supuesta instrucción de difundir el acto reivindicativo en redes sociales, muestra cómo la megabanda de “El Coqui” ha logrado fortalecer su gobernanza criminal en el último año, sin sufrir los efectos de la pandemia por COVID-19 en Venezuela.
Este jueves 22 de abril, las redes sociales se estremecieron nuevamente con videos que mostraban a funcionarios policiales desvalidos y aterrorizados, mientras una lluvia de balas de fusil caía sobre sus vehículos oficiales. Supuestos miembros de los grupos criminales que operan en la Cota 905 y El Cementerio (parroquias El Paraíso y Santa Rosalía) atacaron a comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que circulaban por la autopista Norte-Sur, que conecta con tres importantes autopistas de la ciudad: Francisco Fajardo, Valle-Coche y Caracas-La Guaira.
El tiroteo registrado esta semana es el quinto de gran magnitud protagonizado por la megabanda de “El Coqui” en Caracas, en lo que va de 2021, y el séptimo desde 2020. El 30 de marzo se apoderaron de las instalaciones del Club El Pinar, antiguo Club de la Policía Metropolitana y el 19 marzo bajaron de los barrios de la Cota 905, El Cementerio y El Valle, y se apostaron las calles de las parroquias El Paraíso y Santa Rosalía, a solo 4,5 kilómetros del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno Nacional. Impidieron la circulación de vehículos y peatones, y mantuvieron en vilo a los habitantes de Caracas durante horas.
En redes sociales circularon todo tipo de versiones sobre el hecho. Sin embargo, es irrelevante si el grupo delincuencial pretendía robar baterías antiaéreas del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, si los jefes de la megabanda ejecutaron a cuatro de sus miembros en represalia por haber actuado “de su cuenta” (hecho del cual no hay reportes oficiales, ni registro de ingreso en la morgue de Bello Monte), o si pretendían “humillar” a los funcionarios de la policía judicial en la emboscada del pasado jueves (la mayoría tienen formación y trayectoria). Tampoco importa si los líderes mostraron su humanidad al perdonar la vida de un médico y devolverle su moto (aunque horas antes lo habían convertido en protagonista de su propia película de horror)… El punto no es si “El Coqui” es bueno o es malo.
Se trata de que la megabanda de “El Coqui”, que en realidad está liderada por Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias “El Vampi” o “El Gordo”, y no por Carlos Luis Revete –como se había creído hasta ahora– es un grupo armado no estatal que ejerce cada vez con más fuerza una forma de gobernanza criminal en una importante porción de territorio de la capital de Venezuela.
Su dominio va desde la Cota 905 hasta Coche y abarca cinco parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Paraíso, El Valle, Coche y La Vega. Este espacio territorial tiene en su interior, al menos siete, importantes dependencias policiales y militares; y se podría llegar caminando al Palacio de Miraflores en menos de 45 minutos.
El grupo impone sus reglas de convivencia a los habitantes de las zonas que controla; se involucra en la repartición de alimentos del programa estatal; imparte “justicia”; desarrolla actividades económicas ilegales; somete a los cuerpos de seguridad, aunque tendría alianzas con algunas autoridades, reemplaza las instituciones y limita la vida de todos los ciudadanos de Caracas desde hace siete años.
Gobernanza criminal: a través o a pesar del Estado
La gobernanza criminal consiste en la regulación o imposición de normas de conducta que los grupos criminales aplican a los residentes de las zonas que ellos controlan. Los “sometidos” son personas que no pertenecen a la organización delictiva y la “dominación” podría ser incluso sobre bandas más pequeñas.
El concepto de gobernanza criminal ha sido abordado y analizado por investigadores y expertos en temas de violencia como Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago, quien ha estudiado el fenómeno de las pandillas en Centroamérica, Río de Janeiro (Brasil) y Medellín (Colombia). “La gobernanza criminal florece en focos de escasa presencia estatal, pero en los que los Estados generalmente puede ingresar a voluntad”, escribió el académico.
En este caso, la megabanda de “El Coqui” es un grupo de crimen organizado que viene ejerciendo una forma de gobernanza criminal en un territorio desde comienzos de 2015, cuando una política gubernamental le entregó esa “zona de paz”.
La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) interrumpió brevemente este dominio entre julio de 2015 y abril de 2017. Pero en agosto de ese mismo año, se habría concretado un nuevo acuerdo entre funcionarios del gabinete de Nicolás Maduro, y la megabanda de “El Coqui”. La reducción de los secuestros y el control social de estas zonas, en momentos cuando se desarrollaba una ola de protestas contra el Gobierno, eran parte de la negociación.
Aunque no hay documentos o imágenes que permitan afirmar las condiciones del acuerdo, funcionarios de la policía judicial han denunciado en varias ocasiones que tienen prohibido, por órdenes superiores, ingresar a la zona que controla la banda.
Runrun.es tuvo acceso a un video de mediados de 2018 de un juego amistoso de baloncesto en la cancha de la Cota 905. Los equipos estaban integrados por: funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB y por presuntos miembros de la megabanda. El encuentro deportivo parecía sellar una tregua entre ambos grupos armados.
La profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, Sandra Ley, explicó durante una presentación académica, que estos grupos no buscan tomar el control del Estado, como en el pasado lo hicieron los grupos guerrilleros. Sino que buscan operar a través o a pesar del Estado.
“No es la captura criminal del Estado en sí, es más bien la captura criminal de todas las estructuras sociales de una comunidad. En esta lógica de gobernanza criminal, estos grupos están ejerciendo no solo un control sobre el mercado criminal sino sobre la población local, sobre políticos y sobre la economía”, señaló Ley.
La investigadora también dijo en una conferencia sobre el caso mexicano: “Esta gobernanza criminal propicia controles de factoen donde los grupos criminales ejercen su fuerza no solo sobre el mundo criminal sino sobre la sociedad y el Estado”.
Hay cuatro controles que se ejercen dentro de la gobernanza criminal: control territorial (es el espacio donde opera la organización), control económico (son los negocios ilícitos del grupo), control social (regulan la participación y conducta de las comunidades, además del suministro de algunos servicios), y control político (está referido a la influencia que ejercen estos grupos en los procesos electorales locales de algunos países).
Sin embargo, no siempre tiene que haber todas estas formas de control para hablar de gobernanza criminal.
Así es que se gobierna en la Cota 905
El incidente ocurrido en Caracas el 22 de abril pudiera ser una demostración de control territorial. En un audio que recoge una conversación por radio entre dos de los supuestos delincuentes, uno de los hombres dice: “Lo que no saben ellos es que tenemos toda Caracas controlada, toda Caracas dominada”.
En otro mensaje de voz enviado a grupos de policías, uno de los funcionarios víctimas del ataque relata que las comisiones de la División de Vehículos del CICPC acababan de salir del barrio El 70 de El Valle (uno de los bastiones de la megabanda) en 11 patrullas. Se dirigieron hacia la autopista y “antes de entrar al túnel estos malditos comenzaron a efectuar disparos de todos los ángulos, desde el túnel, de las dos alas, por la parte de atrás y por la parte de El Cementerio a los dos laterales… nos disparaban con fusiles, únicamente fusiles”.
En ese hecho cuatro funcionarios del CICPC resultaron heridos, dos vehículos de este cuerpo policial fueron desvalijados por los delincuentes, mientras que una unidad blindada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue atacada a balazos. Los disparos salían desde los barrios ubicados en las montañas que rodean la autopista, que son controlados por “El Coqui”.
La balacera del 19 de marzo, pudiera obedecer también a la lógica del control territorial. En esa ocasión los miembros de la banda impidieron la circulación de vehículos por una autopista y tomaron los accesos al barrio desde la intersección entre las avenidas Victoria y Nueva Granada. Sus balas acabaron con la vida de Deisy Rivas, una mujer que vivía en un apartamento en El Paraíso.
En enero de 2021, un grupo de hombres supuestamente pertenecientes a la banda de “El Coqui” comenzó a verse en la parte alta de La Vega, lo que motivó una violenta intervención policial, conocida como la masacre de La Vega, en la que murieron, al menos, 15 personas. La presencia del grupo criminal en esta zona fue interpretada por algunos analistas como un intento de expansión territorial de la megabanda con el objetivo de aumentar y diversificar su control económico y sus rentas criminales (extorsiones, entre otras), que posiblemente se habían visto disminuidas por la pandemia.
Al inicio del confinamiento en marzo de 2020, circularon fotos de un hombre, que supuestamente era “El Coqui”, repartiendo comida a los habitantes de la Cota 905. También se ha dicho que entrega juguetes a los niños de la comunidad y ejerce cierto control sobre la venta de alimentos del programa estatal Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). En otra ocasión, residentes de la misma zona solicitaron la ayuda de “El Coqui” para la resolución de conflictos vecinales. Adicionalmente las personas que desobedecen las reglas de la megabanda son asesinadas y lanzadas por un ducto de basura. Estas acciones constituyen una forma de control social, que busca ganar la lealtad de la gente, por las buenas o mediante el uso de la violencia.
¿Qué pasó en la autopista Norte-Sur?
Aunque todo lo anterior pareciera indicar que las instituciones del Estado han fracasado en el control del monopolio de la fuerza y su responsabilidad de proveer seguridad a la ciudadanía, se ha demostrado que en caso venezolano algunas teorías tienen sus variaciones y no todo es como parece.
Un funcionario de la policía judicial, que pidió no ser identificado, ofreció su versión sobre los hechos protagonizados por la megabanda de “El Coqui” en los últimos meses. “Se sabe que son delincuentes y los colocan frente a la sociedad como líderes negativos, pero nunca se adoptó una política criminal para acabar con ellos. La razón es que son organizaciones armadas que utilizan para hacer estupideces y así tapar noticias que de alguna manera le van a afectar la imagen al Gobierno”.
El policía, con más de 15 años de carrera, considera que lo ocurrido el jueves fue un espectáculo con un alto componente político detrás. “Un circo que se va a montar entre semana y siempre será el mismo resultado: funcionarios heridos y por parte de ellos (los delincuentes) ningún tipo de bajas. A ellos se les aplaudió que le entregaran la moto a un médico, como si fueran héroes. Simplemente a los ojos del que sea son delincuentes y hay que verlos de esa manera”.
Enero fue en líneas generales un mes convulso en Caracas, pues se registraron varias situaciones violentas entre bandas delincuenciales y la policía, de las que los vecinos de sectores como la Cota 905, El Paraíso, La Vega y Petare fueron testigos
En varias zonas de Caracas se han registrado al menos tres enfrentamientos entre delincuentes de la Cota 905 y efectivos policiales en el transcurso del año 2021.
Enero fue en líneas generales un mes convulso en Caracas, pues se registraron varias situaciones violentas entre bandas delincuenciales y la policía, de las que los vecinos de sectores como la Cota 905, El Paraíso, La Vega y Petare fueron testigos.
Los habitantes de El Paraíso, sector que colinda con la Cota 905, presenciaron el 28 de enero el primer enfrentamiento ocurrido entre grupos armados presuntamente vinculados a la banda de «el Coqui» y los cuerpos de seguridad desarrollado en la zona.
Quienes vivieron el hecho desde sus apartamentos comentaron que fue la primera vez que grupos delictivos de la Cota 905 bajaron a la plaza Madariaga para enfrentar a los cuerpos policiales. También dijeron haber vivido una noche de terror, pues la confrontación duró al menos cinco horas, desde las 7:00 pm hasta la medianoche.
Las ráfagas de tiros que soportaron los habitantes de El Paraíso dejaron agujereadas las paredes de sus edificios. Muchos de ellos definieron la situación como la escena de una guerra.
Sigue leyendo esta nota de Lenys Vargas en El Pitazo
Las dos sedes del partido de la tolda blanca fueron asaltados este domingo, 9 de agosto, en horas de la mañana.
La mañana de este lunes, 10 de agosto, se reportaron varias detonaciones en la sede del partido político Acción Democrática (AD), ubicada en el sector La Florida, en Caracas.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, militantes de AD y miembros de la Asamblea nacional (AN) se apostaron en los alrededores de las instalaciones para protestar y exigir que les devuelvan la sede, pero fueron atacados por presuntos colectivos, quienes se encontraban detrás de las rejas del edificio, con bombas lacrimógenas, cohetes y piedras.
El secretario de organización del partido, Carlos Prosperi denunció que los que se encuentran dentro de la sede de AD no son militantes adecos sino colectivos afectos al gobierno de Nicolás Maduro, amparados por fuerzas de seguridad.
A través de su cuenta en Twitter, Henry Ramos Allup, secretario general del partido Acción Democrática y diputado a la AN, repudió el asalto a las sedes del organismo ubicadas en Caracas.
“Tanto el CEN de AD en La Florida nuestra sede nacional como el CES de Caracas en El Paraíso asaltadas por bandas de alacranes fuertemente armados, apoyados por funcionarios uniformados del FAES y colectivos motorizados del régimen», dijo Allup.
El día de ayer, se conoció que las dos sedes del partido en el Paraiso y la Florida habían sido asaltadas por grupos violentos afectos al gobierno de Nicolás Maduro.
La diputada, Larissa González compartió un video de los alrededores del recinto político y expresó: “Rechazamos el intento violento de tomar la sede de Acción Democrática. Las bases del partido están con la institucionalidad y con Henry Ramos Allup, solo con malandros podrán apoderarse de nuestras casas, el pueblo adeco los repudia”.
Colectivos intentan tomar CEN del partido en la Florida. Rechazamos el intento violento de tomar la sede de @ADemocratica Las bases del partido están con la institucionalidad y con @hramosallup solo con malandros podrán apoderarse de nuestras casas, el pueblo adeco los repudia pic.twitter.com/wrUbpzhvsx
— Dip Larissa González (@LarissaGonzale6) August 9, 2020
Funcionarios del Régimen, con colectivos y en complicidad con los que judicializan @ADemocratica secuestran las casas del Partido!!! pic.twitter.com/uOS94fYq22
ES NOTICIA | Colectivos de la dictadura criminal de Nicolás Maduro atacan con bombas lacrimógenas la sede de Acción Democrática en La Florida. (Vídeo vía @alvaroalgarra) #10agopic.twitter.com/ldvU2zRLQ7
El conflicto interno comenzó cuando un grupo de militantes, entre ellos Bernabé Gutiérrez, manifestó su deseo de participar en las parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, mientras otro grupo se oponía a medirse en los comicios que consideran un “fraude”.
Gutiérrez, quien fue expulsado del partido tras desacatar la línea de abstenerse de participar en las elecciones de diciembre, recibió por parte del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia y por decisión de la Sala Constitucional, los símbolos, tarjeta y sedes del histórico partido socialdemócrata.
Las agresiones
Espacio Público, Asociación Civil que promueve y defiende la libertad de expresión denunció a través de su cuenta en Twitter que sujetos no identificados atacaron a la prensa con bombas lacrimógenas y cohetes mientras intentaban cubrir la convocatoria a los medios prevista para este lunes en la sede del partido Acción Democrática, en La Florida.
#DenunciaEP | Sujetos no identificados atacan a la prensa con bombas lacrimógenas y cohetes mientras intentaban cubrir la convocatoria a los medios prevista para este lunes #10ago en la sede del partido Acción Democrática, La Florida, #Caracas
Los principales políticos de oposición y demás partidos no dudaron en rechazar lo sucedido. Alfonso Marquina, diputado por el estado Lara, en su perfil de Twitter expresó: «Repudiamos esta toma ilegal y violenta de la sede de su partido por los alacranes cómplices del régimen».
El partido Primero Justicia se solidarizó con AD y manifestó su rechazo asegurando que «No podrán con violencia doblegar a los partidos democráticos».
El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, condenó el asalto del gobierno de a las sedes del partido, por lo que se solidarizó con la tolda. «Mensaje al pueblo adeco: Lamento mucho lo que hacen los alacranes en confabulación con la narcodictadura. Pero así como entraron para invadir, saldrán despavoridos al instante en que caiga ese esperpento. Recuerden aquello que dijo Rómulo: «Hasta debajo de una mata de mangos», escribió en Twitter Ledezma.
Un año después, dos fuentes confirman que los jóvenes que provocaron la tragedia intentaban realizar un robo masivo en el Club Social de El Paraíso conocido como Los Cotorros. Pero aún no se sabe qué originó las dos peleas que ocurrieron antes de la detonación de la bomba lacrimógena, de la cual aún se desconoce su procedencia y cómo llegó a manos de un adolescente. El proceso judicial para castigar a los responsables continúa, pero no avanza con la celeridad que exigen los familiares de las víctimas
Armando Altuve y Patzzy Salazar para El Pitazo
—No puedo respirar, no puedo respirar.
El gas tóxico penetró y quemó sus mucosas nasales, nubló su visión en cuestión de segundos. Su respiración acelerada buscaba inhalar aire limpio, sentía como su garganta empezaba a estrecharse, sofocado no podía seguir de pie. Luis Roniel Guerra, de 19 años, antes de desplomarse cerca de la salida del local, ubicada en un estrecho pasillo con escaleras, empujaba con desespero a otras personas que amontonadas intentaban huir de la sustancia. Su cuerpo, ya desvanecido, quedó a merced de una estampida humana. Bárbara Bárcenas, de 29 años, oyó el desespero de Luis Roniel, pero su atención estaba centrada en saber dónde se encontraba su hermana Jennifer, a quien perdió de vista cuando el humo comenzó a expandirse y a concentrarse en el club. No pudo ayudar a Luis Roniel, pero tampoco dio con Jennifer, quien salió al rescate de uno de sus amigos, porque al inhalar tanto el gas lacrimógeno también se desmayó.
Bárbara y Luis Roniel acudieron junto con sus hermanos y otros amigos a una fiesta que culminó con la muerte de 19 personas, entre ellas, adolescentes y adultos. La madrugada del 16 de junio de 2018 un adolescente, tras una álgida discusión, detonó una bomba monofásica en el interior del Club Social de El Paraíso, conocido popularmente como Los Cotorros, donde en principio, se tenía previsto realizar una celebración de prograduación que, al final, terminó siendo abierta a todo público. La expansión y concentración del gas tóxico en el espacio produjo que los asistentes corrieran hacia la salida principal para escapar del humo.
La fiesta realizada el 15 de junio fue nombrada The Legacy, y era la primera vez que se realizaba en el Club de Los Cotorros, un establecimiento registrado el 1 de julio de 1982 y cuyo dueño es de nacionalidad ecuatoriana. El evento estaba pautado para realizarse en el mes de abril, pero fue suspendido por fallas logísticas, según contó una fuente a El Pitazo. El festejo estuvo a cargo de un grupo de promotores encabezado por Jesús Navas, un joven de 17 años que se ha dedicado a organizar espectáculos en locales nocturnos caraqueños junto a su hermanastra María de los Ángeles Arcia, de 19 años, quien actualmente está detenida por los sucesos.
