El Megafono

La organización no gubernamental Utopix registró que en 2021 hubo 219 femicidios en Venezuela

La violencia basada en género se ha manifestado durante los dos primeros meses del año. Entre enero y febrero de 2022, se han registrado tres femicidios, además de casos de violencia física y psicológica contra mujeres. Igualmente se han registrado casos de niñas y adolescentes abusadas sexualmente.

“Las causas reproductoras de la Violencia Basada en Género (VBG) se mantienen ancladas en las relaciones sociales en Lara, las cuales van desde los factores culturales, institucionales y socioeconómicos”, afirmó el profesor Carlos Meléndez Pereira, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara),  quien agregó que, en los dos primeros meses de 2022, la región nuevamente está entre las entidades con cifras más altas en el país de maltrato a mujeres, niñas y adolescentes.

Destacó Meléndez, que el acceso a la justicia y el cumplimiento de las normas que garanticen una vida digna y sin violencia a las mujeres, no se aplican de manera justa. “La denuncia presentada por la señora María Laura Álvarez ante algunos medios de comunicación de la región explicando que tiene una orden de alejamiento de su expareja emitida por un juez, pero eso no se está cumpliendo, es un ejemplo de ello. Álvarez, sigue estando acosada física y psicológicamente; teme por su vida y la de sus hijos. Clama a las autoridades, más y mejor protección, pero está al desamparo. Hay un debilitamiento en la administración de justicia que sirve de factor catalizados de la victimización extendida de las poblaciones vulnerables. El deber del Estado de responder y brindar las condiciones reales para prevenir, evitar y sancionar la violencia de género sigue ausente”, dijo Meléndez.

El coordinador del OVV Lara hizo un llamado a la opinión pública en la entidad: “Marzo, mes en el que se reivindica a la mujer por sus luchas históricas en la igualdad en los derechos civiles, sociales, políticos y religiosos, además del reconocimiento de condiciones y oportunidades, todavía presenta minusvalía porque persiste una realidad violenta por razones de género”, reflexionó Meléndez Pereira.

Incremento de femicidios

A pesar de la inexistencia de cifras oficiales, la organización no gubernamental Utopix, registró que, en el año 2021, hubo 219 femicidios en Venezuela, evidenciando la ausencia de protección por parte del Estado. En el mes de enero del año actual, se contabilizaron 20 femicidios en el país, según las estadísticas del Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz); fueron 2 muertes más que en enero del año 2021.

En lo que respecta a Lara, desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en 2020, la violencia de género se agravó. Los datos del Reporte Regional Anual del OVV Lara del año 2021 presentan las cifras de 3 muertes violentas de mujeres y 16 casos de feminicidios en grado de frustración. De estos últimos, 5 ocurrieron en el mes de julio; 1 en agosto; 3 en septiembre, 5 en octubre y 2 en noviembre.

“Con los datos registrados por diferentes ONG de derechos humanos como Utopix, Cepaz y el OVV, se demuestra que se ha intensificado la violencia contra las mujeres y las niñas, pero sobresale, la violencia en el hogar. Así lo vemos en las cifras presentadas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnucdh), que explica el contexto de desprotección para ellas en el país en medio de la pandemia”, dijo Meléndez.

Nuevamente, desde el OVV Lara, Meléndez reitera que se debe seguir trabajando para derrumbar los estereotipos que refuerzan la violencia y promover desde el Estado la aplicación de las leyes y reglamentos concernientes a los protocolos que permitan a las mujeres y niñas sentir seguridad y la garantía de una vida libre de violencia en cualquiera de sus modalidades.

Entre los hechos de violencia de género destacan cuatro femicidios

El Observatorio Venezolano de Violencia en Guárico (OVV Guárico) registró 31 casos de violencia de género contra la mujer en la entidad, cifras que corresponden al seguimiento de los eventos de violencia interpersonal publicados por los medios de comunicación entre enero de 2021 y febrero de 2022.

De acuerdo a la información aportada por Adrián González, coordinador del OVV Guárico, entre los hechos de violencia de género destacan: 4 femicidios, 4 violaciones sexuales, 18 agresiones, 2 secuestros, una tentativa de homicidio, una amenaza de agresión y una amenaza de muerte.

Un caso de femicidio ocurrió el pasado 22 de febrero de 2022, cuando un hombre de 21 años asesinó a su madrastra, una mujer de 22 años, con ocho meses de embarazo. El crimen tuvo lugar en Cabruta, población rural localizada al sur del estado.

El monitoreo de prensa, determinó que los municipios que aglutinaron la mayor cantidad de hechos de violencia contra la mujer fueron: Leonardo Infante (10), Julián Mellado (5), Juan Germán Roscio (3) y Francisco de Miranda (3).

González explicó que durante los 14 meses referidos hubo 63 víctimas del sexo femenino, de las cuales cerca de un 50% (31 mujeres), pueden ser calificadas como expresiones de violencia de género.

El representante del OVV Guárico explicó que, según la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, se considera violencia de género a “todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado”.

Ante los registros de violencia de género en la región y a propósito de cumplirse el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, González señaló que urge apoyar todas las iniciativas que promocionen una noción plural de género centrada en la igualdad entre los sexos, la autonomía de las mujeres para combatir la pobreza y estimular el desarrollo sostenible.

De acuerdo con lo antes expuesto, el coordinador regional del OVV resaltó la labor que cumple en Guárico la Fundación Basta, organización –con 25 años de experiencia– que promueve la defensa de los derechos humanos de la mujer. Esta organización fomenta en la región el respeto, el valor de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres, por medio de talleres en las escuelas y comunidades, con el propósito de informar, orientar y sensibilizar respecto a la violencia intrafamiliar y contra la mujer.

La causa principal de la muerte en su mayoría se debió a complicaciones de salud

La organización Una Ventana a la Libertad (UVL), dio a conocer por medio de un informe que al menos 123 reclusos murieron durante el 2021, siendo 95 de ellos internos detenidos en espacios transitorios fallecidos por distintas enfermedades y 15 privados de libertad que perdieron la vida en procedimientos para ser recapturados tras fugarse.

Según los datos revisados en el informe de UVL, el año pasado esos 123 reclusos estaban detenidos en 302 distintos Centros de Detención Preventiva (CDP) y que la causa principal de la muerte en su mayoría se debió a complicaciones de salud debido al hacinamiento en la que viven los reclusos hoy en día en los diferentes CDP del país.

Como reseña esta organización no gubernamental, a pesar de las diferentes liberaciones y traslados a cárceles policiales de algunos detenidos durante todo el año que se realizaron en el país, el hacinamiento es aún uno de los problemas principales de los centros de detención, pues de acuerdo con el subregistro de Una Ventana a la Libertad, 16.595 reclusos “están distribuidos en espacios que tienen capacidad para albergar a 10.310 personas por lapsos de 48 horas”, lo que refleja un hacinamiento del 161% en estos centros preventivos. 

El coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, considera que: “Este informe tiene un punto a destacar, por primera vez el régimen de Maduro aceptó el desastre que se vivía en los centros de detención preventiva y eso lo lleva a crear el 21 de junio de 2021, una Comisión para solucionar el problema de caos de los centros de detención preventiva”, aseguró en su informe a UVL. 

Según esta organización defensora de los derechos humanos, la manera en la que viven las personas privadas de libertad en estos espacios transitorios es “una situación sanitaria repugnante”, pues en los espacios donde se encuentran aislados hay de 5 a 6 personas por celdas, eso se refleja en el 66,56% de los CDP monitoreados por UVL, conviviendo en el mismo espacio personas detenidas enfermas junto con los sanos.

Este informe anual de 2021 de Una Ventana a la Libertad, refleja la condición en la que se encuentran los distintos centros de reclusión del país, incluyendo comisarías policiales y militares, donde a nivel nacional se pudo conocer que en estos CDP, 92% de los detenidos son hombres y el 8% mujeres.

Los larenses necesitan $65,89 para poder cubrir la cesta alimentaria

Luego del aumento del salario mínimo anunciado por la administración de Maduro el pasado jueves 3 de marzo, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), aseguró en su más reciente reporte que este nuevo ajuste es insuficiente para los barquisimetanos.

Tras un monitoreo realizado por Codhez en el municipio Iribarren, estado Lara, este aumento sigue sin ajustarse a la realidad de todos los ciudadanos, a pesar de que el incremento del salario mínimo fue de más del 1.700%. 

La ONG, a través de una nota de prensa, recordó que esta semana el salario pasó de 7,00 bolívares a 126 bolívares (28 dólares), pero «no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de los venezolanos«.

Codhez resalta que a pesar del ajuste salarial, la canasta básica en Barquisimeto tuvo un incremento de 0,35% en dólares, necesitando al menos 290,17 bolívares (USD 65,89) las personas para poder cubrir su cesta alimentaria. 

La Comisión para los Derechos Humanos resalta que en Lara el alimento más costoso es el corte de primera que se ubica en 29,06 bolívares, mientras que las lentejas fue uno de los rubros que más tuvo aumento en comparación con la quincena pasada, quedando en 11,36 bolívares.

En el cadáver del preso se apreciaban múltiples hematomas

Tres días detenido tenía Luis Javier Alvarado Briceño, de 55 años de edad, cuando murió de un infarto. Era un preso que estaba en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la subdelegación San Juan, ubicada en Barquisimeto, estado Lara.

El cadáver del preso fue ingresado a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda a las 7: 30 de la noche del domingo 6 de marzo, según conoció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

En el momento las causas de su muerte eran desconocidas, pero si se le apreciaban en todo el cuerpo múltiples hematomas, en especial en el área del tórax y hacia las piernas. 

El lunes 7 de marzo funcionarios del Eje de Homicidios del CICPC Lara y de la subdelegación San Juan se encontraban en la morgue para presenciar la autopsia que estaría a cargo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), además de Alfonso de La Torres, Fiscal 21 de Lara, con competencia en Derechos Fundamentales  y la Unidad Criminalística del Ministerio Público.

Trascendió que para el estudio del cadáver no permitieron estar presentes a los efectivos del CICPC y el mismo duró más de tres horas. El cuerpo fue revisado de forma minuciosa y fueron fijados fotográficamente cada uno de los hematomas que presentaba.

Una fuente ligada a la investigación informó al OVP que tras un exhaustivo estudio se determinó que Luis Javier sufrió un infarto pulmonar múltiple, tromboembolismo pulmonar, ambos a consecuencias de lesiones contusas múltiples. El Ministerio Público solicitó al Senamecf un informe detallado de lo que fue la autopsia.

Hasta la tarde del martes 8 de marzo, el cadáver permanecía en la morgue del Hospital Central, pues ningún familiar había llegado para reclamarlo.

Sobre Luis Javier se conoció que fue detenido el 3 de marzo junto a su sobrino por participar en el femicidio  de Wilmary Carolina Escobar Peña, de 28 años de edad, quien era custodia penitenciaria de la Comunidad Penitenciaria David Viloria, conocida como cárcel de Uribana.

OVP conoció que Luis Javier y su sobrino, pareja de la víctima, fueron sometidos a múltiples interrogatorios por parte de funcionarios del cuerpo detectivesco para que confesaran donde se encontraba Wilmary Carolina, quien estaba desaparecida desde el  24 de febrero. Tras 7 días desaparecida, fue localizada bajo tierra, una vez que los presuntos involucrados en el femicidio confesaran.

Hasta ahora el Fiscal asignado al caso no se ha pronunciado al respecto, así como tampoco ha acudido hasta la sede del CICPC subdelegación San Juan para indagar sobre los hechos con el resto de los reclusos o solicitar las entrevistas a los funcionarios que realizaron el procedimiento donde la víctima fue detenido.

Se espera que esta muerte bajo custodia de este organismo policial se investigue de forma oportuna, exhaustiva y veraz.

La tuberculosis sigue matando

A la misma morgue de Barquisimeto fue ingresado en horas de la tarde del lunes 7 de marzo el cadáver de Isidro Antonio Gil Azuaje, de 47 años de edad.

El preso era oriundo del estado Portuguesa, tenía sentencia firme y estaba privado de libertad en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara desde el 24 de marzo del 2016.

Según le relató a OVP una fuente del penal, este hombre había padecido de tuberculosis, se recuperó de dicha enfermedad pero tuvo una recaída con un derrame pleural que lo llevó a ser trasladado al área de enfermería de Fénix, en donde falleció.

La misma fuente indicó que este preso estaba muy desnutrido porque solo consumía los alimentos que dan en el penal que no tienen las suficientes cargas calóricas. Su  familia no lo había visitado más, por lo que no recibía paquetería por parte de algún ser querido.

De la misma forma comentaron a OVP que este preso debía estar libre, pues ya le tocaba salir, pero el juez de ejecución no lo había atendido para revisar sus cómputos y redenciones. Desde los tribunales le habían ofrecido una revisión a su expediente para el 8 de marzo, pero el preso murió esperando una libertad que nunca se hizo efectiva.

Un adolescente de 12 años recibió un disparo en el costado derecho

Recientemente, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dispararon contra cuatro indígenas Warao (todos menores de edad), durante un operativo para confiscar dos curiaras en Cambalache, Ciudad Guayana. Las víctimas recibieron balazos en tobillos, piernas y manos. Uno de ellos, un adolescente de 12 años, recibió un disparo en el costado derecho.

Este no ha sido el único episodio de violencia que han vivido las comunidades indígenas en el estado Bolívar, ya en otras oportunidades la prensa regional ha reseñado acciones donde han estado involucrados, no sólo las FANB sino el hampa común. De hecho, comunidades indígenas en el estado denuncian con frecuencia ser víctimas de violencia y extorsión por parte de cuerpos de seguridad del Estado que, aseguran, no les protegen del asedio de grupos armados ni piratas de río. Aseguran que frecuentemente los militares confiscan sus trenes de pesca, curiaras y motores de lancha. Y para recuperar lo confiscado, deben pagar hasta 500 dólares a los funcionarios.

La presencia militar en la zona –aseguran los afectados– no se traduce en mayor seguridad para las comunidades indígenas frente a la incursión de grupos armados, especialmente en territorios mineros.

Un patrón que se repite en zonas mineras

Las agresiones a las comunidades indígenas tienen un patrón que, si se mira en retrospectiva, ha venido creciendo con el tiempo. De acuerdo al equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) los episodios no son de reciente data. De hecho, consideran que en el Alto y Bajo Caura, municipio Sucre, la situación es crítica.

“A principios de 2020, tres Yekuanas pertenecientes a la Guardia Indígena del Caura fueron asesinados por grupos armados. Según la información proporcionada por la organización Wataniba, la coordinación Kuyujani Ye’kwana-Sanemá de la cuenca del río Orinoco denunció ante organismos de seguridad estatales la amenaza de entrada a la fuerza de los grupos armados días antes de lo sucedido y solicitaron protección, sin embargo, no obtuvieron respuestas”. Resaltó el equipo.

A principios de 2021 el capitán general del pueblo Jivi, y otras tres personas fueron asesinados en una mina del territorio, y por ello organizaciones no gubernamentales pidieron una investigación imparcial de los crímenes, solicitud  que nunca llegó a concretarse.

En paralelo, ese mismo año, comunidades indígenas Jivi, Yekuana y Sanema reportaron a la ONG Kapé-Kapé que, durante las incursiones militares por operativos de seguridad para desplazar a los grupos armados de la zona, los funcionarios del Estado maltrataron a los habitantes y causaron destrozos en viviendas y conucos.

Para estas comunidades, la presencia militar aumentó la tensión con grupos armados, ya que quedaron en medio de un fuego cruzado. El resultado fue que más de 20 familias indígenas huyeron de la zona a mitad del año pasado.

“En el municipio Sucre, dos capitanes del pueblo Jivi han sido asesinados a manos de grupos delincuenciales, y otros dos líderes indígenas permanecen desaparecidos desde 2018. Las muertes se mantienen impunes, y las desapariciones sin búsqueda”. Resaltó el OVV en Bolívar.

En opinión del equipo, los indígenas enfrentan un asedio bilateral: La violencia de un Estado que incumple su responsabilidad de garantizar protección y el accionar de grupos armados que operan con aquiescencia gubernamental.

Desde el OVV Bolívar, se considera imperante que los organismos competentes den respuesta a la problemática indigenista. “Desde el 2016 no se actualizan portales para la rendición y cuentas sobre avances y logros en la materia. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, procesos como demarcación de hábitats, garantía de la educación intercultural bilingüe y capacitación para la autogestión son deudas de vieja data para con estas comunidades”. Señala.

Finalmente, reconocieron la importancia de implementar acciones reivindicatorias inmediatas, por lo que exhortaron al Estado el cabal cumplimiento de sus deberes.

La libertad académica protege tanto la producción como la discusión y la diseminación del conocimiento científico

¿Qué pasa en una sociedad donde los académicos no pueden investigar, publicar, debatir los hallazgos de su trabajo científico o donde las universidades tengan una política de estado para intervenirlas, arrodillarlas o cerrarlas? ¿Por qué los regímenes autoritarios buscan callar a los universitarios críticos?.

Con estas interrogantes el coordinador de Aula Abierta, profesor David Gómez Gamboa, dio inicio al simposio sobre los principios de libertad académica y autonomía universitaria realizado a través de las redes sociales.

«Nos encontramos en tiempos en los cuales los académicos sufren restricciones, represalias o amenazas por la producción del conocimiento científico, crítico o por su participación en el debate plural«, dijo Gómez

Estos escenarios, continuó, impulsaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a sus dos relatorías a la creación y publicación de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, «hecho histórico sin precedentes que amplia el reconocimiento internacional de este derecho humano«.

Señaló, que estos principios son respaldados por instituciones académicas y sociales del continente y Aula Abierta ha sido parte importante en ese proceso al lado de órganos de derechos humanos y de universidades venezolanas como la UCV, la ULA, LUZ, UCAB y UCLA, entre otras.

Tuvo participación especial durante el simposio la profesora Soledad García, relatora en funciones de la CIDH para los derechos económicos, culturales y ambientales, quien indicó que Los principios adoptados en diciembre de 2021 por la CIDH junto a las consultorías especiales tienen una gran importancia para el mundo académico de toda la región.

Indicó la ponente que estos principios constituyen un paso adelante en la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos, que a su vez es un mundo que necesita estar abierto y captar las nuevas realidades y situaciones.

«Esos principios son una muestra de como el sistema interamericano es vanguardista y receptivo de las realidad regional y supo dar respuesta a lo que se venía viendo y esos 16 principios se pueden articular en una serie de ideas tales como la afirmación de que la libertad académica es un derecho humano independiente y a la vez individual y colectivo», argumentó la ponente.

Ello implica, continuó, que la libertad académica protege tanto la producción como la discusión y la diseminación del conocimiento científico y también la participación de los académicos en el debate crítico.

«La crítica universitaria es un tema que requiere una protección especial, sobre todo en los regímenes autoritarios que pueden atacar o poner en peligro el espacio cívico académico», señaló la experta.

Apuntó, que en América se detectan distintas situaciones que preocupan y lo estamos siguiendo con particular atención y preocupación, tal es el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba y México. La libertad académica tiene una característica de interdependencia con otros derechos humanos y de suponer una función habilitante y esta estrechamente vinculada con el derecho a la educación, la libertad de expresión y de pensamiento de los universitarios.

Por su parte el profesor Ricardo Villalobos, Coordinador de Investigación e incidencia internacional, explicó que el simposio trata sobre la situación de la autonomía universitaria en américa en el marco de la pandemia por el COVID-19.

«Hoy más que nunca queda en evidencia la importancia de la libertad académica para el efectivo ejercicio de los derechos humanos. Entre el 14 de marzo y el 28 de septiembre de 2020 se documentaron al menos 5 represalias en contra de académicos con relación a la expresión de sus expresiones expertas sobre el manejo del COVID-19 en Venezuela y Nicaragua por sus respectivos gobiernos.

En estas represalias han sido implicados despidos arbitrarios y amenazas públicas de juicios y acciones penales e incluso, persecuciones con cuerpos de seguridad del estado, apuntó.

A juicio de la ONG, dicho instrumento se perfila como un intento por frenar las averiguaciones que la Fiscalía de la CPI

La ONG Acceso a la Justicia cuestionó la efectividad y real independencia de una comisión para la investigación de violaciones de derechos humanos, creada mediante una ley por la Asamblea Nacional electa en 2020, debido a su conformación y capacidad para llevar a cabo su labor.

La Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2021 es un texto que, según el Parlamento, tiene la “finalidad de promover el respeto, garantía y protección de los DD HH de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación”.

A juicio de Acceso a la Justicia, dicho instrumento se perfila “como un intento por frenar las averiguaciones que la Fiscalía de la CPI viene adelantando en el caso venezolano”, al crear una Comisión de Justicia y Reparación que, aparentemente, tiene la misión de ayudar al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y proponer medidas para reparar a los afectados.

“Una revisión del texto arroja dudas sobre la capacidad de la comisión para llevar a cabo su labor y hace temer que la misma no sea más que una simulación de justicia y un nuevo organismo burocrático”, aseguró la ONG en un análisis de esta ley.

Respecto a la independencia de dicha instancia, Acceso a la Justicia cuestiona “la gran injerencia” que tendrá la Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialista, sobre el nombramiento de los integrantes de la comisión, incluyendo a su presidente.

La comisión deberá estar integrada por siete personas, dos de ellos diputado y el resto de organizaciones o movimientos en defensa de los derechos humanos. “Habrá que ver si esto sucede en la realidad, porque por lo general el Gobierno venezolano no trabaja con organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas ni con defensores de derechos humanos independientes, y menos aún toma en cuenta sus recomendaciones”.

Acceso a la Justicia también refirió la poca claridad en las funciones y su propia naturaleza. La comisión podrá “estudiar, evaluar y verificar el funcionamiento de la justicia”, además de investigar presuntos delitos “contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la dignidad humana, vida, integridad personal física, psíquica y moral, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión”.

Para la ONG esto forma parte de un ensayo de justicia transicional que no cumple con estándares internacionales. “Si se pone en marcha un mecanismo alternativo de justicia transicional el mismo debería ser producto de un consenso con la sociedad civil y no como ocurrió en este caso, que ni siquiera la ley que lo crea fue sometida a debate público para su conocimiento y discusión en la población venezolana”.