El Megafono

Solicitaron a los tribunales la orden de traslado a Salud Chacao

Las madres y esposas de cuatro detenidos en la Policía Municipal de Chacao ( Polichacao) contaron al equipo de Una Ventana a la Libertad el miedo que sienten al pensar que los hombres sean positivos a tuberculosis y no estén recibiendo el tratamiento indicado.

Una de las madres bajo reserva de identidad dijo a UVL que su hijo se siente mal desde enero. Dentro de los síntomas que presenta, está la fiebre intermitente, tos y dolor en los pulmones al respirar, que con el tiempo, se ha agudizado.

Familiares de estos internos no han descansado en solicitar a los tribunales la orden de traslado a Salud Chacao, pero ésta nunca llega: “Los funcionarios nos dicen que sin la orden del tribunal no los pueden trasladar. Estamos desde enero en esto, ¿cuánto más hay que esperar?, ¿será a que se mueran?”, manifestó una de las fuentes consultadas. Todos  aseguran que en los próximos días continuará  las diligencias necesarias. Consideran que es importante dejar una constancia y contar la realidad de lo que está sucediendo en ese calabozo policial. 

“Tengo mucho miedo de que sea tuberculosis y que la atención llegue demasiado tarde (…) ¿En dónde dejan los derechos de los privados?, ellos cometieron un error y lo están pagando. Pero tienen derecho a su salud”, fueron las palabras de un pariente de los detenidos.

Esperan que las autoridades estén al tanto y agilicen el permiso que tanto esperan para que los hombres sean evaluados por los médicos a la brevedad posible.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) fue la única ONG venezolana que participó en la 183 periodo de sesiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH)

Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión, discriminados así, 35 de hombres, 1 cárcel de mujeres y 16 anexos femeninos. La capacidad instalada en los penales del país es para 20.438 personas y la población es de 32.200 personas, lo que se traduce en hacinamiento crítico de 158%, de esta población 2.500 son mujeres, de las cuales 1.900 viven en anexos femeninos, que no cuentan con las condiciones para la permanencia de mujeres.

Mientras en los centros de detención policiales diseñados para la permanencia transitoria de personas según las leyes venezolanas de no más de 72 horas, ahora permanecen 35.000 personas detenidas. Sumando la población penitenciaria y la de los calabozos policiales es de 67.200 personas privadas de libertad en el país, explicó en la audiencia Carolina Girón, directora de OVP.

Girón describe que de las personas detenidas sólo en cárceles es de 53 % se encuentra procesados, y aproximadamente existe un retardo procesal de al menos 70 %.

La directora de OVP en la audiencia describió la situación inhumana en la que conviven los privados de libertad en Venezuela donde “carecen de servicios públicos adecuados, no hay agua potable, el servicio de electricidad es oscilante, igual que en las regiones del país, tampoco cuentan con servicio de gas doméstico regular, y los desechos sólidos no son recolectados con regularidad”.

Girón además denunció ante la CIDH que en Venezuela existen diversas modalidades en el control de los centros penitenciarios del país y uno de ellos es donde los presos tienen el control total, mandado bajo la figura de los “Pranes” quienes tienen el control total, tanto a lo interno como lo externo; el  59% de la población vive bajo estas condiciones, existe una segunda modalidad donde los pranes y autoridades del penal controlan el recinto, ambos tienen su cuota de poder es al 12 % de la población penitenciaria  que se encuentra en esta situación, el 29% restante se encuentra bajo lo que el gobierno ha denominado Nuevo Régimen Penitenciario, es decir, están bajo el control del Gobierno.

“En las cárceles controladas por los internos, se debe pagar al líder, sumas de dinero en efectivo o por transferencias bancarias, actualmente en dólares americanos, para comer, para tener un sitio adecuado  para todo se paga en la cárcel».

«Inclusive ordenan traslados de presos a otros penales y también deciden quién se queda y quién no. Manejan tal cantidad de dinero que realizan construcciones dentro de las cárceles, tales como piscinas, discotecas, canchas deportivas, realizan espectáculos a los que acuden artistas nacionales e internacionales” , detalló Carolina Girón.

Comunidad LGBTIQ+ explotada

En cuanto a los presos de la comunidad  LGBTIQ+, dentro de los penales son usados para hacer labores de limpieza, o son obligados a prostituirse y sufrir abusos sexuales a voluntad del líder y su camarilla.

Mientras las mujeres en prisión tan solo cuentan con una cárcel de mujeres en el país el INOF, el resto son anexos adaptados de forma improvisada en cárceles de hombres, que igual no cuentan con una estructura adecuada para su reclusión.

A las mujeres se les priva del consumo de agua y alimentos, no cuentan con atención médica, ni acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, no existe personal capacitado en materia de perspectiva de género, no cuentan con insumos básicos ni acceso a toallas sanitarias. No disponen de espacios adecuados para recibir las visitas de sus hijos y se les ha privado  del derecho a la visita conyugal.

En los últimos años en OVP han aumentado las denuncias recibidas sobre maltratos, y violaciones a privadas de libertad dentro del recinto.

No hay doctores 

Por otra parte la directora de OVP expuso frente a la CIDH que no existe personal médicos dentro de los penales, “como práctica recurrente hemos identificado que, cuando el interno se encuentra con graves condiciones de salud, es que se solicita el traslado, prácticamente para que la persona muera en el centro hospitalario”.

Desde el 2017 en adelante se evidencia cómo han aumentado las muertes en prisión por tuberculosis y desnutrición. Girón comenta que la TBC es una enfermedad típica de prisión por lo que ningún preso debe morir, pero en Venezuela tanto las pruebas como el tratamiento para la tuberculosis son del monopolio del Estado quien las controla, por lo tanto solo el   10% de los presos con esta enfermedad cuentan con un diagnóstico como tal y son los que reciben el tratamiento.

Desde el 2017 hasta enero 2022, han fallecido en los Centros Penitenciarios 960 personas, de las cuales 412 fueron por desnutrición. Lo que significa el 43% de los fallecidos. Mientras en los calabozos en el mismo periodo murieron 770 detenidos y 261 por desnutrición, en total 1730 presos han muerto, de las cuales 773 fallecen por desnutrición.

Ante la carencia de alimentos por parte del Ministerio Penitenciario son los familiares que se hacen cargo de su manutención y llevan la comida los días de visita o cuando existe pasen de comida, siendo las mujeres las encargadas de esta labor, porque los hombres tienen prohibida las visitas a los penales. En algunas ocasiones estos alimentos no llegan a manos de los reclusos porque son decomisados por los funcionarios  de la Guardia Nacional o las custodias penitenciarias.

Desnutrición severa

Por su parte  Marianela Herrera, profesora asociada e investigadora del Centro de estudios del Desarrollo de la UCV y directora del Observatorio Venezolano de Salud, explicó que para el diagnóstico de desnutrición severa hay signos y síntomas, entre ellos son dolencias referidas por los presos, pero en las cárceles venezolanas no hay personal que haga posible de recopilar, porque no hay personal especializados; sin embargo  a través de fotografías pueden verse como los presos presentan: palidez cutánea y de mucosas, mejillas hundidas, tórax delgado con costillas evidente, alteración en el color del cabello y edema por falta de proteína ( que no es más que la hinchazón en el abdomen)

“La desnutrición dentro de las cárceles venezolanas se acompaña del hacinamiento” destacó Herrera. A la vez que manifiesta que se está vulnerando el derecho humano a la alimentación, y recalca que las crisis carcelaria pueden  generar violencia dentro de las cárceles.

María de los Ángeles Rincón, abogada del OVP, expuso ante la CIDH como la existencia de armas de alto calibre siguen existiendo dentro de las prisiones y permanecen en poder los reclusos. Situación que aunque la CIDH ha realizado sus recomendaciones el Estado no ha tomado las medidas.

Rincón explica cómo es que los internos no reciben los alimentos de forma continua.

“En investigación para nuestro reciente informe sobre la desnutrición en las cárceles, se determinó que 40,1% de la población reclusa recibe alimentos 1 vez al día, 38% 2 veces al día, 9.2%  nunca recibe alimentos y solo el 12.7% manifestó recibir alimentos 3 veces al día”

La abogada del OVP recordó que el hambre ha llevado a los reclusos a vivir situaciones extremas como fue el caso de un interno que tuvo que comer ratas para saciar el hambre y otro grupo de presos quienes mataron un perro para alimentarse.

Corrupción en los penales

Karen Valera, abogada del OVP, denunció ante la CIDH como la corrupción en los penales ha escalado dentro de las cárceles y calabozos policiales, existen cobros por el acceso a la comida y además la reventa de los mismos. Además se está cobrando por las visitas de niños, conyugales, por el acceso al agua, así como el derecho al estar en un recinto o a la convivencia a través de las llamadas “causas”, los cobros se hacen en dólares o a través de transferencias bancarias.

“Entre los agentes de corrupción hemos identificados personal del poder judicial, personal penitenciario y los propios presos”, detalló Valera.

Ante tal exposición el primer Vicepresidente y relator para personas de privadas de libertad de la CIDH, comisionado Stuardo Ralón, indicó que la situación en Venezuela era dramática. “En este caso los privados de libertad están alejados de cualquier estándar de protección que el Estado debe dar a las personas bajo sus custodias, son hechos gravísimos y condenables”.

Joel Hernández, comisionado de la CIDH,  destacó la labor de OVP , “es un trabajo importante visibilizar ante el mundo y la comisión las situaciones de los privados de libertad en Venezuela”.

Relatora Soledad García: “vemos temáticas muy difíciles de monitorear, no han puesto sobre la mesa una situación trágica y vemos que se han violado demasiados derechos.

La situación de los presos es extrema en Venezuela, estaríamos frente a una situación donde se evidencia la discriminación de un grupo social como son los privados de libertad ante el acceso de alimentos, agua y salud, esto involucra el derecho a la vida”.

Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH, asegura que la situación de violencia sexual dentro de los centros penitenciarios le parece gravísima, producto que se han dado embarazos y maternidades forzadas.

Mantilla para finalizar hizo una mención especial a las mujeres que representaron ante la audiencia al OVP, las llamó la representación de la esperanza. “Ustedes han venido aquí a traer las voces de las privadas de libertad de las víctimas. Gracias porque son la voz de Venezuela y esa voz se va a seguir escuchando”

16 de los casos corresponden a muertes por resistencia a la autoridad

De acuerdo a los sucesos publicados en los medios de comunicación durante el mes de febrero, el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Carabobo contabilizó 26 muertes violentas. 16 de los casos corresponden a muertes por resistencia a la autoridad, siete a homicidios, dos Femicidios y un suicidio.

Las muertes por resistencia a la autoridad o intervención policial se refieren a presuntos delincuentes fallecidos en enfrentamientos con funcionarios de los cuerpos de seguridad. La versión de las autoridades apunta a que estos hechos ocurrieron cuando efectivos realizaban labores de patrullaje en operativos de seguridad y al percatarse de la presencia de sujetos en actitud sospechosa procedieron a su detención, lo que habría provocado el intercambio de disparos en los que resultaron muertos los supuestos antisociales.

Los municipios donde se registraron estos hechos fueron: Valencia (4), Juan José Mora (4), Guacara (4), Naguanagua (2), Puerto Cabello y Libertador con una muerte respectivamente. En 15 de los casos intervino la Policía de Carabobo y en uno la Policía del Municipio Puerto Cabello. Todos los presuntos delincuentes muertos eran de sexo masculino y los datos de identificación que suministraron las autoridades se limitaron a sus apodos y a las bandas delincuenciales de las que eran integrantes.

En seis de los casos de homicidio, las víctimas fueron de sexo masculino y uno de sexo femenino. Entre los casos destaca el asesinato de un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana a quien presuntos delincuentes interceptaron cuando llegaba a su vivienda y lo asesinaron para robarle su motocicleta. Otro funcionario de la Policía de Carabobo encontró la muerte luego de acudir a un Centro de Diagnóstico Integral con su pareja quien presentaba complicaciones de salud sin imaginar que caerían muertos en el sitio por heridas de armas de fuego; el uniformado fue despojado de su arma de reglamento, botas y su moto. Otra de las víctimas fue un abogado estrangulado en su residencia para robarle sus pertenencias y su vehículo.

Durante el mes de febrero también se reportó un doble homicidio; un padre y su hijo fueron asesinados en la vía pública al ser interceptados por unos individuos quienes les dispararon con arma de fuego sin mediar palabra. La venganza sería el móvil preliminar en este caso.

De la séptima víctima contabilizada se desconoce la identificación y circunstancias del crimen. El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en la vía pública y pasó a ser un caso en investigación.

Violencia de género

Dos mujeres de 35 y 37 años respectivamente fueron asesinadas por sus parejas luego de una fuerte discusión. La primera fue degollada en la sala de su vivienda mientras que la segunda recibió tres puñaladas por parte de su esposo quien posteriormente se quitó la vida.

Además de estos casos de femicidios, se reportó un intento de homicidio y suicidio contra una dama. En medio de una discusión, un hombre aceleró la motocicleta en la que se trasladaba junto a su pareja con el fin de provocar la muerte de ambos, pero al estrellarse contra una acera terminaron lesionados en la vía y fueron auxiliados por funcionarios policiales.

«La violencia de género se ha convertido en un problema de salud pública, la recurrencia de agresiones a la mujer por parte de sus parejas o miembros de la familia, así como casos que terminaron en femicidios fue una constante durante el año 2021 en la entidad y la tendencia por los casos presentados en lo que va del año es a que aumente el número de víctimas», señaló Giannina Fusco, Coordinadora del OVV Carabobo, al reiterar que las autoridades de la entidad deben diseñar y aplicar políticas de prevención y control de la criminalidad.

Consideraron necesario esto para evitar que la crisis venezolana se convierta en una “crisis olvidada”

Por considerarla “fundamental” para el devenir del país, Transparencia Venezuela solicitó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que extiendan el mandato de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela.

La solicitud la hizo la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, durante su intervención en el diálogo interactivo que el Consejo celebró este viernes 18 de marzo, en Ginebra (Suiza), con motivo de la última actualización oral que el grupo investigador presentó.

“La Misión es fundamental para Venezuela para conocer la verdad histórica, proteger y dar visibilidad a las víctimas y a conocer a los cleptócratas”, afirmó De Freitas.

De esta manera, Transparencia Venezuela se sumó al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), al Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), a Espacio Público, a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y otras agrupaciones nacionales e internacionales que han pedido que el mandato de la Misión, el cual expira en octubre próximo, sea prorrogado nuevamente.

Semanas atrás miembros de la Misión, en un foro celebrado en Washington (Estados Unidos), consideraron necesario que se extendiera su mandato o se encomendara a otra instancia sus labores, para así evitar que la crisis venezolana se convierta en una “crisis olvidada”. “Como las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela no se han detenido debiera existir alguna instancia de investigación que muestre esta realidad ante la comunidad internacional”, declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la instancia.

Durante su actualización la Misión denunció que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público sobre violaciones a los Derechos Humanos, “cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel”; y, por ello, anunció que su tercer informe estará enfocado a identificar “las responsabilidades más altas de la cadena de mando”. Este nuevo reporte está previsto que sea presentado en septiembre próximo.

Los victimarios han resultado ser mayoritariamente familiares o conocidos

Mediante el monitoreo de los dos primeros meses del año en la región, el Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas), detectó 25 delitos de violencia interpersonal, donde los casos de violencia basada en género 7 (28%), provecho ilícito 6 (24%) agresiones sexuales 5 (20%), destacan con las frecuencias más elevadas, seguidos de las riñas 4 (16%) y otras motivaciones 3 (12%).

Al revisar los resultados del Informe Anual del año 2021 en Amazonas, se observa que la categoría de agresiones basadas en violencia de género, ocupó el primer lugar con un 35,7% al cierre de ese año, en consecuencia, los datos permiten concluir que se mantiene el predominio de esta modalidad de delito y de las mujeres como las principales víctimas, aunque el peso relativo haya disminuido ligeramente.

Los robos, por su lado aglutinaron un 23,2% de los casos registrados en el 2021 y en esta ocasión hubo un incremento moderado, pues se ubicó en 24%. En todos los casos, hubo amenaza del victimario para apoderarse de objetos de valor; morrales, celulares, motocicletas, entro otros objetos..

En cuanto a la categoría de agresiones sexuales, se evidencia un crecimiento porcentual significativo, al compararlo con el 3,9% del año pasado. Esta situación, que involucra a niños y adolescentes, amerita la mayor atención por parte de las autoridades competentes.

Sobre la temporalidad de los casos registrados entre enero y febrero, un total de 11 delitos registrados, equivalentes al (44%), ocurrieron  los días semana, durante el día; 3 ( 12%) día de la semana en la madrugada, 3 (12%) día de la semana en la noche, 3 (12%) fin de semana en la noche, 3 (12%), fin de semana en el día y 2 (8%) fin de semana en la madrugada, mientras que en referencia al tipo de arma utilizada destaca el uso de la fuerza física para cometer el delito en 14 de los eventos (56%), seguida del arma de fuego 4 (16%) y objetos punzantes o cortantes 4 (16%).

Los victimarios han resultado ser mayoritariamente familiares o conocidos con el 52% delincuencia común 28% y, otros victimarios equivalentes al 12%. Cabe destacar que en dos de los eventos registrados no se identificó al victimario.

Algunos casos conocidos en el municipio Atures

El Observatorio de Prensa del OVV Amazonas, pudo conocer con más detalle sobre algunas situaciones de violencia denunciadas por las víctimas: violencia de género, robo a mano armada y violencia sexual; en el primer caso, una ciudadana de 33 años, fue golpeada por su ex concubino, el hombre, al ser detenido, fue verificado a través del Sistema de Información Policial (Siipol) presentando prontuario policial por agresión física y robo. En otra ocasión un hombre de 52 años, transitaba por el sector curva de la S de Puerto Ayacucho, cuando fue interceptado por unos motorizados, quienes lo hirieron con un arma blanca al oponer resistencia al robo y en otro reporte, una joven de 16 años fue abusada sexualmente, luego de una fiesta, donde los involucrados conocidos de la víctima, se aprovecharon de la adolescente. Tres de los victimarios quedaron privados de libertad.

El OVV Amazonas ve con preocupación, que los datos acumulados durante los dos meses iniciales de 2022, en general, reflejan que la ocurrencia de hechos de violencia interpersonal parecen seguir una tendencia similar a la registrada para el pasado año; no obstante, llama la atención el incremento de los delitos calificados genéricamente como provecho ilícito, lo que podría entenderse como que el impacto de la crisis en su vertiente económica (desempleo, capacidad adquisitiva del salario, acceso a determinado tipo de bienes con alto componente tecnológico, entre otras variables), ha potenciado sus efectos negativos en el ámbito de la convivencia ciudadana. De igual forma, la predominancia de la relación víctima-victimario, es señal de la debilidad estructural de la institución familiar y del tejido social básico para la convivencia.

Se supo que la víctima tenía problemas con algunos internos por la desaparición de unas pertenencias

Siete puñaladas y una fuerte golpiza recibió uno de los privados de libertad del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui en Barcelona. Su cuerpo fue encontrado en el patio principal del penal capitalino.

El hecho se registró en horas de la madrugada de este miércoles 16 de marzo, en medio de una supuesta riña ocurrida  en el área de Kozobo del penal capitalino. Los mismos privados avisaron a los custodios de la Guardia Nacional Bolivariana sobre lo que estaba ocurriendo.

Fueron los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del municipio Bolívar, los que trasladaron el cadáver hasta la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef), donde el privado quedó identificado como Jorge Antonio Rosales, de 34 años de edad.

Rosales se encontraba privado de libertad desde el mes de marzo de 2019 por robo y homicidio,  y se pudo conocer que aún no había sido sentenciado, por lo que su caso registra retardo procesal.

De manera extraoficial se supo que el infortunado tenía problemas con algunos internos por la desaparición de unas pertenencias de unos de sus compañeros de celda  en la cárcel capitalina, de lo que supuestamente lo estaban señalando.

Hasta ahora los familiares de Rosales no han acudido hasta la morgue capitalina a reclamar su cadáver, pese a que ya se le realizó la autopsia de ley. Los médicos forenses le observaron siete heridas punzo penetrantes en el lado derecho del abdomen y traumatismos generalizados con fractura de dos costillas.

Carolina Girón, directora del Observatorio de Prisiones, afirmó “No hay nadie que lleve estas estadísticas ni existe personal de salud, son los reclusos los que se ocupan de ellos mismos. Si no tenemos lo esencial el agua y la comida, que podemos esperar de otros servicios”

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) llevó a cabo el foro “Falacia detrás de la reforma del Código Orgánico Penitenciario”, el cual tuvo como ponentes a tres referentes en el tema  carcelario y derechos humanos de los privados de libertad. 

La actividad inició con la participación de Carolina Girón, directora del Observatorio de Prisiones, continuando con las ponencias de Humberto Prado, director del Observatorio LAC de Prisiones; Fernando Fernández, profesor en derecho penal, y Argenis Riera, magíster en derecho penal. 

El foro tuvo como fin aclarar dudas acerca de las reformas que ha sufrido el Código Orgánico Penitenciario (COPE), que ha traído consecuencias de degradación y retrocesos en los derechos humanos del que está tras las rejas en venezuela. 

Carolina Giron hizo énfasis en el hecho de que la reforma “fue un maquillaje”, tomando como base el trabajo del OVP donde se muestra en cada uno de sus informes que la población  penitenciaria sigue padeciendo, y en que las muertes por desnutrición no han dejado de aumentar.  Recalcó además que no se tienen protocolos para enfermedades típicas del hacinamiento, “siendo el Estado el que tiene el monopolio del tratamiento de la enfermedad (tuberculosis)”, 

“No hay nadie que lleve estas estadísticas ni existe personal de salud, son los reclusos los que se ocupan de ellos mismos. Si no tenemos lo esencial el agua y la comida, que podemos esperar de otros servicios”, finalizó. 

Por su parte, el abogado Argenis Riera se enfocó en el impacto que tuvo la reforma del COPE, que según su criterio, la manera en la que se ejecutó, anunciando cosas para el futuro y no para el presente, hace que su aplicación pueda ser utópica, planteando como solución y darle sentido al código, tener como base las Reglas Mandela.

Asimismo, determinó que para un país que quiere reconstruir el sistema criminal, se debe plantear el problema en tres órdenes, uno como estructura jurídica, otro como estructura democrática, y por último como social, pero considera que en Venezuela el problema radica en que todos estos dispositivos “adolecen de fuerza normativa de la Constitución”, por ende todo lo expuesto en el artículo 272 del COPE será letra muerta

Para Humberto Prado es importante la descentralización del sistema penitenciario, como lo establecen las leyes. “Imaginen un momento en el que pudiéramos tener un instituto autónomo, como dice el artículo 272, y que fuera nada más para el fortalecimiento de las políticas carcelarias, sería perfecto, pero desde 1930 hasta hoy lo que tenemos es un régimen que degrada y mata a los presos”. 

Para ejemplificar, Prado hizo referencia a la situación de alimentación de los presos, donde es el familiar el que tiene que llevarle comida al preso. “¿Dónde dice eso en el código?”, cuestionó

En otro orden de ideas, el doctor Fernando Fernández denominó a los cambios del código como “la reforma fachada”.

“Las reformas del código orgánico son una  fachada, con una narrativa acorde con los derechos humanos, pero en total regresión en la práctica, son poesía al leerlo, pero por otra parte se mantienen los crímenes”.  Fernández parte de la base de que a la hora de la ejecución del código se crean otras leyes que tiran por tierra su factibilidad de cumplimiento, aseveró que simplemente no las aplican.

“Las leyes se hacen para ser cumplidas no para no ser ejecutadas”, puntualizó. 

Como información importante planteada en el foro, vale la pena recalcar que tuvo que pasar un poco más de dos años para que el COPE fuera publicado en la gaceta, siendo el 28 de diciembre del 2015 el día de su promulgación y en el 2017 la fecha de su publicación.  Antes de esa fecha, no hubo anuncios oficiales haciendo referencia a ello, no se conoció razón para justificar la inacción del poder ejecutivo frente al mandato constitucional.  

“El Ejecutivo está violentando el artículo 214, debió promulgarse a diez días de su aprobación, pero no se dirige a la Asamblea Nacional, no se pidió su nulidad a la Sala Constitucional, solo no considero necesario su aplicación”, fue uno de los comentarios destacados entre los panelistas. 

Hasta la fecha la aplicación de esta reforma “sigue siendo un juego para el Estado” que no termina de hacer frente al problema carcelario de la nación, donde no se generan mecanismos que permitan hacer valer las leyes y herramientas perfectamente creadas para ser referentes en este tema en la región. Mientras eso no pase, tanto presos como familiares, seguirán siendo víctimas de un Estado negligente ante los problemas que está en sus manos resolver. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las postulaciones de magistrados en ejercicio no solo contradicen la Constitución, sino que representan un peligro para la independencia de la justicia

Si se cumple con los plazos fijados en el cronograma aprobado por el Comité de Postulaciones Judiciales, designado por la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020, es probable que en abril, los venezolanos podrían conocer la identidad de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual, como hace más de quince años, pasará a estar integrado por veinte magistrados principales y veinte suplentes.

En efecto, de esta manera se daría cumplimiento a lo previsto en la reforma que sufrió en enero pasado la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), pero, asimismo confirma las sospechas de que el proceso o persigue reconstruir la independencia de la justicia, asegura la ONG Acceso a la Justicia al comentar los alcances de la reforma.

El proceso de selección, de acuerdo a los tiempos de ley, debería estar en la fase de tramitación de las impugnaciones, período en el cual los ciudadanos podrán poner reparos a las aspiraciones de alguno de los 434 candidatos. En la lista publicada el pasado 23 de febrero figuran treinta y nueve miembros del actual máximo juzgado, treinta de los cuales son titulares o suplentes que están cubriendo vacantes y los otros nueve son suplentes.

Una vez recibidas las objeciones, la instancia evaluadora tendrá ocho días para decidir si las mismas tienen algún sustento o si las desecha por infundadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la reforma de la LOTSJ.

Hasta el momento el Comité no ha informado oficialmente cuántas objeciones ha recibido; es más, desde que el 23 de febrero publicó la lista de candidatos no ha dado cuenta de la marcha del proceso, al menos a través de su cuenta de Twitter, lo cual refuerza más las dudas sobre su transparencia. Lo poco se sabe es que uno de sus integrantes, el diputado oficialista Francisco Torrealba, informó el 9 de marzo que se habían recibido escritos de cinco ciudadanos que impugnaron a trece de los postulados.

En caso de que acepte alguno de los cuestionamientos, según la Ley, el Comité deberá convocar al candidato impugnado a una audiencia oral, en la que este podrá presentar descargos en su defensa. Estos actos deberán celebrarse tres días después que el Comité notifique a los objetados. Si los evaluadores consideran que necesitan más información sobre alguno de los candidatos a magistrados, podrán requerirla a cualquier órgano público o privado y la misma deberá ser suministrada en cinco días continuos, señala el artículo 72 de la LOTSJ.

Una vez resueltas las objeciones, los evaluadores deberán realizar una primera selección para tener una lista de no menos de sesenta nombres, la cual remitirán al Consejo Moral Republicano, órgano integrado por el fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general de la República, para que aquel haga en un plazo de diez días una segunda preselección sobre la cual la plenaria de la AN realizará los nombramientos definitivos con el voto de las 2/3 partes de sus miembros.

De cumplirse los lapsos a más tardar a mediados del próximo mes, culminará el sexto proceso de remodelación que sufre el máximo juzgado en dos décadas. Junto a la designación de los magistrados se producirá también la del nuevo inspector general de Tribunales y del director de la Escuela Nacional de la Magistratura, los otros dos organismos del Poder Judicial cuyas máximas autoridades ya no dependerán del pleno del TSJ.

Sin embargo, el vicepresidente del Comité de Postulaciones, José Gregorio Correa, anunció en horas del mediodía del 11 de marzo la existencia de una lista de candidatos preseleccionados a magistrados, director de la Escuela Nacional de la Magistratura e inspector general de tribunales. Agregó que son un total de 271 y que espera el nombramiento del nuevo TSJ antes de que finalice marzo, sin precisar si se tramitaron las impugnaciones conforme a la Ley. Lo cierto es que no ha habido mayor información sobre el proceso de selección de candidatos, sino cuando se cumple una etapa y se pasa a la siguiente, o hay una prórroga de un lapso, por lo que no se puede decir con certeza lo que ocurrió.

Los magistrados eternos

¿Quiénes desean vestir una de las veinte togas del nuevo TSJ? Ya mencionamos que treinta y ocho magistrados en funciones y una exmagistrada aspiran nuevamente al cargo, esto, a pesar de que el artículo 264 de la Constitución de 1999 señala claramente que ocuparán ese cargo «por un único período de 12 años». No obstante, esta limitación fue burlada por la Asamblea Nacional electa en 2020, la cual en la reforma de la Ley Orgánica del TSJ estableció en la disposición final segunda que los magistrados en ejercicio que no hubieran terminado su período, podrían postularse nuevamente.

La maniobra del Parlamento controlado por el chavismo ha permitido situaciones insólitas como las de los magistrados Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza, miembros de la Sala Constitucional; y de Malaquías Gil, actual vicepresidente de la Sala Electoral, cuyos períodos expiran en diciembre de 2022, es decir han pasado más de once años en el máximo juzgado, pero ahora intentan continuar por otra docena de años más.

Incluso la anterior presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez, se ha postulado para otro período, a pesar de haber pasado diez años en la Sala Constitucional, haber estado en 2020 en comisión de servicios como rectora en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y luego renunciar a su cargo para asumir la representación venezolana ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Desde Acceso a la Justicia compartimos la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a que las postulaciones de magistrados en ejercicio no solo contradicen la Constitución, sino que representan un peligro para la independencia de la justicia. Al respecto, el organismo señaló lo siguiente en febrero pasado:

“Una persona operadora de justicia que pretenda ser reelegida corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables”.

Pero en la lista publicada por el Comité de Postulaciones Judiciales no solo hay magistrados en ejercicio, sino también algunos que ya estuvieron ejerciendo esa posición de manera temporal y que no fueron ratificados en otras ocasiones por la AN. Son los casos de los abogados Úrsula Mujica o Rafael Pérez Moochet.

Asimismo, hay jueces jubilados o que renunciaron a sus cargos que aspiran volver al Poder Judicial a través de su máxima instancia, entre ellos destacan Renée Moros, quien fue exmagistrada de la Corte de Apelaciones especializada en Violencia contra la Mujer de Caracas; Clotilde Condado y Jesús Orangel García, exmagistrados de la Corte de Apelaciones de Caracas.

Incluso el abogado y exjuez penal Ángel Zerpa se ha postulado, aunque en 2017 fue designado por la anterior AN como miembro del llamado TSJ en el exilio y haber sido detenido tras ello.

De otros poderes

El cargo de magistrado parece que ha recuperado su atractivo, prueba de ello es que entre los aspirantes figuran funcionarios y exfuncionarios de otros poderes del Estado de los últimos veintitrés años, es decir, del período en que el chavismo ha estado en el poder. Entre los más llamativos está la actual rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, así como sus excolegas Luis Emilio Rondón y José Luis Gutiérrez Parra o la exprocuradora general de la República, Marisol Plaza.

Entre los 434 candidatos hay diputados del actual Parlamento, como Gladys Requena (quien en principio fue designada como miembro del Comité de Postulaciones Judiciales y luego presentó su renuncia), Hermann Escarrá, Leopoldo Pita o Elvis Junior Hidrobo Pérez. Este último es hijo del contralor general de la República impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso.

El actual secretario ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos y quien funge como representante del Estado ante los organismos internacionales de Derechos Humanos, Larry Devoe, también figura entre los postulados a magistrado. Otros nombres conocidos y polémicos son los de Katherine Harringthon, Jesús Gerardo Peña o de Gilberto Landaeta.

Katherine Harrighton fue fiscal y luego se desempeñó como viceministra del Interior. Sin embargo, en 2017 saltó a la palestra, pues fue designada por la Sala Constitucional como vicefiscal en respuesta a la decisión de la anterior titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, de acusar a esa sala de romper «el orden constitucional» con sus fallos contra el anterior Parlamento.

Por su parte, Jesús Gerardo Peña se desempeñó como fiscal durante la gestión de Ortega Díaz y luego fue director en lo Constitucional y Contencioso Administrativo con Tarek William Saab, pero desde 2017 trabaja en el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Por último, destaca el nombre del también exfiscal Gilberto Landaeta, quien integró el equipo que el exfiscal general de la República, Isaías Rodríguez, nombró para investigar el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson. La actuación de este funcionario fue muy cuestionada y se lo removió luego de un incidente con la Policía del estado Vargas, del cual terminó siendo sobreseído en 2009.