El Megafono

De acuerdo a los funcionarios la víctima tenía varias denuncias por el delito de robo agravado

Hace cinco meses atrás, Argenis Urdaneta, de 26 años, recobró su libertad. Según los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el expresidiario volvió a delinquir y lo “abatieron” en un presunto enfrentamiento en el sector Ilapeca, municipio Rosario de Perijá del estado Zulia.

El procedimiento lo reportaron, la tarde del 22 de abril de 2022. De acuerdo a los funcionarios de la Delegación La Villa del Rosario tenían varias denuncias en contra de Urdaneta por el delito de robo agravado. Hicieron algunos allanamientos y encontraron junto a otro hombre mientras circulaban en una motocicleta por el sector Ilapeca. Se negaron a detenerse,  les dispararon y al hacerles frente, lo hirieron.

Urdaneta ingresó sin vida en la emergencia del Hospital Nuestra Señora del Rosario, mientras que su acompañante logró escapar.

Pese a los cuestionamientos, los funcionarios se negaron a indicar si Urdaneta gozaba de libertad plena o había sido beneficiado con libertad condicional por la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial.

Los decesos violentos se distribuyeron en 24  hombres y 2 mujeres

El Observatorio Venezolano de Violencia en Guárico (OVV Guárico) registró al menos 26 muertes violentas en 10 municipios de la entidad llanera, desde enero hasta marzo de 2022.

De acuerdo con la información suministrada por el coordinador regional del OVV Guárico, Adrián González, 19 de las muertes violentas corresponden a homicidios intencionales; en tanto que los otros 7 fallecidos fueron el saldo de intervenciones de las fuerzas policiales.

González recordó que los datos referidos anteriormente provienen del monitoreo que realiza el OVV Guárico a los medios de comunicación en la entidad. También se refirió a la distribución espacial de las mismas, destacando que cerca del 70% de las muertes violentas en la entidad, durante el primer trimestre del año, se produjeron en los municipios Infante (8 víctimas), Miranda (4), Zaraza (3) y Monagas (3). Agregó que el otro 30% de fallecidos por violencia interpersonal ocurrió en las jurisdicciones de Mellado (2), Las Mercedes (2); Roscio, Ipire, Ribas y Guayabal (1 cada una).

El representante regional del OVV destacó que, los 26 decesos violentos se distribuyeron en 24  hombres y 2 mujeres. Asimismo, informó que 7 de las víctimas estaban en un rango de edad entre 15-24 años; 8 fallecidos tenían entre 25-39 años y otras 6 víctimas tenían entre 45 y 63 años, indicando que la prensa no precisó la edad de 5 de las víctimas.

El vocero del OVV Guárico, señaló que al comparar la letalidad de los primeros 3 meses de 2022 con la correspondiente a 2021 se observa un incremento de 46% en los homicidios intencionales que pasaron de 13 a 19, por su parte el número de individuos que perdieron la vida en presuntos enfrentamientos con fuerzas policiales registró un alza de 40%, al aumentar de 5 a 7 las victimas letales.

Por el momento -señaló González-  pudiéramos suponer a modo de síntesis, que en buena medida las muertes violentas en Guárico, producto de la dinámica delincuencial, responden a la consolidación del estado como sitio de paso de las trayectorias dominadas por las mercancías y mercados ilícitos, aunado al efecto del resquebrajamiento de la soberanía producto del vacío territorial dejado por los algunos actores estatales y el incumplimiento de sus funciones protectoras de la ciudadanía. Adicionalmente, es evidente que la alta cardinalidad en jóvenes resulta perturbadora. En tal sentido, más que operativos de saturación policial puntuales e intermitentes, urgen políticas públicas integrales, estables, centradas en los grupos etarios más vulnerables y que aborden las causas del problema.

Hubo un incremento del 22% de las muertes violentas con respecto al mismo periodo del 2021

Según el monitoreo del Observatorio de Prensa del OVV Aragua, durante el periodo enero-febrero del 2022, se reportaron en la región 71 sucesos, lo que generó  107 víctimas y 84 muertes violentas. Estos datos evidencian un incremento del 22% de las muertes violentas con respecto al mismo periodo del 2021 (69) y un incremento del 19% de las víctimas (90). Mientras que para el mismo período, se observa una disminución del 5% de los sucesos (75)

Los datos indican que las 84 muertes violentas reportadas en prensa regional durante el primer bimestre del 2022, están distribuidas en 47 muertes por resistencia a la autoridad, 36 homicidios y un suicidio.

Según el análisis del Observatorio de Prensa en Aragua, el incremento de 22% en las muertes violentas, durante los primeros dos meses del 2022, se explica fundamentalmente por el aumento de los homicidios en la región, que pasaron de 25  en el año 2021 a 36 durante el 2022, cifras que afloran  un aumento del 44% de los homicidios, con respecto a lo reportado en el mismo periodo del 2021.

Los móviles más frecuente en los homicidios fueron: los ajustes de cuenta (25%), las venganzas (16.64%), las guerras entre bandas y los robos (13.89% cada uno). El móvil pasional, la extorsión, las riñas intrafamiliares, los homicidios accidentales y el móvil desconocido (5,56% cada uno). Finalmente el atraco frustrado  sumó 2.78%.

El 69% de los móviles están relacionados con el incremento de la actividad de la delincuencia común, lo que sugiere –según el OVV Aragua– que se está  en presencia de un posible retorno de los jóvenes delincuentes al estado, que migraron durante los últimos dos años hacia los estados fronterizos y hacia países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

De 151 calabozos policiales estudiados, solo 59 cuentan con servicio de agua potable

Al menos 18 privados de libertad fallecieron por causas relacionadas a complicaciones de salud entre octubre de 2021 y marzo de 2022 de acuerdo a un informe de Una Ventana a la Libertad, el cual incluye a 8.266 reclusos en 151 Centros de Detención Preventivos.

Desnutrición y enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis y el VIH fueron la constante en los calabozos del Área Metropolitana de Caracas y en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia

De la población penitenciaria, los investigadores contabilizaron 554 casos de desnutrición (6,7%). A lo que se suman 207 casos de tuberculosis (2,5%), 45 de Virus de Inmunodeficiencia Humana (0,6%) y 24 de covid-19 (0,3%).

La ONG detalló que de los 151 calabozos policiales estudiados solo 59 cuentan con servicio de agua potable (39%). Así mismo, solo 67 tiene baños (44%) y 90 cuenta con servicio de recolección de basura (59,6%)

En el mes de marzo, se han registrado 6 muertes violentas en el estado Amazonas; cuatro de las cuales han ocurrido en el municipio Alto Orinoco, una en Atures y otra en el municipio Atabapo

Durante el año 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia  en Amazonas (OVV Amazonas), en su informe anual registró una tasa de muertes violentas de 29,7 por cada 100 mil habitantes, un resultado que ubicó a la entidad por debajo de la tasa nacional (40,9), sin embargo, continúa siendo muy elevada, al compararla con otros estados del país y con la media de América Latina y el Caribe, según los datos publicados en febrero de 2022 por la organización Insightcrime en su balance de homicidios 2021 (https://insightcrime.org).  El resultado del año 2021 parecía indicar que podría haber un descenso de la tasa, al final del año,  no obstante, al culminar el primer trimestre del año 2022, es difícil  identificar tendencias.

 Entre los hechos de violencia ocurridas en la región, destaca lo sucedido en el municipio Alto Orinoco, donde las víctimas resultaron ser indígenas del pueblo yanomami, otro fue el asesinato de una mujer en una de las minas del Yapacana en el municipio Atabapo y un hombre en la comunidad Pavoni al norte del municipio Atures.

Uno de los casos más emblemático ocurrió el 20 de marzo, cuando efectivos de la Fuerza Aérea Venezolana se enfrentaron con un grupo de indígenas yanomamis. El suceso dejó cuatro fallecidos (tres hombres y una mujer), además de un adolescente de 16 años herido, quien fue trasladado a Puerto Ayacucho para recibir atención médica. En el evento resultaron también heridos por arma de fuego tres efectivos militares. La situación se registró en la base de seguridad fronteriza ubicada en la comunidad Parima B, parroquia Sierra Parima en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

Los reportes iniciales de medios locales, señalaron que la confrontación se originó por la negación de los funcionarios a compartir la clave del internet, tal como había sido previamente acordado. Ante la negativa, el capitán de la comunidad indígena pidió la devolución del router generando el enfrentamiento.

El impacto de la muerte de los yanomamis, rápidamente ocupó espacios de la prensa nacional, la cual se hizo eco de la argumentación causal y promovieron la intervención de las autoridades nacionales, presumiblemente para mediar en el conflicto y conducir la investigación que determine las responsabilidades. Este evento de violencia interpersonal está marcado por la valoración cultural del pueblo yanomami, quienes tienen la creencia de que los muertos producidos por hechos de violencia, deben pagarse por igual número de víctimas del bando agresor, tal como lo declararon voceros del pueblo indígena, a través de los medios radiales.

A un mes del referido hecho, aún no hay una declaración oficial y se teme que pueda ser postergada, como en ocasiones anteriores, hasta que se diluya en el marco de la crisis multidimensional que no deja de producir eventos noticiosos puntuales y temporalmente esporádicos. El OVV Amazonas considera pertinente asomar algunos elementos que podrían ayudar a la comprensión de lo sucedido y, tal vez, servir para modificar las condiciones medulares.

La región donde se asienta Parima B, centro poblado inducido primero por las misiones evangélicas y posteriormente por el Estado, es un territorio donde desde hace más de tres décadas viene practicándose la minería aurífera ilegal, con participación (directa e indirecta) cada vez mayor de indígenas yanomamis y de otros pueblos, sin que la presencia de La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) haya logrado erradicarla. Ese espacio geográfico se corresponde con el territorio ancestral reconocido del pueblo yanomami, que se extiende más allá de la frontera en la República Federativa de Brasil. Este grupo indígena, posee valores culturales propios y ha sido el último de la región en entrar en contacto con la cultura dominante, con énfasis en los últimos cuarenta años.

El equipo de investigación del OVV Amazonas, considera que el Estado venezolano ha tenido históricamente una presencia marginal en el territorio, que se vio forzada a incrementarse a partir de otro hecho violento de gran magnitud, conocido como la masacre de Haximú, cuando a inicios de la década de los años 90 del siglo XX, mineros brasileros cometieron una matanza en esa localidad que trascendió al ámbito internacional. El compromiso de mejorar la protección de los yanomamis, fue desarrollado por los gobiernos de manera intermitente en el tiempo. El Plan de Salud Yanomami, la creación de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare y del Parque Nacional Parima Tapirapecó, la implementación de la educación intercultural bilingüe, la creación del municipio Alto Orinoco, eventuales actividades asistencialistas y la ampliación de la presencia de las fuerzas armadas, fueron, quizás, los principales logros; sin embargo, es difícil concluir que ello haya contribuido a mejorar significativamente las condiciones de vida de la población.

Ante los hechos registrados en Parima B, el profesor Héctor Escandell García coordinador del OVV Amazonas, presume que la rotación de los funcionarios militares, en un entorno geográfico difícil (aislamiento, minería ilegal y escaso apoyo institucional) y, culturalmente complejo, obstaculiza la comunicación, máxime cuando por lo general los efectivos militares carecen de cualquier formación antropológica previa. A su juicio, crea un ambiente propicio para la confrontación, que podría ayudar a comprender mejor la causalidad del hecho y la alta posibilidad de que se repita, sino cambian las estrategias públicas de intervención de la región y sus habitantes.

Se estimó una tasa global de 24,7 muertes violentas por cada 100.000 habitantes

Durante el año 2021, los municipios Marcano, Díaz y Mariño encabezaron las tasas de violencia en la entidad insular, de acuerdo al Informe Anual del Observatorio Venezolano de Violencia Nueva Esparta (OVV Nueva Esparta). En total, estas tres jurisdicciones cuentan con una población estimada de 221.000 personas, de las 520.000 que aproximadamente habitan el estado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En la entidad se estimó una tasa global de 24,7 muertes violentas (MV) por cada 100.000 habitantes, cómo lo señala el informe regional. El referido indicador incluye los homicidios, las muertes por resistencia a la autoridad (MRA), las muertes en averiguación y las desapariciones.

El municipio con mayor tasa de MV fue Marcano con 18,3 por cada 100.000 habitantes, seguido por Díaz (17,3) y Mariño (14,8). Cerca también están García (14,0) y Antolín del Campo (13,5).

La coordinadora del OVV Nueva Esparta, Hilda Mendoza, indicó que en el municipio Marcano, cuya capital es Juan Griego, predominan las muertes por resistencia a la autoridad, mientras que, en Mariño (Porlamar) y Díaz (San Juan) son superiores los homicidios.

De estas tres localidades, Marcano es la más alejada del principal centro turístico y comercial de la entidad, que es Porlamar, ubicación que puede haber favorecido estos procedimientos policiales por supuesta resistencia, los cuales tienden a tratarse realmente de ejecuciones extrajudiciales, comentó la coordinadora.

Además -dijo Mendoza- en 2021 se mantuvo la cuarentena, aunque con fases de flexibilización, lo que favoreció este tipo de acciones dada la menor presencia de transeúntes, mientras que la policía recorría las calles supervisando el cumplimiento de las medidas sanitarias. 

En cambio, las dinámicas en Mariño y Díaz podrían indicar que existen focos del delito al interior de estos municipios, donde predominó la victimización por asesinato, como analizó el equipo del OVV Nueva Esparta.

Díaz es el municipio con mayor tasa de homicidios (12) y el segundo más violento de la entidad, seguido en esta categoría por Antolín del Campo con 10,1 y García con 9,8. Llama la atención que, al reactivarse el transporte, luego de haber estado prácticamente paralizado o muy restringido en 2020, Díaz parece haber recibido la influencia de su municipio vecino, García, que se había ubicado ese año en el primer puesto en violencia al liderar 3 categorías, como indica el informe regional. 

“Acerca del municipio Antolín del Campo, que ascendió al 2º lugar de homicidios desde el puesto 5, también se encuentra en las afueras de los principales centros urbanos y posee espacios boscosos al igual que Díaz, los cuales favorecen el ocultamiento”, destacó la vocera.

Los municipios menos violentos fueron Villalba (Isla de Coche) y Península de Macanao, sin caso de muertes en las tres categorías, y Maneiro (1,9) con un caso de muerte por resistencia a la autoridad. 

¿Qué ocurre en 2022?

En el primer trimestre de 2022 se han producido 8 muertes violentas en la entidad, de las cuales 6 han sido homicidios y 2 muertes por Resistencia a la Autoridad (RA) o letalidad policial, de acuerdo a los reportes de prensa y registros de los organismos de seguridad.

Según la distribución de muertes violentas ocurridas durante este primer trimestre en el estado, el municipio con mayor porcentaje de violencia fue Díaz, con el 25%. Seguido de Tubores, Marcano, Antolín del Campo, Mariño, Maneiro y Península de Macanao con 12,5% cada uno.

En cuanto a la distribución territorial de la violencia en la entidad, tenemos que el eje central conformado por los municipios Díaz, Marcano y Tubores se presenta como el más violento al concentrar el 50% de los casos. Por su parte, Maneiro y Mariño -que concentran mayor población- registran el 25% de los casos.

Con respecto a estos tres primeros meses del año, el más violento fue enero. En total se contabilizaron 5 muertes violentas ocurridas en los municipios Mariño, Península de Macanao, Díaz, Tubores y Antolín del Campo; los casos en estos 2 últimos municipios fueron muertes por resistencia a la autoridad. Entre los sucesos más sonados estuvo el asesinato por parte de efectivos policiales, de un joven de 22 años supuestamente involucrado en el robo a unos turistas rusos en playa El Agua (Antolín). 

En febrero ocurrió el asesinato de un pescador en el municipio Maneiro, y el brutal homicidio de un joven de 18 años en Marcano, presuntamente con la intención de robarlo, según reveló el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Cierra el primer trimestre con el homicidio de un abogado de 50 años, quien era el registrador mercantil primero de La Asunción y fue asesinado supuestamente por robo en el municipio Díaz, de acuerdo al informe de la policía científica.

“Por lo general, hay muchas sombras en torno de los procedimientos por resistencia a la autoridad, y si a esto se unen los homicidios que permanecen sin aclarar e incluso sin investigar, pues tenemos que la seguridad jurídica y ciudadana está muy debilitada en la entidad y requiere de urgente atención”, expresó el equipo del OVV Nueva Esparta. 

Estos casos se suman al total de 40 víctimas de violencia de género contabilizadas por la organización en seis municipios de Bolívar durante el primer trimestre del año

Durante marzo, mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) contabilizó al menos 12 casos de violencia física y sexual contra mujeres, niñas y adolescentes en el estado. Tres de las víctimas son menores de edad.

Cinco de los casos documentados son por violencia sexual, acoso y actos lascivos. Resalta el caso ocurrido a mitad de mes, cuando dos hombres entraron a la vivienda de un hombre para matarlo por negarse a pagar una deuda con oro. Durante el asalto, violaron a su pareja, una joven de 17 años. El hecho ocurrió en el sector Ignacio del Cocuy, en Ciudad Bolívar.

La mayoría de las detenciones, por estos delitos, fueron ejecutadas por funcionarios de la Policía del Estado Bolívar (PEB), Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Aunque en la mayoría de los partes oficiales los cuerpos de seguridad reportan que los expedientes fueron remitidos al Ministerio Público, en algunos casos las víctimas denuncian retardo procesal.

“Si no se toman los correctivos, temo por mi vida. Por este motivo es que las cifras de femicidios aumentan en la región, por culpa de personas que se niegan a aplicar la ley”, declaró una sobreviviente de violencia física al diario Nueva Prensa.

La mujer reportó que su esposo la golpeó y causó lesiones en cara y cuello cuando ella intentó impedir que el hombre sacara de la casa a su hijo de dos años a media noche. Su hija de 16 años se metió en la discusión para evitar que golpearan a su madre, pero también salió herida.

La víctima hizo la denuncia en Patrulleros del Caroní, en Ciudad Guayana, y aunque fue atendida, pasaron 13 días después de lo ocurrido y la funcionaria que recibió el caso no ha remitido el expediente al Ministerio Público.

Estos casos se suman al total de 40 víctimas de violencia de género contabilizadas por la organización en seis municipios de Bolívar durante el primer trimestre del año. Dos de estos casos constituyen femicidio.

El municipio Caroní fue la entidad donde se reportó mayor cantidad de casos de violencia contra la mujer (19), seguido por Angostura del Orinoco (9), Sifontes (7), El Callao (3) y Gran Sabana (1) y Piar (1).

A finales de febrero, trascendieron dos denuncias que conmocionaron a la opinión pública de Ciudad Guayana, Caroní: Un instructor de ciclismo de la escuela de ciclismo MTB Kids fue acusado de perpetrar actos lascivos contra dos adolescentes de 14 años. De acuerdo con lo denunciado por familiares, les enviaba mensajes con insinuaciones sexuales vía WhatsApp.

Los padres de las jóvenes denunciaron los hechos, y toda la comunidad de ciclistas de la ciudad salió a protestar para exigir justicia, pues, aunque el agresor fue detenido, fue liberado a los pocos días con régimen de presentación cada 30 días.

 Las denuncias constantes, giran en torno a la ausencia de mecanismos confiables para obtener justicia. Es por eso que víctimas y sobrevivientes terminan acudiendo a medios de comunicación y redes sociales para labrar, por cuenta propia, su camino a la justicia que, en ocasiones, no culminan con el encarcelamiento de los agresores.

El OVV Bolívar, insta una vez más al Estado venezolano a implementar políticas públicas orientadas a prevenir la violencia basada en género, así como brindar asistencia, acompañamiento y protección oportuna a víctimas y sobrevivientes de violencia.

La lista la componen 25 alimentos básicos

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), informó en su más reciente informe, hecho a partir de datos recopilados en los estados Zulia, Táchira y Lara, que la canasta de Barquisimeto comprendida en 25 productos alimenticios, se ubicó en Bs. 286.92, equivalentes a $65,81.

“La canasta de Barquisimeto (CBQT), que comprende la lista de 25 alimentos básicos monitoreados por Codhez en la capital larense, se cifró en Bs. 286,92, equivalentes a $65,81 (tasa promedio de Bs/$ 4,36), cuando quince días antes osciló los Bs.282,27 ($66,07), representando una variación de +1,65% en bolívares y de -0,40% en dólares”, informó Codhez en su informe.

Asimismo, desde la comisión destacaron que para la segunda quincena de marzo, el tomate, uno de los alimentos más utilizados para acompañar las comidas en los hogares venezolanos, tuvo el mayor incremento de su precio por kilo en los mercados del municipio Iribarren, en el estado Lara.

Durante los primeros quince días del mes, este alimento promediaba Bs. 5,52 ($1,29) mientras que al cierre de marzo se ubicó en Bs. 7,12 ($1,63), un alza de +28,98% en bolívares y de +26,37 en dólares estadounidenses.

Por su parte, la yuca también registró un notable aumento en su precio por kilo, pasando de costar Bs. 2,19 ($0,51) durante los primeros días de marzo, a valorarse en Bs. 2,76 ($0,63) al cierre del mes. Es decir, se incrementó +25,84% en bolívares y +23,30% en dólares.