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El Megafono

Este viernes viernes, 27 de mayo siguen los homenajes 

En conjunto con otras organizaciones de Derechos Humanos, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón hizo este miércoles 25 de mayo un homenaje a Manuel Alejandro Sosa, uno de los jóvenes asesinados en las protestas de 2017

El acto se llevó a cabo en la Iglesia Santa Eduviges de Cabudare, en el estado Lara.

Sosa, de 33 años de edad, era deportista y falleció el 25 de mayo de 2017 en la noche, tras ser herido de bala horas más tempranas cuando se encontraba participando en una protesta cerca de su casa, a la altura del Distribuidor Valle Hondo en Cabudare.

La responsable de los Comité de Justicia, Encuentro y Perdón en el estado Lara, María Angélica Graterol, dijo que han estado realizando este tipo de actividades para conmemorar a los caídos durante las manifestaciones contra el gobierno de Maduro.

Para este viernes, 27 de mayo, tienen previsto una actividad para recordar a quienes perdieron la vida durante las protestas en la capital venezolana. 

Roberto Briceño-León fue designado miembro de la Academia de Ciencias de América Latina
El profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y director del Laboratorio de Ciencias Sociales es el primer sociólogo que se suma a esta institución, en la que hay 309 miembros de 17 países

El investigador venezolano Roberto Briceño-León, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y director del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), fue designado como miembro vitalicio de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL) y es el primer sociólogo que ocupa un lugar en sus filas.

La Academia de Ciencias de América Latina es una institución dedicada al cultivo de las ciencias, cuyos miembros son seleccionados entre científicos destacados por la alta calidad de su labor de investigación y por su dedicación al servicio de los fines de la ACAL. Tiene en la actualidad 309 miembros de 17 países y casi la totalidad de ellos provienen de las matemáticas, biología, química, física y medicina.

Roberto Briceño- León es, además, fundador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y en la actualidad es profesor visitante en la Universidad Federal de Ceará, en Brasil.

La escogencia tiene su razón de ser en el trabajo que desde hace más de 40 años viene realizando el profesor Briceño-León en el campo sociológico. La Academia destaca que en su área de trabajo se resaltan dos líneas de investigación: la primera es la sociología de la salud, sobre las condiciones sociales que facilitan o restringen la difusión o control de las enfermedades transmitidas por vectores. La segunda es la sociología de la violencia, como una dimensión de la interacción humana que va más allá de la definición criminal del delito.

Es en esta última área en la que ha afianzado sus investigaciones en los últimos 25 años y ha logrado mostrar al país y al mundo una completa radiografía del comportamiento de la violencia en Venezuela. Toda esta realidad ha quedado plasmada en libros, artículos científicos e investigaciones.

 

Briceño-León fue miembro del Comité Ejecutivo de la International Sociological Association, entre 1994 y 2002. Además, fue coordinador mundial del International Forum for Social Sciences and Health, entre 1998 y 2003. Integró el Comité Asesor de Investigaciones de Salud (CAIS) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington y de variados comités de Investigación básica y aplicada de la Organización Mundial de Salud (OMS) en Ginebra. Tiene más de 200 artículos científicos y 26 libros publicados, que hablan de la larga y fructífera trayectoria del profesor Roberto Briceño-León.

*También puede leer: #MonitorDeVíctimasCaracas | 3 muertos, una policía herida y 33 presos en operativo de la PNB

Acceso a la Justicia: Policía venezolana sigue siendo peligrosa para los ciudadanos y es cada vez más ineficiente
Entre 2016 y 2021, 30 mil venezolanos fueron asesinados por agentes policiales y efectivos militares en presuntos enfrentamientos a la autoridad

Los organismos de seguridad en Venezuela «están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden», así lo revela el informe de Acceso a la Justicia: “La administración de justicia penal en Venezuela”.

La ONG recuerda que hace más de un mes, el pasado 9 de abril, las autoridades anunciaron la detención de seis agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), por su presunta participación en el asesinato, dos días antes, de Daniel Lezama, en un restaurante en Carúpano, estado Sucre, y por pretender hacer creer que la víctima era un delincuente que quiso resistirse a la autoridad.

Pese a que el director del cuerpo al que están adscritos los indiciados, comisario Douglas Rico, se apresuró a calificar el hecho como una «mala práctica policial» en la que incurrieron unas «manzanas podridas», lo cierto es que este tipo de lamentables situaciones se producen en el país con una escalofriante frecuencia. Así lo revela el informe de Acceso a la Justicia: La administración de justicia penal en Venezuela, en el cual se asegura que los organismos de seguridad «están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden».

Para sustentar esta aseveración, en la investigación se citan los datos publicados entre 2016 y 2021 por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), los cuales arrojan que 30.088 venezolanos fueron asesinados por agentes policiales y efectivos militares en presuntos enfrentamientos a la autoridad.

En el reporte se sostiene que estos escalofriantes números podrían explicar por qué la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación sobre Venezuela. Se afirma en el texto que «las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido durante el Gobierno de Maduro son solo uno de los tantos delitos que prevé el Estatuto de Roma».

Los hallazgos de esta investigación están en sintonía con los contenidos en el informe que Acceso a la Justicia publicó en 2020, El servicio de policía venezolano: Entre la realidad y la percepción (2000-2019), en el que se concluía que los venezolanos no solo estaban a merced del hampa sino de quienes supuestamente deben protegerlos.

Sin rastro ni idea

En este nuevo estudio se denuncia que lLos organismos de seguridad en Venezuela «están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden«, así lo revela el informe de Acceso a la Justicia; como prueba de ello se destaca que el número de homicidios en averiguación no para de crecer.

Así, 2021 cerró con 4.003 homicidios en averiguación, mientras que un año antes fueron 3.507, según contabilizó el OVV. ¿Qué significa ello? Que en estos casos no se han identificado a los presuntos autores de las muertes ni tampoco se han esclarecido las causas de las mismas.

Estas cifras ponen en tela de juicio la efectividad del CICPC, sobre todo porque este tiene la responsabilidad constitucional y legal de hallar a los responsables de los delitos que ocurren en el país. En el reporte se deja entrever que esto podría ser consecuencia de las reformas legales que el chavismo ha aprobado en los últimos años y las cuales han «otorgado mayor autonomía y discrecionalidad al CICPC en la conducción de la investigación penal, en detrimento de la autoridad del MP».

Asimismo, en el informe se recuerda que este organismo figura entre los más señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con los datos manejados por organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Proiuris.

La militarización es el problema

Acceso a la Justicia concluyó en su investigación que la militarización es una de las causas por las cuales los cuerpos policiales se han convertido en una amenaza para los ciudadanos, en especial aquellos que habitan en las zonas populares.

En el reporte se afirma lo siguiente:

Si “la racionalidad bélica” con la que se guían los militares se aplica a la lucha contra el crimen, puede haber consecuencias fatales, y esto es lo que en efecto ha ocurrido en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad del Estado, en particular la policía, son responsables de más muertes.

También se recuerda que 80 % de quienes han ocupado el cargo de Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) desde 1999 han sido generales o almirantes activos o en situación de retiro.

Además, desde 2014 la administración de Nicolás Maduro ha venido aprobando normas legales en las que se le da a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) más potestades en materia de seguridad ciudadana. Veintisiete contabilizó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, y entre ellas destaca la resolución n.° 8610 que el ministro de Defensa dictó en enero de 2015. A través de esta normativa se autorizó a los militares a intervenir en reuniones y manifestaciones públicas usando armas de fuego en casos extremos, algo expresamente prohibido en la Constitución.

Estas medidas no solo representan una desviación de lo establecido en la carta magna y en las leyes, sino que contradicen lo establecido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha advertido sobre el uso de los militares en temas de seguridad al recordar que la historia del continente está plagada de casos en los que esta opción «ha traído como consecuencia graves crímenes y violaciones a los derechos humanos».

12 muertes por intervención policial se registraron en Sucre entre enero y abril
Las edades comprendidas van entre los 19 y 38 años

De las 28 muertes violentas reseñadas en el estado Sucre durante el periodo enero-abril de 2022, 12 fueron Muertes por Intervención Policial (MIP). En  uno de los casos conocido por la sociedad, fue confirmado el uso excesivo de la fuerza, de acuerdo al monitoreo de prensa realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre).

En ese sentido, Carmen Julia Amundarain, coordinadora del OVV Sucre se refirió a la muerte de Daniel Alejandro Lezama Ramírez de 20 años, quien fue ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), durante un hecho ocurrido en un restaurante de Carúpano, municipio Bermúdez de la entidad oriental.

Tras la publicación de un video captado por las cámaras de seguridad del restaurante, seis funcionarios fueron detenidos y pasados a la Fiscalía del Ministerio Público, por simular un robo frustrado.

Sin embargo, la imputación de cinco de los uniformados fue confirmada el 10 de abril por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, donde señaló que fueron inculpados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

Familiares del joven Lezama exigieron justicia para que el caso no quede impune y rechazaron que los funcionarios involucrados, hayan pretendido alterar el hecho.

“A mi hijo no le dieron opción a nada. Él era un joven sano y trabajador pero le quitaron la vida de una manera cruel”, declaró la madre del joven a los medios de comunicación.

Sobre el caso, además de instituciones y representantes oficiales, también hubo pronunciamiento de organizaciones no gubernamentales como la Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, que consideró que “el caso evidencia el atropello judicial a los ciudadanos y la vulneración del derecho a la vida por parte de los organismos del Estado”, de acuerdo a la publicación realizada en una nota de prensa de la institución.

Precisamente, el organismo de seguridad que tuvo mayor participación en las MIP registradas entre los meses de enero y abril por el OVV Sucre, fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que estuvo involucrado en cinco de los 10 casos monitoreados, mientras que el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre  (IAPES), así como la policía municipal, tuvieron participación en dos casos cada uno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en un hecho.

“En total fueron 12 víctimas de MIP, todas pertenecientes al sexo masculino, con edades comprendidas entre los 19 y 38 años, lo cual evidencia la afectación de hombres en edades productivas y ocho de los casos eran personas, catalogadas por los cuerpos de seguridad del Estado como presuntos delincuentes” explicó Carmen Julia Amundarain, coordinadora del OVV Sucre.

En ese sentido, expresó que dicha presunción no debe ser argumento para cometer abusos de autoridad en medio de los hechos reseñados de manera oficial, como enfrentamientos con los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado.

“En la institución hemos insistido en la necesidad de que el Estado sea garante de la justicia y se actúe a través de las investigaciones de rigor, para evitar la impunidad, al tiempo que se establezcan planes de atención que garanticen la reinserción de estas personas a la sociedad y que la solución no sea acabar con sus vidas” agregó Amundarain.

Víctimas de delitos

En el balance realizado por el equipo de investigación el mes más violento fue febrero con 13 sucesos registrados, seguido de enero con 10 casos, abril con seis y marzo con cinco hechos.

En torno a los 24 delitos monitoreados, 16 de los casos ocurridos entre enero y abril fueron registrados como homicidio intencional, siete fueron tentativas del mismo y un robo. En 10 hechos, las razones no fueron precisadas.

Sobre los casos de homicidio intencional, el tipo de muerte ocurrida estuvo marcado por 15 asesinatos, mientras que seis casos fueron agresión grave mortal y un homicidio voluntario.

En el contexto situacional de los homicidios y agresiones, siete hechos estuvieron relacionados con robos, siete con otras formas de homicidio interpersonal, cuatro con pandillas, dos con grupos delictivos organizados, dos con parejas u otro familiar y uno durante la comisión de otro delito.

“Respecto la información de las víctimas, 23 pertenecían al sexo masculino y dos al femenino con edades comprendidas entre los 24 y 54 años” detalló Amundarain.

En el resumen del cuatrimestre, el OVV Sucre identificó que el tipo de arma más utilizada fue la de fuego en 15 de los casos, siete fueron objetos cortantes y dos la fuerza física.

Mientras que cinco de los casos fueron cometidos por delincuencia común, dos fueron grupos armados irregulares y un funcionario policial.

Las motivaciones de los hechos delictivos distintos a homicidio y agresiones estuvieron relacionadas con ajuste de cuentas en 13 de los casos registrados por el OVV Sucre, seis por prejuicios, dos basado en género y uno por conflicto interpersonal y problema interpersonal, respectivamente.

“El panorama de la violencia e inseguridad en el estado Sucre durante el primer cuatrimestre de 2022, evidencia que se mantiene la incidencia de la acción delictiva para cometer ajuste de cuentas y ejercer el control territorial de la entidad con lo cual se hace imperiosa no solo la garantía de seguridad ciudadana por parte de los cuerpos de seguridad del estado sino la defensa de los derechos humanos de toda la población” añadió la Coordinadora del OVV Sucre.

Robos y falta de mantenimiento dejan en ruinas espacios de la Universidad del Zulia
En algunas áreas la delincuencia ha desvalijado el cableado eléctrico, aires acondicionados, sillas, pupitres y hasta los sanitarios

 

Muchos espacios de la Universidad del Zulia (LUZ) están en graves condiciones debido a los constantes robos y la falta de mantenimiento que afecta desde hace años a la institución.

En algunas áreas la delincuencia ha desvalijado el cableado eléctrico, aires acondicionados, sillas, pupitres y hasta los sanitarios.

«El antiguo Rectorado quedó inhabilitado por los robos. Se llevaron desde la parte eléctrica hasta los aires acondicionados, también los sanitarios. Allí funcionaba un Banco Occidental de Descuento, pero no quedó nada», señaló al diario La Verdad Julio Villalobos, presidente de Asdeluz.

Villalobos indicó que el año pasado contabilizaron más de 3.000 metros de cables robados. Sin embargo, a la fecha las cifras han aumentado a tal punto que perdieron el registro.

«La Facultad de Ingeniería está totalmente sin electricidad. En la Facultad de Ciencias no hay nada, prácticamente no funciona. Incluso desde antes de la pandemia», denunció.

En 2021, integrantes de seguridad interna de LUZ resultaron heridos durante robos, por lo que Villalobos exigió a las autoridades dar más apoyo a sus trabajadores.

«Deben dar mayor apoyo a la División de Seguridad Integral y a sus trabajadores, con transporte, bonificaciones; pero, más allá de ello, deben garantizar la seguridad en la universidad, tal como lo dice la Ley de Universidades», agregó.

Darwin Verde, secretario de organización del partido Avanzada Progresista Zulia, denunció en Twitter que hay caminerías donde ya no se puede pasar porque la naturaleza ha tomado los espacios.

Este es un problema recurrente en las universidades públicas venezolanas. La organización no gubernamental Aula Abierta registró que en los últimos dos años ha habido al menos 371 episodios de arremetida del hampa contra varias casas de estudio de Venezuela.

Este elevado número de incidentes de inseguridad genera preocupación, puesto que no solo afectan de manera estructural, sino también el funcionamiento de las universidades del país en las actividades de docencia, investigación y extensión, así como el proceso educativo en el que participan miles de estudiantes y profesores venezolanos.

Abandono de sedes educativas en pandemia agudizó vulneraciones a la educación
Colegios públicos y universidades son víctimas del olvido estadal y de la delincuencia

La pandemia tiene varios rostros en Venezuela: ha evidenciado aún más la crisis sanitaria que padece el país desde hace años, y también ha empeorado el acceso al derecho a la educación en todos los niveles. La llegada del Coronavirus trajo consigo que las escuelas y universidades permanezcan cerradas; y con ello, el abandono estadal también se hace notar en los planteles de educación superior.

Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), alertaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que su casa de estudios ha sido parcialmente desvalijada durante la cuarentena. Uno de ellos declaró: “El nivel real de daños se desconoce debido a que las autoridades no ofrecieron detalles y a los estudiantes no se nos permite el acceso a las sedes porque estas no están operativas”.

Estudiantes señalan que solo han podido recopilar fotos de las áreas aledañas a la cerca perimetral de la sede Villa Asia en Puerto Ordaz. “En ellas se evidencia cómo a solo semanas de iniciar la cuarentena dos compresores de las unidades de aire acondicionado fueron hurtados de una de las aulas”, alertó otro universitario.  

El deterioro de las instalaciones de la UNEG y otras universidades de Bolívar no se origina en tiempos de pandemia, son carencias que se agudizaron durante la crisis humanitaria venezolana y por la falta de políticas del Estado para preservar los espacios. En octubre de 2018, medios de comunicación regionales como Correo del Caroní reportaron los constantes atracos en ambas sedes universitarias; tres meses después, hubo denuncias sobre robos de equipos y baterías de los transportes  de la institución.

En marzo 2019, como en años anteriores, hubo reiteradas protestas estudiantiles organizadas por los uneguistas con la exigencia de mejores condiciones en los planteles: no contaban con transporte ni comedor, además fueron víctima de  la delincuencia diariamente, como también reportó Correo del Caroní.

Estas denuncias se han acumulado por años y aún no se detienen, demostrando una completa desprotección de la educación universitaria. En enero de 2020, el diario regional Primicia también reportó un aumento de robos en las instalaciones de las universidades de Ciudad Guayana, como la UNEG y la Universidad de Oriente (UDO), durante la pandemia por Covid-19.

 

Derechos fundamentales

Toda persona tiene derecho a la educación de calidad. Esto está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales que también resaltan el deber de los Estados para su garantía, como lo dicta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Asimismo, la educación universitaria también es considerada un derecho humano fundamental. En la Conferencia Mundial sobre la educación superior de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se destaca en su artículo 11 las características sobre la calidad de la educación superior, que comprende todas sus funciones: enseñanza, programas académicos, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento, servicios a la comunidad; son elementos carentes en el contexto universitario del estado Bolívar.

Los derechos humanos son indivisibles, así que los Estados deben garantizar esta calidad educativa no a costa de otros derechos. La Organización de las Naciones Unidas, desde su Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, lo explica:

 “Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos”.

La UNEG es una de las universidades afectadas por la delincuencia y el olvido del Estado. Foto Cortesía.

A los estudiantes universitarios de Ciudad Guayana solo les queda esperar por respuestas mientras observan con dolor el deterioro de su casa de estudios. Reconocen que según fuentes oficiales actualmente la sede de la UNEG ubicada en la avenida Atlántico está custodiada por efectivos de seguridad del Estado.

Uno de los estudiantes entrevistados no lo ve como una solución al problema: “No obstante, hay un daño hasta el momento indeterminado que han sufrido ambas sedes. El abandono es total y más perceptible en la sede Villa Asia”.  

También los estudiantes de la UDO, núcleo Ciudad Guayana, han denunciado que las instalaciones están en total abandono. Los baños están en mal estado, más de cinco salones se encuentran sin electricidad y con otros daños.

 

OVV: 39% de la violencia en Lara es por hechos ilícitos
18% corresponde a violencia basada en género y 9% a conflictos interpersonales 

Durante los primeros cuatro meses de 2022, el Observatorio de Prensa del OVV Lara, registró 158 delitos violentos en la entidad, de los cuales 34% fueron agresiones; 24%, homicidio intencional; 18%, robos; 2%, secuestros; 10%, violación sexual y agresiones sexuales; 6%, extorsiones y 6% amenaza de muerte/agresión.

Las agresiones, que incluye: lesiones graves o leves, fue el delito con mayor ocurrencia registrado a través de prensa, durante los meses señalados. 40 casos de los cuales 14 ocurrieron en enero, 8 en febrero; 12 en marzo y 6 en abril de este año.

En cuanto a la motivación de los hechos delictivos, 39% está relacionado con el provecho ilícito, 18%, violencia basada en género; 9% correspondió a los conflictos interpersonales y 4% vinculado al ajustes de cuentas.

Para el coordinador del OVV Lara, Carlos Meléndez Pereira, la violencia del 2022, está definida por la realidad del pos-confinamiento. “Ahora se observa mayor presencia de los ciudadanos en los espacios públicos, mayor intercambio económico y en igual medida la delincuencia se incorpora a esta nueva dinámica. Por eso vemos el incremento en la frecuencia de robos en la entidad. Algunos de ellos son ejecutados utilizando armas de fuego (en 34% del total de delitos) lo que ha acelerado los homicidios con intención de robo. Los delincuentes que vieron mermada las oportunidades para el delito durante el confinamiento pero en 2022 comienzan a organizarse para avanzar en la generación de sus beneficios”, dijo.

Asimismo, 29% de los delitos, fueron ejecutados por integrantes de la delincuencia organizada de la entidad, y 8%, de esos delitos fueron cometidos por la pareja de la víctima o algún familiar cercano.

A juicio del coordinador del OVV Lara, la violencia basada en género, continúa su curva ascendente en la entidad, situación que debe generar alarmar porque no se logra respuesta por parte de los organismos de seguridad del Estado. No obstante, desde las organizaciones de derechos humanos que hacen vida en la entidad se sigue efectuando acciones que consoliden las redes de apoyo que brindan asistencia para enfrentar este tipo de violencia.

Grupos armados marcaron violencia en El Callao durante mes de abril
El Tren de Guayana y El Perú se declararon en guerra para controlar territorio 

Un presunto enfrentamiento entre grupos irregulares le dio la bienvenida a la segunda semana de abril en El Callao, al sur del estado Bolívar. El Tren de Guayana y El Perú, -bandas armadas con amplia influencia en el territorio- se declararon en guerra para controlar El Perú, uno de los cuatro sectores de El Callao. Ambos líderes utilizaron las redes sociales para declararse “la guerra”.

El 9 de abril se difundió un video en el que un vocero anónimo, acompañado de encapuchados armados del grupo que se hace llamar Frente Revolucionario de El Perú, acusó al grupo delincuencial El Tren de Guayana -presuntamente dirigido por alias ‘Ronny Matón’- de operar con el Gobierno. “Les indica la zona a incursionar, y los compra con pagos mensual de cinco kilos de oro”, aseguró el vocero.

Aparentemente El Tren de Guayana tiene el control de los sectores Las Vainitas, Nacupay, y Cicapra en El Callao, y Vista al Sol, en Ciudad Guayana.

“Los compra con un pago mensual de cinco kilos de oro a cada organismo, como CICPC, FAES, los camuflados, para que nos ataquen a nosotros. Aparta al Gobierno y nos matamos, te aseguro que me les voy a meter para Las Vainitas, Cicapra, donde sea”, dijo el vocero sin identificar en el video.

La banda El Perú, encabezada por Eleomar José Vargas alias Zacarías y Alejandro Rafael Ochoa alias ‘Toto’, exigió al alto mando militar detener sus incursiones en contra del grupo delincuencial.

El medio Crónica Uno reportó que, en respuesta al video, el Tren de Guayana difundió un comunicado presuntamente escrito por quien encabeza la organización delictiva, Ronny Colome o ‘Ronny Matón’.

En el comunicado, Colome asegura que la organización tomó el control de la zona minera de El Perú. “Echar de estas tierras toda la violencia que tenía en zozobra a la población, el desorden, anarquía, maldad y violaciones tanto físicas como de Derechos Humanos que estos malandrines, basándose con sus cuatro revólver y cinco chopos, ponían a la humilde y trabajadora familia minera”. Expresa el documento.

De acuerdo con el comunicado, Colome definió su banda armada como una organización con fines agro-mineros y ecológicos.

Otro episodio ocurrió a los pocos días. El 11 de abril, tres civiles murieron a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) según reportó la prensa local. De acuerdo con la fuente oficial, estas ejecuciones ocurrieron en medio de un enfrentamiento entre integrantes de la banda El Perú, y la GNB.

La siguiente semana, comenzaron a correr rumores de presuntos tiroteos en el sector El Perú. Los comentarios eran que los disparos se escucharon en la plaza El Jobo. La plaza principal de El Callao estuvo militarizada, toda vez que los pobladores se resguardaban a tempranas horas del día.

Mientras la comunidad se resguardaba por miedo, los cuerpos de seguridad del Estado declararon que el despliegue de “Semana Santa Segura 2022” se mantenía en pie, y que El Callao era zona de paz.

Población condenada a vivir con miedo

No es la primera vez que la banda El Perú lanza un ultimátum vía redes sociales, de hecho, se autoproclaman protectores de derechos humanos. En mayo de 2021 exigieron al presidente de Nicolás Maduro enviar -en un plazo de 78 horas- una comisión para investigar los crímenes cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, y amenazó con atacarlos si no se cumplía el plazo.

En respuesta, el Estado militarizó aún más la zona e impuso un toque de queda. La presencia militar hizo que el grupo se desplazara a otras zonas mineras como Nacupay.

El azote continuo del hampa, y el accionar de los cuerpos de seguridad -muchas veces cuestionable-, han obligado a la población de El Callao a resguardarse, y a vivir en zozobra desde hace más de un quinquenio cuando, en 2016, el Presidente Nicolás Maduro decretó la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO): un área de explotación mineral que en la práctica expandió la minería ilegal controlada por grupos armados con la tolerancia del Estado, contaminación acelerada del territorio, diseminó enfermedades epidemiológicas otrora controladas como la malaria, e impuso un patrón de trabajo forzado y esclavitud sexual.

A menudo, no hay pronunciamientos oficiales sobre los presuntos enfrentamientos armados que ocurren con frecuencia, y el saldo de víctimas que deja detrás.

Organizaciones como Human Rights Watch y Transparencia Venezuela han advertido que el accionar de los grupos armados, dependiendo de la zona estratégica, tiene un vínculo con los cuerpos de seguridad del Estado.

Bolívar es la tercera entidad más violenta de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) determinó que durante 2021 tres de sus municipios: El Callao, Sifontes y Roscio, estuvieron entre los cinco más violentos del país.

Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) existe preocupación por la ocurrencia y perpetuación de este tipo de situaciones que mantienen en caos a la población de las localidades en las que se presentan este tipo de violencia. “Miramos con alarma que muchos de los ciudadanos que hacen vida en la localidad han naturalizado situaciones afirmando “que suceden todos los días solo que uno no se entera porque no hay famosos involucrados”.

“Desde el OVV Bolívar exhortamos al Estado a recuperar la institucionalidad en la región asumiendo la conducción de sus municipios al mismo tiempo que garantiza un justo orden social desde una legitimidad que se corresponda con nuestros máximos preceptos normativos”, finalizó el equipo de investigadores.

El video citado en esta nota de prensa, se puede ver en: