El Megafono

El proceso no se ajustó a los estándares internacionales

Las condiciones en las que se celebraron las «megalecciones» del pasado 21 de noviembre representan un avance en comparación con las parlamentarias de 2020 y las presidenciales de 2018. Sin embargo, el proceso en el que se eligió a los 23 gobernadores y los 335 alcaldes, así como decenas de diputados regionales y cientos de concejales no se ajustó plenamente a los estándares internacionales en la materia; por el contrario, en él quedaron patentes las deficiencias estructurales que padece el sistema electoral venezolano que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue incapaz de subsanar. La denuncia la formuló la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en su informe preliminar sobre el proceso, presentado el 23 de noviembre por la jefe del grupo de la UE, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos.

En el informe se lee lo siguiente:

«Entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales ampliamente criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que las utilizaron para presentarse a las elecciones. Además, se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un acceso desigual a los medios de comunicación».

Desde 2012 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interviene partidos políticos opositores o disidentes del chavismo y designa al frente de estos a personas cercanas al Gobierno. Esta práctica no solo atenta contra el pluralismo político, como lo ha denunciado Acceso a la Justicia, sino que además le ha permitido al oficialismo hacerse con más tarjetas en la boleta electoral.

Por su parte, ante la cercanía de un proceso electoral la Contraloría General de la República vuelve a ejercer la potestad que le confiere el artículo 105 de su ley, para inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas a competidores del chavismo y así despejar el camino para triunfos en las urnas. El uso de ambas estrategias siembra dudas sobre la transparencia y legitimidad de los procesos comiciales.

Ventajismo descarado

La Misión de la UE constató que durante la campaña electoral la línea que divide al Gobierno y al partido en el poder continúa siendo muy difusa, por no decir inexistente.

«La campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país, y contó con una base movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos”, reportó el grupo observador, al tiempo que admitió que “el acceso privilegiado al combustible, así como el amplio uso de recursos del Estado, la entrega de bienes, como paquetes de alimentos, bombonas de gas o bombas de agua, afectaron a la igualdad de condiciones».

Lo anterior a pesar de que el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción es muy claro al señalar:

«Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado, no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos o a intereses económicos particulares».

Por su parte, el artículo 70 de la misma ley sanciona con entre uno y tres años de cárcel al funcionario que utilice fondos públicos para «favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato».

Otro espacio en el cual el ventajismo a favor del Gobierno quedó claro fue en la cobertura mediática. Al respecto, el grupo de observadores señaló:

«El monitoreo de medios de la MOE-UE muestra que la cobertura del partido gobernante fue dominante y desproporcionadamente favorable en la televisión estatal, y muy significativa en las emisoras monitoreadas de radio y televisión privadas. Más allá de la cobertura desequilibrada, la presencia constante del vicepresidente del PSUV (Diosdado Cabello) en los medios de comunicación estatales, en los cuales dirigió encendidos ataques contra opositores políticos, e incluso contra un rector del CNE, va en contra de los estándares internacionales de cobertura imparcial de los medios de comunicación estatales durante los períodos electorales».

Pese a que en líneas generales valoró positivamente el trabajo del organismo comicial, en especial por establecer numerosas auditorías al sistema automatizado de votación, la MOE-UE denunció su omisión a la hora de castigar el uso de los recursos públicos para favorecer a un candidato. «En la práctica, el CNE no sancionó las violaciones a las normas de campaña y el uso de recursos del Estado», se quejó, no sin antes revelar que sus observadores constataron que en veinte estados el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) empleó fondos y bienes de gobernaciones u organismos nacionales para apoyar las aspiraciones de sus candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados regionales y ediles.

En esta ocasión algunos aspirantes no tuvieron empacho de utilizar la vacunación contra la COVID-19 para sus propios fines. «También se utilizaron las vacunaciones con fines de campaña en tres estados», reportó la Misión.

Pese a los señalamientos, hasta el momento el árbitro no ha tomado medidas respecto de esos ilícitos contra el patrimonio público ni tampoco le ha pedido al Ministerio Público y a la Contraloría adoptarlas como corresponde según el ordenamiento jurídico vigente en el país.

Coerción y control

Como si tener a todo el aparato estatal de su lado no fuera suficiente, el oficialismo también volvió a recurrir a la coacción y al control social. Así, los observadores reportaron que en 23% de los actos de campaña del PSUV que monitorearon documentaron cómo las personas eran presionadas para estar presentes.

Por su parte, el día de la votación los polémicos puntos rojos volvieron a estar presentes, pese a la prohibición del árbitro. «En 150 de las 518 mesas electorales (29 por ciento) observadas durante la votación, se reportaron problemas en torno al centro de votación, principalmente puntos rojos (22 por ciento)», figura en el informe preliminar.

Los puntos rojos vienen siendo utilizados por el oficialismo como mecanismo de control social en las elecciones, pues si los electores desean continuar beneficiándose de programas, como las polémicas bolsas de alimentos que distribuyen los Comités Locales de Planificación Local (CLAP) o los bonos que regularmente el Gobierno otorga mediante el llamado Carnet de la Patria, deben pasar por ellos antes de ir a votar para registrar su asistencia al proceso.

No hay que olvidar que durante la campaña para las pasadas elecciones parlamentarias, cuyos resultados no fueron reconocidos por buena parte de la comunidad internacional, el ahora diputado Diosdado Cabello llegó a decir: «Hay que ir a votar, porque el que no vota no come. Para el que no vote o hay comida. ¡El que no vote no come, se le aplica una cuarentena!».

Letra muerta

La MOE-UE constató además graves incumplimientos no solo a disposiciones dictadas por el CNE con relación a la paridad entre hombres y mujeres, sino también a mandatos constitucionales como el voto directo.

Los rectores electorales mantuvieron la decisión de sus predecesores de denunciar para el caso de la representación indígena una votación de segundo grado, lo que va a contrasentido de lo dispuesto en el artículo 63 de la Carta Magna, el cual reza que «El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional».          

El 26 de noviembre, cinco días después que el resto de los venezolanos, 4.334 voceros indígenas eligieron a sus representantes en los consejos estadales y municipales en ocho estados.

El evento contará con la participación de ocho países de Latinoamérica a través de plataformas digitales

Con la participación de ocho países, se llevará a cabo en Caracas entre el 1 y el 3 de diciembre, el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes por los Derechos Humanos.

En el evento, donde intervendrán representantes de docentes, centros universitarios de DD HH y la sociedad civil, estarán estudiantes de Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y por supuesto Venezuela.

El acto es organizado por Aula Abierta y la Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos.

El encuentro se enfoca en impulsar la Red Latinoamericana de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, asimismo crear el tejido necesario para promover y defender la educación como pilar fundamental.

Christy Martínez, representante de la Coordinación Universitaria por la Democracia y la Justicia de Nicaragua,  señaló que los jóvenes de su país siempre han desempeñado un papel fundamental en defensa de los derechos humanos.

«Entendemos que la educación es un derecho humano y pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. A lo largo de la historia, distintos gobiernos han intentado pisotear los derechos del estudiantado y silenciar a las universidades porque allí es donde nace el pensamiento libre», expresó Martínez.

El coordinador nacional de Es Libertad Chile, Daniel Bogdanovic, destacó que estas actividades son primordiales para los universitarios.

«Debemos trabajar para que en naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua dejen de vulnerarse los DD HH», indicó Bogdanovic.

Para participar en el encuentro los interesados deben llenar un formulario, así como estar pendientes de toda información al respecto compartida en la redes sociales de las instituciones Aula Abierta y Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos.

Entre enero y septiembre de 2021 Codehciu contabilizó 18 mujeres víctimas de femicidio

Juana, Luzdani, Karla y Jersis son cuatro mujeres que fueron víctimas de femicidio durante el tercer trimestre de 2021 en el estado Bolívar. Tenían una vida por delante hasta que la violencia las silenció. Son nombres que se suman al monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), y que además narran parte del contexto de peligro de una región donde las vulneraciones a los derechos humanos son un tema cotidiano.

Un martillo fue uno de los objetos que José Montero, de 20 años, presuntamente utilizó para asesinar a su madre, Juana Manrique, a principios de agosto. El monitoreo de violencia basada en género de Codehciu reflejó cómo ella recibió múltiples golpes en su cuerpo; reportes de prensa también narraron que ingresó sin signos vitales al Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez en el municipio Angostura del Orinoco, en el estado Bolívar.

Durante el mismo mes, Luzdani Paola Bravo Ramos, de 35 años, fue asesinada por su excónyuge con el que mantuvo una relación de 12 años. La prensa regional y la investigación de los órganos del Estado narraron que Jesús Arbelaiz lanzó el cuerpo de la mujer al Río Caroní en el Parque Cachamay, en el municipio Caroní.

El estado vivió otras dos historias de femicido en septiembre, cuando la joven Karla Rivero, de 21 años, fue asesinada con arma de fuego por un hombre. 19 días después, la cabeza decapitada de Jersis Fernández, de la misma edad que la anterior víctima de femicidio, fue hallada en un bolso en El Callao; según medios de comunicación, se dedicaba al comercio informal y se trasladó desde Falcón para mejorar sus condiciones económicas en un país que sufre una emergencia humanitaria. 

Femicidios y más violencia

Aunque este es el acto más cruel contra mujeres, niñas y adolescentes, existen otros tipos de tratos que cada mes protagonizan la realidad de algunos hogares bolivarenses. La violencia física, sexual, psicológica, acoso y la amenaza son tan solo otras demostraciones de vulneración y odio hacia ellas, tipificadas en la ley.

Específicamente en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que explica al femicidio como un conjunto de hechos impulsivos y misóginos contra ellas, que atentan contra su seguridad e integridad personal y que degeneran en su muerte; “es el homicidio de una mujer cometido por un hombre, por motivos estrictamente vinculados con su género”. En su artículo 15 también se destaca como la forma extrema de violencia de género, “causada por odio o desprecio a su condición de mujer”, tanto en el ámbito público como en el privado.

Fue el contexto de crisis y de violación de derechos del estado Bolívar lo que llevó a Codehciu a comenzar su monitoreo en 2018. A la emergencia humanitaria compleja, la violencia minera y a la economía inestable se les unió la llegada de la pandemia por Covid-19; de tal manera, la organización también ha detectado un aumento de vulneraciones a mujeres que conviven con su agresor durante el confinamiento ante las medidas de bioseguridad. Estas circunstancias han dificultado el alcance de la vida digna.

El Estado venezolano es responsable de garantizar esta vida digna para la ciudadanía, pero no ha generado políticas eficientes para contrarrestar el aumento de la violencia de género en el país. En consecuencia, siguen los femicidios: durante el 2020 murieron 237 mujeres asesinadas en Venezuela, según cifras de Cotejo.

Tercer trimestre de 2021

Además de los 4 femicidios registrados por Codehciu durante el tercer trimestre de 2021, hubo 54 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia en Bolívar.

El más registrado durante este periodo fue la violencia física, que contabilizó 23 víctimas.

Asimismo, 12 fueron vulneradas debido a la violencia sexual, mientras que otras 10 fueron víctimas de amenazas.

En 10 de los 23 casos de violencia física registrados, los victimarios resultaron ser cónyuges de las mujeres que agredieron.

Y en 3 de los 4 femicidios, los victimarios eran cercanos a ellas; otro mantuvo relaciones afectivas con una de las víctimas.  

Las cifras de Codehciu muestran que Caroní fue el municipio más violento durante el tercer trimestre, registrando 27 víctimas de distintos tipos de violencia contra la mujer.

Cabe destacar que, como lo alertan cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, Bolívar es el segundo estado más violento del país.

Las consecuencias de esta violencia tienen muchos rostros y nombres. Es por esto que Codehciu continúa su labor de alertar sobre estos casos. Y además exhorta al Estado, y a todas sus instituciones, a crear políticas que mejoren la calidad de vida de mujeres, niñas y adolescentes. Con la iniciativa de combatir las penurias de una emergencia humanitaria compleja que se agudiza ante la explotación sexual, trata de personas, minería ilegal, y demás.

Estas políticas deben contar con estrategias orientadas a lograr la dignidad de todas, además de favorecer el cese de los tipos de violencia. Asimismo, cada femicidio debe ser investigado de forma eficaz y sin dilaciones para lograr justicia y reparación para los familiares.

El Observatorio Venezolano de Violencia denunció la muerte de un preso por tuberculosis 

Al menos un 60 por ciento de los internos en los centros de reclusión preventiva de Nueva Esparta, presentan problemas de salud asociados a la desnutrición. Pedro Arévalo coordinador del Foro Penal Venezolano en Nueva Esparta, dijo que aunque les esconden las estadísticas reales, es preocupante las altas cifras de desnutrición puertas adentro de los calabozos.

Considera que los recluidos en esos centros preventivos por causas menores, deberían recibir el beneficio de ser atendidos por sus familiares en sus casas.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Observatorio Venezolano de Violencia, en Nueva Esparta entre los meses de agosto y septiembre, se registró el deceso de un detenido que se sospechaba padecía tuberculosis pero nunca fue confirmado.

La misma ONG confirmó que unos 10 internos están siendo tratados por tuberculosis en estos momentos. Una fuente médica informó a la OVV que ellos recibieron el beneficio de ser cuidados en casa bajo régimen especial y afirmó que los casos existentes en los recintos preventivos van en aumento, aunque no reveló cifras sobre la cantidad de enfermos.

Sobrepoblación

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia Nueva Esparta, en esta entidad la situación es alarmante debido a que en los calabozos se sobrepasa casi al doble la capacidad de albergue provisional.

La ONG Una Ventana por la Libertad, reveló en esos calabozos hay 859 detenidos que actualmente se encuentran de manera indefinida en 20 centros de detención preventiva.
Precisó que esos espacios fueron previstos para un total de 449 privados, lo que se traduce en que supera en 91,3% la capacidad de retención provisional.

Cita que la situación se prolonga de forma incierta y sigue en aumento, favoreciendo diversas enfermedades de transmisión como la tuberculosis.

42% de las consultadas han señalado ser víctimas de algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas

La organización Orituco Propone afirmó que casi la mitad de venezolanas sufren algún tipo de violencia en sus hogares. Esta ONG situada en el municipio Monagas de Guárico, se refiere al 42% reflejado en una encuesta que realizó la organización de Derechos Humanos «Uniades» en la región andina.

«La violencia es cotidiana, y se manifiesta en una encuesta realizada por Uniandes en la región andina en la que 42% de las consultadas han señalado ser víctimas de algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas, que son los principales agresores», expresa el comunicado de Uniades en su pagina web.

También se señana que 23 mujeres han sido asesinadas por sus parejas cada mes en el país, lo que configura un panorama crítico en cuanto a violencia contra la mujer.

Uniades y Orituco propone hicieron pública esta información a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrró el pasado 25 de noviembre y agregan que casi un tercio de las mujeres que han sido víctimas de violencia han sufrido como mínimo amenazas de daño físico.

Todo esto se expuso durante el Foro Zoom Tejiendo Redes: Aprendizajes de la Sociedad Civil por el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, en el que cinco panelistas del Grupo Social Cesap y sus asociadas mostraron sus experiencias en el desarrollo de programas de autocuidado, que involucran a hombres y mujeres, para la eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Pandemia y violencia contra la mujer

En ese año, los femicidios se dispararon en Venezuela conforme se ordenaba el confinamiento de sus casi 15 millones de mujeres. En los primeros 10 meses de cuarentena, mientras el mundo contaba muertes por la pandemia, Venezuela perdió a 217 habitantes por violencia de género, de acuerdo con datos de Utopix.

El encierro causado por la pandemia de COVID-19 agravó la situación de violencia contra la mujer en Venezuela y esta afirmación la sustenta Diana Vegas, presidenta del Grupo Social Cesap, quien indicó que el problema se convirtió “en una pandemia dentro de la pandemia”.

La organización remitió un informe a propósito del III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos

Pese a que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que el máximo juzgado es el responsable de garantizar la «supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales», el organismo rector del Poder Judicial no ha hecho más que anular la carta magna y desmantelar con sus decisiones la democracia venezolana. Así lo denunció Acceso a la Justicia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El señalamiento lo realizó la agrupación en el informe que remitió a la instancia con sede en Ginebra, Suiza con motivo del III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, al que Venezuela deberá someterse a finales de este año.

El comportamiento del TSJ frente a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 es para Acceso a la Justicia una clara demostración de que el Poder Judicial, comenzando por su máxima instancia, no actúa conforme a lo estipulado en el texto fundamental.

En el reporte se lee lo siguiente:

«En diciembre de 2015 los venezolanos le dieron la mayoría de la AN a la oposición. Sin embargo, esta no se había instalado aún y ya había comenzado a ser neutralizada por el TSJ, que la eliminó de facto a través de 145 sentencias, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2020».

Además, se recuerda que «Solo en 2020 el TSJ dictó veintiséis fallos contra la AN, de los que aún se desconoce el contenido de muchos. En el último lustro, el máximo juzgado emitió en promedio una sentencia cada doce días contra el Legislativo».

En el informe, se destacan los fallos 155 y 156 que la Sala Constitucional dictó en 2017, no solo porque mediante los mismos liquidó al Parlamento y el máximo juzgado se arrogó sus facultades, algo que la carta magna no le permite, sino porque además esos fallos desencadenaron una ola de protestas antigubernamentales que se prolongó por casi cuatro meses y que fue duramente reprimida por las autoridades.

Persecución a la orden del día

El TSJ no se limitó a neutralizar al Parlamento dominado por la oposición, sino que también emprendió una campaña de persecución contra sus miembros. Al respecto, Acceso a la Justicia denunció esto ante el Consejo de Derechos Humanos:

«Para mayo de 2020, más de noventa y seis parlamentarios de oposición y disidentes del chavismo, principales y suplentes, habían sufrido algún tipo de persecución política. El TSJ tuvo un rol protagónico en el caso de una treintena de diputados opositores, violando su inmunidad parlamentaria. Cinco de ellos han estado presos y para junio de 2021 al menos dos continuaban privados de libertad: Juan Requesens (con medida de casa por cárcel) y Gilberto Sojo (quien lleva más de cuatro meses detenido [para el momento del envío del informe])».

El voto en la mira

Como si no fueran suficientes los ataques a la AN, poder público que, junto a la máxima autoridad del Ejecutivo, es electo directamente por los ciudadanos y que realmente representa la pluralidad del país, Acceso a la Justicia denunció que el TSJ ha pasado el último lustro socavando el derecho al voto, pilar de cualquier democracia civilizada, pues tanto en las presidenciales de 2018 como en las parlamentarias de 2020, las salas Constitucional y Electoral no colaboraron activamente para que las elecciones se celebraran sin cumplir con los estándares internacionales y diseñando incluso una oposición «a la medida».

La organización recordó que el máximo juzgado, junto al Consejo Nacional Electoral (CNE), maniobró para neutralizar a los partidos opositores y disidentes del chavismo, a fin de acabar con cualquier posible competidor real del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Así, de sesenta y siete partidos inscritos en el CNE para diciembre de 2015, «tres años después (…) solo quedaban diecisiete partidos políticos, y de ellos solo cinco de oposición».

Como si lo anterior no fuera suficiente, de cara a las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2020, el máximo juzgado intervino e impuso directivas a nueve formaciones políticas opositoras (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Movimiento Republicano, Acción Ciudadana en Positivo y Bandera Roja) y disidentes del chavismo (Tupamaro, Patria Para Todos y Compromiso País).

Asimismo, autorizó al CNE ―designado por el mismo TSJ, por cierto―, a reformar la legislación electoral para favorecer al oficialismo, algo que logró, pues la alianza gubernamental se hizo con el 92% de los escaños de la AN, aunque solo tenía el 68% de los votos.

Para leer el informe La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela, haga clic aquí.

Durante julio, agosto y septiembre hubo 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales

Las muertes potencialmente ilícitas siguen sumando víctimas en Bolívar, un estado donde el derecho a la vida es vulnerado cada mes. Tan solo en la primera semana de julio de 2021, medios de comunicación regionales informaron sobre la muerte de 6 personas pertenecientes al llamado “Tren de Aragua” en el municipio Piar, durante un presunto enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Pero la violencia no terminó ahí; en la misma entidad, un mes después, otros dos hombres fueron ejecutados por la GNB: Jorge De Lourerio Padrón y Keisser Ramsés Hernández Cedeño.

Ambos, como lo narran reportes de prensa y fuentes oficiales, eran integrantes de la banda criminal “El Ciego”, y fueron agregados a las cifras del monitoreo de presuntas ejecuciones extrajudiciales, o muertes potencialmente ilícitas, de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). Piar, que contabilizó 8, fue el municipio con más víctimas registradas durante el tercer trimestre del año.

En el monitoreo que se realiza a medios de comunicación regionales y redes sociales, la organización de la sociedad civil registró que durante julio, agosto y septiembre hubo 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales que evidencian violaciones al derecho humano a la vida, al debido proceso y a la integridad de las personas. De este número se desprenden: 20 muertes en presuntos enfrentamientos y una muerte de un hombre bajo detención y/o custodia del Estado.

Se trató de Carlos Enrique Fuentes Mendoza, cuyo cuerpo fue encontrado en el Internado Judicial de Vista Hermosa, en el municipio Angostura del Orinoco, con una herida por arma de fuego. Así lo reportó el 8 de agosto la organización Una Ventana a La Libertad, que promueve y defiende los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el país.

Violencia y DDHH

El caso de Fuentes es considerado por Codehciu como muerte potencialmente ilícita por lo indicado en el Protocolo de Minnesota, que expresa que este tipo de violación de derechos humanos también puede darse cuando una persona se encuentra detenida, debido a que, bajo estas circunstancias, el Estado ejerce un mayor control sobre su vida.

Estos hechos forman parte de un contexto de violencia, negligencia y uso excesivo de la fuerza que los municipios del estado Bolívar viven desde hace años. Codehciu ha alertado desde 2018 cómo las fuerzas del Estado atentan mensualmente contra la vida de la ciudadanía; no hay investigaciones, por parte de los organismos oficiales, que logren un cambio positivo.

Los números de años anteriores ayudan a narrar la realidad de Bolívar. En 2019 hubo 218 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Mientras que en 2020 hubo un registro de 208. Y entre enero y septiembre de 2021 se contabilizaron 65.

Lo que corresponde a los datos de cada mes hasta el tercer trimestre del año 2021, Codehciu establece que abril, mayo y julio fueron los meses con más víctimas con 10 en cada uno.

Junio contabilizó 7, mientras que enero, marzo y agosto 6 cada uno; febrero y septiembre contabilizaron la misma cantidad de 5 ejecuciones.

Luis Velásquez, Elio Ramos y Elvis González fueron otras tres víctimas registradas en el municipio Padre Pedro Chien durante julio. Los hombres, como narra la prensa y las versiones oficiales, formaban parte de la banda delictiva conocida como “El run”. Su ejecución ocurrió durante un presunto enfrentamiento con funcionarios de la GNB y el Cicpc, lo que Codehciu identifica en su monitoreo como “actuaciones mixtas”. Este tipo de modus operandi se ha vuelto muy común con el pasar de los meses, y presenta a su vez nuevas formas que exaltan el uso excesivo de la fuerza.

Por otro lado, Rigoberto Raúl Cumaná fue otro ciudadano cuyo nombre dio de qué hablar en la prensa regional tras ser ejecutado por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (DIPEB). El Diario Primicia reportó el 31 de agosto cómo los efectivos policiales presuntamente se enfrentaron a la víctima, pero los familiares del hombre desmintieron la versión oficial en septiembre.

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en su artículo 4, contemplan que:

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”.

En relación a las normativas internacionales para la defensa del derecho a la vida, el Protocolo de Minnesota también describe cómo deben ser las estrategias y las medidas prácticas que necesitan adoptar los Estados para una investigación efectiva de este tipo de casos. En cada investigación se debe tomar en cuenta que la preservación de la vida es primordial, y que las averiguaciones deben ser transparentes y metódicas. Pero la realidad del estado Bolívar es otra.

Ante la constante aparición de hechos que ponen en evidencia un actuar negligente y sin dignidad por parte de los cuerpos policiales en Bolívar, Codehciu exige al Estado venezolano la investigación eficaz y oportuna de cada presunta ejecución extrajudicial. Esto también implica la reparación de las víctimas indirectas: los familiares de las personas ejecutadas.

Tercer trimestre de 2021

Caroní fue el segundo municipio con más víctimas durante el tercer trimestre del año, registrando 5. Le siguen: Padre Pedro Chien con 4 y Sucre con 2. Angostura del Orinoco y El Callao contabilizaron un caso cada uno.

La GNB fue el órgano que ocasionó el mayor número de muertes potencialmente ilícitas durante el tercer trimestre con 13 hombres ejecutados.

Aun así, el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio) ha sido el que más víctimas ha presentado hasta la fecha, con 27.

En la mayoría de los casos registrados en lo que va de año por Codehciu, los medios de comunicación solo reportan la versión de los hechos descrita por el organismo oficial. Esto podría implicar un escaso acercamiento a los familiares de las víctimas por diferentes razones: el peligro que implica y el miedo de estos a denunciar la violencia.

Los ciudadanos del estado Bolívar siguen inmersos en una realidad llena de vulneraciones de derechos humanos como estas ejecuciones monitoreadas, precarios servicios básicos, violencia de género, desapariciones y muertes en el contexto de la minería ilegal.

La ONG Una Ventana a la Libertad denunció actos viciados en prisiones de Carabobo

El flagelo de la corrupción es una de las principales causas de las fugas o evasiones de detenidos tanto en los centros de detención preventiva (CDP), como en las cárceles del país, en particular en el estado Carabobo, sostienen algunos abogados penalistas y expertos en criminalística.

Los especialistas manifiestan que la corruptela es una gran aliada en la evasión de los privados de libertad, “recurso” al que le echan mano las personas implicadas en cualquier  hecho que transgrede las leyes, las pautas de conductas que dicta la sociedad y la jurisprudencia venezolana para salir en libertad y eludir sus responsabilidades con la justicia, precisa UVL en un trabajo investigativo.

La estructura judicial y policial en nuestro país está totalmente carcomida por los actos de corrupción”, aseveró Eduardo Vizcarrondo, profesor de la cátedra Criminalística de la Universidad de Carabobo (UC). “Ya no hay amor a la profesión ni respeto. Tampoco existe patriotismo. Y ahí estamos nadando sin saber nadar, sostiene el experimentado docente.

Para muestra de lo que se podría tratar como un “descuido” o  una conducta “sospechosa” están las presuntas fugas recientes de dos privados de libertad, una en la Policía Municipal de Naguanagua (Polinaguanagua) y otra  en la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El detenido de Polinaguanagua supuestamente se fugó en horas de la tarde del domingo 24 de octubre de 2021 y el de la PNB el viernes 4 de junio.

La corrupción, gran aliada en las fugas

De acuerdo a la información extraoficial, al privado de libertad de Polinaguanagua, según, lo estaba esperando un cómplice en las cercanías del ente policial en una camioneta marca Toyota, modelo Hilux de color gris

Asimismo, un preso de nacionalidad trinitaria a quien identificaron como Anthony Wilson Keron, se fugó el viernes 4 de junio del Centro de Diagnóstico Integral  (CDI) El Palotal, parroquia Santa Rosa, municipio Valencia del estado Carabobo.

“El trinitario” fue llevado al CDI por una supuesta complicación de salud, pero en un descuido de los custodios aparentemente logró darse a la fuga.

De fuentes extraoficiales se conoció, que este sujeto presuntamente estaba ofreciendo 10 mil dólares a quien le facilitase la evasión y así lograr la tan ansiada libertad.

Fugas sospechosas

Vizcarrondo destacó, que en muchos casos donde hay fuga o evasión de detenidos hay dinero de por medio. “Es por el cobro de altas sumas que les hacen a sus familiares y eso ya está preparado. O, los que pagan son los mismos delincuentes, los mismos reos”.

Yo, que he estado en la policía, en la Fuerza Armada. Fui Director de la Prevención del Delito, aparte que también soy docente en la cátedra de Criminalística, lo que quiero decir, es que he participado en muchas cuestiones relacionadas con la seguridad y con respecto a la fuga de detenidos tengo muchos temas para hablar”

El docente de la Universidad de Carabobo explicó que las causas más comunes de las presuntas evasiones o fugas programadas son el hacinamiento, el hambre, la tortura, peleas entre bandas o personales. “Viven en un ambiente hostil. Esas son las causas de angustia para el reo, así sea un criminal. Escapan porque su vida está pendiendo de un hilo”.

Otros de los motivos de fugas son las penas altas, penas que pasan de cinco años. “El individuo busca todas las formas habidas y por haber para salir a la calle y por eso llega a la corrupción del funcionario”.

Fugas de detenidos

A pesar de que sí ha  habido fugas por boquetes en las paredes o techos, algunos salen por la puerta principal, sostiene el catedrático. “Antiguamente las paredes eran de adobe, las rompían y salían. Eran fáciles de romper y cruzarlas, pero en la actualidad los CDP están mejor construidos”.

Las fugas con fractura, que es cuando rompen una pared, están casi en cero porque la mayoría de las evasiones ahorita son planificadas. “Solo se dan fugas programadas, previo pago y apañadas por directores y custodios, que es lo más grave del asunto”, asevera el profesor Vizcarrondo.

Si hay fuga, hay riesgo en la sociedad

Cada vez que ocurren fugas de detenidos la sociedad está en riesgo, sobre todo si una persona está relacionada con la acusación o el caso de un delincuente.

“Claro, si se fuga un sujeto que fue acusado por una persona, ésta está en peligro y debería ser protegida por las autoridades, por el Estado, porque el recluso que escapó podría atentar contra la vida de esa persona”.

El delincuente que está siendo acusado de un delito como homicidio, robo, estafa, en fin, de cualquier delito, éste se convierte en una amenaza. El criminal puede tomar venganza con relación a las declaraciones dadas por esa persona, quien puede ser un testigo presencial o la propia víctima, explica.

Personal con ética

Las autoridades deben tener en cuenta la escogencia del personal que va a ingresar a una academia de policía o a cualquier organismo de seguridad y eso no está sucediendo en estos casos. “Aquí no se escoge a nadie. Aquí tú tienes que ser camarada o amiguito del que te va a meter a lograr una placa para obtener autoridad y tener una licencia de corso”.

Manifiesta el docente de la Universidad de Carabobo, que para mantener una institución con cierto nivel de honestidad y credibilidad se debe escoger un personal idóneo: “Tener tino en eso. Exigir un buen currículo, exigir que tenga quien pueda dar fe de la probidad del individuo para poder ingresar a una fuerza policial o una fuerza  militar”.

“En mi época había algo que se llamaba visita familiar. Si tú querías entrar a la Fuerza Armada, incluso a las policías de alta academia, tú tenías que ser una persona de comprobada honestidad.  Ahí veían quién era tu papá, tu  mamá, cuántos hermanos tenías y la conducta de cada miembro familiar”.

Pena para funcionarios corruptos

Por su parte, el abogado penalista Jorge Luis Davalillo, sostiene que la ley venezolana es bien clara con aquellos funcionarios corruptos.

Davalillo menciona el artículo 264 del Código Penal que se refiere a la evasión favorecida de detenidos: El que de alguna manera procure o facilite la fuga de un preso será penado con presidio de uno a dos años, teniéndose en cuenta la gravedad de la inculpación o naturaleza y duración de la pena que le quede por cumplir al fugado.

Por otra parte, el artículo 265 señala que, el funcionario público, que encargado de la conducción o custodia de un detenido o sentenciado, procure o facilite de alguna manera su evasión, será penado con presidio por tiempo de dos a cinco años.