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El Megafono

Reclusas del anexo femenino de Tocuyito denuncian trato cruel y vejaciones contra ellas y sus familiares
Privadas de libertad piden que investiguen a directora del plantel 

Las reclusas del anexo femenino del Complejo Penitenciario de Carabobo (penal de Tocuyito) denuncian presunto trato cruel y vejaciones por parte de la directora del recinto carcelario contra ellas y sus familiares.

A través de sus parientes, las internas le piden a la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras,  y al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que investiguen a la directora del anexo femenino, Maryuri Martínez; a quien llaman “lucifer”, por su presunta conducta inhumana.

“Hacemos un llamado a los representantes de los derechos humanos, al fiscal Saab y a las autoridades del  régimen penitenciario para que por favor tomen en cuenta a las privadas de libertad”.

Problemas con la alimentación

Otra de las situaciones graves que están viviendo es con la alimentación porque el  Gobierno no tiene como sustentar  las necesidades alimentarias de la población penitenciaria.

Los familiares que hacen el esfuerzo cada día de llevarles comida ante el hambre  que padecen las reclusas, son amedrentados verbalmente por la directora Maryuri Martínez. “Ella abusa de su cargo”, sostienen tanto las presas como los parientes.

“La directora insulta al familiar de cada privada y eso es injusto. No queda más que  soportar sus humillaciones.  Otra cosa, ella  decide a su antojo qué cantidad de comida puede ingresar”.

Esto no puede seguir así, sostienen. Cómo es posible que no permita el ingreso de una salsa o una mayonesa que en realidad no es algo de considerarse que se deba limitar”, se quejan las agraviadas.

Afirman, que esta ciudadana no se imagina el esfuerzo que cada madre, padre o cualquier familiar hace para llevar los días autorizados un producto alimentario o de aseo personal. “La directora sin ningún miramiento echa para atrás el artículo argumentando que es mucha cantidad”.

“Ella no piensa que tal vez ese familiar no vuelva a regresar a una visita hasta que pueda comprar los útiles necesarios para la privada de libertad que visita”.

Otro de los pedidos que hacen las internas del anexo del penal de Tocuyito, es el cuidado que deben tener al momento de revisar las comidas preparadas que les llevan:  Ustedes creen que es justo que una madre se despierte de madrugada a cocinar y al llegar al anexo de reclusión la comida que prepara con tanto amor sea removida como si fuera para un animal? Pues, no es justo.  

“Sí cometimos errores y los estamos pagando al estar en este lugar,  pero nuestros familiares no deben ser humillados. Dónde quedan las leyes, los derechos humanos?

Exigen sanción para la autora de estos insultos que consideran una violencia psicológica. “Estamos desesperadas y sufrimos en silencio por nuestros familiares. Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que se aboquen a resolver esta situación. Hay pánico, miedo e incertidumbre. Por favor,  necesitamos que nos ayuden”.

Castigo inhumano

Las privadas de libertad aseguran que el respeto no se obtiene produciendo miedo, terror ni tratos crueles: “Esta situación se está generando en el anexo de Tocuyito. La directora impone un orden  decadente donde guinda a las privadas con las manos hacía atrás. Ustedes consideran que estos métodos de torturas utilizados en tiempos de guerra deben ser implementados en pleno siglo XXI? Tomen las acciones necesarias, no contra la población penitenciaria, sino contra “lucifer”.

OVP presentó informe: “Vista Hermosa: Una masacre llena de promesas sin cumplir”
Hasta el momento el Estado no se ha hecho responsable por los hechos

Hace 18 años la violencia tiñó de sangre el Internado Judicial del estado Bolívar, mejor conocido como Vista Hermosa. Durante la masacre 7 privados de libertad perdieron la vida y otros 50 resultaron gravemente heridos.

Después de un arduo trabajo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en conjunto de los familiares de las víctimas, quienes nunca bajaron los brazos ni perdieron la sed de justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) responsabilizó a Venezuela por los hechos.

No obstante, hasta la fecha el Estado venezolano no ha reparado los daños de las víctimas, ni ha respondido ninguno de los mandatos de la sentencia.

En homenaje a las víctimas y sus familiares, el OVP presentó un informe denominado “Vista Hermosa: Una masacre llena de promesas sin cumplir”.

Carolina Girón, directora de esta organización no gubernamental, manifestó que en el informe se plasma cada golpe, cada disparo y cada maltrato. Se relata detalladamente cómo fue el proceso de investigación nacional e internacional de este caso, además se exponen los relatos de los familiares de los fallecidos en la masacre, de sobrevivientes y de aquellas personas que participaron en la investigación de este suceso acaecido el 10 de noviembre del 2003.

Por su parte, Humberto Prado, fundador de OVP y actualmente director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP), comentó que, cuando suceden este tipo de hechos en penales, por lo general se responsabiliza a los presos y a sus familiares.

En ese sentido, recordó que en efecto cuando sucedió la masacre de Vista Hermosa, la primera versión de las autoridades fue que se trataba de un motín entre internos por el control del penal.

Sin embargo, Prado recalcó que como organización decidieron trasladarse hasta Bolívar y entrar al establecimiento, donde obtuvieron información de primera mano. Hablaron con los sobrevivientes, quienes aclararon que no se trató de un motín sino de unas ejecuciones extrajudiciales a manos de efectivos de la Guardia Nacional y de funcionarios penitenciarios.

Los presos además le entregaron una carta donde relataban cómo fueron los hechos y en la que quedaba en evidencia que los funcionarios castrenses ingresaron al penal con la excusa del conteo diario, pero finalmente dispararon a mansalva contra la población penitenciaria.

Las víctimas fueron identificadas como Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma.

En ese entonces, OVP también pudo constatar que los fallecidos eran los líderes de los pabellones, quienes además habían fungido como voceros en una huelga de hambre que duró 15 días para exigir mejor alimentación, el cese de los maltratos y mejoras generales en las condiciones de reclusión.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado representante de las víctimas y actualmente presidente del Instituto de DDHH Asociación Mundial de Juristas, recordó cómo desde el primer momento este caso fue un desafío. Les tocó recabar evidencias y testimonios de lo sucedido, y posteriormente convencer al Ministerio Público que había un caso para que este fuera investigado.

“Un cúmulo de pruebas, recabadas de exhumaciones a los cadáveres de las víctimas, confirmó lo que denunciaba OVP”, comentó Gutiérrez, quien además recordó que por esta razón fueron solicitadas órdenes de aprehensiones contra los responsables, lo que se terminó convirtiendo en una batalla entre la Fiscalía y los Tribunales.

A pesar de que las órdenes de aprehensión fueron liberadas, hubo violaciones graves al debido proceso y esa justicia que las víctimas buscaban no llegó. Esta fue una de tantas razones por las que las familias, con apoyo de OVP, acudieron a instancias internacionales.

En otro orden de ideas, María Daniela Rivero, consultora en el área de Derechos Humanos y Derecho Internacional, quien además fue la encargada junto a OVP de llevar el caso en la CorteIDH, relató que el caso se convirtió en un verdadero reto.

Este caso fue presentado en 2019 y se tuvieron que reconstruir los relatos y testimonios, además de presentar a las víctimas. Fue en el 2020 cuando concedieron la audiencia, la cual fue interrumpida por la pandemia, aún así se logró meses después que la corte escuchara a las víctimas por primera vez.

Sentencia de la Corte IDH

La CorteIDH estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación y ordenó las siguientes medidas de reparación integral:

1. Obligación de investigar: el Estado deberá reiniciar, con la debida diligencia, la investigación y proceso penal que corresponda por los hechos ocurridos en la cárcel de Vista Hermosa el 10 de noviembre de 2003, para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de tales hechos.

2. Medidas de rehabilitación:

a. El Estado deberá brindar gratuitamente tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico a las 27 víctimas lesionadas.

b. El Estado deberá brindar de manera gratuita tratamiento psicológico y/o psiquiátrico a los familiares de las víctimas fallecidas.

3. Medidas de satisfacción:

a. El Estado deberá publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional, y la integridad de la sentencia en el sitio web oficial del Ministerio Público.

b. El Estado deberá realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.

Asimismo, el Estado deberá reformar su legislación para delimitar las causales para autorizar que autoridades militares ingresen a centros penitenciarios, con la previsión de la excepcionalidad de su actuación y garantizando la adecuada regulación, así como la subordinación y fiscalización, respecto de las autoridades civiles.

El Estado no ha respondido a ninguno de los mandatos de la CorteIDH, el penal de Vista Hermosa en la actualidad tiene más de 3 mil privados de libertad en sus instalaciones, continúan bajo la figura del pranato, quienes manejan armas de alto calibre, además del tráfico de estupefacientes y la custodia externa del penal sigue en manos de la Guardia Nacional.

Link del informe: https://oveprisiones.com/caso-vista-hermosa/

Hambre y falta de atención medica marca el día a día de los detenidos en el Reten de Guasina
Familiares que pueden llevar alimentos enfrentan al problema de transporte y escasez de combustible

Recientemente uno de los detenidos pidió al equipo de Una Ventana a la Libertad que visitara el Centro de Resguardo Judicial de Guasina para conocer a de primera mano la situación que viven a diario por la falta de alimentos y atención médica.

En cuanto a la alimentación la gran mayoría enfrenta un problema para obtener las tres comidas al día y muchos de los consultados no llegan ni a dos de ellas porque no tienen familiares en Tucupita ni cómo comunicarse con ellos; mientras que los familiares que si pueden llevar alimentos se enfrentan al problema de transporte, escasez de combustible y falta de unidades de transporte para trasladarse hasta el sitio.

“Aquí nos venden la bolsa pero eso dura pocos días, a veces yo no tengo para comprarla y no tengo nadie que vea por mí y menos como decirles que no tengo comida cuando a mí me duele algo ni una pastilla tengo y es un problema para que me lleven al médico”, señaló un detenido que por razones de seguridad no quiso que se revelara su identidad.

Varios detenidos señalan que en ocasiones alcanzan a comer un poco de granos y para cocinarlos tardan mucho o no alcanzan a cocinarse bien porque no tienen cocinas aptas, ya que lo hacen en fogones y muchas veces la falta de leña no les permite terminar de cocinar sus alimentos.

“Yo trabajo lavando ropa y haciendo de todo un poco para ganarme le pan de cada día, pero hay días en los que no hay nada de trabajo de ni nada de comida lamentablemente yo estoy deseando salir rápido de aquí o tener a alguien porque no es fácil”, dijo el detenido.

1.348 conflictos laborales registró Inaesin durante 2021
89% provinieron del sector público

Durante 2021 se registraron 1.348 conflictos laborales en Venezuela de acuerdo al Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Datos del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Inaesin indican que la cifra es casi idéntica a la de 1.350 protestas registradas en 2020.

89% de los conflictos laborales registrados por el Inaesin fueron protagonizados por trabajadores del sector público, lo que quiere decir que unos 1.200 reclamos surgieron de este sector.

«El gobierno de Nicolás Maduro no puede garantizar los beneficios que implica el trabajo decente. Y asumirse como el principal empleador del país es una terrible circunstancia para quienes trabajan para la administración pública», dijo la coordinadora de Inaesin, Thaís López.

30% de las manifestaciones registradas en 2021 fueron hechas por trabajadores de la salud, mientras que los educadores participaron en el 21% de los conflictos laborales.

Un 36% de los reclamos se hicieron para exigir mejoras salariales. Muchos han recurrido al pluriempleo para resistir la crisis y otros se han visto en la obligación de emigrar.

20% de las protestas correspondieron a las condiciones de trabajo, especialmente en instituciones públicas como colegios, escuelas, hospitales, dispensarios y ambulatorios.

Bolívar fue la entidad donde se registró la mayor cantidad de conflictos laborales con un 17% .Le siguieron Distrito Capital (15%), Anzoátegui (10%), Lara (10%), Carabobo (6%) y Falcón (5%).

 

 

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Una nueva Ley de Universidades “puede afianzar la política de Estado en contra de la autonomía”
Karla Velazco Silva, subdirectora de Aula Abierta y profesora de la Universidad del Zulia, manifestó preocupación debido a que el 31 de enero está prevista la primera reunión de la comisión que elaborará el proyecto

La Asamblea Nacional (AN) anunció hace unas semanas la creación de una comisión para elaborar una nueva Ley de Educación Universitaria en Venezuela, lo que ha generado preocupación en algunos sectores de la educación superior en el país.

A través de una nota de prensa, se conoció que la comisión está integrada por rectores, diputados, representantes profesorales y estudiantiles. “Su instalación marca el inicio de un proceso que llevará a la presentación de un proyecto de ley a la Asamblea Nacional (AN) que reemplace a la actual originariamente aprobada en 1958 y reformada en 1970”, se lee en el comunicado que reseñó el portal El Pitazo.

Ya desde el 2021, el gobierno había acordado oficialmente, reformar la Ley de Universidades de Venezuela. El 29 de enero en una reunión entre la comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional de la AN y algunos rectores de las universidades públicas y privadas del país, se acordó “redactar una nueva Ley de Universidades que incluya a las instituciones de educación superior en el sistema productivo y se trabaje con miras a la superación del modelo rentista petrolero del país”.

“Queremos construir una Ley de Universidades que mire hacia el futuro, que se pueda ir adaptando a los nuevos tiempos, que las universidades se inserten en el sistema productivo nacional y en la construcción de una economía, un sistema de producción nacional que se aleje del rentismo petrolero”, dijo Jorge Rodríguez en esa reunión.

Primera reunión el lunes 31

En relación con la comisión, Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), informó en una entrevista en la emisora Adulto Joven 88.1 FM, que el próximo 31 de enero se llevará a cabo la primera sesión de la Comisión Mixta sobre esta ley, que fue elaborada por el oficialismo, y que en ese encuentro van a participar representantes de las universidades autónomas.

El secretario de la UCV indicó que la comisión se reunirá cada 15 días y explicó que ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, informó que la instalación de la comisión tendría un carácter paritario entre las casas de estudios que forman parte de la Asociación Venezolana de Rectores (Averu) y las universidades experimentales.

La autonomía universitaria en peligro

En cuanto a los cambios que podrían darse en el marco de la nueva ley, Karla Velazco Silva, abogada y subdirectora de proyectos de la ONG Aula Abierta, comentó a Crónica.Uno que está en peligro la autonomía universitaria, que “es un principio constitucional y está previsto en el artículo 109 de la Carta Magna, por lo tanto, dichas instituciones académicas son entes constitucionales y que cualquier norma que pretenda regularlas debe respetar dicho apartado de la Constitución.

En cuanto a la conformación de la comisión, dijo que desconoce si se incluyó o no a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y/o a los representantes de las federaciones de centros universitarios de las universidades autónomas ni a otros actores del sistema de educación superior. “Ellos son indispensables para discutir cualquier propuesta de ley en la materia”, indicó.

La subdirectora de Aula Abierta alertó acerca de que “una nueva Ley de Universidades pueda afianzar la política de Estado en contra de la autonomía universitaria y la libertad académica y otros derechos universitarios”.

La ONG se pronunció el 24 de enero e hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional sobre los “intentos de la Asamblea Nacional para reformar el marco legal de la educación superior en Venezuela”.

Aunque oficialmente no se ha dado conocer el proyecto, Velazco indicó que parte de las denuncias que ha hecho la organización derivan desde la imposición de cupos a nuevos ingresos por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), las suspensiones de los procesos electorales universitarios por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el déficit presupuestario para las casas de estudio y la creación del Sistema de Evaluación Supervisión Acompañamiento (SESA).

La subdirectora de Aula Abierta y profesora de la Universidad del Zulia (LUZ) reiteró su preocupación ante la propuesta de la nueva Ley de Universidades porque “trastoca la autonomía universitaria, tanto académica, administrativa, organizativa y financiera prevista en la Constitución”.

Agregó que esos supuestos cambios eliminarían la capacidad legal de las universidades para funcionar como instituciones de educación superior y daría marco legal a situaciones vividas recientemente, como por ejemplo la designación de los vicerrectores de la Universidad Simón Bolívar (USB) por parte del Consejo Nacional de Universidades el pasado 16 de septiembre de 2021.

Aula Abierta: Estado incumple compromisos de previsión social con universidades y profesores
Un profesor universitario tendría que vivir más de 1.400 años para que el seguro social le reembolse en pagos de pensiones

La ONG Aula Abierta asegura que el Estado venezolano desconoce e incumple con los compromisos en materia de previsión social hacia las universidades y las asociaciones de profesores. Esto, relacionado con el caso del profesor Pedro Salinas, quien fue hallado con signos de desnutrición junto al cadáver de su esposa el pasado 23 de enero.

A juicio de la organización, ese incumplimiento de obligaciones por parte de los responsables, resultan en casos como el de Salinas y agrega que un profesor universitario tendría que vivir más de 1.400 años para que el seguro social le reembolse en pagos de pensiones todo lo que haya ahorrado durante su ejercicio profesional.

En ese sentido, Aula Abierta recuerda que ha denunciado y documentado “cómo la política del Estado venezolano de violaciones a la libertad de asociación”, terminan en violaciones de derechos laborales y otros derechos humanos de los universitarios y por eso le exige que se garanticen estos derechos y la seguridad social, los cuales están establecidos en la Constitución Nacional.

Además, la organización recordó que en varias ocasiones le han exigido a la administración de Maduro que cese de manera inmediata “el desconocimiento de los acuerdos gremiales y la imposición salarial al sector universitario” y que entregue los recursos correspondientes a la educación universitaria.

A esta situación se le sumó el caso del profesor Carlos De Armas, docente jubilado de la Universidad Católica Andrés Bello, quien escribió en Facebook que ya no aguantaba más, que tiraría la toalla hasta esperar el fin porque no podía más «con tanta soledad y tanta adversidad. Todo es tan difícil», mensaje que disparó las alarmas en las redes sociales y varios voluntarios se activaron a buscar insumos para el docente que requiere medicinas y alimentos.

Aula Abierta: Estado mintió durante tercer examen de la ONU acerca de educación y DDHH
La ONG asegura documentar que existe una política de Estado «dirigida a acabar con la libertad académica, a través de la implementación de represalias contra universitarios, por expresar sus ideas críticas en torno a temas que resultan incómodos para el Gobierno»

Durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) realizado a Venezuela por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno venezolano afirmó que el modelo educativo que se aplica en el país “asume como eje transversal el respeto a los derechos humanos, la igualdad y no discriminación y la promoción de la participación activa de la sociedad”, lo cual puede evidenciarse que es “completamente falso” a través de las denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Aula Abierta ha documentado que existe una política de Estado dirigida a acabar con la libertad académica, a través de la implementación de represalias contra universitarios, por expresar sus ideas críticas en torno a temas que resultan incómodos para el Gobierno.

En el 2017, al menos 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente por publicar ideas críticas en contra de las políticas públicas estatales o participar en manifestaciones en contra del actual gobierno venezolano. Como muestra, Santiago Guevara, profesor de Economía de la Universidad de Carabobo (UC), estuvo más de 9 meses recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de publicar un artículo sobre políticas públicas financieras en Venezuela, lo cual Aula Abierta documentó en su “Informe Preliminar: Ataques y represalias contra profesores y estudiantes universitarios en Venezuela (febrero-octubre2017)”.

Asimismo, el 25 de enero de 2019, en un contexto de persecución e imposición de autoridades en las universidades experimentales del país, Franklin Camargo, estudiante de medicina en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (Unerg), fue expulsado arbitrariamente, luego de manifestar su postura contraria al gobierno, durante una clase donde su profesor promovía actividades de adoctrinamiento ideológico, como fue documentado en el “Informe preliminar: Violaciones a la Libertad Académica, autonomía universitaria y otros derechos de los universitarios en Venezuela”, de Aula Abierta.

Otro ejemplo de que en el país el modelo educativo no promueve la participación activa de la sociedad en el debate crítico, como afirmó el Estado venezolano en el EPU, es que en el marco de la pandemia Covid-19 profesionales de la salud que se han pronunciado sobre la incidencia del virus, fueron víctimas de amenazas y represalias por parte de autoridades gubernamentales, como ocurrió con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) tras la publicación de un informe científico sobre los datos oficiales de la enfermedad.

Control y miseria

El Estado venezolano también destacó durante el EPU que en 2017 se creó el sistema del Carnet de la Patria “como un mecanismo que permite incrementar la eficiencia y cobertura de las políticas de protección social a la población, con énfasis en los sectores más vulnerables”, agregando que “más de 21 millones de personas se encuentran registradas en el sistema” y “en promedio, 14 millones de personas reciben mensualmente asignaciones dinerarias a través del sistema”. Pero lejos de reducir la pobreza, este instrumento representa control político y miseria.

Desde su creación, el Carnet de la Patria es un mecanismo vinculado con el partido de gobierno y su implementación ha estado aunada a una serie de presuntos beneficios económicos y alimenticios. En junio de 2020, el ministro para la educación universitaria, César Trómpiz, indicó que la beca universitaria sería abonada mediante el sistema Patria, la cual puede ser retirada con el Carnet de la Patria, por un monto irrisorio que equivalía a un estimado de 1 dólar mensual.

Aunado a ello, estudiantes universitarios denunciaron que dicho carnet se utiliza para promover prácticas discriminatorias, pues quienes no lo posean, no pueden cobrar la beca, en un intento de obligar a las personas a registrarse en este sistema, en contra de sus ideologías y creencias.

Persecución

Por otra parte, el Gobierno de Venezuela dijo que reconocía y protegía “el trabajo desarrollado por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos, así como el de los defensores de derechos humanos”. Sin embargo, entre el 2018 y 2019, al menos 15 universitarios fueron víctimas de represalias por parte del Estado venezolano, debido a su labor de defensores de derechos humanos de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general.

Un caso reciente ocurrió el 03 de julio de 2021, cuando Javier Tarazona, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), activista de derechos humanos y director de Fundaredes, fue detenido arbitrariamente con ocasión a sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la educación, así como sobre posibles incursiones de grupos armados en Venezuela.

Tarazona ya cumplió más de 200 días detenidos arbitrariamente, mientras miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad civil han exigido su liberación constantemente, con acciones como manifestaciones callejeras o protestas creativas.

Urgente respeto a las universidades

Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que revisaron documentos enviados por diversos organizaciones de la sociedad civil, denunciaron violaciones a la libertad académica, al tiempo que dieron algunas recomendaciones.

Eslovenia resaltó la importancia de proteger la autonomía de las universidades en Venezuela y recomendó el respeto a la libertad académica. En esa misma línea, Uruguay pidió que se tomaran medidas urgentes para garantizar el respeto a la libertad de expresión, cesar la intervención de las universidades y modificar el sistema paralelo universitario.

Por su parte, Francia expresó su preocupación por la falta de espacios democráticos en Venezuela y exigió la liberación de todos los presos políticos. Estados Unidos hizo lo propio: “Expresamos gran preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela realizadas por el régimen de Maduro”, dijo la delegación estadounidense sobre casos como el del profesor universitario Javier Tarazona.

Aplicarse las recomendaciones

Desde Aula Abierta agradecemos a los Estados que priorizaron a la libertad académica, el derecho a la educación de calidad y la liberación de presos políticos en sus recomendaciones, durante este tercer Examen Periódico Universal que se le realizó a Venezuela.

En ese sentido, exhortamos al Estado a aplicar las recomendaciones de manera inmediata por el bien de la nación, pues no hay futuro ni progreso posible sin universidades, por lo cual estas deben desenvolverse en un ambiente libre de restricciones para la producción de conocimiento científico y la participación en el debate crítico, como lo destacan los Principios Interamericanos sobre libertad Académica y Autonomía Universitaria, presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tres meses en la morgue estuvo cadáver de presa que murió de inanición en las celdas del Cicpc de Maracay
Fue condenada luego de planear el asesinato de sus padres e hija

90 días fue el lapso de espera otorgado por Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) en Aragua, al cadáver de Ana Virginia Hernández Hernández (43), señalada de ser la autora intelectual en la muerte de sus padres Omar Hernández Sabatino (72) y Adais Virginia Hernández (67), y de su hija de 11 años de edad Luisana Blanco Hernández, asesinados el 1 de octubre del año 2016 en la urbanización Andrés Bello de Maracay.

El Tribunal 1° de Control de Aragua, ordenó el pase a juicio para Hernández Hernández, y dos personas más, solicitando el Internado Judicial de Aragua con sede en Tocorón como lugar de reclusión.

Sin embargo, esta orden judicial no se concretó y desde el año 2016, Ana Hernández estuvo presa en las celdas del eje de homicidios del Cicpc, falleciendo por inanición el mes de septiembre del 2021. Su cadáver fue trasladado hasta la morgue, pero al no ser reclamado en 30 días, se procedió a esperar 60 días más hasta que fue enterrado en fosa común el pasado 24 de enero 2022.

Ana Hernández Hernández, pertenecía al grupo que llaman “Los Sufridos” pues desde el mismo momento de ser encarcelada fue abandonada por la familia. Funcionarios aseguran que en los cinco años que estuvo detenida, solo recibió una sola visita familiar. Su sustento venía de parte de fundaciones eclesiásticas, ONG, y obras de caridad, así como dádivas de alimento de parte de sus compañeras de celdas

El suceso conmovió a la colectividad Maracayera, pues las víctimas eran profesores muy estimados de la Universidad Central de Venezuela en la entidad. Esto ocurrió la noche del 1 de octubre de 2016, luego que dos hombres ingresaron al domicilio situado en Maracay, donde se encontraban los docentes en compañía de su nieta. Fueron amordazados, agredidos a golpes en múltiples oportunidades para que entregaran sus pertenencias.

Al amanecer y tras gritos de auxilio de la hija menor y autora intelectual del triple homicidio, varios vecinos prestaron apoyo a Hernández Sabatino, su esposa y nieta, quienes fueron llevados al Hospital Central de Maracay. Sin embargo, los dos adultos murieron poco después a causa de los traumatismos que sufrieron; mientras que la niña falleció luego de cinco días (5 de octubre).

Una cámara cercana, reveló que Ana Hernández abrió el portón a los agresores de su familia y esperó a que terminaran para retirarse con ellos en horas de la madrugada, para regresar al amanecer y pedir ayuda ante un supuesto robo.

Por tal motivo, resultaron aprehendidas entre el 2 y 4 de octubre del 2016, junto a Hernández Hernández, Víctor Brito Bolívar (45) y Yusmary Méndez (31), presuntamente involucrados en el suceso, a quienes le ratificaron la acusación en el delito de homicidio calificado agravado en la ejecución de un robo, además de agavillamiento. En el caso de Méndez también se le ratificó la acusación por aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

Los tres involucrados en el terrible hecho fueron sus compañeros de reclusión en las celdas del Cicpc hasta la muerte de Ana.